Los legisladores que avalan el proyecto son: Juliana Di Tullio (FTV), María Luisa Storani (UCR), Miguel Barrios (PS), Cecilia Merchan (Libres del Sur), Marcela Rodríguez (CC), Héctor Álvaro (FPV), Silvia Storni (UCR), Nélida Belois (P. Progresista), Claudio Lozano (P. Sur), Fabián Peralta (GEN), Verónica Benas (SI), Fernando Gil Lozano (SI), Lisandro Viale (PS), Mónica Fein (PS), Alicia Ciciliani (PS), Liliana Parada (P. Sur), María Josefa Arieta (Frente de todos), Adriana Puigróss (FPV), Néstor Castañón (UCR), Horacio Alcuaz (Gen), Victoria Donda (Libres del Sur), Gerardo Milman (Gen), Silvana Giudici (UCR) y Fernanda Reyes (CC). Sumados a los cinco diputados que suscribieron el presentado por Sabatella, llegarían a 30 los legisladores que impulsan una ley de despenalización. Logrado este consenso, la presión social es lo que podría hacer el resto: lograr que este año se debata en el Parlamento.

Cómo lograr la ley

El nuevo año parlamentario llevó a renovar la presentación de proyectos y, asegura Martha, en carpeta hay varios en reclamo a una ley que despenalice el aborto. El reciente fallo del Tribunal Superior de Chubut que otorgó el pedido de aborto a una adolescente violada, abre esperanzas de que el sistema médico cumpla con las disposiciones que protegen los derechos y la salud de las mujeres y las niñas.

¿Qué pasos siguen? Rosenberg enumera:

- “Presionar con proyectos de despenalización-legalización del aborto para sancionar una ley que garantice la salud y las decisones reproductivas de las mujeres;

- Que las mujeres puedan disponer de toda la información necesaria para realizar los abortos y asesoramiento para prevenir riesgos

- Información sobre la anticoncepción y acceso a todos los métodos como prescribe la Ley Nacional 25673

- El acceso universal a la educación sexual laica y basada en los derechos humanos en todos los niveles de enseñanza”.

En resumen, abre dos frentes de batalla: el de cualquier ley, que corre el camino parlamentario previa presentación de proyectos; y el costado social, que requiere educación y conciencia. El lema de la campaña de la que forma parte, la resume:

“Educación sexual para decidir,
Anticonceptivos para no abortar,
Aborto legal para no morir”.

Sobre el caso de la adolescente violada, y desde su experiencia, Rosenberg desconfía de los plazos que se toman los médicos: “Muchos dicen que ya es tarde, que corre riesgo la vida de la chica y es mentira. Se realizan abortos en cualquier momento del período de gestación. Es una operación simple que no presenta mayores riesgos en las condiciones técnicas adecuadas. Suele ser más peligroso un parto que un aborto”. Además, ignoran el riesgo para la salud psíquica de la niña de forzarla una maternidad originada en la violación incestuosa, en medio del desastre familiar que ésta ha provocado. Ella sigue siendo violada por “esa cosa”, como la nombra.

Rosenberg retoma la discusión sobre la legalidad y asegura: “Este año hay mucha voluntad política de debatir en el Congreso”. En el portal de Internet de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (www.abortolegal.com.ar) hay una invitación a firmar a favor del proyecto que en breve será presentado. Desde los bloques propios del Congreso, Rosenberg asegura que “se disputan encabezarlo, aún el ala oficialista, aunque el Ejecutivo no aliente la discusión”.  En ese sentido, Rosenberg augura: “A menos que haya un anatema oficial, espero y creo firmemente que este año se va a debatir un proyecto de legalización del aborto en el Parlamento”.

El derecho violatorio

Pese a que la ley vigente es clara en casos de violaciones, el trámite judicial  tuvo que peregrinar todos los escalones hasta encontrar la aprobación del Tribunal Superior de Justicia provincial. En primera instancia, la jueza Verónica Robert, del juzgado de Familia N°3 de Comodoro Rivadavia, había negado la petición. El fallo, además, no contemplaba represalias para el abusador y acusaba a la madre de la joven de “haber podido evitar el suceso”. Afirmaba que el aborto no mejoraría la recuperación de la salud psicológica de la víctima, sino lo contrario. Mientras tanto, la joven amenazaba con suicidarse. La doctora Grilli comenta ahora: “Está mucho mejor desde que le concedieron el aborto”.

Tras esta primera negativa, la Cámara de Apelaciones se tomó seis días para negar lo que luego y por unanimidad, el Tribunal Superior otorgaría el lunes 8 de marzo:  “Los tres jueces y el Procurador General determinaron que encuadra en los casos de aborto no punible, contemplado en el inciso 2″, explica la abogada. Ese día, una manifestación de mujeres se congregó frente a los Tribunales para exigir justicia, convirtiendo así el caso de A. en un emblema del Día Internacional de los Derechos de la Mujer.

