La reveladora lista coincide con la elocuente obediencia debida de legisladores nacionales para aprobar de apuro la Ley Antiterrorista presentada por el oficialismo, que habilita práctica y jurídicamente a los jueces (aunque sus fundamentos digan lo contrario) a criminalizar la protesta social, duplicar las posibles penas y encarcelar preventivamente a quienes reclamen por sus derechos bajo el calificativo de terrorismo. El Senado la aprobó esta madrugada por 39 votos contra 22.

Publicamos aquí la lista de los legisladores que habían dado media sanción a esa reforma al Código Penal que se hace obedeciendo explícitamente las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y contrariando advertencias de distintas entidades de derechos humanos y civiles, y organizaciones vecinales. Ley que podría apuntar contra los ciudadanos mientras las corporaciones político-mineras, como plantean los vecinos de Famatina y Chilecito, ejercen “un accionar mafioso que pone en peligro las libertades democráticas de la ciudadanía en general”.

Minería & Mafia

Vale recordar las palabras del gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, para entender el contexto de la denuncia de los vecinos de Famatina.

• En junio declaró: “Tienen que dejarse de joder con la minería” en referencia a las críticas vecinales.
• El 9 de diciembre fue más allá: “No voy a mariconear con esto, voy a tomar las decisiones que nos permitan explotar la minería”.

El 15 de diciembre los vecinos de Famatina detectaron a funcionarios de Osisko Mining reunidos con funcionarios provinciales.

Los vecinos, entonces, hicieron sonar las campanas de la iglesia (señal de alerta para todo el pueblo), rodearon la estación del Automóvil Club Argentino (unas 200 personas se reunieron de inmediato) y reclamaron que el representante de la empresa, Gustavo Zulliger, se retirara, cosa que hizo escoltado por móviles policiales.

Tras la estampida, el viernes 16 en la hostería municipal, tras los encuentros de funcionarios mineros y provinciales, el personal del lugar encontró la carpeta con el trabajo de inteligencia sobre los vecinos, y lo que las asambleas denominaron “lista negra”.

Aparecen allí descriptos:

• Como “Cabecilla” y “Protagonista” una de las mencionadas es “Carola Sufich”. En realidad, se trata de Carolina Suffich, docente y empleada del almacén de ramos generales de Famatina, que en un principio quiso trabajar en la minera, hasta que en el curso de asistentes para geólogos comenzó a sospechar que los “profesores” enviados por la provincia mentían al decir que no había contaminación.
• También como “cabecilla” luce Carina Díaz Moreno, a la que describen como “muy agresiva”. Detallan: “Se tiró sobre una camioneta de minería para simular un accidente”. En realidad, Carina se sentó delante de la camioneta para que no pasara, y terminó siendo golpeada por una patota de funcionarios, tal cual puede verse en You Tube, como para dilucidar quién es agresivo en esta historia.
• Se menciona a la profesora Yenny Luján, al excelente fotógrafo Miguel Arca (al que le agregan la nacionalidad “peruano” en esa ficha), la concejal electa Cristina Lazo (acompañada por la palabra “protagonizmo”, sí: con z.), aparecen más concejales, familiares del intendente, jubilados, empleados, productores y “personas autoconvocadas”.
• Aparecen Lidoro Leiva, ex intendente peronista que apoyó siempre el reclamo, y el policía jubilado y productor Carlos Tobar.
• Sobre la jubilada María Lucía de Olmedo agregan “falta de información”. Varias personas aparecen junto a la fórmula “Sarcimiento económico”. Varios “Gonsález” son señalados por su “apollo al hermano Miguel”, que es el director de la Escuela de Comercio y político de la UCR.

Las comillas y faltas de ortografía son literales.

Los errores pueden provocar gracia, pero esta jerga idéntica a la de los grupos de tareas que hicieron su trabajo en la dictadura, con los resultados conocidos.

La ley de terror

“Esta es una modificación espantosa del Código Penal, por ser potencialmente una amenaza para la protesta social, y también tiene un problema de legitimidad de origen: no surge de una necesidad de la sociedad argentina sino más bien de la obligación de un organismo internacional como el GAFI, cuya agenda la maneja Estados Unidos, y que es una de sus herramientas de su guerra contra el terrorismo” dijo a lavaca Gastón Chillier, director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) entidad que junto a organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) motorizó el rechazo a la norma presentada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Julio Alak.

La reforma duplica las penas, lo cual convierte en no excarcelables a los supuestos delitos. La Ley en sus fundamentos plantea: “quedan terminantemente excluidos de cualquier interpretación criminalizante los hechos de protesta social”. Chiller replica: “El problema es que una persona puede ser encarcelada y mucho después, la justicia le reconoce que estaba ejerciendo sus derechos constitucionales, pero mientras tanto queda presa durante años y años, porque la figura penal que le aplican no es excarcelable. Un juez de faltas de Salta, Neuquén, San Juan o cualquier otra provincia puede imputar a indígenas o a vecinos que se oponen a una explotación minera, o a grupos que corten una ruta”. Un caso comparable ocurrió tras los incidentes frente a la Legislatura porteña, en 2004, cuando 14 personas debieron pasar año y medio en prisión, antes de salir libres de culpa y cargo.

Chillier: “Que se aprueben estas reformas puede producir un efecto de desmovilización, temor y amenaza penal. Pero además, manda un mensaje a un Poder Judicial que a veces a nivel provincial es más reaccionario que a nivel nacional o federal. El mensaje político es que los habilita a usar la justicia para restringir los derechos, más que para protegerlos”.

Otro costado siniestro del “mensaje” implícito en esta ley es agitar la palabra “terrorismo” en un país que ha sabido hacer desaparecer a 30.000 personas.

¿Qué valores considera que prevalecieron en los diputados que aprobaron esta reforma?

Chiller: Es claramente un mandato del Ejecutivo, pero por una presión del GAFI. Eso de hecho fue explícitamente expuesto por (Martín) Sabatella y distintos funcionarios. Nadie duda que esto tenga que ver con las presiones del GAFI para mantener al Estado argentino dentro del G20. El GAFI tiene una serie de más de 50 recomendaciones para todos los países que Argentina no venía cumpliendo. Lo cual de alguna manera muestra también el problema de la legitimidad de la reforma. Porque aparte de ser una mala reforma en sí misma – por hacer una modificación espantosa del Código Penal, por ser potencialmente una amenaza para las manifestaciones sociales, la protesta social y demás- también tiene un problema de legitimidad de origen: no surge de una necesidad de la sociedad argentina sino más bien de la obligación de un organismo internacional como el GAFI, cuya agenda la maneja Estados Unidos y que es una de sus herramientas de su “guerra contra el terrorismo” que en realidad se está llevando por delante a los derechos humanos a nivel global.

¿Qué estrategia podría hacer de contrapeso a un proyecto como éste?

Chillier: Esa reforma, cuando llegue a los Tribunales, no resiste ningún test de constitucionalidad. No hay dudas de que si, en el peor de los casos, hay un juez que por mandato u orden o por su relación con los poderes locales la aplica, en la Corte Suprema no va a pasar. El tema es que, hasta ese momento, las personas acusadas pueden pasar varios años en prisión. Entonces las estrategias legales son claras y hay alto nivel de posibilidades que sean exitosas en cuanto a la reforma. Pero hasta que se prueba va a pasar mucho tiempo y mucha gente va a ser criminalizada. Porque justamente cuando se tratan estos casos, la estrategia es dejarlos abiertos y que no avancen para regular o controlar o limitar las actividades de los líderes sociales.

La reforma fue cuestionada incluso por Abuelas de Plaza de Mayo a través de Estela Carlotto. Su hijo Remo la votó afirmativamente.

Cómo se votó el terror en Diputados

• 106 diputados del Frente para la Victoria votaron Afirmativo. Ninguno votó Negativo.
• 2 se abstuvieron (Griselda Herrera, de La Rioja y Julia Argentina Perie, por Misiones).
• Seis se ausentaron (entre ellos Héctor Pedro Recalde y el hijo del sindicalista Juan Facundo Moyano).
• El resto de los afirmativos fueron de diputados por estos partidos: Frente Cívico por Santiago (6), Movimiento Popular Neuquino (3), Frente Peronista Renovador de Salta, Córdoba Federal (2), Nuevo Encuentro (5), Unión por San Juan, Corriente de Pensamiento Federal, Unión Peronista (2), Partido Justicialista La Pampa (2), Frente Peronista Federal.
• Algunos nombres que votaron a favor: Agustín Rossi, Andrés Larroque, Carlos Kunkel, Carlos Heller, Edgardo De Petris, Felipe Solá, Franciso Plaíni, José María Díaz Bancalari, Jorge Yoma, Martín Sabatella, Remo Carlotto.
• Algunos nombres que votaron en contra: Alcira Argumedo, Claudio Lozano, Fernando Solanas, Roy Cortina, Margarita Stolbizer, Víctor de Gennaro, Victoria Donda Pérez.
• Patricia Bullrich, Graciela Camaño, Francisco de Narváez, Gabriela Michetti, Graciela Ocaña, María Luisa Storani, entre otros, no estuvieron presentes. De Narváez había presentado un proyecto aún más explícitamente criminalizador.

19 y 20 antiterrorista

Es inevitable recordar que la reforma se vota en simultáneo a la memoria por los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Las personas que aparecen en las incontables imágenes televisivas que recuerdan aquellos días, que hoy se reconocen como un momento que cambió la historia del presente, con esta nueva ley antiterrorista hubieran podido ser masivamente encarceladas por estar en la calle reclamando contra el desempleo, la injusticia, el fin del modelo neoliberal.

Diez años después, la ley votada con mano enyesada por el bloque oficialista y sus aliados abre un espacio para la reflexión y la autocrítica: ¿cuántas organizaciones sociales estaban denunciando la criminalización de la protesta hasta la llegada de esta ley?

Memoria

Esta es la nómina completa de legisladores que consagraron la media sanción a la ley de terror:

