En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Para poder hacer este regalo, la Ciudad debió pagar primero 12 millones de pesos a una empresa fantasmagórica. Luego, entregó los 5.970 metros cuadrados con una sola condición: que el CCEBA presentara “los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”, según establece el artículo 2 de la ley. Hasta el momento el CCEBA no cumplió con esa condición.

Los propietarios

Al edificio se entra por la calle Balcarce al 1100. Frente a la puerta la visión es perturbada por las luces parpadeantes de la Policía Metropolitana. Detrás, hay otras más antiguas: las de la Federal. Están custodiando el acuerdo que selló el responsable del Centro Cultural de España en Buenos Aires, Ricardo Ramón Jame, con la fiscalía contravencional porteña: prohibición del ingreso a personas ajenas al edificio. El régimen es estricto: salen los chicos que van a la escuela y las personas que trabajan. No entra nadie. Por eso mismo, la charla entre Carlos Vargas (presidente de la Cooperativa San Telmo) y lavaca se hace fuera del Padelai. Para evitar confusiones de primer orden, como la que cometió el diario Página 12 al titular falsamente “Sesenta familias ocuparon el ex Padelai”, Vargas simplifica: “Esta es nuestra propiedad. No estamos tomando ni ocupando. Tenemos la escritura y tenemos certificado de dominio.”

Sobre un costado del edificio, una pancarta informa:

“ Sr. Vecino:

“La Cooperativa San Telmo informa que ante la estafa, negación y mentiras del Gobierno de España y el gobierno corrupto de Mauricio Macri, los asociados, e nun legítimo derecho de defensa, procedimos a efectuar un ejercicio legal de recuperación y posesión de nuestra propiedad por escritura, a fin de salvar nuestro predio del deterioro y estado de abandono intencional para desarrollar negocios inmobiliarios extranjeros, con la complicidad del gobierno local.”

Antes de dar ese último paso que los encontró otra vez dentro del edificio, los miembros de la cooperativa realizaron una proeza: acamparon en la puerta durante 261 días. Nueve meses. Vargas: “Este es un terreno muy codiciado en pleno corazón de San Telmo. Estamos a una cuadra de Plaza Dorrego, a dos cuadras de Puerto Madero. Esto tiene un valor no solo inmobiliario, sino histórico.” Cualquiera que camine las cuatro calles –San Juan, Humberto 1º, Paseo Colón- que rodean el Padelai, puede comprobarlo.

La historia la continúa .Vargas: “En el 2009 el gobierno de Macri le cede el edificio por 30 años a la Embajada de España, a una corporación, para que haga un centro cultural, que no se hizo. Al contrario: descuidaron el edificio, desaparecieron puertas de todas las habitaciones del primer piso, está muy abandonado.”

La propuesta

La cooperativa San Telmo no tiene intenciones caprichosas de permanecer en el edificio, sino que lanza propuestas. Dice Vargas: “Nosotros proponemos entregar la escritura a cambio de las viviendas necesarias para las familias que hoy están acá dentro. Nosotros estamos dispuestos a restituir esta propiedad. Queremos que este predio sea administrado por alguna organización barrial, un grupo de artistas que no tenga donde desarrollar sus actividades, alguna cuestión local. Que no lo tome la Embajada y tampoco organizaciones internacionales.”

El argumento principal del desalojo por parte de la administración Ibarra fue que el edificio corría peligro de derrumbe. Desmitifica Vargas: “La estructura del edificio está bien. Solo está deteriorada la mampostería.”

Sin gas, cocinando a carbón ollas populares, tirando colchones porque no pueden ingresar ningún mueble, las 160 personas que recuperaron el Padelai –el número no es exacto, están terminando de armar el censo ellos mismos- van tirando. Todos trabajan. En changas, seguridad, comercio, en cocinas de restaurant, se las rebuscan. “La Cooperativa sigue funcionando, pero con algunas dificultades. Necesitamos una ayuda del INAES en el sentido de regularizar esta cooperativa, porque así nos sentaríamos a dialogar de otra manera con el gobierno de Macri,” cuenta Vargas, que vive con intermitencias desde el año 79 en el ex Patronato de la Infancia. El lapso entre el desalojo y la vuelta al edificio fue de actividad: “Siempre nos estuvimos reuniendo acá afuera, porque es la sede y no tenemos otro lugar. No es una ocupación, sino recuperar la propiedad. Nos expropiaron de una mala manera.”

Reunión clave

Hoy, 15 de mayo, el Gobierno porteño propuso una mediación entre la Cooperativa y los plenipotenciarios españoles. Vargas espera “que de ahí salga algo serio. Pensemos en las familias, que quieren una alternativa. Este es un conflicto muy grande. Macri tendría que haber solucionado el problema de 108 familias. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Nuestros hijos crecieron, tienen sus hijos y se asociaron a la cooperativa. Hay más familias y el gobierno no solucionó nada. Si esto sigue así, no nos queda otra medida que reflotar el proyecto original de refaccionar. Acá nos quedamos hasta que nos sentemos a hablar con el Gobierno de la Ciudad y nos den una propuesta. De acá no salimos sin una solución”.

Un corte estratégico

En el kilómetro 250 de la ruta 60 se encuentra la ciudad de Tinogasta. Su ubicación es estratégica para el transporte terrestre, ya que cruza por allí uno de los tres cordones más importantes del país. Por eso, en Tinogasta existe una sede de la Aduana Nacional que obliga a todo vehículo de carga a declarar los insumos que transporta. Estas condiciones le han permitido a la asamblea de vecinos detener, primero, un proyecto de exploración de uranio que se haría a 7 km de la plaza principal, y luego, mantener -desde el 29 de febrero- un corte selectivo sobre la ruta 60 que impide el paso de los camiones que llevan insumos a la minera La Alumbrera, en Catamarca, y la Barrick Gold, de San Juan.

La ley que cae

La mañana del 10 de febrero de este año fueron reprimidos con infantería, policía, perros, seguridad de las empresas, balas de goma y gases lacrimógenos. Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, otro corte era desplazado violentamente (sin orden de desalojo, con los mismos elementos que en Tinogasta) de Amaicha del Valle.