Un fallo ejemplar

El fallo, además, constituye una interpretación doctrinaria del estado actual del acceso a sus derechos de las mujeres víctimas de este tipo de violencia, ya que interpela a todas las instituciones que deben actuar en estos casos. Los jueces Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Royer dicen textualmente:

A los jueces: “La interpretación restrictiva del inciso en análisis (se refiere al inciso 2 del artículo 86 del Código Penal) implica atribuir a las mujeres actos heroicos que el Derecho no puede imponer”.

A los médicos: “El cumplimiento de las normas jurídicas es un deber del profesional, y su incumplimiento es susceptible de sanción legal cuando se nieguen en forma no justificable a la constatación de alguna de las causales previstas en el art. 86 del C. P. y/o la consecuente prestación del servicio. Los casos de ‘Abortos no punibles’ son uno de los tantos componentes que integran el servicio de salud, por lo que se deben respetar los estándares de calidad, confidencialidad, competencia técnica, rango de opciones disponibles e información científica actualizada”.

A las autoridades provinciales: Recomiendan la conveniencia de implementar una Guía de Atención de los Abortos No Punibles para que los médicos sepan cómo actuar y no se judicialicen los pedidos.

La Guía

Desde 2007, el Ministerio de Salud de la Nación implementó una Guía de Abortos No Punibles como una suerte de protocolo de actuación dirigido a los profesionales de la salud que deben intervenir en estos casos. La Guía resume la legislación vigente para recordar los derechos de las víctimas a interrumpir un embarazo. Dice textualmente:

“La interpretación restrictiva de las causales de no punibilidad, la exigencia de la intervención de comités de ética o autoridades sanitarias, y la judicialización indebida de la autorización, han sido algunas de las fuentes de barreras administrativas enfrentadas con frecuencia por las mujeres en condiciones de acceder a un aborto no punible. Asimismo, la ausencia de plazos máximos para las decisiones profesionales, administrativas o judiciales, han generado demoras en la producción del diagnóstico y la prestación del servicio que resultaron en daño psíquico por las múltiples instancias y por la prolongación de una gestación que se intenta interrumpir. Estas demoras aumentaron y prolongaron el riesgo físico y de muerte, como también el sufrimiento psíquico de las mujeres que requirieron un aborto en los casos permitidos por la ley. Por esta razón, esta Guía Técnica tiene por fin reducir las barreras de acceso al aborto en los casos no constitutivos de delito, es decir, a los casos de aborto permitidos por el Código Penal de la Nación.”

La práctica desmiente cotidianamente lo que esta Guía intenta recordar.

Cómo se logró

El inédito fallo llegó tras una serie de apoyos explícitos. Desde el punto de vista jurídico, la apelación contó con los Amicus (presentaciones que aportan argumentos doctrinarios a favor de la medida) de varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas, la Clínica Jurídica y Social de la Patagonia, la Asociación Civil por el Derecho a Decidir, el Instituto de

Género, Derecho y Desarrollo (INSGENAR), el Comité

de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Fundación “Ñuque-Cuyen. Madre Luna, la organización Acción por los Derechos de las Mujeres, el Foro por los Derechos Reproductivos, la Casa de la Mujer de Puerto Madryn, la Colectiva Feminista La Revuelta, de Neuquén y la Asociación por los Derechos Civiles, entre otras treinta organizaciones. También se presentó la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación advirtiendo que no otorgar ese derecho podía “acarrear responsabilidades internacionales al Estado nacional”, ya que ”se violan los derechos de la víctima”.

En tanto en la calle, se realizaron movilizaciones de pedido de justicia. El miércoles 25 de febrero fue la primera, convocada por organizaciones de mujeres que presentaron un comunicado firmado por instituciones gremiales, universitarias, sociales y políticas. El 8 fue la más numerosas y la que pudo festejar que, finalmente, se hiciera justicia.

El abusador

En vías de la justicia penal, en tanto, todavía se aguarda el procesamiento del padrastro abusador (cabe recordar: suboficial de la policía chubutense), que actualmente se encuentra internado como secuela de un supuesto intento de suicidio. La abogada Grilli amplía: “Luego de que se intervenga el embarazo, la idea es sacar pruebas de ADN a la niña. Con eso bastaría para detenerlo”.

El fallo del Tribunal Superior firmado por los jueces Daniel Luis Caneo, José Luis Pasutti y Fernando Royer

La Guía que no se cumple fue editada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2007

En esta investigación publicada en MU en diciembre de 2009 se relata lo ocurrido en Esquel, la ciudad anfitriona de la próxima reunión de la UAC.