ABDALA de MATARAZZO, Norma Amanda Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
ALBRIEU, Oscar Frente para la Victoria – PJ Rio Negro AFIRMATIVO
ALONSO, Maria Luz Frente para la Victoria – PJ La Pampa AFIRMATIVO
ARAGON, Santiago Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ARREGUI, Andres Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
AVOSCAN, Herman Frente para la Victoria – PJ Rio Negro AFIRMATIVO
BALCEDO, Maria Ester Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
BARRANDEGUY, Raúl Enrique Frente para la Victoria – PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
BASTERRA, Luis Eugenio Frente para la Victoria – PJ Formosa AFIRMATIVO
BEDANO, Nora Esther Frente para la Victoria – PJ Córdoba AFIRMATIVO
BERNAL, María Eugenia Frente para la Victoria – PJ Jujuy AFIRMATIVO
BERTONE, Rosana Andrea Frente para la Victoria – PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
BIANCHI, Ivana María Frente Peronista San Luis AFIRMATIVO
BIANCHI, María del Carmen Frente para la Victoria – PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
BIDEGAIN, Gloria Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
BLANCO de PERALTA, Blanca Frente para la Victoria – PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
BRAWER, Mara Frente para la Victoria – PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
BRILLO, José Ricardo Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
BROMBERG, Benjamín Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
BRUE, Daniel Agustín Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
CALCAGNO, Eric Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CARLOTTO, Remo Gerardo Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CARMONA, Guillermo Frente para la Victoria – PJ Mendoza AFIRMATIVO
CASELLES, Graciela María Frente para la Victoria – Partido Bloqui San Juan AFIRMATIVO
CATALAN MAGNI, Julio Cesar Frente para la Victoria – PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
CEJAS, Jorge Alberto Frente para la Victoria – PJ Rio Negro AFIRMATIVO
CHIENO, Maria Elena Frente para la Victoria – PJ Corrientes AFIRMATIVO
CIAMPINI, Alberto Frente para la Victoria – PJ Neuquén AFIRMATIVO
CIGOGNA, Luis Francisco Jorge Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CLERI, Marcos Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
COMELLI, Alicia Marcela Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
CONTI, Diana Beatriz Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
CORDOBA, Stella Maris Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
CURRILEN, Oscar Rubén Frente para la Victoria – PJ Chubut AFIRMATIVO
DATO, Alfredo Carlos Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
de PEDRO, Eduardo Enrique Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DEPETRI, Edgardo Fernando Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
di TULLIO, Juliana Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DIAZ BANCALARI, José María Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
DIAZ ROIG, Juan Carlos Frente para la Victoria – PJ Formosa AFIRMATIVO
DONKIN, Carlos Guillermo Frente para la Victoria – PJ Formosa AFIRMATIVO
ELICECHE, Carlos Tomas Frente para la Victoria – PJ Chubut AFIRMATIVO
ELORRIAGA, Osvaldo Frente para la Victoria – PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
FELETTI, Roberto Frente para la Victoria – PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
FELIX, Omar Frente para la Victoria – PJ Mendoza AFIRMATIVO
FERNANDEZ SAGASTI, Anabel Frente para la Victoria – PJ Mendoza AFIRMATIVO
FERRA de BARTOL, Margarita Frente para la Victoria – PJ San Juan AFIRMATIVO
FERREYRA, Araceli Frente para la Victoria – PJ Corrientes AFIRMATIVO
FIORE VIÑUALES, Cristina Renovador de Salta Salta AFIRMATIVO
FORCONI, Juan Carlos No Integra Bloque Santa Fe AFIRMATIVO
FORTUNA, Francisco Jose Córdoba Federal Córdoba AFIRMATIVO
FRANCIONI, Fabián Marcelo Frente para la Victoria – PJ Córdoba AFIRMATIVO
GALLARDO, Miriam Graciela Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
GARCIA LARRABURU, Silvina Frente para la Victoria – PJ Rio Negro AFIRMATIVO
GARCIA, Andrea Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GARCIA, María Teresa Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GARNERO, Estela Córdoba Federal Córdoba AFIRMATIVO
GDANSKY, Carlos Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GIACCONE, Claudia Alejandra Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
GIANNETTASIO, Graciela María Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GONZALEZ, Juan Dante Frente para la Victoria – PJ Mendoza AFIRMATIVO
GONZALEZ, Nancy Susana Frente para la Victoria – PJ Chubut AFIRMATIVO
GRANADOS, Dulce Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GROSSO, Leonardo Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
GUCCIONE, José Daniel Frente para la Victoria – PJ Misiones AFIRMATIVO
GUTIERREZ, Mónica Frente para la Victoria – PJ Córdoba AFIRMATIVO
GUZMAN, Olga Elizabeth Movimiento Popular Neuquino Neuquén AFIRMATIVO
HARISPE, Gaston Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
HELLER, Carlos Nuevo Encuentro Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
HERRERA, José Alberto Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
IANNI, Ana Maria Frente para la Victoria – PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
IBARRA, Mauricio Unión por San Juan San Juan AFIRMATIVO
JUNIO, Juan Carlos Isaac Nuevo Encuentro Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
KOSINER, Pablo Francisco Frente para la Victoria – PJ Salta AFIRMATIVO
KUNKEL, Carlos Miguel Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
LANDAU, Jorge Alberto Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
LARROQUE, Andrés Frente para la Victoria – PJ Cdad. Aut. Bs. As. AFIRMATIVO
LEDESMA, Julio Rubén Corriente de Pensamiento Federal Buenos Aires AFIRMATIVO
LEVERBERG, Stella Maris Frente para la Victoria – PJ Misiones AFIRMATIVO
LOTTO de VECCHIETTI, Inés Beatriz Frente para la Victoria – PJ Formosa AFIRMATIVO
MARTINEZ, Oscar Ariel Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
MENDOZA, Mayra Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
METAZA, Mario Alfredo Frente para la Victoria – PJ Santa Cruz AFIRMATIVO
MIRKIN, Beatriz Graciela Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
MOLINA, Isauro Frente para la Victoria – PJ Catamarca AFIRMATIVO
MONGELO, José Ricardo Frente para la Victoria – PJ Chaco AFIRMATIVO
MORENO, Carlos Julio Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
MOUILLERON, Roberto Mario Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
NAVARRO, Graciela Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
NEBREDA, Carmen Rosa Frente para la Victoria – PJ Córdoba AFIRMATIVO
OLIVA, Cristian Rodolfo Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
OPORTO, Mario Nestor Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ORTIZ CORREA, Marcia Frente para la Victoria – PJ Catamarca AFIRMATIVO
ORTIZ, Mariela Frente para la Victoria – PJ Jujuy AFIRMATIVO
PAIS, Juan Mario Frente para la Victoria – PJ Chubut AFIRMATIVO
PASTORIZA, Mirta Ameliana Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
PEROTTI, Omar Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
PERRONI, Ana María Frente para la Victoria – PJ Corrientes AFIRMATIVO
PIETRAGALLA CORTI, Horacio Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
PILATTI VERGARA, María Inés Frente para la Victoria – PJ Chaco AFIRMATIVO
PLAINI, Francisco Omar Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
PUIGGROS, Adriana Victoria Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
RAIMUNDI, Carlos Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
REDCZUK, Oscar Frente para la Victoria – PJ Misiones AFIRMATIVO
REGAZZOLI, María Cristina Partido Justicialista La Pampa La Pampa AFIRMATIVO
RIOS, Fabián Frente para la Victoria – PJ Corrientes AFIRMATIVO
RIOS, Liliana Frente para la Victoria – PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
RISKO, Silvia Lucrecia Frente para la Victoria – PJ Misiones AFIRMATIVO
RIVARA, Raúl Alberto Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
RIVAROLA, Rubén Armando Frente para la Victoria – PJ Jujuy AFIRMATIVO
RIVAS, Jorge Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
ROBLEDO, Roberto Ricardo Partido Justicialista La Pampa La Pampa AFIRMATIVO
ROSSI, Agustín Oscar Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
RUIZ, Aida Frente Cívico por Santiago Santiago del Estero AFIRMATIVO
SABBATELLA, Martín Nuevo Encuentro Buenos Aires AFIRMATIVO
SALIM, Juan Arturo Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
SANTILLAN, Marcelo Frente para la Victoria – PJ Tucumán AFIRMATIVO
SCIUTTO, Rubén Darío Frente para la Victoria – PJ Tierra del Fuego AFIRMATIVO
SEGARRA, Adela Rosa Frente para la Victoria – PJ Buenos Aires AFIRMATIVO
SIMONCINI, Silvia Frente para la Victoria – PJ Santa Fe AFIRMATIVO
SOLA, Felipe Carlos Union Peronista Buenos Aires AFIRMATIVO
SOLANAS, Julio Rodolfo Frente para la Victoria – PJ Entre Ríos AFIRMATIVO
SOTO, Gladys Beatriz Frente para la Victoria – PJ Chaco AFIRMATIVO
TINEO, Javier Hector Frente para la Victoria – PJ La Rioja AFIRMATIVO
TOMAS, Daniel Frente para la Victoria – PJ San Juan AFIRMATIVO
UÑAC, José Rubén Frente para la Victoria – PJ San Juan AFIRMATIVO
VILARIÑO, José Antonio Frente para la Victoria – PJ Salta AFIRMATIVO
VILLA, José Antonio Frente para la Victoria – PJ San Juan AFIRMATIVO
WAYAR, Walter Raúl Frente Peronista Federal Salta AFIRMATIVO
YARADE, Fernando Frente para la Victoria – PJ Salta AFIRMATIVO
YAZBEK, Ruben David Frente para la Victoria – PJ Catamarca AFIRMATIVO
YOMA, Jorge Raul Frente para la Victoria – PJ La Rioja AFIRMATIVO
ZIEBART, Cristina Isabel Frente para la Victoria – PJ Chubut AFIRMATIVO
ZIEGLER, Alex Roberto Frente para la Victoria – PJ Misiones AFIRMATIVO

Gran asamblea de obreros petroleros

Pérdidas

Pedro Muñoz, secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz  (ADOSAC), antes de ir a buscar a su hijo a la salida de la escuela, dialogó con lavaca: “La Presidenta deliberadamente omite decir que, si bien nuestro salario comparado con otras jurisdicciones está por encima, la canasta familiar de la provincia de Santa Cruz es la más alta del país: anda por los 13 mil pesos. Creo que la frase fue un tiro por elevación para cualquier sindicato que se levante contra el modelo económico, que, dicho sea de paso, uno ve –con estas intervenciones- que se va a seguir sosteniendo apretando a los trabajadores y favoreciendo a las petroleras”.

La Presidenta denunció que el paro de los docentes y petroleros, con la toma por primera vez en la historia de un yacimiento  por parte de los docentes, implicó pérdidas de 10 millones de dólares diarios, 829 millones de dólares, o 3.349 millones de pesos “que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras”. Para Muñoz la cuenta es distinta: a diferencia de un yogur o un pedazo de carne, el petróleo no es un producto perecedero. Se sigue extrayendo, aunque su transporte se vea temporalmente  dificultado por algún conflicto: “No se perdió nada, porque lo que no se vendió esos días, lo vendieron más tarde. Pero el propio comentario de la Presidenta nos da la razón con respecto a la distribución de la renta petrolera, porque las cuentas reales son otras. La provincia supuestamente se queda con el 12% de un barril , cuyo precio está fijado en 45 dólares, aunque el precio real está en 100 dólares. O sea que la diferencia es pura ganancia para las operadoras, lo que demuestra que  los dueños del petróleo, que somos los habitantes de la provincia, nos quedamos con migajas de la renta petrolera. El resto, del 88 al 90%,se lo llevan o Nación o las operadoras petroleras, que además pagan regalías sobre lo que ellos mismos declaran, sin ningún control por parte del Estado. Es decir, pagan lo que quieren”.

Docentes haciendo un piquete en Santa Cruz, junto a una planta petrolera de Las Heras

El preso

Omar Leguizamón, delegado de Oleosur en LH3, la planta de Las Heras que los trabajadores ocuparon pacíficamente para reclamar el cobro de haberes adeudados, propone esta mirada: “Nos dicen que el sueldo es alto. Pero estamos en la zona más cara del país: el alquiler de una piecita te sale de 2.000 pesos para arriba. El que sale al campo para ganar 10 mil pesos al mes, tiene que levantarse de noche, carretear 80-120 kilómetros hasta el yacimiento, y dejar los huesos ahí. Si dicen que un petrolero gana mucho, en las condiciones de descuido y contaminación en las que trabaja, que me expliquen cuánto ganan ellos, los diputados, los concejales, y los políticos, y qué es lo que hacen a cambio”.

Los petroleros este año se desprendieron del supuesto dirigente sindical Héctor Chaco Segovia, a quien sentían más representativo de las patronales que de los trabajadores. Lo hicieron en una asamblea de 5.000 personas, sobre la ruta 3 en Cañadón Seco, y así lograron que les pagasen deudas por valor de 25.000 pesos per cápita. Pero Oleosur, empresa coherente, siguió sin pagarle a sus obreros, obligándolos a hacer un paro de dos meses sin que gobierno ni empresa parecieran interesados en solucionar el conflicto.

En mayo tomaron la entrada de la planta LH3 para impedir el trabajo de deshidratación y bombeo del petróleo hacia los puertos. Les debían 40.000 pesos a cada uno. Más de 20 de los trabajadores que participaron del reclamo quedaron procesados. Uno de ellos, Víctor Oñate, fue buscado por la policía, y se entregó en julio, pero a la vista de sus compañeros, como un modo de garantizar su propia seguridad.  Hay lugares donde de lo que hay que defenderse, se sabe, es de las autodenominadas “fuerzas de la ley”. Oñate sigue preso, sin que ninguna de las acusaciones que pesan sobre él hayan mostrado sustento alguno. En tierras donde supuestamente no se criminaliza la protesta, se invierte la carga de la prueba: el trabajador es tratado como un culpable, hasta que se demuestre lo contrario.

Los petroleros en paro en LH3, de espaldas para que no los reconozcan

¿Qué dijo la Presidenta?

En un tramo de su discurso Cristina Fernández de Kircher dijo textualmente:

“Quiero contarles una anécdota nada más para que se entienda lo que digo y referida a mi provincia, para que nadie se sienta aludido: ustedes habrán recordado el prolongado conflicto docente de Santa Cruz que, además, se unió a un conflicto con los trabajadores del petróleo. Curiosamente, del sector público provincial, el sector docente es uno de los salarios más altos, es el salario docente más alto de la República Argentina. Y de la actividad privada, el salario de los petroleros, es uno de los más importantes junto al del sector minero. Con una huelga que se prolongó por meses y que, además, tuvo la toma por primera vez en la historia de Santa Cruz, de sectores docentes que tomaron yacimientos petroleros, le significó al país una pérdida por día de más de 10 millones de dólares y al conflicto durante todo el conflicto 820 millones de dólares. Y si les gusta más en pesos argentinos como a mí, 3.349 millones de pesos que perdieron el Estado nacional, el Estado provincial y las compañías productoras.