Uno y otro corte habían surgido en protesta por el primer desalojo que inauguraba esta cadena represiva en el noroeste argentino. Fue en Santa María, el 27 de enero del 2012: decenas de heridos, nueve vecinos detenidos e imputados en principio por el artículo 213 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

La abogada Nidia Gauthier, presente al momento de la imputación (que se labró ilegalmente en la propia comisaría, donde el fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó especialmente a su secretario y escribiente para labrar el acta), denunció entonces el debut de la Ley Antiterrorista en el país, hecho que el propio ministro de Jusiticia y Derechos Humanos, Julio Alak, debió salir a desmentir: “Es absolutamente falso: están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier respondió: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron leídos en aquella comisaría como imputaciones a los vecinos. Pero el fiscal Landívar jamás entregó una copia de la imputación. “Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos juzgados”, explicó a lavaca la abogada. Trece días después, el jueves 9 de febrero, Gauthier reiteraba su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien labró una denuncia.

El artículo 213 bis no volvió a aparecer en las imputaciones, ni la copia fue entregada a Gauthier, y la causa, finalmente, cayó.

La inteligencia

El 10 de febrero reprimían nuevamente el corte de Tinogasta que había surgido en protesta por el violento desalojo y las detenciones en Santa María, luego repetidas en Belén (36 detenidos, incluyendo menores) y Andalgalá. Esta ciudad, además de la represión del corte, sufrió un insólito estado de sitio de patotas promineras, que funcionaron como frontera interna controlando la salida y entrada de visitantes, pero que no aguantaron la actuación más de una semana. El jefe policial Juan Palomeque reconoció que puso a trabajar a “grupos de inteligencia” en Andalgalá y Tinogasta para “resguardar la paz” (sic) frente a la posible presencia de “elementos foráneos”.

Esta primera represión en Tinogasta incluyó decenas de heridos por golpes –por ejemplo- a Gloria Carpio que estaba con su hijo Lautaro de 3 años en brazos, o un mordiscón de un perro en la teta de Clarisa. Y los camiones pasaron.

Relato de la represión

El corte selectivo a camiones de las empresas mineras siguió. Casi 100 días después – días que Darío Moreno, uno de los protagonistas, define como “muy tensos y repleto de maniobras para desarmarnos”-, el reciente sábado 12 de mayo la policía volvió a reprimir a tres vecinos de Tinogasta (Darío, entre ellos) para permitir el paso de camiones que volvían vacíos de las minas. Cuenta a lavaca Moreno:

• “Eran las 2 y media cuando vimos venir los camiones del otro lado, desde el lado que vuelven de las minas (porque llegan por un paso muy al norte, y les es más directo volver por acá). Entonces con dos compañeros – Eduardo Algarañaz, de Catamarca, y Germán Cots, de Buenos Aires, de la asamblea de Famatina- hicimos una avanzada contra los camiones, que venían desde La Alumbrera escoltados por infantería y policía”.
• “Sabíamos que querían desarmar el bloqueo para que pasen los camiones, era una excusa para hacer lo que hicieron. Por eso tratamos de salvar el acampe y el bloqueo lo hicimos nosotros tres – y una compañera que filmaba- en una avanzada más adelante, a 800 metros de la asamblea. Nuestra técnica era pararnos en el medio de la ruta, con los brazos arriba, sin elementos contudentes”.
• “Entonces para el convoy, se bajan los infantes de las camionetas y nos empezaron a pegar con los palos. Utilizaron muchísimo gas pimienta una vez que ya nos tenían en el suelo, nos esposaron, siguieron pegándonos, pateándonos. Así nos cargaron a una camioneta y siete infantes se nos subieron literalmente encima. Apenas abríamos los ojos o nos movíamos por la incomodidad, nos echaban gas pimienta en la nariz, que es algo que te mata… En esas condiciones viajamos 50 km hasta Fiambalá. Nos llevan ahí porque es un feudo que el intendente maneja como una estancia y de alguna manera tiene la seguridad política; es un pequeño Macondo. Y si nos traían a Tinogasta iba a haber una fuerte presión social para que nos liberaran”.
• “Nos meten en un calabozo y nos tienen secuestrados casi 5 horas. Nunca nos informaron a dónde nos llevaban, a nosotros ni a la gente, ni a los asambleístas, ni a los abogados. Cuando llamaban al juzgado o a las comisarías les decían que no sabían nada de nosotros. Y lo que se supo fue por los compañeros de Fiambalá, que cuando vieron tanto revuelo en la comisaría se dieron cuenta. La gente se juntó también frente a la comisaría de Tinogasta para pedir nuestra libertad, y por esa presión social recién a las 8 y media nos dan la libertad”.

Tan sólo tres camiones habían logrado burlar el corte desde su inicio, 15 días antes de estos sucesos: “Vinieron directamente a arrollarnos, con custodia policial”, cuenta Darío. El corte de Tinogasta obliga, en cambio, a viajar hasta un paso más al norte (“muy al norte”), descargar en La Alumbrera e intentar volver por la ruta 60 que cruza Tinogasta, “porque es el camino más directo”. En eso estaban estos camiones, custodiados celosamente por infantería y policía de la provincia, cuando se toparon con Darío y sus dos compañeros, que fueron rápida y violentamente sacados del paso.

En la comisaría no les informaron, pero Darío estima que “seguramente alguna imputación nos va a caber, algún cargo como desobediencia judicial o atentado a la autoridad”.

Por su parte, los vecinos ya denunciaron el accionar policial.

Entre una represión y otra, Darío recuerda 100 días de “muchas presiones. Han usado muchísimos recursos para desarmar el bloqueo: intentar comprar gente, infiltrar marihuana para criticarnos, armar grupos de choque que vienen a patotear”, enumera. “Pero Tinogasta es un lugar muy fuerte dentro de las condiciones que han llevado a este corte. Seguiremos con más fuerza que nunca el corte selectivo e informativo. Es la única forma de pararlos”.

El fallo deja así un antecedente peligroso: establece una nueva frontera entre las críticas y los funcionarios públicos. Tal como lo interpretó en su dictamen el jefe de los fiscales Oscar Fappiano “Ninguno de los calificativos (con los que el fallecido se refirió a Martínez de Sucre) se refiere a la vida privada del actor sino a su actuación como Fiscal de Estado. Todas las expresiones se refieren a asunto de evidente interés público. Esta circunstancia debió ser tomada en cuenta a la hora de estimar el daño”. También señaló que las personalidades públicas “tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar falsas imputaciones”. Sin embargo, en su instancia de apelación, el Tribunal Superior desestimó estos argumentos y confirmó la condena, en un fallo escueto.

El único integrante del Tribunal que fundamentó su voto fue el juez Gonzalo Sagastume, quien alega que Martínez abusó de su derecho de libertad de expresión y afectó el honor del fiscal. Luego define que el funcionario “es ante todo una persona” y defiende su derecho a mantener su “imagen” social. Esta sería la nueva frontera de la impunidad: el supuesto daño que las críticas públicas pueden ejercer sobre “la imagen social” de un funcionario es un bien jurídico que este fallo protege, por encima del derecho humano a la libertad de expresión.