Broma de mal gusto

La gente chistosa a veces es contraproducente. En la conferencia organizada por Meridian Gold, hablaba un señor trajeado que representaba a la empresa DuPont, proveedora de cianuro para el proyecto de minería a cielo abierto en Esquel, Chubut. Y dijo: “El cianuro no es venenoso, está en las almendras. Y si fuera veneno, yo estaría muerto porque tengo un traje azul, y el azul se hace con ferrocianuro ferroso. Y usted estaría envenenado, y usted también” dijo señalando a algunos de los funcionarios de azul que estaban en las primeras filas, rematando con un clásico: “Ja, ja”.

Entre el público, sin reírse, estaban Marta Sahores y Silvia González, damas en este caso subversivas: licenciadas en química. Marta había llevado a sus alumnos de la Universidad de la Patagonia para que escucharan lo que se decía sobre minería. “Se me cayó la venda cuando lo escuché a este monsieur DuPont -recuerda Marta- que decía cualquier disparate mientras hasta funcionarios que eran ingenieros se callaban la boca y el director de Minería,  Guillermo Hughes, estaba a cargo del proyector de diapositivas”. (¿El doblete de ser funcionario del Estado y asistente de las multinacionales será un requisito de polivalencia laboral?). “Mostraban dibujos de lo bonita que iba a quedar la montaña, llena de arbolitos -explica Marta- pero el que hablaba ni siquiera era un profesional, después supimos que era el gerente de ventas”.

Así se presentaba en 2002 Meridian Gold, minera canadiense, para promover las ventajas de su empredimiento minero a cielo abierto, ante un auditorio de 500 personas, dos de las cuales miraban azoradas cómo la empresa y el Estado intentaban inocular el cianuro en esa bella ciudad de Esquel. El resto callaba, confirmando que no siempre las mayorías son sabias. Marta y Silvia se lanzaron a dar charlas de extensión universitaria, para contar el lado no chistoso de la cuestión y lo que la minería provoca: contaminación del agua, el aire, el suelo.

Mientras las profesoras dictaban esas clases, los vecinos de una de las asambleas nacidas del 19 y 20 de diciembre de 2001 confluyeron con los docentes autoconvocados y con otros ciudadanos que no habían perdido la capacidad de alarmarse, husmeando el mismo peligro. En noviembre de 2002 hubo un encuentro de 300 personas, a la semana uno de 600. Nacía la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, de cuya primera marcha (6.000 personas) se acaban de cumplir siete años el 4 de diciembre.

La Asamblea planteó un amparo judicial para evitar que el proyecto minero siguiera adelante (pasó todas las instancias hasta que en 2007 fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia). Y la hazaña mayor: los vecinos imaginaron que el mejor modo de resolver el dilema era convocar a un plebiscito, idea aprobada por el Concejo Deliberante y la intendencia. El gobierno del radical José Luis Lizurume organizó marchas a favor de la minera junto a la uocra y con empleados públicos llevados desde Comodoro Rivadavia, que terminaban reconociendo: “Vinimos por el asado”.

Meridian Gold hizo campaña, spots publicitarios, avisos en todos los medios (con la obvia compra de opinión favorable que eso implicaba), editó revistas lujosas, regaló camisetas de fútbol y pelotas, hizo donaciones y armó un gran show llevando a Esquel al conjunto de cumbia villera Ráfaga, todo con choripán y comida gratuita, para envidia de cualquier puntero político. Pero se hizo el plebiscito y ganó el No a la mina, con el 81 por ciento de los votos y un presentismo electoral mayor al habitual. En la plaza San Martín se reunieron 9.000 personas a celebrar y hacer la digestión de choripanes, incluyendo a los chicos que habían guardado sus camisetas para estrenárselas a Meridian en la cara durante el festejo.

Mientras las asambleas producto del 19 y 20 se iban desvaneciendo en las ciudades grandes, la de Esquel le daba nacimiento así a una nueva generación de experiencias contagiosas: ya son más de 100 las asambleas de comunidades de todo el país organizadas por fuera de la política convencional, en las que los ciudadanos hacen la verdadera política: la de defender sus derechos y ejercer una democracia no envenenada.
Meridian mapuche

Hoy todo parece tranquilo, pero en Esquel andan alertas, intuyendo que las multinacionales y sus asistentes siguen buscando imponer la minería (calculan que hay 200 concesiones para exploración, curiosidad en una provincia como Chubut donde la minería a cielo abierto está prohibida por la ley 5001). Una explicación de mercado: cuando comenzó este conflicto, la onza de oro valía 300 dólares; hoy cruzó la barrera de los 1.200. Nilda Bulzomi, maestra, describe a la Asamblea como el piloto de las estufas y calefones: una llama siempre prendida, que cuando hace falta enciende todo el sistema.