Sinceramente, el derecho de huelga, que es un derecho que asiste a todos los trabajadores por imperio de la Constitución reformada…Alguien me dijo y no lo pude corroborarlo antes de venir acá, por eso lo digo a título de algo que me dijeron: parece ser que en la Constitución peronista de Sampay, no estaba el derecho de huelga. ¿Podrá ser posible? No creo. Ah, no había conflicto con Perón. Mirá qué bien, ay, qué bueno está esto. O sea que cuando estaba Perón no había derecho a huelga. Digo por lo que lo reivindican a Perón y nos critican a nosotros; con nosotros derecho de huelga hay; pero derecho de huelga, no de chantaje ni de extorsión”. (APLAUSOS)

Más allá del revisionismo sobre Perón, cuando la Presidenta dijo “para que nadie se sienta aludido” según los autodenominados medios, se refería a Hugo Moyano. Se supone también, en esa especie de astrología política, que el “chantaje” y la “extorsión” provendrían de los camioneros, pero para que nadie se sienta aludido el ejemplo fue el de Santa Cruz . “Nosotros no extorsionamos ni chantajeamos: lo que hicimos es defendernos y reclamar por lo que nos debían, y por lo que consideramos justo”, explica Leguizamón.

Más datos

Dice Pedro Muñoz, de ADOSAC (sindicato que reúne a unos 6.500 de los 9.000 docentes provinciales): “Un maestro ingresante está en 4.200 pesos. El promedio estará entre 5.000 y 6.000 pesos, pero en un lugar donde el costo de vida es terrible y donde la inflación está disparando todos los precios. En nuestro reclamo de este año, de más de 50 días, terminamos agarrando el 25 % de aumento como un modo de seguir adelante. Todavía nos deben dos meses. Pero fijate que ahora el gobierno ya le pone un tope a las futuras negociaciones: el 18%”. Todos los gremios estatales de Santa Cruz ya han mantenido reuniones para rechazar ese tope. Al marcar ese tope, el que extorsiona y chantajea es el poder político, y particularmente el Estado provincial” sugiere Muñoz. Sin embargo su cálculo es que se trata de la provincia más rica: “Es la que tiene el presupuesto más alto per cápita del país: 7.600 millones de pesos para unos 300.000 habitantes”.

Doce meses después, el dictamen cayó en una jornada poco clara. La discusión sobre la libertad de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a no morir por no acceder a un servicio de salud pública, serán cuestiones que deberán seguir esperando en un país donde se practican más de 500 mil abortos por año. ¿Por qué cayó el dictamen? ¿Qué pasó con los legisladores que acompañaron durante el año el debate pero que no se presentaron en el momento clave? ¿Qué aprendizaje rescatan las organizaciones que militaron a favor del aborto? ¿Qué autocrítica hicieron? ¿Qué legitimidad social es necesaria construir para sancionar esta ley? ¿Qué se puede aprender de esta derrota? “No creo que haya sido una derrota. Esa palabra es demasiado grandilocuente. Hablaríamos de derrota si hubiésemos llegado al recinto y se votara en contra, pero no por una reunión de Comisión, convocada unilateralmente por su presidente que ya terminaba su mandato, a pocos días de las elecciones y con el cambio inminente de la mitad de la composición de la Cámara de Diputados”, resume en diálogo con lavaca Estela Díaz, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Para nosotras fue muy importante, pero era evidente que este debate no se iba a cerrar en una reunión de Comisión. Los temas como este, que producen cambios profundos, tienen procesos de discusión y de construcción de consensos para nada sencillos”.

El largo silencio parlamentario

Durante la jornada del 1 de noviembre, los legisladores fueron exponiendo los obstáculos que acarreó este tema a lo largo de la historia. Vega señalaba: “Quiero recordarles que el primer proyecto de ley sobre aborto data del año 1937. Sin embargo, por distintas razones, nunca llegó a tener trámite parlamentario ningún proyecto. Este es un debate que por primera vez se abre en el parlamento argentino y que, por distintos motivos, estuvo silenciado hasta ahora”. Desde el oficialismo, la diputada Diana Conti indicaba: “Hay quienes estamos a favor y hay quienes no lo estamos. Es verdad también que este no es un debate que esté en la agenda del Poder Ejecutivo nacional. Tenemos un Poder Ejecutivo fuerte: cuando quiere poner un tema en la agenda envía su propio proyecto, y no es este el caso. Pero quienes formamos parte del bloque oficialista en el Congreso Nacional tenemos posturas diferentes sobre este tema, que es controversial para nosotros mismos”.

En consonancia con lo que dicho por Conti, Cecilia Merchán, una de la legisladoras que impulsó uno de los proyectos de despenalización desde Libres del Sur, fuerza de la que actualmente está desvinculada, señaló a lavaca que durante la jornada de debate sobre aborto “se pudieron ver las ausencias, fundamentalmente del Frente para la Victoria, porque sigue siendo un tema difícil. El Frente tiene tendencia a dejar ver hasta dónde avanza el debate y cuando están instalados , después los toma y los capitaliza. No lo lleva, pero lo capitaliza. Se ve que con este tema todavía no; cuando haya un plafón suficiente de la sociedad, ahí sí”.

Sin autocrítica

Argentina cuenta con la Ley de Matrimonio Igualitario y en la última jornada de este año de las sesiones ordinarias la Cámara Baja, se dio media sanción a la Ley de Identidad de Género. Todo llevaba a pensar que el aborto sería el próximo paso. ¿Qué lo frustró? ¿Qué mirada tienen las organizaciones que reivindican este derecho sobre su propia labor? Resume Estela Díaz: “Nosotras también estamos aprendiendo con esto, porque sabemos mucho de movilizarnos, de convocar a actores y actoras sociales, de sumar voluntades, iniciativas, etc., pero cuando llegamos al debate parlamentario, allí se expresan las fuerzas políticas con representación y ahí es donde nosotras acompañamos, presionamos, colaboramos, pero no somos las protagonistas. Este debate recibe apoyos transversales en las fuerzas mayoritarias y también rechazos. Con las principales aliadas de esos bloques, firmantes del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, tenemos que ir estableciendo la mejor estrategia para que el debate llegue al recinto”.

El momento clave

El 1 de noviembre firmaron el dictamen favorable a la sanción de la ley las legisladoras Fernanda Gil Lozano (Coalición Cívica), Rubén Lanceta (UCR), Horacio Alcuaz (GEN), Jorge Rivas (Nuevo Encuentro Popular y Solidario) y Victoria Donda (Libres del Sur). El otro dictamen que se puso a consideración fue promovido por Vega, referido a reglamentar los abortos no punibles ya previstos en el artículo 86 del Código Penal. Ese día clave, de los 11 diputados del oficialismo que integran la comisión, sólo asistió una (Diana Conti), firmó en disidencia y se fue antes de que terminara el debate.

En el momento de la votación hubo 12 diputados de los 31 que componen la Comisión de Legislación Penal. “La Comisión sesionó en minoría, pero por reglamento una vez que hay 11 diputados puede debatirse y producir dictamen. Hubo a partir de allí desprolijidades del presidente de la Comisión , que cerró el encuentro diciendo que hubo dictamen y a los dos días, luego de recibir presiones e impugnaciones por parte de diputadas anti derechos, se desdijo”, resume Estela Díaz. “Al margen de este lamentable episodio, esto no empaña el impacto que tuvo el inicio del debate formal en el Congreso. La expectativa mediática fue enorme. Mucho tiene que ver la instalación del tema en la sociedad. El papelón de Vega no empaña lo que consideramos pasos adelante para el debate institucional del aborto y el cambio de Ley. Estamos más cerca”, señala Cristina Ércoli, integrante de Mujeres por la Solidaridad, una organización pampeana que viene sosteniendo la defensa del derecho al aborto desde 2004, una de las 300 organizaciones que componen la Campaña. Ércoli estuvo presente aquel 1 de noviembre. Sus conclusiones: “El Congreso es un ámbito donde se cruzan distintas intencionalidades. Para nosotros es un paso más y significó que la discusión se diera ´en cualquier asado´, como dijo una periodista el otro día, que lo tomen todos los medios. Es decir, se puso en la agenda cotidiana”. Pero también reconoce la existencia de limitaciones a la hora de encarar el trabajo de concientización con los legisladores y la comunidad sobre este tema. “No es para escudarnos, pero tenemos limitaciones. Esta cuestión es federal, pero como dicen: Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Muchas compañeras no pueden tener una dedicación full time. En la Campaña hay una comisión de cabildeo que trabaja el tema legislativo. La mayoría de esa comisión es de Buenos Aires y van haciendo la tarea de ver por dónde llegar a los legisladores. Nosotras hicimos cabildeo en nuestras provincias y por eso sabemos que no es un trabajo fácil. Por supuesto que podríamos haber hecho mucho más, pero también hubo un problema con los presidentes de las comisiones. Ellos juegan con otros valores, no en consonancia con la defensa de los derechos de la mujer. No es lo mismo que con lo de Matrimonio Igualitario: acá se juegan otros intereses. El aborto clandestino mueve cifras económicas impresionantes”.

Derecho y humanas

La primera jornada de debate público en el Congreso sobre el aborto fue el 30 de noviembre de 2010 y fue invitada Marianne Mollman, representante de Human Rights Watch. Luego, en julio de este año, asistió Patricia Luz Mejía, vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). La estrategia, entonces, fue sentar las bases argumentativas sobre el eje de los derechos humanos vulnerados.

Analizando el camino parlamentario de este último año, Ércoli no es autocrítica: las integrantes de la Campaña están contentas por el trabajo que se hizo. Las organizaciones que la integran se reunirán a fin de año en una plenaria para definir los pasos a seguir. “Volvemos a empezar, con más firmas. Será la cuarta vez que presentamos un proyecto. Son avances, en un Estado laico que está atravesado totalmente por una religión subvencionada por ese mismo Estado”. ¿Alcanza esa cruz como justificación?

También la legisladora Merchán señala la importancia de haber instalado el debate en el Congreso. “Ingresar el proyecto en Comisión fue lo más relevante, después se sucedieron un montón de cuestiones que tienen que ver con que este es un tema tabú y luego se desencadenaron las desprolijidades de Vega por el temor de avanzar con el tema de fondo”. Merchán también da otra justificación: “Sabíamos que pasara lo que pasara, el resultado legislativo iba a ser el mismo porque más allá del dictamen, para llegar a tener media sanción sólo contábamos con 19 días y era difícil lograr que en ese plazo el proyecto pasara por las otras dos comisiones”, un trámite necesario para que el proyecto llegue al recinto.

Los tiempos legislativos

Inicialmente, el presidente de la Comisión, Vega, había convocado a reunión para el 27 de septiembre, pero la mayor parte de los diputados firmantes del proyecto habían explicitado la conveniencia de convocar a la reunión después de las elecciones presidenciales. “Luego Vega dio a conocer su propio proyecto de ley y postergó la reunión para el 1 de noviembre debido a presiones de sus pares”, se indicó, sin embargo, en un comunicado de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Merchán señala que de los 50 diputados que apoyaron con su firma el proyecto, “no todos estuvieron el 1 de noviembre para acompañar el debate”. ¿Por qué? Responde Merchán: “Es tan difícil conseguir una explicación clara sobre los motivos. Te dicen: ´No pude, no llegué, tuve tal problema´. En síntesis: no lo vieron como un debate prioritario”.

A pesar de ello y del recambio de las bancas que hubo este 10 de diciembre, las legisladoras que apoyan la sanción de ley consideran que en el próximo año legislativo “las condiciones están mejor dadas”.

“Habrá que redoblar esfuerzos, pero se dejó las bases sentadas para dar el debate con muchos más elementos”, señala Merchán.

Quizá, de analizar qué elementos hacen falta para lograr la sanción de esta ley se trate la lección que deja esta frustración.

V de Violencia

Los campesinos mendocinos de La Verde llevan cuatro generaciones, 75 años viviendo en la zona, pastoreando sus animales. Son tierras comunitarias donde crían cabras, vacas, caballos. La empresa coreana se presentó hace dos años con un título. Lavarello explica: ”Nosotros reivindicamos la propiedad de los campesinos que siempre vivieron ahí. El Código Civil dice que la propiedad de la tierra está compuesta por el título y la posesión. Ellos presentan un título pero claramente la posesión es de la comunidad de puesteros. Como no tienen posesión, lo que les falta legalmente intentan conseguirlo mediante la violencia desalojando a las familias que viven ahí”.

Recursos antinaturales

El conflicto, a dos semanas del asesinato de Cristian Ferreyra (22 años) del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, provocó la llegada de decenas de campesinos de la zona. “La policía no hizo nada” explica Lavarello. “Cuando estaban los sicarios de los empresarios un oficial llamado Giménez anunció que no iban a intervenir, y se fueron, siendo que había la amenaza de una batalla campal”. La Dirección de Recursos Naturales de la provincia de Mendoza, por otra parte, había otorgado permiso a los coreanos para desmontar 1.200 hectáreas, en un campo en conflicto, lo cual muestra la tendencia dominante.

“Apareció un tipo llamado Mesa, diciendo que tendríamos que dejar a los coreanos porque traen trabajo a la zona” se asombra Lavarello, quien agrega que el intendente del lugar fue visto con los coreanos en algunas oportunidades. “El tema además es que el monocultivo de almendras que quieren instalar va a provocar la destrucción de la tierra”.