Ahora, los herederos de Martínez podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso extraordinario federal (o un recurso de queja), pero mientras tanto el fiscal de Estado estaría habilitado para iniciar la ejecución de la sentencia, y por lo tanto, exigir el pago del monto indemnizatorio fijado por la justicia.

Un antecedente peligroso

El pedido de juicio político al fiscal Martínez de Sucre data de 10 años atrás, pero sus repercusiones son toda una novedad. En febrero de este año, la jueza civil de Ushuaia , Adriana Rapossi, condenó a la asociación Participación Ciudadana al pago de una indemnización de 10 mil pesos por haber criticado al mismo fiscal, a través de los medios de comunicación. Fue hace 10 años y en el mismo marco del pedido de juicio político que contextualiza las expresiones tanto de esta oenegé como del ahora condenado post morten.

“La jueza Rapossi ha trazado una línea divisoria estableciendo cuál es el límite de la crítica pública en Tierra del Fuego. A partir de ahora, como mínimo, periodistas, dirigentes sociales, sindicales y opositores quedan abarcados con la restricción que la jueza acaba de imponer”, interpretó el titular de esa oenegé, Guillermo Worman, al conocerse la condena.

El sábado 5 de mayo se llevó adelante la Marcha Mundial de la Marihuana en todo el país. Bajo la consigna “¡Despenalización ya! No más presos por plantar”, los organizadores calcularon que unas 60 mil personas en 16 provincias argentinas exigieron el tratamiento urgente de los más de siete proyectos para reformar la actual Ley de Drogas y demandaron que se efectúen sin demoras los cambios necesarios para evitar que los usuarios y cultivadores de cannabis para consumo personal sigan siendo perseguidos penalmente. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 3 de la tarde del sábado, la concentación comenzó en Plaza de Mayo para luego marchar hacia Plaza Congreso donde se realizó un acto del que participaron diversas organizaciones de usuarios y cultivadores de cannabis, diferentes asociaciones por la defensa de los derechos civiles y legisladores de distintas fuerzas políticas.

En el marco de la Marcha Mundial que se realizó simultáneamente en otras 200 ciudades, además de Buenos Aires hubo aquí movilizaciones en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Bariloche, Neuquén, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Juan, Tucumán, San Luis, Río Grande, La Rioja y Catamarca.

Fotos: Gustavo Jaiyes

Sara es familiar del desaparecido: “Daniel hace dos años que venía desde Tartagal, Salta, a trabajar en Agrocosecha SRL, una empresa de cosecha de manzanas ubicada en La Márquez, un pueblo que está a 30 kilómetros de Choele Choel. El sábado 5 de noviembre fue al boliche Macuba, se sabe que unos policías lo sacan de allí, y desde entonces no apareció más. Los patrones lo contactan al papá y durante un mes y medio lo llevaban a Neuquén a buscarlo, pero sabían que no estaba allá. Hubo muchas pistas y testigos que intentaron desviar la investigación. La hermana de Daniel realizó la denuncia formal de desaparición el 18 de diciembre, en Tartagal, junto al abogado Sergio Herdia”.

120 testimonios

A seis meses de la desaparición, hay 120 testimonios que afirman la hipótesis de que a Daniel se lo llevaron efectivos policiales. Hay denunciados 13 policías y 21 civiles entre los que se encuentran empresarios y compañeros de trabajo, aunque la causa sigue confusa quizás debido a esas “desviaciones” que suman hipótesis que diluyen la investigación a la policía.

Han existido reclamos de El observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, concejales de la localidad de Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque, los intendentes Daniel Belloso de Choele Choel, Gerardo Bravo de Chimpay, David Mendoza de Coronel Belisle, vecinos de los siete pueblos que integran la comunidad de Valle Medio. La respuesta sigue siendo el silencio.
Por eso este 5 de mayo, desde la Comisión de apoyo a la familia realizan una concentración en el acampe y una marcha al Boliche Macuba, la Comisaría 8va de Choele y el juzgado Civil 30.

“El Juez Darío Soto a cargo Juzgado Civil Nº 30 de Choele Choel tiene todo para resolver, ya pasaron seis meses. La causa no avanza, ya hay seis policías separados, a mí me despidieron por estar en esta lucha, no me voy a levantar hasta que me den respuestas. La mamá de Atahualpa Martínez Vinaya también me está acompañando”, relata Guadalberto, en referencia al chico de 19 años asesinado en junio 2008.

Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, se acomoda las cadenas para hablar bien con lavaca y comenta porqué acompaña a los familiares de Daniel: “Sé lo que es perder un hijo, no dudé en venir, en sumarme, nos une el dolor. No sé qué está esperando el juez”.

Otro caso impune

Atahualpa estaba en el pub Miloca, en Viedma, el 15 junio de 2008 con un amigo. Cuenta Julieta: “En un momento el amigo se va al baño. Cuando vuelve, Atahualpa no estaba, el amigo se fue a dormir. La hermana de Ata lo empieza a buscar. A media mañana el abuelo de Ata que es policía se pone a averiguar por comisarías y hospitales. Al mediodía llaman para identificar un cuerpo y la hermana reconoce que es Ata. Yo me encontraba en Rosario tramitando una beca porque en diciembre se iba a ir a estudiar medicina a Cuba. En el velorio nos comenzamos a preguntar qué pasó, incluso la provincia de Río Negro pone una recompensa de $100.000 pero nadie decía nada o daban pistas falsas. Nos recibe la Presidenta, y entonces Gendarmería se pone a trabajar en el caso pero un año y medio después. La causa ya tiene 4000 fojas, se lo pasamos a Sergio Heredia para que empiece a estudiar el caso”.

Julieta continúa: “Gendarmería reconstruyó el recorrido de los últimos momentos de Ata. Le dan un balazo en un pulmón y muere luego de dos horas de agonizar. En el lugar donde lo encuentran descubren que el cuerpo fue movido de su posición original. La policía no valló el lugar y sacó fotos con sus celulares. La médica forense de la policía no siguió el protocolo para estos casos. Cuando escuchás esto te preguntás si la médica no es madre, si no tiene hijos.”
“Ahora estamos preparando para el 14 de junio de 2012, una muestra con fotos en la Casona de Viedma que funcionó como centro clandestino de detención de la dictadura. Venimos trabajando con los colegios secundarios acerca de la impunidad y luego el 15 de junio hacemos la marcha a la tarde, comenzando en la escuela secundaria donde estudió Ata y termina en la plaza San Martín en el monumento que le hicieron”.