Otro de los asambleístas primigenios fue Gustavo Macayo, abogado de comunidades mapuche que ya había conocido a Meridian Gold cuando la empresa quiso colarse en territorio de la comunidad Huisca-Antieco. Macayo, además, es librero al estilo de culturas ancestrales, en las que  esas personas sabían de libros. Los mapuches y los asambleístas se sintieron naturalmente cercanos en defensa de los recursos naturales y mezclaron saberes antiguos con buscadores de Internet, que   abrieron a la información sobre los desastres de la minería a escala global. Macayo: “Meridian quería hacer exploraciones mineras ya en 2001, en tierras mapuche, así que presentamos un amparo porque existe un derecho de consulta previa establecido en la legislación indígena. Cuando la intención de Meridian se conoció en todo Esquel, para algunos ya no era una sorpresa. Meridian había directamente comprado el proyecto minero de Cordón Esquel. Compró la tierra”.

La Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina creó su propia página web que ya es un sitio internacional de referencia sobre temas ambientales. En el ámbito local, a las charlas de información a la comunidad y en las escuelas, agregaron la confección de un volante-boletín, VeciNOs informan a VeciNOs, explicando la minería a cielo abierto: el proceso de explosiones, molido de la tierra, pasaje por cianuro para separar el oro de la roca (como ocurre cuando se prepara café de filtro). Detalles para comprender:

El proyecto utilizaría 2,7 toneladas diarias de cianuro. Con una tonelada se extraen 6 kilos de oro. Con 150 miligramos (tamaño de un grano de choclo) alcanza para matar a un adulto.

La estimación más baja de consumo de agua que preveía la minera indicaba un millón (1.000.000) de litros diarios en el comienzo. Las comparaciones con otros proyectos revelan que el dato es falso, y que la cifra real debe alcanzar los 12.000.000 diarios, por lo menos. El año pasado, ante la escasez de agua y el cierre de las escuelas para bajar el consumo tras la erupción del volcán Chaitén, el gobierno celebró haber podido enviar 12.000 litros de agua a Esquel. Marta Sahores: “Después nos dicen que tenemos que cerrar la canilla para ahorrar mientras nos lavamos los dientes, cosa que está muy bien, pero frente al saqueo de las mineras no se dice nada”.

Por día se dinamitan 45.000 toneladas de roca que se muelen y pasan por cianuro (el equivalente a casi una manzana del centro porteño por día).
El pozo, llamado tajo, en donde había antes una montaña, sería de 2.500 metros de largo por 500 (25 cuadras x 5 de ancho).

La minería es una actividad puramente extractiva, que no deja otra cosa que la destrucción y la contaminación, paga regalías ínfimas (2%) sobre lo que ellas mismas declaran haber extraído, casi no generaría empleo en Esquel, no paga impuestos provinciales ni municipales, ni impuesto al cheque, ni retenciones a las exportaciones, ni derechos de importación, ni tasas aduaneras, ni impuestos a los combustibles; puede  transferir todas sus ganancias al exterior, y liquidar allí un porcentaje considerable (100%) de sus ventas.

Patagonia rebelde

Las casas, autos y negocios de Esquel muestran emblemas del No a la mina y un lema que viene de la historia: Patagonia rebelde. Meridian Gold contrató en 2004 a publicitarios kirchneristas como Fernando Braga Menéndez, asesorados por el ex vocero de Carlos Menem Jorge Azcárate  y Raúl Timerman, sobrino del célebre Jacobo Timerman y primo de Héctor, actual embajador argentino en Estados Unidos. Meridian pagó más de 10.000 pesos para alquilar un salón en el hotel Crown, donde trazó la estrategia para “dar vuelta” a la comunidad de Esquel. Uno de los asesores convocados, Juan Carlos Malagoli, planteó que la gente sabía perfectamente que la intención de la minera era seguir adelante pese a la derrota en el plebiscito y propuso encontrar “el punto de quiebre entre aquel al que le importa más la ecología aunque se muera de hambre y aquel al que le importa más el dinero”. Todo esto pudo saberse porque se filtraron las grabaciones del encuentro (que pueden escucharse en www.lavaca.org). Meridian acusó por su difusión a seis asambleístas. El Centro de Estudios Legales y Sociales defendió a la gente de Esquel. Meridian Gold terminó perdiendo y pagando las costas y costos de toda su maniobra: finalmente vendió el proyecto del Cordón Esquel a la minera Yamana Gold.
Lo que no se entiende

Huni Botto, otra de las asambleístas, enumera los encuentros del actual gobernador Mario Das Neves con el sanjuanino José Gioja como parte de un eje tendiente a expandir el proyecto minero, avalado desde el Ejecutivo recientemente con el veto de Cristina Kirchner a la ley de protección a los glaciares, que el Senado había aprobado por unanimidad. Marta: “La minería no es un progreso, es un desprogreso, que destruye las posibilidades de vida y producción de las regiones”.