Lavarello agregó que hay 36 conflictos similares sólo en Mendoza, no sólo con productores locales sino también los coreanos y españoles, aunque en este caso todos parecen alineados en una causa común: “El modo de operar es el mismo para todos: el ataque a los campesinos”.

Ahora, por primera vez en la historia, dos productores sojeros y un piloto serán juzgados por fumigar con agroquímicos, principalmente endosulfan y glifosato, a una distancia menor a la permitida por las leyes provinciales. Los acusados son los productores agropecuarios Jorge Gabrielli y Francisco Parra, y el piloto Edgardo Pancello, por haber violado la ley 9164 de agroquímicos, que prohíbe las fumigaciones aéreas de endosulfán (a menos de 1.500 metros) o glifosato (500 metros).

Entre otras 70 querellas que esperan resolución en la Corte, esta causa impulsada por Merardo Ávila Vázquez – ex subsecretario de la Secretaría de Salud de Córdoba- y el doctor Darío Avila toma curso gracias al fiscal Carlos Matheu quien apeló el pedido de sobreseimiento del juez de control por “falta de pruebas”. La Cámara de Acusación también consideró suficientes las muestras extraídas por la justicia en campos aledaños a la población, donde se encontraron los plaguicidas endosulfan y glifosato, y fechó las audiencias entre el 27 de febrero y el 2 de marzo en 2012.

Soja, pañuelos y barbijos

El endosulfán es un pesticida utilizado para controlar plagas de insectos en algodón, tabaco, sorgo y soja, y que la Agencia de Protección de Medioamiente (EPA) califica en la Categoría I: alta toxicidad aguda. Sus efectos cancerígenos no fueron comprobados pero sí sus daños en la reproducción y el desarrollo humano. Otra experiencia aporta la Red de Acción sobre Plaguicidas (PAN), integrada por 600 organizaciones de 90 países, que afirma que “los efectos del endosulfán incluyen deformidades congénitas, desórdenes hormonales, parálisis cerebral, epilepsia, cáncer y problemas de la piel, vista, oído y vías respiratorias”.

El glifosato es el veneno utilizado para los transgénicos, principalmente la soja. Pero la historia del barrio Ituzaingó Anexo comienza al revés. No fue la ciencia ni mucho menos la justicia quien dio explicación sobre los pañuelos en la cabeza de las mujeres, para cubrir los efectos de los tratamientos contra el cáncer, y los barbijos en los niños. Para Sofía Gatica, allá por 2001, algo estaba pasando.

En el barrio viven cinco mil personas. Todos, cuentan las madres, conocen algún amigo sino familiar con cáncer, tumores, diabetes o malformaciones. “Para mí es el agua”, sugirió por entonces una vecina a Sofía. Y entre las dos pronunciaron la palabra mágica: “juntémonos”.

Apagá la tele

Nacían, sin saberlo, Las Madres de Ituzaingó. En esa reunión el marido de la vecina ensayó un mapa marcando cada casa de los enfermos (conocidos): eran 200.

Gatica se presentó de inmediato a las autoridades del Ministerio de Salud provincial con las pruebas caseramente recogidas: “Investiguen por qué nos estamos muriendo”. No hubo respuestas. Entonces juntó y juntó vecinas (hecho que el biólogo Raúl Montenegro, quien respaldó desde el principio la lucha, resume así: “Me enojé mucho porque  a la reunión sólo fueron mujeres, los hombres estaban mirando un partido de fútbol”), e insistieron no ya en los ministerios sino en la prensa provincial. Recién cuando salieron ante las cámaras de televisión el ministro de Salud de entonces, Roberto Chuit, les concedió una entrevista: admitió que el agua contenía endosulfán y se dispuso a financiar los estudios solicitados. El biólogo Montenegro resume algunos de los resultados: “Había un transformador que tenía perdidas de aceite, había líneas de media tensión superpuestas con líneas de baja, contaminación del suelo con cromo, plomo y arsénico que es cancerígeno. Esta composición del suelo se debe a un proceso geológico. También había 200 tanques de agua sin tapa y todo lo que venía del campo o del propio movimiento del suelo del barrio se depositaba en el agua”. La cantidad máxima de arsénico que se encontró en el sedimento del agua de Ituzaingo fue de 44 partes por millón. En Argentina se permite 0.05 partes por millón, aunque la Organización Mundial de Salud recomienda solo el 00.1. Además, agrega Montenegro, “todo el barrio estaba afectado por las fumigaciones con máquinas mosquito y por avionetas”. La persistencia de las Madres obligó también a que en marzo de 2006 el gobierno provincial realizara un análisis para determinar el grado de toxicidad en sangre de 30 niños: “La totalidad de las muestras tienen pesticidas, y de los 30, hay 23 con niveles más altos de lo permitido”, contaba entonces Sofía.

Arsénico en tu tanque

Hasta la Organización Panamericana de la Salud llegó al barrio en agosto de 2007 convocada por la municipalidad y, tras relevamientos, entrevistas y confirmando las denuncias, concluyó: “El barrio Ituzaingó Anexo puede considerarse como un sitio contaminado. Los contaminantes de mayor importancia son los plaguicidas y el arsénico, fundamentalmente en suelo. La presencia de plaguicidas en tanques de agua posiblemente refleje la intervención de la vía suelo-aire.” Entre las imprescindibles acciones recomienda “incrementar el control sobre fumigaciones clandestinas a distancias menores a las permitidas por ley”.

Más casos en un barrio sitiado

Fue así, gracias al casero e insistente trabajo de las Madres y el aval científico, que en febrero de 2008 tuvo lugar la primera acción judicial en el barrio: El fiscal Matheu ordenó estudios en los patios de las viviendas y confirmó la presencia de endosulfán y glifosato, allanó galpones a chacareros y encontró tambores con los agrotóxicos.

A casi una década de las primeras denuncias, el 30 de diciembre de ese año la justicia cordobesa prohibió por primera vez las fumigaciones terrestres a menos de 500 metros de zonas urbanas y las áreas a la distancia mínima de 1500. El fallo, además, focalizaba en dos agroquímicos, el endosulfán y el glifosato, este último pilar de la industria sojera. Las Madres de Ituzaingó reconocen que el fallo judicial llegó cuando todo estaba envenenado: “La situación en el barrio sigue igual, siguen apareciendo casos de cáncer nuevos, sigue falleciendo la gente… Incluso hace 4 meses le detectaron leucemia a un chiquito de 2 años… Seguimos en la misma. Hemos recibido contaminación por años y recién nos dimos cuenta con las enfermedades”, relata ahora María.

Montenegro analizó para lavaca los alcances de la medida: “Los plaguicidas en nuestro país se controlan por la dosis letal o sub letal, que es la cantidad que puede matar a una persona, pero no protege a las personas de las bajas dosis, que rompen el sistema hormonal”.

La teoría lugareña de María: “Ellos nos van a seguir fumigando más lejos, y van a seguir viniendo los agroquímicos por la deriva por el viento en la zona, porque el barrio es como

Hacer justicia

La decisión judicial provincial motivó a que en 2009 la propia ministra de Salud Graciela Ocaña llegara Ituzaingó por expreso pedido de la presidenta Cristina Fernández. El resultado de la visita fue la creación del llamado Plan Ituzaingó que impulsó la creación de una comisión investigadora encargada de relevar y cotejar sobre las enfermedades y su posible relación con los agrotóxicos. “Nunca nos dieron los números finales, pero sí nos dijeron que el 33% de los fallecidos en el barrio Ituzaingó Anexo son por tumores. Y que la tasa es mayor que cualquiera a nivel provincial y nacional”, cuenta María Godoy.

Todavía también esperan los resultados de los análisis en sangre en 140 niños de 4 a 14 años, realizados en 2010, así como las muestras de suelo que allí tomaron “pero todavía no han sido llevados a análisis”. Sigue Godoy: “Y nos siguen jugando así, al desgaste, pero mientras avanzamos por otros lados”.

El Plan Ituzaingó poco aportó para ratificar las pruebas y avalar más de las 70 querellas que la Corte archiva al respecto. Desde el año 2002, Las Madres y otros vecinos fueron presentando casos de afecciones de distintos tipos; incluso muchos de los enfermos han fallecido a la espera de justicia. María avisa: “De acuerdo a lo que se resuelva en la Corte iremos a afuera, a la Corte Interamericana”.

La diferencia entre esas 70 y esta primera causa que llega a juicio oral está, según María, en “las personas que están a cargo”, llámese jueces y fiscales. En este caso, el fiscal de Instrucción del Distrito III, Carlos Matheu, es el mismo que en 2008 determinó la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud” por fumigaciones áreas en áreas urbanas, sentando el precedente para la ley. Sin embargo, tuvo que sobreponerse al sobreseimiento del juez de control Esteban Díaz a los dos productores y el piloto por considerar “insuficientes” las pruebas científicas que determinaban endosulfán y glifosato en tierras urbanas. Matheu apeló y la Cámara de Acusación falló a su favor. Aunque la primera audiencia fue citada para el 27 de febrero, María se ríe que “es feriado” y augura el comienzo para las primeras semanas de marzo, a más tardar. Las muestras cotejadas y los pesticidas en ella encontrados, que al juez le parecieron insuficientes, son para María el motivo de la esperanza: “Creemos que va a salir favorable. El hecho de haber tomado las muestras en las plantas, en las hojas, en el campo y en las casas, y que dieron que había edosulfan y glifosato, es contundente. Aparte, hay muchos testigos y muestras humanas de lo que esto produce. Vamos a seguir esta causa y todas las otras, y seguiremos peleando también por la gran deuda pendiente: una ley nacional”.

Esta reunión transcurre entre talleres, charlas, risas, abrazos, mesas informativas y banderas de las diferentes causas ambientales, reencuentros, baños secos, feria de productos orgánicos, volantes, comidas compartidas, agua y un homenaje a Cristian Ferreyra, el campesino del MOCASE-VC asesinado por parapoliciales.

A continuación, un resumen de las voces asamblearias con las que pudo conversar lavaca:

Claudio Garrot, de la Asamblea de Chilecito que forma parte de las Asambleas Riojanas: “Nos organizamos a principios de 2005 y ante la presentación de un proyecto minero a cargo de Barrick Gold que pretendía instalarse en nuestro cerro, el Famatina, que es nuestra fuente de agua y nuestro determinador de clima. A partir de allí comenzaron dos resistencias muy importantes: las del pueblo de Famatina y la del pueblo de Chilecito que es donde yo vivo. Nos oponemos a la minería a cielo abierto y a la explotación de uranio, que son las dos prácticas extractivistas que actualmente se están queriendo llevar a cabo en toda la provincia, entre otros muchísimos proyectos que propone el gobierno provincial y nacional”.

“Desde los primeros momentos de apropiación del espacio público para poder expresarnos, para poder decir y oponernos a la explotación minera, comenzó un proceso de judicialización de la protesta. Logramos expulsar a Barrick Gold mediante un corte de ruta, fuimos denunciados, golpeados en el lugar del corte, reprimidos, pero aún así seguimos, continuamos. Actualmente se ha agudizado esto por la puesta en vigencia de una ley de flagrancia que le otorga a la policía poderes que antes no tenía y la posibilidad de juicios abreviados, que es la posibilidad de abreviar los procesos antes de que lleguen a manos de un juez o un fiscal. Esto nos ha llevado a que nosotros tengamos que redefinir nuestras prácticas y trabajar de otra manera, ya sea al intervenir el espacio público, al protestar, al decir en ámbitos públicos lo que pensamos y lo que sentimos y por lo cual estamos luchando. Esta ley es relativamente nueva, tiene muy pocos meses. Todas las causas que les han iniciado a compañeras y compañeras de las asambleas son un problema serio: vamos a pedir expedientes y los expedientes no aparecen. Varios jueces y fiscales de Chilecito no se han querido hacer cargo y se las pasan a fiscalías de otros pueblos porque se han inhibido, sabiendo que hay una gran resistencia social en el tema minería y no quieren hacerse cargo, saben que es tomar una gran brasa en las manos. Esta situación muy delicada nos deja muy claro que la justicia responsabilizan al gobierno provincial y nacional de lo que pueda pasar de acá en más si llegamos a ser reprimidos”.