Guadalberto sigue esperando. Ya comenzó la huelga de hambre, encadenado a la Fiscalía. Lo único que está reclamando, parece increíble tener que aclararlo, es una respuesta, para que la justicia no sea, como su hijo, otro caso de desaparición.

Algunas definiciones

Dijo José Leiva a lavaca:

“Se habla mucho de la estatización del 51% de YPF. Bueno, yo creo en una minería que también se vaya nacionalizando, que el país tenga el control de esa extracción minera”.

“El problema es la megaminería, que es tan destructiva. Se puede hacer una minería a otra escala”.

“Nosotros estamos destruyendo un cerro. En 5 años lo hemos hecho mierda”.

“Lo peor es el uso del agua. La cantidad que se consume es inimaginable. Acá no hay caudalímetro a propósito, para que nadie sepa cuánta usan”.

“Lo que es seguro es que no alcanza el agua en Veladero, están secando totalmente los ríos y las fuentes de agua, y por eso riegan con mierda (sic) los caminos de la mina para que no levanten polvo”.

“Tiene que haber menor escala, con mucho control estatal, impositivo, laboral y de salud. Cuando manejan todo estas multinacionales, no hay ningún control”.

“Lamentablemente tengo que decir que Barrick Gold es la que gobierna en San Juan”.

“Sólo con lo que ganan por la escoria (el sobrante) de la fundición de oro, pagan las regalías y nos pagan a nosotros. La ganancia por el oro y la plata se la llevan completa”.

“Si no hay control por los derechos de los trabajadores, imaginate: ¿qué control puede haber al medio ambiente?”

“¿Por qué te creés que nadie, ni los periodistas, pueden subir a esta burbuja impenetrable que es Barrick Gold?”

“No estoy de acuerdo con los ambientalistas que dicen ‘que cierre la mina y chau’. ¿Y los trabajadores?”

“AOMA (el sindicato cegetista) le ha iniciado juicios a los trabajadores. Por eso queremos que se reconozca al nuevo sindicato que reúne a muchos más compañeros de Veladero, para sacar a los traidores”.

Progreso fantasma

“No tenemos señal para el celular en la mina. Me agarraron justo porque en un rato salgo para allá” dice José Leiva con voz pausada al iniciar el diálogo desde San Juan. Hace unas semanas organizó un paro de dos días en Veladero. Ahora está a 3 kilómetros, desde el cual volverá a su puesto de trabajo a 4.500 metros de altura. “Aquí te das cuenta de la mentira del progreso minero. Alrededor de esta zona son todos pueblos fantasma, como Tudcum, que no tuvieron ninguna mejora. Aprovechan lo buena que es la gente. Les regalan cositas para tenerlos tranquilos. ¿Eso es el progreso?”

Teléfonos pinchados a -10 grados

Leiva trabaja como perforista en Veladero desde 2005, cuando el proyecto de Barrick Gold se puso en marcha. Ante la dócil relación del gremio AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) con la empresa y con el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja, Leiva inspiró la creación de OSMA (Organización Sindical Mineros Argentinos) nuevo sindicato que triplica en adherentes al anterior, que no ha sido reconocido, y que realizó un paro de dos días el 2 y 3 de abril en la mina, cortando el acceso a los camiones, a una temperatura de 10º bajo cero.

“Nuestro reclamo es que aumenten un 40%. Pero AOMA negoció un 23% que en realidad es menos porque dividen un 13% en el básico, un 5% por presentismo y 5% a partir de julio. Nos toman el pelo. Como decidimos parar, empezaron las amenazas, nos quitaron la comida y vino un tipo de la oficina de recursos humanos de la empresa para anunciar que iban a empezar a echarnos. Al final el secretario general de AOMA Héctor Laplace fue traído por la propia Barrick Gold desde Buenos Aires, que al final terminó firmando el acuerdo”. Ante la conciliación obligatoria y las amenazas, los trabajadores quedaron en alerta permanente. “Tenemos que cuidarnos porque nos escuchan los teléfonos de línea, los celulares, esto se comprobó en 2009 cuando me echaron y tuvieron que reincorporar. tienen cámaras en toda la mina. Falta que te pongan una en el baño”.

AOMA es el gremio oficialista. Laplace avaló a Armando Domínguez, el falso “trabajador minero” al que un lapsus permantente denominó “Antonio” en una teleconferencia donde Cristina Kirchner lo trató como “verdadero trabajador, no un político”, sin saber acaso que Domínguez es presidente del PJ de Olavarría y lobbysta junto a José Luis Gioja contra leyes como la de protección de glaciares. Otro dato: el sindicato que propone Leiva está enrolado en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos).

“El problema es la megaminería”

“Se habla mucho de la estatización del 51% de YPF. Bueno, yo creo en una minería que también se vaya nacionalizando, que el país tenga el control de esa extracción minera” plantea Leiva. “Nosotros somos parte de la energía, la minería también abarca el tema del uranio. La idea mía y de la mayoría de los trabajadores (porque tenemos la mayor parte de afiliaciones en Veladero) es: ¿por qué no hacer una minería a menor escala, que no produzca tanto daño con el tema de glaciares, con el tema del agua? Se puede hacer. El problema es la gran escala: la megaminería”.

Este es un debate complejo, en el que Leiva explica lo que ve desde su puesto de trabajador: “Las mineras vienen, destruyen un cerro en el menor tiempo posible, le sacan todos los minerales al menor costo posible, y ahí entramos nosotros los trabajadores, en ese costo. Se llevan todo y no nos dejan nada. Porque lo que nos dejan, como provincia, como Nación, ese 3% que de regalías, es nada”.

El agua y el cianuro

Otra descripción: “El problema es la megaminería, que es tan destructiva. Se puede hacer una minería a otra escala. Nosotros estamos destruyendo un cerro, en 5 años lo hemos hecho mierda. Y no solo eso: lo peor es el uso del agua. La cantidad que se consume es inimaginable. Acá no hay caudalímetro a propósito, para que nadie sepa cuánta usan. Se habla mucho del cianuro, pero el cianuro es lo de menos. ¿Pensás que pierden una gota de cianuro? La realidad es que lo aprovechan al 100% porque es muy caro eso y es lo que les permite extraer el oro de la tierra. El problema es la cantidad de agua que se usa. Lo que es seguro es que no alcanza el agua en Veladero, están secando totalmente los ríos y las fuentes de agua, y por eso riegan permanentemente con mierda (sic) los caminos de la mina para que no levanten polvo”.