La Unión de Asambleas Ciudadanas (uac), con sus encuentros trimestrales, busca coordinar el trabajo de esas 100 comunidades que decidieron plantarse frente a estos modelos de saqueo y empobrecimiento. Para Chuni, la experiencia de Esquel demostró lo siguiente: “La democracia es el menos peor de los sistemas, pero la democracia representativa no sirve, porque no representa a nadie. Viven mintiendo y queriendo imponer las cosas. Lo que hay que buscar es una democracia participativa”. Macayo: “Las mineras compran tierras, compran voluntades, y compran políticos. Lo que tenemos que buscar es que la prohibición de la minería que ya abarca a 7 provincias, se extienda a todo el país. Y los medios de comunicación juegan casi todos con las mineras, porque tienen la misma lógica”.

Esquel sigue en movimiento, sabiendo que a 6 kilómetros le quieren dinamitar y contaminar el futuro. Como los funcionarios son un tanto reversibles, enviaron hace poco una carta al gobernador Das Neves y a los legisladores chubutenses, cuyo título es en sí mismo una pregunta y una declaración de principios: “¿Qué parte del no es la que no entienden?”.

Más info:
http://asambleasciudadanas.org.ar/

Aunque encauzado en el humor, el reclamo es bastante serio. No es casual, por ejemplo, el lugar de la cita: el arroyo Sarandí sufre graves problemas contaminación. Los organizadores también piden por el saneamiento de otras cuencas, por el tejido hídrico urbano, por el cese de contaminación industrial. En el comunicado de invitación al festival, amplían:

“Diferentes organizaciones abordarán las diferentes temáticas que a continuación se detallan:

- El Foro Hídrico de Almirante Brown, disertará acerca de: “Intercambio de experiencias de lucha por la instalación de cloacas y la importancia del agua para consumo humano” y de la “Infraestructura hídrica urbana”.

- El Foro Hídrico Sanitario de Lanús, abordará la temática del “Uso de agroquímicos para tareas de desmalezamiento” y la Ordenanza que lograron sancionar en Lanús, luego transmitida para Avellaneda.

- El Foro Hídrico de Lomas de Zamora, explicará la “Organización de vecinos desocupados para trabajar en la biorremediación de las cuencas contaminadas”.

- El Foro de Salud y Medio Ambiente de Avellaneda, hablará de la “Necesidad del cuidado de los bienes naturales en las ciudades urbanizadas”.

- Vecinos de Quilmes, dirán “cómo se organizan a través de sanemientos judiciales para el cese de contaminación industrial y correspondiente biorremediación”.

- Estudiantes de la carrera de biotecnología de la Universidad de Quilmes, mostrarán el trabajo de toma de muestras de la orilla y lecho del Arroyo Sarandí”.
Más de 20 empresas orillan el Sarandí, contaminándolo. Desde químicas y papeleras hasta una terminal de transportes lo utilizan a modo de gran tacho de basura: vuelcan sus residuos y empeoran aceleradamente su situación. Los vecinos reclaman por el registro público de las empresas de la zona y el control de sus emanaciones.

Desde 2009 los reclamos se mueven al ritmo de asambleas, denuncias y petitorios. Los resultados: un puñado de excusas y un “entubamiento” que en 2007 fue mal realizado. Recordemos: sobre el tramo inicial del arroyo - que a esa altura lleva el nombre de arroyo Las perdices- se trazó un entubamiento a fin de aliviar el conducto principal y canalizar las aguas de lluvias. La “mala praxis”, sin embargo, afectó a los vecinos del Barrio San José, de Lomas de Zamora: los canales aliviadores no funcionaron y cuando llovió todo fue peor.

A raíz de este suceso, los vecinos proyectan la posibilidad de plantear el saneamiento del arroyo como propuesta integral, es decir: reclamar soluciones no sólo para el tramo del Sarandí sino también desde sus continuaciones y afluentes. El trayecto recorrido va desde Almirante Brown hasta el Río de la Plata, y une a los barrios de Lomas, Lanús y Avellaneda. Es la manera de homogeneizar un reclamo disperso y apuntarlo en una dirección única.

En su portal en Internet (http://villacorina.blogspot.com), aseguran: “Para parar la contaminación que hacen las empresas no sólo hay que quedarse con el pedido de controles gubernamentales. También habría que ir teniendo en cuenta la posibilidad de iniciar un acción judicial que obligue a las empresas que están pegadas al cauce del arroyo, a que instalen plantas de tratamiento y depuración de los líquidos y gases que emanan”.

En tanto, asesorados por investigadores y profesores, los vecinos juntan firmas y acumulan un listado de enfermedades a modo de prueba ante una eventual instancia judicial. En el barrio ha habido casos de cromo y mercurio en sangre, problemas respiratorios, hinchazón de piel, entre otras secuelas.

A lo largo de la jornada se presentará el taller de producción musical de dos escuelas primarias de Villa Corina, la banda de rock Viejos sueños, se pescará en el contaminado arroyo (los interesados deben llevar sus propias cañas) y, sobre el final, los asistentes elegirán a Miss Contaminación.