Contacto:

www.elfamanosetoca.blogspot.com

www.lariojacontaminada.blogspot.com

Jenny Luján, de Asambleas Ciudadanas de Chilecito: “Luego de las elecciones, en la provincia de La Rioja hay una terrible avanzada a favor de la minería y de la instalación de los proyectos mineros. Si bien es cierto que no hay ninguno en explotación, continúan negociando y firmando convenios con muchas empresas mineras tanto de oro, cobre, plata como de uranio. El mayor impacto en este momento es el impacto social. Sabemos que la minería tiene un impacto sobre lo ambiental, lo que implica el saqueo de nuestros bienes comunes, pero muy pocas veces de dedicamos debate al impacto social y esta es una de las estrategias más terribles de las mineras, y de los gobiernos provinciales que avalan y que son cómplices de este modelo extractivista y tiene que ver con dividirnos a los pueblos. En este momento, en La Rioja están entregando subsidios a instituciones, a grupos de mujeres, a organizaciones de artesanos, a pequeños productores y, una vez que les entregan esos subsidios –que son de muy poca plata en realidad-, los hacen firmar documentos donde ellos expresan que están de acuerdo con la minería. Esto genera muchísimas divisiones entre nosotros, incluso entre los militantes de las asambleas. Lo que molesta es que el Estado se va corriendo de sus obligaciones y son las mineras las que vienen a cubrir ciertas necesidades de la gente y las instituciones. Las mineras están entrando a las escuelas, se están llevando estudiantes en visitas didácticas y de información a los emprendimientos mineros como Bajo Lumbrera, en Catamarca, y a Veladero, en San Juan. Llevan a periodistas, a medios de comunicación y avanzan desde ese lado. A su vez, el gobernador está invitando a ciertos iluminados, supuestamente especialistas en minería, que vienen a la provincia a darnos esa luz porque, según el gobernador, todos nosotros somos ignorantes y mentirosos. Trajeron a un señor llamado Mario Capelo, que es ingeniero en minas y presidente del Consejo de Ingenieros en Minería, que fue tres veces diputado nacional radical por San Juan, y que ha llegado con todo un discurso que baja a los medios de comunicación y a los funcionarios para que ellos lo sigan repitiendo. Descalifican el mensaje de las asambleas e instalan el mensaje de los beneficios de la minera, cueste lo que cueste. Luego de las elecciones se ve una avanzada terrible y nos silencian en los medios de comunicación. No nos permiten el ingreso a las instituciones. No nos permiten participar de algunos actos o eventos que son populares, comunitarios. Hay amenazas permanentes. Muchos compañeros han perdido su trabajo. Todo esto producto de la contaminación social que provocan las mineras, generando divisiones entre los pueblos para, de esa manera, instalarse”.

Contacto:

chiapas_40@hotmail.com

Leonardo Pérez Esquivel, de la Asamblea Barrial de Becar, Buenos Aires, que participa del Espacio Intercuencas: “La asamblea surge en 2001 con la defensa del patrimonio público: había muchos predios que se querían privatizar en forma oscura, como el viejo hospital de San Isidro o como el predio de Obras Sanitarias donde está CENCOSUD. Logramos frenar el proyecto de un estadio para 15.000 personas que se iba a hacer en el Jockey Club, con un impacto ambiental muy fuerte en la zona”.

Entre las varias temáticas que trata esta asamblea, plantean una gestión de basura alternativa que incluya a los cartoneros. “Hoy existe una cadena de valor clandestina repleta de intermediarios que utilizan a la masa de trabajo de cartoneros, blanqueando lo recolectado como insumos para las grandes empresas. Queremos que haya un fondo especial de sostén de los precios, porque hay posibilidades de discutir otra forma de gestión de la basura, reduciendo el costo que tiene en cada municipio, con inclusión social y que permite sacar a todos los cartoneros de la indigencia. Es algo que se puede hacer perfectamente”.

Otro tema: “Defensa de los humedales y de toda la costa para que no la privaticen, desde La Plata hasta el Delta. Hay muchas luchas ambientales contra emprendimientos inmobiliarios y empresas que están privatizando esas zonas. Queremos recuperar el río y la costa para todos”.

Contacto:

espaciointercuencas@gmail.com

Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Médicos de Pueblos Fumigados: “Hicimos un primer informe que presentamos en octubre de 2010 con todos los datos recolectados por los profesionales que en diferentes provincias están investigando los efectos del uso de agroquímicos en la salud de la población. Lejos de tenerse en cuenta nuestras recomendaciones, ahora nos enteramos, a través de los compañeros de la zona metropolitana, que las empresas de ferrocarriles, en lugar de desmalezar como corresponde, utilizan los mismos agroquímicos en medio de zonas muy densamente habitadas. Es decir, están utilizando el glifosato, que numerosos trabajos demuestran que produce malformaciones y trastornos reproductivos. Un abuso total de las empresas, en complicidad con las autoridades que autoriza estas prácticas”.

Contacto:

http://www.reduas.fcm.unc.edu.ar/

Horacio de Carli, de la Asamblea Popular Ambiental Colón, Ruta 135, Entre Ríos: “Desde hace seis años estamos con el tema de las plantas de celulosa y visualizando el IRSSA que es un proyecto de los doce países sudamericanos. Hemos estado siempre apoyando la lucha de Gualeguaychú, junto con las otras asambleas, como la de Concordia, en todo Entre Ríos. Hoy hay compañeros judicializados, con causas que son interminables, que se tramitan en varios lados: el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, la Cámara Nacional de Apelaciones de Paraná , inclusive en Comodoro Py. Hay varios frentes que se han abierto en lo judicial-penal. También, personas particulares, pero impulsadas por el gobierno nacional, han iniciado acciones civiles. Todo esto para que la gente se baje de la lucha”.

Contacto:

www.asambleaambientalruta135.blogspot.com apacolonruta135@yahoo.com.ar

Eduardo Lancioni, de Vecinos Autoconvocados por la Vida en contra de la Subestación Rigolleau en Berazategui, Buenos Aires: “Somos una asamblea de vecinos que estamos en contra de una subestación eléctrica de 132.000 voltios que está instalada en el casco urbano de Berazategui. Queremos que sea trasladada a un lugar a donde no pueda producir contaminación electromagnética a las personas. Nuestra lucha viene desde hace más de 5 años. Tuvimos en el 2006 la primera represión cuando los vecinos tratamos de impedir que pongan los cables de alta tensión. Este año, en mayo de 2011, nos reprimieron otra vez. Eran las 3 de la madrugada cuando varios vecinos fueron golpeados. Algunos tuvieron que ser derivados a un hospital. Llevábamos acampando un mes en la vereda y nos pegaron, nos quitaron las carpas, fue bastante complicado. A raíz de eso se hizo un corte de vías y calle. Por eso hay seis vecinos judicializados con una causa bastante rara, sin testigos oculares, solamente una cámara que registró imágenes, pero no se puede identificar claramente a la gente. Con esto le arman la causa a seis vecinos que colaboran en la asamblea. La citación les fue entregada en su domicilio, a las 11 de la noche: así de violento es esto. No había necesidad de que la policía entregue citaciones a esa hora, podría haber sido por la mañana. Intentan amedrentarnos”.

Contacto:

www.fueralasubestacion.blogspot.com

Pedro Antonio Castrioti, guardaparque e integrante de la Asamblea en Defensa del Parque Pereyra Iraola: “Empezamos a reunirnos para mejorar la calidad de vida de quienes vivimos del parque, tanto los trabajadores como la gente que tiene las huertas, de los visitantes y de la gente que trabaja dentro del parque: así surgió la asamblea. Estando organizados, aparece el problema de que quieren atravesar el parque con una autopista. Esto copó la temática de la asamblea y se transformó en lo principal para ser tratado. Esa es la lucha ahora: no permitir que una autopista atraviese el parque y valorarlo como lo que es, un área natural protegida”.

Contacto:

asambleaparquepereyra@gmail.com

Enrique, de la huerta de Saavedra, Espacio Cucocó, Capital: “Funciona en un terreno comunitario recuperado por la asamblea de Saavedra en 2002. Tenemos una huerta orgánica y organizamos actividades culturales. Luchamos, por ejemplo, contra las fumigaciones con glifosato en la ciudad. El espacio ahora está amenazado por la gestión porteña que tiene la decisión de enviar a subasta los espacios públicos, entre esos terrenos está la huerta que ya había sido declarada de “interés cultural” por la Legislatura en el año 2010”.

Contacto:

www.cucoco.com.ar lahuertadesaavedra@gmail.com

Graciela Degano, de Vecinos Autoconvocados contra la CARE y el CEAMSE de González Catán, Buenos Aires: “El relleno sanitario de González Catán es gestionado por el CEAMSE desde hace 33 años. Debido al mal manejo de la disposición final de residuos ha causado enfermedades sumamente graves. Tenemos casos de lupus púrpura, cáncer en la piel, de colon, de esófago, leucemia, displacia. Todas enfermedades relacionables con la contaminación. Nos organizamos para solicitarle al gobierno nacional la urgente implementación de una política pública seria con respecto a la disposición final de residuos. No aceptamos más los parches provisorios: que cierren un CEAMSE y que abran otro. Los rellenos sanitarios producen, a la larga, consecuencias nefastas. Los rellenos de Catán y Ensenada ya tienen orden judicial de cierre con fecha de diciembre de 2007, pero hasta el día de hoy está incumplida. También por orden del juzgado Nº 3 de Morón de fecha 16 de junio de 2006, se debe entregar en forma gratuita agua potable a los barrios en riesgo: San Enrique, Las Marías y Micol, entre otros aledaños al CEAMSE Catán. Orden que tampoco se cumple al día de hoy. El agua está contaminada con cromo, plomo y arsénico, superando el límite permitido por la Organización Mundial de la Salud”.

Contacto:

catancontralaceamse@hotmail.com

Mariana , de la Asamblea para la Protección de Aguas y Tierras Argentinas (APATA), de San Luis: “Una de las problemáticas de San Luis es la presencia de la minera Pinsapo Ecogold, en el pueblo Carolinas, donde se encuentran todas las nacientes de los ríos. Nosotros estamos pidiendo que se declare ese lugar como reserva libre de minería. Esta minera tiene antecedentes y denuncias por tráfico de armas en Europa. Estuvieron ofreciendo plata en las elecciones. Venimos a pedir que se reglamente la ley en San Luis, porque hay una ley que prohíbe la minería química, pero no está reglamentada. Otro tema delicado es el de los campesinos del Valle de Conlara, con las fumigaciones. Esto es lo que venimos a visibilizar al encuentro, además de tejer redes con otras asambleas de todo el país”.

Contacto:

www.alertatierra.org.ar

María Teresa Caña, de la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza, pertenecientes a las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura: “La lucha por el agua en Mendoza surge a partir de los primeros cateos y proyectos megamineros que aparecen hace seis años atrás. Ahí se empiezan a generar las primeras asambleas en el interior de la provincia, como en General Alvear y San Carlos. Vecinos que se movilizan a favor de una ley que no permita el uso de sustancias tóxicas en la megaminería. Fue así como en Mendoza, por presión de las asambleas, surgimos nosotros: como grupo de apoyo para cuando se movilizaban hacia la capital provincial”.

Contacto:

asambleaporelagua@gmail.com

María Luisa, de Vecinos Autoconvocados de Ezeiza, Barrio Alto de Tristán Suárez, Santa Marta, San Javier, Barrio del Plata, Barrio el Trébol y La Unión: “Nos convocamos espontáneamente porque nos enteramos que estaban poniendo, en medio de nuestros barrios, un centro de distribución de soda cáustica. Desde el primer momento en que empezamos a pedir cuentas, se acercó un secretario de la intendencia y nos dijo que era mentira y que no teníamos noción de lo que se iba a poner, que no era así. Seguimos investigando y era peor: además de manejar soda cáustica, va a procesar 99 productos químicos más. También tenemos problemas con el agua: Greenpeace comprobó que hay uranio. Hay gente que se enferma de cáncer, otras con enfermedades de piel. Seguimos todas las instancias legales que corresponden: hay una medida cautelar emitida por el juez Federal Armella y la empresa está suspendida por el OPDS, pero aún así están trabajando.”

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avefenix@hotmail.com

Martín Farina, integrante del colectivo ecológico Unidos por Laguna de Rocha: “Es una reserva histórica del sur del conurbano bonaerense, que fue afectada por diversos proyectos inmobiliarios e industriales y que tiene el honor de ser tierra de Querandíes y sitio arqueológico. Nos centramos en tres tipos de actividades: una directa sobre el humedal, para que la gente lo conozca organizando visitas guiadas; otra de corte más social y político, realizando volanteadas, eventos para que la sociedad se entere de cuál es la problemática no sólo del lugar y también organizamos festividades con los pueblo originarios, para que no se pierda esa memoria cultural”.