Utilizan los desechos cloacales, para humedecer la minera, confirmando que la Argentina es un país sin metáforas.

“Que se vaya nacionalizando”

Leiva propone por eso lo que llama una “minería distinta”: “Tiene que haber menor escala, con mucho control estatal, impositivo, laboral y de salud. Cuando manejan todo estas multinacionales, no hay ningún control”. Entre los vecinos y asambleas hay debates al respecto ya que muchos desconfían acerca de que esa “menor escala” minera encierre una trampa para terminar siendo más de lo mismo.

Leiva en ese punto razona con la lógica de un gremialista:  “No estoy de acuerdo con los ambientalistas que dicen ‘que cierre la mina y chau’. ¿Y los trabajadores? Acá en San Juan somos unos 5.000”.

¿Cuánto cuesta el gasoil-minero?

Todo ocurre en medio de ventajas para las mineras que incluyen no pagar determinados impuestos: “En San Juan hay problemas de gasoil. Yo tengo que hacer colas de 5 o 6 cuadras. Y acá en Veladero permanentemente hay un stock de combustible de 5 millones de litros. Se consumen en Veladero por día más de 700 mil litros de gasoil. ¿Sabés a qué precio le llega? A 1,75. ¿Cómo puede ser? En Veladero lo cobran a 1,75 a los camiones, y nosotros lo pagamos 6 pesos y haciendo colas en la ciudad de San Juan. ¿Eso es sustentabilidad? ¿Darle  a estas empresas todas las facilidades económicas en el gasoil, en los impuestos?”

Agregado: “Sólo con lo que ganan por la escoria (el sobrante) de la fundición de oro, pagan las regalías y nos pagan a nosotros. La ganancia por el oro y la plata se la llevan completa”. Se calcula que Veladero aportará a Barrick Gold ganancias por 20.000 millones de dólares, en uno 15 años hasta terminar de extraer el oro. Quiere decir que en menos de una década sólo quedará el cráter minero, la falta de agua, y el drenaje ácido.

Se agranda el corazón

El sistema laboral hace que los mineros trabajen 14 días seguidos, en jornadas de 12 horas, sin que les paguen un día de ida y otro de vuelta a sus pueblos. “No te pagan los feriados, no te pagan por el trabajo insalubre, tenemos problemas de silicosis, por el sílice que flota en el aire que se incrusta como partículas en los pulmones y se encapsulan allí. A 4.500 metros de altura cambia la circulación, aparecen problemas cardíacos. Se agranda el corazón. También hay cantidad de problemas de columna. Y todo esto sin que nadie controle cómo se trabaja. Yo estoy aquí hace ocho años y no sé cuánto me va a dar el cuerpo. Me dicen ‘andate’ pero yo tengo mi antigüedad y estamos tratando de que las cosas cambien”.

Explica Leiva: “Somos 1.200 trabajadores, acabo de chequear las listas porque están amenazando con echar compañeros. Pero una parte son trabajadores directos y otra parte contratados, que también tienen enormes problemas. Acá en Barrick Gold existe el trabajo en negro. No lo vas a creer, pero hay gente que viene a trabajar por 600 pesos mensuales. Es negro, o es gris: tomanmuchachos jóvenes, los preparan 3 meses, los dejan ‘stand by’ y cuando se quieren deshacer de trabajadores más antiguos, los reemplazan con éstos, pagándoles mucho menos y con contratos por seis meses a renovar”.

Salarios

El sueldo de Leiva es de 7.200 pesos, como perforista. “El promedio en la mina es de 6.500 pesos. En Vanguardia, en Santa Cruz, un perforista gana 15.000 y en Alumbrera 14.000. Un camionero en Alumbrera gana 10.000 y acá 7.000. Sin embargo Gioja mintió en el programa de Víctor Hugo Morales diciendo que aquí se cobraban los salarios más altos del país”. Editorial político: “Lamentablemente tengo que decir que Barrick Gold es la que gobierna en San Juan. Por eso también digo:  Si no hay control por los derechos de los trabajadores, imaginate: ¿qué control puede haber al medio ambiente?”

También considera el sindicalista que el hermetismo de Barrick es una especie de fatalidad: “¿Por qué te creés que nadie, ni los periodistas, pueden subir a esta burbuja impenetrable que es Barrick Gold?”

OSMA sigue intentando que se lo reconozca gremialmente para las próximas negociaciones, porque se considera además el sindicato genuinamente representativo, en calidad y en cantidad. “Estamos en alerta permanente. Lo que queremos es darle forma al sindicato, hacer una nueva inscripción, queremos cambiarle el nombre y lo haremos a nivel nacional. Queremos la personería para que los propios trabajadores puedan decidir quién quiere que los represente. AOMA (el sindicato cegetista) incluso les ha iniciado juicios a varios de los trabajadores. Por eso queremos que se reconozca al nuevo sindicato que reúne a muchos más compañeros de Veladero, para sacar a los traidores”.

Para detectar a Leiva hicieron falta muchos días. Como su turno es nocturno, habló con lavaca recién levantado, a las 6 de la tarde. En este momento, cuenta, en Veladero sigue nevando.

El grupo fundador se propuso el siguiente esquema de trabajo: cada año se abordará un eje. El del ciclo 2012, que comienza en mayo y culmina en noviembre, es “La imagen: destrucción y construcción de nuevas formas de vernos, de hacernos ver y de ser vistas”. El encuentro será mensual, el último sábado de cada mes, y tendrá tres tipos de talleres: sin palabras y con palabras. El tercero es para preparar el guiso que resulte de este encuentro interdisciplinario y que se servirá al fin del ciclo y en la calle.

Las anfitrionas o “in-docentes” como las bautizó Andújar, provienen de varias disciplinas. Julieta Colomer, Lina Etchesuri y Mónica Bonavía, de la fotografía; Cecilia Pallés de la música, Susana García de la terapia gestáltica, Guillermina Guevara de la cultura hip hop, Veroka de las artes plásticas, más la poeta y las periodistas de lavaca. La UCO cuenta con la bendición y madrinazgo de la boliviana María Galindo, de Mujeres Creando. También sumarán aportes la dramaturga chilena radicada en Suecia, América Vera Zabala y la actriz Josefina Lamarre.