La represión a la asamblea de Andalgalá que resiste el proyecto minero de Agua Rica en La Rioja. Fue en febrero pasado

Descargar el informe completo,
en formato .pdf

Aquí, la síntesis:

Sobre elinforme: “Entre los meses de agosto y septiembre del año 2008 una Misión constituida por representantes de varias organizaciones con sede en Cataluña (España) visitó el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza con el propósito de investigar y documentar la situación de los Derechos Humanos en comunidades campesinas e indígenas de las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba. Para el relevamiento de la información y la realización de las entrevistas se contó con la participación de organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCI) y algunos miembros de las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), así como la colaboración de las autoridades provinciales y federales argentinas desde sus diferentes niveles de gobierno, especialmente en Santiago del Estero y Mendoza”.

Objetivo: “El objetivo principal de este informe es entregarlo a las instancias, organismos e instituciones gubernamentales nacionales e internacionales, así como a la sociedad civil internacional, para que se emita una resolución al respecto o se tomen las medidas que se consideren oportunas y necesarias”.

El avance de la soja: “El avance de la frontera agropecuaria arroja algunas consecuencias graves: 16,6 millones de hectáreas destinadas al cultivo de la soja, el equivalente al 50% del territorio total sembrado (lo que significó en 2008 una producción de 46,5 millones de toneladas). Si bien esto permite a la Argentina ser mundialmente el primer exportador en aceite de soja y el tercero en semillas, el panorama se oscurece a causa de una brutal -y aún continua- mutación del modo productivo de la zona: la tecnificación creciente obliga -argumento de eficiencia- a la omisión de cierta mano de obra no calificada; la gran extensión del territorio a producir es proclive a la concentración empresarial - pequeños y medianos productores quedan diezmados- ; otros cultivos menos redituables pero igual de necesarios se dispersan y desaparecen progresivamente al compás que la soja gana terreno incluso el de ciertas áreas naturales supuestamente preservadas”.

El saqueo es el fin y el medio, el desalojo violento: “La ocupación de los territorios -haciendas, chacras- por parte de los campesinos es más hereditaria que formalista. Esto significa que muchas veces no tienen los papeles que certifiquen la valía de su propiedad, por lo que los problemas con los empresarios son recurrentes: adquieren terrenos ya ocupados por indígenas o paisanos e imponen su producción. El saqueo es el fin; su medio, el desalojo violento. Las familias expulsadas no quedan bajo resguardo alguno, ni siquiera el provincial. Pero este es recién el último paso. Antes, los que no fueron expulsados manifiestamente de sus terrenos, deben sortear otra desventura: la fumigación con agrotóxicos -gilosofato es el de más renombre- por rocío aéreo, práctica pesticida que conlleva un alto riesgo sanitario para los habitantes de esas zonas”.

La minería contaminante: “La Ley de Inversiones Mineras (1993), el Código de Minería (1886), el Acuerdo Federal Minero (también de 1993) y - homenaje a lo absurdo- la Ley de Protección Ambiental fueron y siguen siendo las distintas visas de nuestro país para multinacionales mineras que habían sido expulsadas de sus propios estados por contaminar. Quienes cuestionan a estas empresas por su tratamiento ruin del suelo, la polución del aire y la corrupción de cuencas acuíferas son generalmente amenazados y mandados a hacer silencio. En este sentido, los casos de las Mineras La Alumbrera y Agua Rica en Catamarca son simbólicos (ver http://lavaca.org/notas/despues-de-la-represion-un-triunfo/). A su vez, se detectaron minas abandonadas de las que solo perduran su capacidad de contaminar el ambiente (son los casos de Abra Pampa y Pan de Azúcar en la Puna)”.

Derecho y realidad: “Según el marco legal argentino, los derechos de los pueblos indígenas gozan de total reconocimiento. Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario. Las comunidades de estas provincias históricamente han sufrido la deferencia estatal: allí donde se han ocupado de ellos, ha sido para despojarlos. La preocupación entonces, concluye el texto, es que logren el derecho a su identidad como personas jurídicas -lo que implicaría también reconocimiento de sus expresiones culturales- como así también concretar la entrega formal de las tierras que las comunidades ya ocupan y de otras tantas que les sean aptas y provechosas”.

Conclusiones: “Tras la visita, la Misión considera que la situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica y que la falta de respuestas concretas apuntan a que el gobierno argentino está incumpliendo sus obligaciones adquiridas de derecho internacional con las ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación social atravesada por profundas dinámicas de exclusión y desigualdad. Tales dinámicas se agudizan especialmente en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las citadas violaciones de derechos. El problema de raíz se sitúa en la distribución y control de recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo. Esta situación es histórica pero, en los últimos tiempos, se ha reforzado por el avance de la frontera agroindustrial y la explotación minera a gran escala, implementadas o poco reguladas por los sucesivos gobiernos provinciales y federales.