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www.laguna-rocha.com.ar porlagunaderocha@gmail.com

Pablo Domínguez, de la Asamblea Ciudadana en Defensa del Médano Costero, Villa Gesell, Buenos Aires: “La playa para nosotros es la fábrica, la fuente de trabajo. Ahora enfrentamos un deterioro alarmante, de la pérdida, de erosión, con caída de construcciones y salinización del acuífero. Esto se produce por varios factores: el cambio climático, el ascenso del mar y el mal manejo de la costa que se ha hecho en los municipios y permitió robo de arenas, desagües pluviales, construcciones demasiado cerca de la costa. Arrasaron con el médano costero. Toda esa problemática de mal manejo ha hecho que estemos perdiendo la playa que es nuestra fuente principal de trabajo. Desde la asamblea hemos logrado parar una obra desde hace un año y medio de 30 millones de dólares, que pretendía arrasar con un hermoso médano de 400 metros de largo, ubicado en el frente costero de Villa Gesell. Estamos teniendo un gran apoyo de la población. Nos reunimos en el médano de la 310, todos los miércoles a las 17 horas”.

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endefensadelmedanocostero@yahoo.com.ar

Titina Romero, de la Asamblea Giardino Despierta, Córdoba: “Nosotros estamos viviendo en una zona donde quieren explotar uranio. Nos organizamos para defender la Ley 9526, que es una ley en contra de la minería a cielo abierto. La Comisión Nacional de Energía Atómica y los sectores pro mineros quieren declarar inconstitucional a la ley. Nuestra zona es totalmente turística, pero está sobre una cantera de uranio, por lo que estamos realmente en peligro. Otra de las luchas es contra emprendimientos inmobiliarios, ya comenzaron a construir un hotel cinco estrellas en Giardino, para lo cual construyeron el “camino del cuadrado”. Nosotros advertimos que iba a haber problemas, presentamos un recurso de amparo para pararlo. Siguieron adelante y el camino se empezó a desmoronar. Otro tema es el de los megabasurales: quieren instalarlos en Pampa de Ola, en Tres Campanas, que es un lugar mágico, maravilloso y limpio. El gobernador saliente ya entregó 11 millones de pesos para comenzarlo”.

Contacto:

giardinodespierta@gmail.com

www.asambleaongamiradespierta.blogspot.com

Marina, Unidos por el Río, Vicente López, Buenos Aires: “Venimos a presentar nuestra lucha, que es una lucha socioambiental, sobre todo territorial, contra el mismo sistema que mata a unos y deja sin espacios verdes a otros. Sobretodo la lucha es contra la forma en que se toma la decisión, porque los vecinos en su mayoría no están de acuerdo con los negocios que hace el intendente con 3 ó 4 empresarios, para destinar hectáreas y hectáreas a torres de lujo y shoppings, sin hacer un estudio de impacto ambiental, ni una consulta ciudadana, que todavía seguimos reclamando. También criticamos el porqué de esa política pública. Necesitamos viviendas en Vicente López, hay mucho déficit, pero no ese tipo de vivienda para el público ABC1. No creemos que el consumo tenga que mediar nuestro modo de vida, nuestro disfrute del espacio. Tratan de imponernos por la fuerza que para estar al lado del río tenés que tener plata. Se vuelve todo más restrictivo yla costa de Vicente López no la usamos sólo nosotros, la usan gente de todas las zonas. Nos reunimos todos los miércoles a las 20, en la Biblioteca Popular Sudestada, en Aristóbulo del Valle 1631”.

Contacto:

www.unidosporelrio-vl.blogspot.com

Roberto, del Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López e integrante de Médicos de Pueblos Fumigados: “En este momento estamos tratando de frenar las fumigaciones en las vías de los trenes. Hace dos años que se votó una ordenanza que prohíbe las fumigaciones en Vicente López, pero lo que aleganes que como la vía es de jurisdicción nacional, allí no tienen poder de policía, a pesar de la gravedad que significa esto. Por lo pronto, hay un fiscal que está iniciando una causa penal contra las fumigadoras. También tratamos de que no se desmantele y vacíe el geriátrico municipal: el año pasado lo querían reducirlo de 90 a 30 camas y logramos, a través de la lucha con los compañeros del geriátrico y vecinos, que se mantengan las 90. También tratamos de recuperar el hospital, que está sufriendo cierto vaciamiento. Nos reunimos en el Centro Cultural La Galpona, ubicado en Grecia y Agustín Álvarez, todos los jueves de 20 a 22”.

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rmarcer@arnet.com.ar

Javier Rodríguez Pardo, del Movimiento Antinuclear del Chubut MACH: “El Movimiento nace en 1986 cuando quisieron imponernos un basurero nuclear en Chubut. Logramos ordenanzas en toda la Patagonia que declaraban territorio no nuclear, la primera fue en El Bolsón. Inclusive Santa Fe se plegó y se declaró libre de traslado y tránsito de residuos radioactivos. En el 96 logramos una ley, que hoy es nacional, que determina que para llevar a cabo una instalación nuclear relevante en el país, debe ser consultada la Autoridad Regulatoria Nuclear –autoridad que es fruto de nuestra lucha- y también consultar a la provincia. Hace poco organizamos una marcha a Zárate para instalar un debate: no hay central atómica que no haya tenido escapes radioactivos. Después de lo de Fukushima quedó más visible, que ya no era Chernobyl solamente, que ya no dependía de un error humano solamente, sin embargo no es un tema de discusión entre nosotros si queremos o no sostener este tipo de peligro”.

Contacto:

http://www.machpatagonia.com.ar/

Pilar, de la Asamblea Delta y Río de la Plata: “Vecinos de la Isla y del continente de Tigre comenzamos a movilizarnos porque la contaminación nos estaba llegando a la isla a través del río Reconquista, que es el segundo río más contaminado de Argentina, después del Riachuelo. Ahora la asamblea está destinada a generar un plan de protección para el Delta, que es un ecosistema de humedales que purifica el aire y la tierra y, a la vez funciona como una intefaz entre la ciudad y el río, como un colchón de tierra que absorbe y amaina la inundación antes de que llegue a la ciudad, además de que es una reserva de agua dulce y de diversidad. La asamblea está focalizada en proteger el Delta que está siendo arrasado por proyectos inmobiliarios y contaminación”.

Contacto:

www.asambleadeltayriodelaplata.blogspot.com

Sofía, del Centro Cultural y Comunitario Casa Puente de la primera sección del Delta del Tigre: “Es un espacio abierto, horizontal y autogestionado que brinda actividades culturales para los vecinos. También es un espacio de reunión en torno a las diferentes problemáticas que afectan la isla. Como el Delta se puso de moda se está empezando a valorizar la tierra y hay problemas con la gente que está viviendo en el lugar desde siempre. Un ejemplo: la Municipalidad empezó a cobrar alumbrado, barrido y limpieza, pero el servicio no existe y hay problemas cuando el río crece porque toda la gente deja la basura en el muelle y el agua se la lleva. Nos une con la asamblea el conflicto de Colony Park, un proyecto de country que desalojó a familias de isleños y también afecta la producción local de juncos. Vivimos en el humedal del Delta, uno de los más grandes que queda en el mundo. La lucha y la defensa ambiental tiene que ver con un modo de vida isleño que es una forma de vida rural que nos motiva a varios a vivir ahí: eso también es parte del espacio y la conciencia ecológica y ambiental”.

Contacto:

http://casaelpuente.blogspot.com/ lacasapuente@gmail.com

Pedro Moreira, de la biblioteca Intihuasi de San Miguel, que integra el Movimiento en Defensa de la Pacha: “Intentamos frenar el desastre en Punta Querandí, donde grandes empresas inmobiliarias con el afán de ganar dinero, no les importa generar desastres. En particular defendemos un sitio arqueológico de más de mil años y una zona de humedales que tienen un papel importante en la biodiversidad”.

Contacto:

http://movimientoendefensadelapacha.blogspot.com/

María, de Vecinos Autoconvocados en lucha de Bahía Blanca: “Venimos a mostrar el problema terrible que tenemos en Bahía Blanca de contaminación urbana-ambiental. Nuestra última lucha fue en la audiencia pública contra el dragado, un dragado que significa la ampliación del Polo Petroquímico, un dragado para que entren los buques regasificadores para abastecer a las multinacionales del agronegocio. Sabemos que después del dragado se viene una termoeléctrica, una aceitera, la planta de biocombustibles. A eso le sumamos toda la problemática de contaminación que ya tenemos. Es todo un paquete, un modelo económico, una matriz energética que hace que nuestra ciudad sea parte de ese modelo de producción de forrajes para biocombustibles, de saqueo, de contaminación. Nuestro puerto, que en otras épocas ha sido un puerto de granos, con variedad de frutas, vinos, peces, cereales, hoy es prácticamente sojero agroexportador y nos resistimos a ello. Estamos en una crisis hídrica y por ley, las empresas tienen prioridad en el consumo de agua. Nuestra fuente alternativa de agua es el Río Colorado que está próximamente a ser atacado por la multinacional Río Tinto que va a salinizarlo.”

Contacto:

mujeres_por_ladignidad@hotmail.com

Yanina, de la Asamblea No a la entrega de la Costa de Quilmes –Avellaneda: “Nos organizamos para defender el espacio de bosque de la ribera de Bernal, que está declarado reserva natural y parque ecológico por una ordenanza municipal del año 2003 y que constituye un ecosistema de una biodiversidad única. Está en peligro por un megaemprendimiento inmobiliario llamado Nueva Costa del Plata, de la multinacional Techint. El proyecto es similar al que está en la zona de Puerto Madero Sur. Tienen el apoyo del municipio de Avellaneda, que ya votó la ordenanza de rezonificación en 2008, y en Quilmes todavía está en discusión. Nos reunimos todos los domingos en la ribera de Bernal, entre la autopista Buenos Aires –La Plata y la Costa, en la placita Villa Luján.”

Contacto:

www.riberaconurbanosur.blogspot.com noalaentregadelacostaqa@gmail.com

Sol y Salomé, del colectivo urbano Semillas de Rebelión, de Rosario, que forma parte de la campaña Paren de Fumigar: “Nos organizamos en torno a la problemática de los agronegocios, que son parte de un mismo modelo productivo donde todas las problemáticas ambientales de alguna forma se van entrelazando. En nuestra zona lo que más nos afecta es la soja. En Rosario hemos creado, junto a otras organizaciones, el Espacio por la Biodiversidad. El desafío es desnaturalizar estos temas y visibilizarlos, concienciar y articular con las personas que viven en las zonas rurales afecatadas, conectar las luchas y resistir en forma conjunta. Nos juntamos cada 15 días en el Centro Cultural La Toma, que es un espacio recuperado por sus trabajadores”.

Contacto:

www.semillasderebelion.blogspot.com semillasderebelión@hotmail.com

Oscar, delgado del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, Ledesma, Jujuy: “Somos una organización de pobladores de base que trabajamos en la promoción y defensa de los derechos humanos. No pertenecemos a ningún círculo oficial ni a ningún partido político. Hay una larga historia de atropellos, en especial del Ingenio Ledesma, y esa impunidad que sigue presente hasta el día de hoy. Confluyen dos modelos de saqueo: el agronegocio de la soja transgénica en el norte de Salta y parte de Jujuy y los ingenios azucareros.”

Contacto:

www.contraledesma.org

Marcos Pastrana, comunero del pueblo diaguita-calchaquí de las comunidades indígenas de Tafí del Valle: “La problemática fundamental en la defensa del territorio es que, al diluirse el uso y tenencia de la tierra de las comunidades indígenas y campesinas del noroeste argentino, también hemos perdido la autonomía, la libertad. Por la influencia de la megaminería, los megaemprendimientos turísticos, la soja y un montón de empresas multinacionales que están actuando. El denominador común son funcionarios electivos o de gobierno que abren la tranquera para el saqueo, la contaminación y el avasallamiento de nuestro pueblo”.

Contacto:

pastranamarcos@gmail.com

Colman junto a la tumba de Roberto López, el qom muerto pr la policía hace un año

Todavía no hay ningún detenido, ningún policía separado de la fuerza, ningún atisbo de justicia. El cacique Félix Díaz reiteró al informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) que pretenden que “nos devuelvan las tierras y que se haga justicia por la muerte de un hermano que ha dado su vida para poder demostrar que el valor de la tierra es como el valor de la vida. Si uno pierde la tierra es como perder la vida. Ambas cosas no queremos que sucedan. Así podremos por lo menos estar tranquilos con nuestros hijos y para que nuestro futuro tenga paz y tranquilidad”.

La nota Infierno en el paraíso, publicada en Mu Nº41

Lo que se ganó

Un año después de aquel 23 de noviembre, todo sigue igual, bajo amenaza: la semana pasada un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron atacados a balazos. Lo que se ganó fue la posibilidad de dar notoriedad al conflicto, y que el propio gobierno nacional impulsara la posibilidad de que la comunidad ratificara quién era su representante legítimo: si el impuesto por el gobernador Gildo Insfrán con las clásicas artimañas punteriles, o el propio Félix Díaz. La comunidad eligió a Félix como cacique, y al menos quedó desmantelada una de las tantas mentiras del gobierno provincial.