Dirá Andújar de este equipo heterógeno: “El trabajo (placentero..!!!) de estas diosas es construir un espacio para recordar y relucir y sacar hacia afuera el poder femenino, el que nos permita desarrollar las capacidades para que des y te des lo mejor de vos, que tal vez esté escondidísimo, en el rincón de los silencios o en el agujero negro, no sólo de la vagina, sino el agujero negro de no desarrolllar aquello que de vos hay de mejor: tus capacidades, tus talentos, tus impulsos creativos. Aquello que trae al mundo otro mundo, algo que no estaba e hiciste. Ese es el poder. No es el poder ejercido, sino el poder ejercer nosotras desde nosotras mismas, juntas y cada una. Por su puesto, esto vale para cualquier ser. El poder de la felicidad, porque hay satisfacción, hay alegría. El poder invendible, sí, pero que sea invencible. En el medio, tristezas, contradicciones, batallas, pero su sistema respiratorio, circulatorio, vital será el de ese poder. Ahora, ¿cómo reflotarlo? Esa es nuestra danza. Antiabdominal: nuestro desafío es encontrar juntas un lenguaje que denuncie, pero que no victimice. Queremos este espacio para criar diosas con el poder de desatar nudos de opresión”.

Que así sea.

Cursada intensiva: el último sábado de cada mes, de 11 a 18
Inicio: mayo de 2012
Informes e inscripción: infolavaca@yahoo.com.ar

El propio Pepino Fernández es un récord Guiness, con más de 80 causas abiertas en su contra e innumerables hospedajes en las cárceles salteñas anteriores al dictado de la Ley Antiterrorista, por lo cual ha zafado hasta ahora. De lo que no ha zafado es de la diabetes, y por eso habló con lavaca desde el hospital en el que está tratándose la infección que podría obligar a amputarle un dedo. Pero Pepino prefiere hablar de otro tema: “El gobierno ha hecho algo positivo, y después de todo el abandono que provocaron estas multinacionales se puede generar un nuevo auge de trabajo”.

Para Fernández hay una reflexión obligada: “A la larga la lucha da resultado. Se han tomado decisiones que había que tomar para enfrentar a los grandes capitales”.

¿Cuál es el riesgo al que hay que estar atentos ante esta decisión gubernamental?  “Queremos un cambio de fondo, no queremos que le den esto a los amigos de ellos sino a gente capaz, gente idónea, para que esto no sea sólo una esperanza, sino que funcione”.

Conveniencias

Otro referente de la UTD es Juan Carlos “Jipi” Fernández, hermano de Pepino. ¿Qué opina de la hipótesis de que el gobierno hizo esto por conveniencia o especulación de caja económica? “Le convenga o no le convenga al gobierno, para nosotros es una medida que sí o sí se tenía que tomar. Dejarle el petróleo a estas empresas provocó todo el empobrecimiento de la gente y que nos hayamos quedado casi sin reservas”.

Jipi Fernandez es rector honorario de la Universidad Popular que los trabajadores hicieron en Mosconi con los nombres de sus muertos JU.VE.GO.SA.BA (Justiniano, Verón, Gómez, Santillán, Barrios). Dice: “Sentimos que esto es una enorme oportunidad, que venimos reclamando desde hace 20 años, siempre muy solos. La UTD no nació por un plan social, ni nos van a llevar por un bolsón de comida. Somos una organización con autonomía, para pelear por el trabajo, el derecho, la soberanía y la naturaleza. Nació porque mucha gente quedó fuera del sistema y peleamos contra la concentración del pdoer económico. Y contra la discriminación. Mosconi es de las principales zonas productoras de gas y petróleo, pero aquí no tenemos gas y hoy mismo en el pueblo es imposible encontrar combustible”.

Petróleo & Minería

Jipi recuerda que “hemos sido presos y torturados en plena democracia, hemos sido perseguidos por el poder económico y por el Estado, pero siempre hemos trabajado con nuestras propuestas y proyectos productivos porque sabemos los efectos que genera todo esto”. El propio Jipi Fernández, que trabajó en las petroleras, tuvo algo que no sabe si llamar suerte o desgracia: “Estuve también en Barrick Gold, en algunos proyectos mineros que no pudo concretar acá en Salta. Por eso sé bien lo que envenenan esas empresas a nuestro pueblo, y sé que la lucha de los pueblos originarios y las comunidades que se oponen a las mineras son totalmente ciertas y justas, como la nuestra”.

Trabajadores socios

Un detalle hacia adelante: “A los trabajadores por ley nos corresponde el 10% de YPF por el Programa de Propiedad Participada. Nunca se cumplió. Ahora queremos que se cumpla, porque nosotros tenemos mucho conocimiento y mucho que aportar al futuro de la empresa”.

Agrega Jipi: “Las empresas venían sacando el petróleo de los pozos que ya estaban funcionando, pero abandonaron totalmente los pozos marginales, que hoy podrían provocar no una gran producción pero sí una reactivación que permita dar tiempo a nuevas exploraciones”.

La UTD organizó una marcha este 16 de abril para celebrar la medida oficial. Otras marchas más silenciosas y pequeñas tienen como meta el hospital, para acompañar al hombre más criminalizado del país que está dando otra pelea para poder volver al trabajo con sus compañeros.

El gobierno español anuncia “represalias contundentes” al gobierno argentino por la nacionalizacion de REPSOL-YPF. Estados Unidos apoya a España y se comporta de acuerdo a hábitos paternalistas. Es difícil para los padres comprender que los chicos crecen. Aunque el tono indica el reconocimiento de que la desoccidentalización es irreversible.

Además de informar sobre las represalias, la prensa española subraya también que la expropiacion de REPSOL-YPF ha dejado intacto el 25% de la acciones que pertenecen al grupo Petersen, de la familia Eskenazi, socios introducidos en el 2008 por el entonces presidente Nestor Kirchner. Señala también un articulo en El Pais, de España, que fueron los Kirchner mismos quienes diez años antes, en 1998, apoyaron la compra de YPF por REPSOL.

Por su parte, la presidenta Cristina Kirchner puso de relieve que es la primera vez que Argentina tiene que importar petróleo. Las razones recayeron sobre la ineficacia administrativa de REPSOL. La situación apuntada por Cristina Kirchner nos recuerda un caso paralelo en el Sultanato Otomano a principios del siglo XIX : por primera vez el Sultanato comenzó a importar café desde Inglaterra mientras que, hasta entonces, habia sido el Sultanato que exportaba café a Inglaterra. Los otomanos tomaron medidas erróneas : reforzaron el ejército en lugar de confrontar las políticas económicas. El tiempo de la desoccidentalización está ya en marcha y consiste en desprenderse de los lazos imperiales en decisiones políticas que afectan la economía.