Las problemáticas recogidas en el informe son:

• Desalojos forzosos y vulneración del derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
• Represión en contra de campesinos/as y pueblos indígenas que reclaman mejores condiciones de vida.
• Omisión, morosidad y limitada capacidad institucional para implementar la legislación sobre derechos humanos en dichas comunidades.
• Destrucción de las comunidades campesinas e indígenas yde sus mediosdevida acausa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
• Aumento de la inseguridad de la tenencia de latierra defamilias campesinas e indígenas a causa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
• Riesgos sobre la salud y el medio ambiente por el uso de agrotóxicos y los impactos producidos por la actividad minera a gran escala.
• Falta de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas”.

Contacto:

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad
derechoshumanos@edpac.org
http://investigaccionddhh.wordpress.com

Dr. Javier Álvarez del Castillo
Cátedra UNESCO en Sostenibilidad
Universidad Politécnica de Cataluña
xalvarez@catunesco.upc.edu

Hace apenas un año, en marzo de 2009, sobre la cordillera chubutense, en el pueblo de Corcovado funcionaba un virtual “estado de sitio” a cargo del GEOP, grupo de elite de la policía provincial. Los vecinos relatan que luego de las 9 de la noche estaba prohibida cualquier caminata si uno no presentaba documentación; también, que escuchaban constantemente ráfagas de disparos. Los uniformados ejercían diariamente violaciones insólitas: hurgaban en las casas, destrozaban inmueble, golpeaban y apuntaban con el fúsil a señoras y chicos; rompían guitarras, heladeras y televisores al tiempo que iniciaban a la gente en artes marciales pateando cabezas y espaldas. Encapuchados, recorrían el pueblo en estado de euforia y gran excitación. Desde el 8 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes, el GEOP se consagró amo y señor de las calles y las casas de Corcovado. En vistas de lo relatado no resulta extraño que se esté tratando de instalar, a pedido de los vecinos, el 12 de Marzo como “Día contra la represión institucional y policial” ya que en esa fecha, además, desapareció un poblador de la zona, Luciano González.

Marta Bustos, madre de Cristián

¿Pero, por qué llegó este grupo a Corcovado? ¿Por qué Corcovado, un pueblo de 2.000 habitantes, necesitaba de una fuerza experta en la represión?

La historia es la siguiente: Cristian Bustos había sido condenado por la justicia por asesinar a su bebé, aunque seguía declarándose inocente. Se escapó de la cárcel de Corcovado. El 8 de marzo de 2009 apareció en casa de sus padres. La policía se presentó para esposarlo. Cristian y sus tres hermanos esperaban con angustia que llegara su abogado. Por miedo u otras razones desconocidas, Bustos intentó escapar, protegido por sus hermanos. La policía comenzó a balear, alguno de los Bustos respondió. Resultado: un uniformado muerto y otro herido, uno de los hermanos parapléjico de un balazo, uno muerto y el restante preso. El buscado Cristian, fue el que escapó. Con la excusa de encontrarlo, el GEOP llevó esa misma noche el terror al pueblo: los hechos posteriores son conocidos.

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Mu diciembre 2009

El fiscal de Esquel Martín Zacchino

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, formalizó la investigación de esos delitos. En un comienzo, calificó los hechos - apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, abusos a los ciudadanos, culatazos, vejaciones, amenazas- como de “lesa humanidad”. Pero la jueza Carina Estefanía alivianó la causa. La carátula es ahora de “Abuso de autoridad en concurso ideal con vejaciones agravadas por haber sido cometidas mediante violencia física y amenazas” y contiene cinco casos particulares, todos ocurridos entre el 12 y 27 de marzo de 2009. Fuera de estos cambios de delicadeza penal, los hechos existieron y los vecinos los denunciaron y describieron ante la justicia. Incluso hay pendientes otros casos porque aún no se han recolectado las pruebas suficientes como para probarlos.

En concierto con un típico procedimiento judicial que inculpa a quien por cadena de mando es responsable de los hechos, el jefe operativo del GEOP, Miguel Gómez, Oscar Marinao (comisario de Esquel) y Oscar Muñoz (de Corcovado) son los únicos imputados en la causa.

El comisario Marinao está relacionado con otro caso: desde marzo del año pasado, también a causa del GEOP, Luciano González está desaparecido. El 12 de marzo caminaba por el Cerro Centinela donde hubo -supuestamente y en condiciones no muy claras- una pelea. La policía de Esquel llegó y pidió refuerzos a Corcovado. No había efectivos policiales para el caso, por lo que enviaron un auxilio especial: el GEOP, que carga ahora también con el silencio de un desaparecido. El hermano de Luciano, Arturo, sigue luchando a pesar de que “la justicia no hace nada”. Hasta el día de hoy no tiene noticias de él.