Lo demás han sido promesas. Tras la represión de hace un año, Félix viajó a Buenos Aires, fue acompañado y apoyado por Amnesty International, por organismos de derechos humanos, periodistas, artistas. Como llegaba fin de año, vacaciones, toda posibilidad de diálogo con el gobierno quedó trunca. Los qom acamparon en Avenida de Mayo y 9 de Julio.

Pueblos originarios/ Pueblos cooptados

Este año sí pudieron reunirse con el gobierno. En lavaca, publicamos la grabación de esa reunión con el ministro Florencio Randazzo (http://lavaca.org/notas/qom-en-la-rosada-que-se-dijo-y-que-paso-despues/) donde se escucha qué diferencia a pueblos originarios de pueblos cooptados: Félix dice claramente que lo único que quieren los qom es la tierra pero el “delegado normalizador” de los qom enviado por la provincia reclama más planes sociales. Los qom en el territorio venían denunciando (en Mu) el manejo punteril de los planes, que favorecen sólo a los obedientes al régimen de Insfrán.

El Acampe en Avenida de Mayo fue desarmado de modo confuso y con intervención poco clara del oficialismo, y desde agosto la Mesa de Diálogo dejó de funcionar.

Aquí reproducimos la serie de trabajos publicados en lavaca y Mu mientras los qom siguen resistiendo con la soledad y la legitimidad de siempre, y esperan dos cosas: reconocimiento y justicia.

Los hijos de Samuel Garcete, uno de los heridos durante la represión. Viven en una casa sin luz ni agua, que cargan de un aljibe a un kilómetro de distancia, en bidones de glifosato

El desierto verde: soja en tierra qom. Les pagan 200 pesos la hectárea

Una de las 16 casas quemadas por la policía.

en asamblea qom, Sixto Gómez, quien recibió un balazo en la frente y durante horas fue dado por muerto. A Cándido Alonso lo pisaron los caballos de la montada. Herma es la viuda de Roberto López.

A cuatro cuadras de allí, en la Plaza Alsina está comenzando un Festival. No es un festival de cortos, no es un festival de fin de curso, es un festival contra el cierre de una carrera llamada Realización Cinematográfica. El Instituto de Arte Cinematográfico pretende cerrar una carrera donde se aprende a hacer cine. ¿Estamos todos locos? Por suerte los estudiantes de la carrera están más locos. Hay bandas. Hay solidaridades de otros Institutos. Hay una performance que termina con las siguientes palabras: “¡Viva la revuelta de nuestra escuela!”. Hay ovaciones y lágrimas. El festival había sido planeado unos pocos días antes pero hubo un ingrediente de último momento agregado el día anterior.

Atrapar sueños y edificios

Cansados de las mentiras y las decisiones abruptas y autoritarias que les transmitían las autoridades, la noche del lunes 21 de noviembre y ante el peligro de que no los dejaran entrar más, los estudiantes decidieron quedarse a cuidar el Instituto, a su carrera de Realización Cinematográfica y a la realización de los sueños de sus vidas. Sin planteos teóricos se lanzaron en la práctica, a la toma del edificio y a la toma del destino en sus manos.

El IDAC no es una institución educativa en la cual uno va caminando por la calle y se anota porque no sabe qué estudiar, o para ver “qué onda” mientras se decide qué hacer en la vida. Allí eligen formarse habitantes de distintos puntos del planeta tierra: del interior del país, de Latinoamérica y también de Europa. El IDAC es un patrimonio cultural de todos. La toma del edificio es una declaración sobre qué cosas hay que defender.

Deci$ione$

Fernanda Chaín, “Feña”, 21 años, chilena, cuenta por qué hacen el festival: “Queremos informar a la comunidad de Avellaneda lo que está pasando en el IDAC, el intento de reemplazar la carrera de arte cinematográfico por la de técnico en televisión, argumentando que otorga título oficial pero en realidad la Municipalidad de Avellaneda quiere pasar el IDAC a la órbita de la Provincia de Buenos Aires. El problema es que nos ofrecen un plan de estudios con contenidos mínimos. Nosotros sabemos que podemos tener las dos cosas pero nuestro Rector interino Raúl Tosso y las autoridades políticas prefieren imponernos un plan en lugar de adaptar los planes de Provincia a nuestra necesidad. Simplemente defendemos que no se nos cierre la carrera que tenemos ahora. Quienes toman estas decisiones no tienen ni idea de cine, el rector sabe pero se deja guiar por intereses económicos y políticos. Está en juego nuestro futuro y queremos que se nos tenga en cuenta a la hora de las decisiones.”

Lo que está en disputa, entre otras cosas, es una trayectoria de 40 años de formación artística. Continúa Feña “Me vine a estudiar al IDAC porque no me parecía justo pagar dos lucas argentinas a una entidad privada por una educación universitaria. Creo en la educación pública. El título que otorga no es oficial, eso ya lo sabíamos y no importa mucho. Lo que importa es la calidad de lo que te enseñan, la vocación de los profesores, eso es lo que buscamos en el instituto. En otras instituciones educativas se perdió el trato profesor-alumno que hay acá. Eso me pareció increíble. La toma del edificio fue una medida de extrema necesidad”

Mentiroso mentiroso

“Michu” es María Fernanda Carrizo, tiene 19 años y es salteña. Vino a estudiar cine al IDAC para rescatar la tradición popular y cultural de su provincia para que no sea olvidada. Relata: “Hace tres semanas nos enteramos que nos iban a cambiar el plan de estudios con el fin de oficializar el título pero dejando de lado la carrera de realizador cinematográfico, que es la carrera por la que nos anotamos todos. La mayoría de las materias del nuevo plan de estudios son de publicidad y el arte no tienen nada que ver con la publicidad ni con el mercado. Hoy el mercado tiene una necesidad y a raíz de ello quieren reformar nuestro lugar para ponerlo al servicio de ganar plata. Nuestro Rector interino, Raúl Tosso, no nos da pelota, está en contra de nosotros. Está en el cargo de manera “interina” hace dos años y sólo se puede ser interino seis meses como plazo máximo. Hablamos con el Director de Enseñanza Artística de Avellaneda Osvaldo Di Pace y el Secretario de Cultura Hugo Caruso quienes nos mintieron diciendo que ellos habían hecho todo lo posible para oficializar el título de Realizador Cinematográfico y que Provincia no los dejaba, que no podían hacer nada y por eso nos pasaban a este plan. Fuimos a averiguar a La Plata para ver qué es lo necesario para que una institución emita títulos oficiales y nos dijeron que nuestra carrera sí podría tener un título oficial”.
Tomala vos, dámela a mí, los funcionarios muestran a veces que la palabra es una exageración: en realidad, no funcionan.

La merca-cultura

Sigue María Fernanda, sin perder la indignación en la voz y en el alma: “Les reclamamos la parte edilicia que no aguanta inspección alguna ¿Cómo pretenden meter el doble de matrícula en el mismo espacio y con los mismos equipos? El lugar no da abasto. Ante este planteo, nos dijeron ‘-Bueno, el año que viene entran menos’, o sea que la solución para ellos es que la escuela se termine cerrando. Quienes supuestamente tienen que velar por la cultura, no tienen ni idea de nada, sólo defienden la cultura del mercado. Tenemos tres cámaras para todos que las compramos desde la cooperadora. No pueden plantearnos que en vez de hacer cine hagamos publicidad. Nos imponen una carrera técnica y no artística. La televisión tiene otro formato distinto al cine. Argentina atraviesa una crisis cultural. No nos bancamos la mentira, queremos que haya cultura para todos. Un día llegamos a clase y el rector nos dice que se terminó el ciclo lectivo 2011. Empezaron a jubilar profesores”. Sólo hubiera faltado un cartelito: “The End”.

Vaci Arte

Alejandro Cohen, egresó del IDAC en el año 2005 en la especialidad documental y fue docente en la parte de guión. Es miembro de Documentalistas Argentinos (DOCA) y está preproduciendo su cuarto largometraje. Hace años persigue al rector interino que le niega el título: “El municipio de Avellaneda desde hace muchísimo tiempo, incluso desde que yo estaba estudiando viene haciendo un vaciamiento progresivo de todas la escuelas de formación artística que funcionan a nivel municipal. El cuerpo docente y los alumnos siempre tienen que estar enfrentando los atropellos de está política. El IDAC es una institución histórica, la única que tiene una formación que se especializa en cine documental.
Para Alejandro, la necesidad de mercado de formar técnicos para televisión no implica que se tenga que terminar con la carrera de cine: “Al IDAC le agradezco la formación que tuve. Si bien es una escuela pobre, del tercer mundo, tiene una calidad educativa muy buena. Aprendí incluso cómo encarar una lucha frente al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) por recursos. Esto sirve para pensar la cuestión de una política cinematográfica independiente que no esté atada a los vaivenes del mercado o de la gran industria. Gracias a la lucha que tuve en el IDAC y ahora desde DOCA puedo tener una carrera como cineasta, algo que la gran mayoría de estudiantes de este país no tiene la posibilidad”.
Alejandro promete armar una red de egresados del IDAC en apoyo a la toma.

Música eléctrica (concierto de fusibles)

Dicen presente en esta jornada festivalera los estudiantes la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA, ver nota en Mu nº 17). Juan Pablo estudia piano y por lo que cuenta parece que la degradación cultural en Avellaneda no es una cuestión puntual sino una tendencia: “Nuestra escuela existe hace 25 años y hace 25 años que no tiene edificio propio. En un principio funcionaba donde hoy funciona el IDAC, luego de años de lucha conseguimos que nos mudasen a la sede de Avenida Belgrano y luego conseguimos el anexo en Avenida Mitre. El problema es que ninguna de las dos sedes están habilitadas para dar clases: los inspectores que vinieron a revisarlas firmaron un documento donde no se hacen responsables de lo que pueda pasar. No tenemos salidas de emergencia. La sede Belgrano funciona al lado de un gimnasio y no se pueden abrir las ventanas porque entra la música del gimnasio. En la sede Mitre a principios de año hubo un principio de incendio en la caja de fusibles eléctricos que está ubicada en la entrada, la gente permaneció dentro ya que no hay salida de emergencia. El lugar estuvo un mes cerrado hasta que lo refaccionaron. Nos vienen prometiendo el edificio nuevo en un terreno sobre Avenida Belgrano, incluso se anunció en un acto con el entonces Gobernador Felipe Solá. Estamos viendo si lo empiezan a construir realmente”.

Más allá de los problemas de infraestructura, hay problemas educativos: “Mucha gente entra y quiere empezar a cursar pero se encuentra sin horas de instrumento, ni los elementos. Las condiciones de cursada son bastante deplorables y son las condiciones de la educación pública a nivel municipal, provincial y nacional.”

La clase del vecino

Daiana estudia canto en la EMPA. En un rato estará hipnotizando el festival acompañada en percusión por el trío Juan-Rodrigo-Juan. Por ahora cuenta: “Las dos sedes son casas viejas alquiladas por el Estado a precio muy bajo, que no tienen las condiciones necesarias para lo que es una escuela de música. Las habitaciones de esas casas son nuestras aulas sin aislamiento o con aislamientos inapropiados como el Durlock y te encontrás en tu clase escuchando también a los músicos de la clase de al lado. La formación básica no tiene reforma del plan de estudios desde hace más de 10 años, al hacerse el ingreso irrestricto no hay horas para toda esa gente que ingresa. Los mismos docentes deben repartir horas para las nuevas clases que se agregaron. El presupuesto estatal es el mismo para una mayor cantidad de alumnos. Lo que se logró hasta ahora fue por cortes de calle, cortes en el Puente Pueyrredón, en el 2007 hubo una toma importante durante siete meses, de ahí se consiguió el anexo Mitre”.

Plomería y promesas clonadas

Elisa estudia en el Instituto Municipal de Artes Plásticas (IMAP) que funciona en la Casa de la Cultura de Avellaneda, además, preside el Centro de Estudiantes de Artes Plásticas de Avellaneda. Nos cuenta por qué se acerca al festival: “Los institutos de Avellaneda están pasando por la misma problemática que tiene que ver con la falta de interés en que la cultura sobreviva. En los talleres del IMAP apenas si hay baños, no tenemos bachas para poder trabajar con esculturas, no tenemos las herramientas que necesitamos. Hay poco presupuesto y lo que hay, lo bancamos desde la cooperadora, del bolsillo de los estudiantes. Esa es otra cuestión, ¿Hasta qué punto la educación es pública y es gratuita? ¿Hasta qué punto no somos nosotros quienes estamos financiando la educación? No sólo comprando los materiales sino también pagando una cooperadora que además de comprar una bolsa de yeso también se encarga de arreglar cañerías, de cambiar herramientas, de cambiar atriles, de cuestiones que se debería ocupar la municipalidad. Más teniendo en cuenta que la gestión municipal se jacta con el programa ‘Cultura viva’, que de cultura no tiene nada.”