Escuchá a Wálter Mignolo en el programa Decí Mu

El caso YPF-REPSOL es un caso ejemplar en los procesos de desoccidentalización que comenzaron quizás con la decisión de Deng Xiaoping de transformar la revolución cultural de Mao Zedong en economía de mercado. Esto es, de confrontar el capitalismo controlado por Occidente y hacer que el gobierno de China tomara las riendas de la politica económica, desobedeciendo las reglas que para el desarollo tenían escritas el FMI y el Banco Mundial. Proceso semejante fue el de Lee Kwan-yew, primer ministro de Singapore, quien siguió una política paralela : capitalismo sí, pero lo manejamos nosotros. Este “nosotros” es complejo pero, en general, es un “nosotros” de nacionalización frente a un “nosotros” escondido bajo la retórica anti-nacionalista de la globalización.

En Argentina, el caso es también ejemplar por la inversión del proceso de privatización que comenzó con Menem-Cavallo a principios de los 90. En ese momento, las luces del triunfo neoliberal encandilaban. Las empresas nacionales, sin incentivos, languidecian, daban en realidad pérdidas. En cambio, la privatización, que traía la competencia a primer plano, pondría los ferrocarriles y la producción petrolifera por las nubes, y navegarían así en los cielos de la globalización. Esa era la renovada retórica de la modernidad. Pero como sabemos, la colonialidad es constitutiva de la modernidad. Los desastres de la privatización y del proyecto neoliberal son notables y notados no sólo en Argentina (el reciente accidente ferroviario), sino en Alemania. Vaya y pregunte usted a los alemanes:¿ qué pasó que los ferrocarriles andan tan pésimos ahora ? Es que antes pertenecian al Estado, le van a comentar, y ahora a empresas privadas. La privatización fue un error necesario, que ahora es necesario corregir. La desoccidentalización, irreversible, describe distintas maneras de desprendimiento político en la toma de decisiones económicas.

La diferencia entre la des-nacionalización de ayer y la consecuente privatización de principios de los 90 con la re-nacinalización y des-privatización actual, es la diferencia entre el mal paso y la corrección de ese mal paso, pero con la experiencia del mal paso dado. En aquel entonces, la creencia en el fin de la historia; el la fe en la marcha indefinida del progreso y el triunfo eterno de la modernización y el neoliberalismo, fueron las consecuencias de un acto de magia que encandiló a muchos. Veinte años después, la toma de conciencia del subterfugio es irreversible. La diferencia es sin embargo, radical : los procesos de re-nacionalización, hoy, ya no están ligados a fundamentalismos ideológicos del Estado, sino a los procesos irreversibles de desoccidentalización política en decisiones económicas.

La desoccidentalización tiene dos caracteristicas basicas :

a) Economía capitalista y

b) Ya no manejada por los legados del colonialismo, es decir, por la lógica unilateral de la colonialidad.

Esta es la política claramente adoptada por los BRICS en la Cuarta Cumbre que tuvo lugar en Delhi a finales de abril. Las decisiones en política internacional ya no serán unilaterales, lo cual significa que estamos ya en un mundo de colonialidad económica (capitalista en el vocabulario de liberales y marxistas) y de policentricidad política y epistémica. Además, la desoccidentalización torna la distinción entre Derecha e Izquierda (herencia tradicional de la modernidad) en obsoleta.

La desoccidentalización es un movimiento de izquierda en la medida en que confronta y se desprende de la hegemonía y dominancia construida y manejada durante cinco siglos por monarquías y Estados seculares nacionales de Europa occidental y Estados Unidos. Pero también se puede decir que es un movimiento de derecha porque no cuestiona la colonialidad económica, aquello que liberales y marxistas llaman ¨capitalismo¨, concepto que, por las mismas razones, va perdiendo su relevancia.

No obstante, tampoco es de derecha por que de la derecha serían en este momento los procesos de re-occidentalización, los cuales son antagónicos a los de desoccidentalización. De ahí la reacción de España. Sin embargo, las cosas se han mezclado puesto que Estados nacionales con historias coloniales pueden optar por ligarse, en vez de desprenderse, de la re-occidentalización. La VI Cumbre de las Américas en Cartagena, recientemente concluida, fue auspiciada por el presidente de Colombia, José Manuel Santos, e inaugurada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Colombia y Chile han optado por la re-occidentalización. Brazil (como miembro del BRICS), Argentina, Ecuador, Bolivia, Venezuela apuntan decididamente hacia la des-occidentalización.

Para comprender: el pasado martes 10 los trabajadores se reunieron con asesores de distintos diputados para tratar el proyecto de Ley de Expropiación del edificio a su favor, con resultados positivos. La instancia clave debía ser la del día siguiente, miércoles 11, cuando el proyecto sería tratado en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, los funcionarios suspendieron la reunión y la reprogramaron para el 26 de abril, fecha que saltea el otro round clave en la pelea por la expropiación: este jueves 19 de abril en el que fueron citados al Juzgado nº 9 de Capital Federal (M.T de Alvear y Callao) para que les notifiquen, presumen, una nueva orden de desalojo.

“Los tiempos de las cámaras legislativas van a contramano de los tiempos de los trabajadores, se supone que ellos deberían estar prestos a reunirse y tratar los proyectos de ley que tienen urgencia como en nuestro caso. Sabían claramente que el 19 tenemos una audiencia y que era muy importante conseguir un despacho favorable en la Comisión de Cooperativas”, analiza ante lavaca Federico Tonarelli, presidente de la cooperativa del BAUEN.

Lo legal y lo político

Desde el lunes 11 de julio de 2011, cuando la Corte Suprema rechazó un recurso de queja presentado por la cooperativa, las instancias legales por la expropiación del Hotel BAUEN a favor de sus trabajadores fueron agotadas. La citación del 19 significa así que “la causa se sigue moviendo, y no en un sentido favorable a nosotros”, dice Tonarelli.

Por eso los trabajadores ponen todas las fichas a los dos proyectos de ley que plantean la expropiación del inmueble, que tienen estado parlamentario y serán tratados el 26 de abril en primera instancia. Según pudieron adelantarles los asesores de diputados de distintos bloques, “todos, menos el Pro –que ha estado históricamente en contra de la cooperativa- manifestaron que era necesaria la sanción de la ley. Pero a pesar de ese acuerdo, los diputados no se presentaron”, se lamenta Federico sobre esa brecha entre las palabras con los hechos.