Otras preguntas que se hace Elisa: “¿Hasta qué punto el traspaso de institutos municipales a la esfera provincial o hacia la Universidad de Avellaneda no es sólo un intento de sacarse de encima una responsabilidad? ¿Hasta qué punto se asignan recursos, partidas presupuestarias hacia esos edificios nuevos? Antes de las elecciones había plata y promesas y promesas de edificio nuevo. Pasaron las elecciones y no hay más plata, nos presentaron unos planos que son exactamente iguales a los planos que tenemos en la Casa de la Cultura: cinco aulas, una biblioteca con las mismas dimensiones. El predio que nos prometen es el mismo que le prometen a los estudiantes de la EMPA, nos prometen los mismos predios a todos los institutos.”

Fotosolidaridades

También acercaron su solidaridad los estudiantes de la Escuela de Arte Fotográfico de Avellaneda (EDAF) quienes a los costados del escenario montaron una muestra con sus trabajos. Están padeciendo el cambio hacia jurisdicciones provinciales que permite un título oficial pero lograron que se respete la esencia del plan de estudios. Una comisión habla por el micrófono: “Es lamentable que quieran cerrar una carrera, por eso los estamos apoyando. En nuestro caso hubo una opción, pudimos elegir. A ustedes no les dieron otra vía para solucionar las cosas”.

IUNA y dos y tres…

Los estudiantes de audiovisuales del Instituto Universitario Nacional de las Artes (IUNA): “Luchamos hasta el hartazgo contra los vaciamientos de carreras que ocurren en desmedro del contenido artístico, nuestra lucha es la misma. La educación artística debe ser pública y no mercantilista”.

Continuará

Termina el festival y empieza la asamblea en la toma del edificio, se hace un análisis del festival, se felicita a todos y a todas. Se organizan las guardias. Toman la palabra los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 1 de Avellaneda que ¿adivinen qué están haciendo? (Tache lo que no corresponda)
a) Estudian normalmente
b) Se toman vacaciones en el Caribe.
c) Están tomando el edificio.

Si eligió c), acertó: están tomando su instituto desde hace 15 días y traen palabras de aliento y reconocimiento en la lucha. Siento que fuese una charla fraternal entre espejos. Continúa la asamblea. Las palabras que flotan son:
“hablar”,
“comunidad”,
“decidir y actuar”,
“toma histórica”,
“admiración”,
“avance”,
“defensa de la historia”,
“desafío”,
“contagiar”,
“depende de nosotros”.
Comienzan las votaciones. El reloj merodea las dos de la madrugada. Me voy así puedo escribir la crónica lo más rápido posible.

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Movilizacion del Mocase-Via Campesina

Allí llegaron Javier y Arturo Juárez, definidos por el MOCASE como “mercenarios contratados por el terrateniente José Ciccioli”.  Resultó herido Darío Godoy, también integrante del MOCASE, y un tercer campesino fue gravemente golpeado. El MOCASE convocó hoy a las 9 de la mañana a una marcha en el centro de Santiago, y a las 11 de la mañana una en el Obelisco de Buenos Aires.

La peste soja: viaje al corazón del MOCASE
(publicada en Mu)

Terratenientes + gobierno

En diálogo con lavaca desde Santiago del Estero, Carlos Orellana, vecino de Cristian e integrante del MOCASE explicó: “Estamos defendiendo el lugar donde vivimos. Viene gente de los empresarios, matones, y ahora están contratando también a campesinos que se prestan para que haya estas cosas que ocurren: muertes, violaciones. Nos tenemos que organizar para que haya justicia.  Es nuestra tierra ancestral. El gobierno está con este capitalismo, con los terratenientes”.  Orellana se refiere al gobierno provincial del radical  kirchnerista Gerardo Zamora, y al nacional. “No nos respetan, por eso nos hacen la guerra, para quedarse con la tierra y destruirla”.

La comunidad San Antonio está a 60 kilómetros de Monte Quemado, y forma parte de la Central Campesina Copo Alberdi (CCCOPAL) donde está también el pueblo indígena Lule Vilela. Son 816 familias que se autoabastecen y crían ganado en un territorio de 75.000 hectáreas pretendido por gobierno y terratenientes para ampliar el desierto sojero.

Guerra declarada, 1 año después

En agosto José Cuellar –cuñado de Cristian- había sido detenido sin causa por la policía de Monte Quemado, el municipio más cercano (a 60 kilómetros). En septiembre, la radio Pajsachama (del MOCASE) había sido atacada y destruida con bombas molotov. La quema de ranchos y pertenencias, denunciada por el MOCASE, se venía convirtiendo en costumbre cotidiana.

El problema no es estrictamente santiagueño, a poco que se recuerde que se está por cumplir un año, el 23 de noviembre, de la represión y quema de 16 ranchos de los qom en Formosa, episodio en el que la policía mató al qom Roberto López. La semana pasada los indígenas de la comunidad La Primavera volvieron a ser agredidos: un hijo y un nieto de Félix Díaz fueron baleados, con menos puntería.

Tampoco se trata de una casualidad, sino de algo sistemático. El MOCASE viene plantándose hace 21 años como organización campesina, sufriendo toda clase de represiones en toda clase de gobiernos. (Ver nota relacionada: La peste soja. Viaje al corazón del MOCASE)

Adicción

La adicción económica y política al modelo sojero (ver Mu 14: La peste soja, y Mu 31: Narco Soja) es el trasfondo de estos crímenes que violan leyes, constituciones, tratados internacionales y, sobre todo, vidas. Una curiosidad: el desmonte en los parajes santiagueños–según denunció el MOCASE- fue autorizado por la Dirección de Bosques y Fauna provincial. La asamblea de San Antonio iba a denunciar a esa Dirección.

Esta “normalidad” provincial  provocó que el MOCASE (que ha tenido acuerdos con ciertas políticas del oficialismo nacional) saliera a cortar rutas como la 34, el año pasado, en demanda de que se le reconozcan la tierra que ocupan, de justicia, y de fin de los atropellos (ver en esta página: El MOCASE volvió a la ruta) todos temas ignorados por la autodenominada prensa nacional. Aquella vez el corte duró más de un mes.

Cristian será enterrado este 18 de noviembre. Tenía un hijito de 2 años. Era de los que había decidido quedarse en su tierra. Su asesino aún no había sido apresado. Orellana dice: “Tenemos que organizarnos para que no nos sigan matando, y la tierra sea nuestra”.

La peste soja: viaje al corazón del MOCASE
(publicada en Mu, mayo de 2008)

El primer desaparecido es Luciano González, atrapado por el grupo de encapuchados y de quien nada ha vuelto a saberse desde aquel el 12 de marzo de 2009. La otra persona desaparecida es Cristian “Mai” Bustos: el patético intento policial por capturarlo terminó con dos muertos (un policía y un hermano de Bustos), otro hermano del prófugo parapléjico, el pueblo tomado durante dos semanas, y este prófugo que logró escapar misteriosamente de semejante despleigue. Su madre había dicho a lavaca: “Que no digan prófugo, que digan que lo agarraron y lo mataron. Aquí nunca va a haber justicia”.

Nota relacionada:
Corcovado quiere consagrar el Día contra la Represión

El tribunal formado por los jueces Jorge Criado, Martín O’ Connor y Daniel Camilo Pérez cuestionó, eso sí, el uso de capuchas en los operativos policiales, que permitieron el absoluto anonimato del grupo de tareas. Para comprender el tono de la sentencia, es ilustrativo este párrafo publicado por el diario Jornada:

El juez O’Connor apreció que al irrumpir en la casa de Garcette, se lo encontró sentado en una silla mirando televisión, al no tirarse inmediatamente al piso, un uniformado lo ‘tiró de un culatazo al suelo a Ángel Ricardo Garcette y –mientras éste caía- le propinó un puntapié en la zona de la cintura, ocasionándole un hematoma de 2 por 3 centímetros.’ El juez se preguntó para qué la patada si con el culatazo del arma bastaba para reducirlo”.

Aquí publicamos todas las notas relacionadas con el caso, incluyendo el artículo completo editado en la revista Mu. Y este artículo enviado por el doctor Gustavo Macayo, abogado y vecino de Esquel, que desde un primer momento ayudó a difundir lo que estaba ocurriendo. En la misma, Macayo sostiene que “queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía” y que se abre un debate sobre la situación de los derechos humanos en Chubut “ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho”.

Corcovado: una herida que no cierra

(Por Gustavo Macayo*) En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut constituido al efecto, en la Sala de Audiencias del 2º Piso del Edificio de Tribunales de Esquel, dio lectura al fallo definitivo por los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, respecto a los hechos protagonizados por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) en la localidad cordillerana de Corcovado en Marzo de 2009. El fallo fue absolutorio, respecto de todos los cargos, contra el único imputado en la causa: el comisario Miguel Gómez, responsable de la fuerza policial en ese momento. Esta causa fue inciada a raíz de numerosas denuncias de particulares damnificados, a raíz de las actuaciones realizadas por esa fuerza en la localidad de Corcovado en marzo del año 2009, en la infructuosa búsqueda del prófugo “Mai” Bustos.

El fallo del Tribunal concluyó con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo Provincial, al que se remitirá la decisión judicial, a los fines de que el Gobierno pueda evaluar y corregir lo que los magistrados calificaron de “excesos policiales”, pero que no consideraron delitos.

Entre los considerandos del fallo, el tribunal expresó que el estado de alteración vivida por la comunidad influyó en los testimonios de las víctimas, que si bien no se los calificó como “falso testimonio”, se los valoró como inexactos o exagerados.

Asimismo, el fallo consideró que el Gobierno Provincial tendrá que reparar los daños materiales causados a las familias afectadas, así como responder por las costas del proceso.

El fallo fue oído por una concurrencia bastante numerosa, que incluyó a familias de Corcovado afectadas por el accionar policial, y también personal de la fuerza policial.

La resolución judicial fue recibida con profundo desagrado, indignación y también sorpresa por las familias afectadas por los hechos que concurrieron a la sala de audiencias del edificio de Tribunales.

Recordemos que la fuerza policial especial realizó una serie de procedimientos que fueron calificados como violentos e innecesarios por las numerosas vícitimas que realizaron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que no todas las denuncias llegaron a juicio, sino sólo aquellas que la Fiscalía consideró factibles de probar en el Debate.

Inicialmente, la Fiscalía calificó los hechos como “Delitos de Lesa Humanidad“, con lo que solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. Este planteo fue rechazado por el Juez actuante, con lo que el proceso se desarrolló finalmente ante la Justicia local.

Durante dos semanas se realizaron distintas audiencias en el marco del juicio Oral y Público que se llevó adelante contra un único imputado, el Comisario Miguel Gómez. Entre otros testimonios se escuchó el del entonces Jefe de Policía de Provincia, Juan Luis Ale. Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella, con la solicitud de condena.

Esta reciente decisión judicial presenta un contraste muy fuerte con las fuertes condenas que sufrieron los otros protagonistas de los hechos, es decir, los integrantes de la familia Bustos, que ya fueron juzgados por la justicia local con anterioridad.

Quedan numerosos interrogantes sin resolver: en primer lugar, no aparece hasta ahora ningún responsable político por las decisiones de haber ordenado la actuación del GEOP en Corcovado, como tampoco por el desarrollo de los procedimientos en sí. Si bien el Tribunal cuestionó la existencia de personal policial encapuchado, no consideró que estos elementos configuren delito.

Otra de las cuestiones que quedan sin resolver, es por qué solamente fue imputado el comisario, ya que es evidente que de los hechos denunciados participaron numerosos efectivos, no solamente del GEOP, sino de otros sectores de la fuerza policial provincial.

Aún cuando no fue posible identificar a los responsables en el momento de los hechos, es razonable entender que la Policía Provincial tiene la obligación legal de aportar el listado completo del personal que participó de los operativos, que duraron varios días. Fue una falencia muy grande no haber llevado a todo el personal policial que estuvo en Corcovado en marzo de 2009 a Juicio Oral y Público, y que cada uno justifique se actuación.

Tampoco se puede ver hasta ahora quién responderá por los graves y numerosos daños morales sufridos por los vecinos y familias víctimas del accionar policial, donde debemos tener especialmente en cuenta la situación de menores, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada.

En síntesis, queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía ante el accionar desmedido de una fuerza policial, sea el GEOP o cualquier otra.

No caben dudas que después de este fallo, será inevitable que se abra una fuerte polémica sobre la situación de DDHH en Chubut, ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho.

* Abogado