Un proyecto de Ley de Expropiación del Hotel BAUEN había sido presentado por la diputada de Libres del Sur Victoria Donda. Cajoneado, perdió estado parlamentario en 2011. Este año la propuesta se volvió a presentar, así como un nuevo proyecto del bloque de Nuevo Encuentro, que lidera Martín Sabbatella. Tonarelli no hace diferencias entre uno y otro, salvo “algunas variaciones técnicas en la transferencia del inmueble” y entiende que, lejos de ser una puja partidaria, ambos alimentan la necesidad de la expropiación. En la reunión con los asesores, cuenta, también diputados del Frente para la Victoria –que tiene mayoría en ambas cámaras- se expresaron a favor deteniéndose en la “historia oscura” que trae la propiedad del hotel desde la dictadura.

Historia oscura

La historia de la propiedad del edificio de Callao 360 se remonta no casualmente al año 1978. Situado en una zona porteña estratégica – Corrientes y Callao- el BAUEN fue construido para ampliar la infraestructura de servicios de la Ciudad de cara al Mundial y por iniciativa del gobierno militar. Tonarelli: “El hotel se levantó con fondos estatales y con un préstamo del ex Banco Nacional de Desarrollo (actualmente en manos del Banco Nación) a un tal Marcelo Iurcovich. El préstamo jamás fue cancelado”. La confianza del Estado militar hacia Iurcovich es al menos sospechosa.

A comienzos de los 90, el hotel entró en decadencia y hubo un brusco descenso en los porcentajes de ocupación. Tras algunas maniobras que intentaron posicionarlo nuevamente, finalmente en 1997 fue vendido parcialmente al Grupo Solari, a cargo de una cadena hotelera en Chile, que debía saldar la deuda de Iurcovich con el Estado. Una nueva estrategia de apostar a los viajeros de negocios y contingentes turísticos tampoco funcionó y, en febrero del año 2000, la firma Solari pidió la propia convocatoria de acreedores. Tan sólo había pagado 4 de los 12 millones que adeudaban, por lo que, dicen los trabajadores, “la quiebra es fraudulenta y el Grupo Solari no fue nunca el propietario”.

Venderse a uno mismo

Reaparece en escena el apellido Iurcovich, quien ofrece al juzgado saldar las deudas a cambio del inmueble; el juez concede pero las cuentas indican que Irucovich nunca devolvió el dinero.

El hotel fue cerrado el 28 de diciembre de 2001, en plena crisis, un día de los Inocentes. Los trabajadores despedidos enseguida se contactaron con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y formaron una cooperativa. Durante un año y medio subsistieron con algunos subsidios de desempleo que utilizaban para mantener la infraestructura del hotel. A mediados de 2003 firmaron un convenio con el Gobierno de la Ciudad y el propio Marcelo Iurcovich, que les permitió empezar a explotar comercialmente los salones a cambio de ceder el uso del teatro a la Ciudad. Antes y después, la familia Iurcovich calificaría a los trabajadores de “ocupantes ilegítimos”.

La familia Iurcovich anunció, en 2005, una nueva venta del edificio, esta vez a Mercoteles S.A., empresa que supuestamente se haría cargo de las inversiones necesarias para su reapertura, y en cuyo directorio está el propio Iurcovich hijo, de nombre Hugo. Ninguna de las firmas todavía había pagado la deuda impositiva de 5 millones que pesaba sobre el negocio.

Trampa mauricia

En diciembre de 2005 el macrismo ganó en la Legislatura la votación de una ley con el mínimo de votos que perdonaba la deuda pero proclamaba nula la cooperativa de los empleados para manejar el Hotel. Gracias a la presión de los trabajadores, el entonces jefe de gobierno porteño Jorge Telerman demoró la firma de la ley. En julio de 2006 la Justicia determinó que el hotel pertenecía a la firma Mercoteles, y el 30 de ese mes la jueza comercial Paula Hualde intimó al desalojo del Bauen para el mes de septiembre. Los trabajadores lanzaron un comunicado: “Hoy tenemos un pleno funcionamiento. Desde que nos constituimos como Cooperativa hemos realizado todas las acciones y medidas a nuestro alcance para poder explotar el lugar, seguir generando más puestos de trabajo y demostrar que la gestión de las empresas recuperadas por sus trabajadores es viable, concreta y exitosa. Los logros están a la vista, hemos generado más de 150 puestos de trabajo -de los 20 iniciales -, en menos de tres años, y otra cantidad de empleos tercerizados si tenemos en cuenta los contratos con empresas proveedoras de insumos”.

Testaferros originarios

Si bien la orden de desalojo se mantiene, hasta hoy los trabajadores continúan autogestionando el hotel. La última presentación que hicieron fue en 2009, un recurso de queja que se detenía en “la deuda impaga del grupo originario, el que construyo el hotel, que hasta el día de hoy no fue saldado. Y, segundo, que se le quiere restituir el inmueble a un grupo económico que no presenta actividad económica, no presenta patrimonio y que claramente es testaferro del grupo originario”.

La presentación fue rechazada en primera instancia y luego en la Cámara de Apelaciones. El fallo intimaba a devolver el hotel a la firma Mercoteles S.A. Los trabajadores pidieron a la Corte Suprema que se examinara el expediente. Pero en julio de 2011 la Corte consideró suficientes los fallos anteriores, y avaló su resolución. “No queda una instancia superior a la Corte Suprema. Si bien desde el principio supimos que la pelea judicial iba a ser difícil, con esto nos queda más que claro que tenemos que resolverlo a través de la Ley nacional de Expropiación”, decía Federico Tonarelli por entonces a lavaca.

¿Cuál es la idea de los proyectos que se deberían discutir lo más rápidamente posible? Como expropiante puede actuar tanto el Estado Nacional como la Municipalidad de la Ciudad. “El Estado se sienta con la cooperativa a buscar algún modelo de transferencia del edificio, que puede ser la venta, el préstamo o la cesión”. Todo será nuevo: no hay antecedentes en la ciudad de una expropiación a favor de los trabajadores.

La esperanza está puesta en la mayoría que en ambas cámaras tiene el Frente Para la Victoria, que de palabra parecer estar de acuerdo con los proyectos de ley: “Lo que queremos es que el Gobierno juegue todas las cartas en esto. Hasta ahora, nos ha apoyado tibiamente” dice Federico. La idea es que este año “no hay excusas” y en eso están los trabajadores: difundiendo la enredada historia propietaria del inmueble, construyendo alianzas, y lo de siempre: trabajando.

Este jueves 19 de abril tienen una nueva cita en el juzgado. Y no quieren llegar solos. Por eso, en las puertas del Hotel, a las 10 de la mañana, convocan a marchar hasta el Juzgado Comercial nº9 de Capital Federal Será, como siempre, un día decisivo.