Mientras tanto, en la página oficial del GEOP se anuncia la destrucción de armas (30, de un lote de 3000) en el contexto de un programa llamado “Chubut, por una sociedad en Paz”. A modo de broma, prometen también capacitar a sus efectivos y canjear “juguetes bélicos”.

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.

Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. “Los delitos cometidos son de lesa humanidad” dijo el fiscal y agregó: “Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”. El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.

Breve historia

El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian “Mai” Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.

Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. “La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad” explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.

Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. “Salieron gritando que no dispararan” relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.

En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.

Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un “intento de fuga” por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.

Llega el GEOP

Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:

• En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.
• Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.
• Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.
• En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.
• En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.
• Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.
• La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. “Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha” reveló el defensor Omar López a lavaca, “lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña”. Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
• Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.
• El defensor López agregó a lavaca: “Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol”. A estas cosas se les llama “grupos de élite”.
• En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).
• Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.

Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.

Un desaparecido

Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el “estado de sitio” del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.

En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada “agenda” de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que “no fue para tanto”.

En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.

En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.

El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: “El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley”.

La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: “Acá hubo terrorismo de Estado”. Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.

El barrio tiene más de 70 años de historia y un sinfín de amenazas de urbanización. Fernández Castro declaraba en la MU de julio: “El resto de las villas del sur tienen la suerte y desgracia de no existir para los medios y el gobierno”. Con la 31 y su bis no sucede lo mismo. Quizá por su ubicación, que forma parte del circuito turístico de la ciudad - a su lado, en la Estación de Retiro, vienen y van micros a todas partes de Argentina y Latinoamérica-; o por contar con casi 26 mil habitantes, según el último censo del gobierno. En ese sentido, las pretensiones de urbanización se han amoldado a dirigencias varias y proyectos diferentes. Los habitantes de la villa manifestaron su desacuerdo con todos ellos. Hasta el 2009.

El proyecto

La realidad

El proyecto que comanda Fernández Castro se gestó en la Universidad de Buenos Aires junto a estudiantes, pasantes y otros investigadores. La idea del arquitecto surgió a partir de un programa de urbanización en las favelas de Brasil. Explica: “Era un programa que cambió el concepto de trabajo sobre el hábitat informal a partir de que el concepto de vivienda no es lo prioritario. Siempre se trabajaba desde las políticas clásicas partiendo de que el déficit es únicamente de vivienda  eso llevó a lo largo de los años a muchos fracasos”. Justo lo que pasaba aquí, en otro país, en Retiro. Así nació su interés por intentar una réplica made in Buenos Aires, y pensó dónde. “La villa 31 era el lugar más cuestionado en el cual poner a prueba este proyecto. Era el mayor desafío”, remata. Y hacia allí fue.

El cambio es conceptual: se le da prioridad al espacio público circundante y no a las viviendas en sí. De esta manera, se anula la posibilidad de desalojo. Y así el proyecto fue aceptado. Muchos hasta hicieron bandera de la propuesta y formaron la Mesa de Trabajo por la Urbanización Padre Carlos Mugica, desde donde acompañan y discuten el proyecto, lo difunden y tironean promesas. Fernández Castro, en tanto, hace una observación: “Si bien es cierto que está firmada la imposibilidad de desalojos, puede que haya, por motivos de infraestructura, relocalizaciones de familias. Es decir: cambios de viviendas a otras iguales o mejores. Y siempre dentro del barrio”.

Fernández Castro percibe buena la voluntad tanto desde el gobierno de la ciudad como de Nación. “Están trabajando conjuntamente”, asegura, aunque se permite desconfiar del macrismo: “He notado hasta ahora que, si bien hay interés por el programa, quieren hacer algo que se vea: nos ofrecieron de ir pintando las fachadas. Pero no, primero hay que hacer las cloacas, por ejemplo”. El proyecto de maquille de la ciudad no es, en este sentido, nuevo. La conformación de la comisión medirá en términos reales la voluntad política y efectiva del gobierno. ”Hasta ahora, todo el mundo quiere ser el padre del proyecto”, ríe Castro. Mejor

(Recordemos: en su campaña, el jefe de gobierno porteño anunció que la villa 31 y 31 bis serían erradicadas y que sobre las demás se trabajaría la urbanización).

La comisión deberá, entre otras cosas, definir fechas y presupuestos. Castro y su equipo estiman una suma de 900 millones de pesos para 5 o 6 años de obras. Entre las refacciones hasta ahora presentadas, se construirán calles de asfalto, veredas y calzadas, alcantarillas y cloacas; se instalarán alumbrados, servicios de agua potable, gas, electricidad y teléfono; se prestará regularmente un servicio de barrido y limpieza en las calles interiores. El resto de las posibles obras quedará a criterio de la comisión.

Para la MU de julio, Lourdes, representante de la Mesa de Trabajo por la Urbanización y vecina del barrio, declaraba: “Hay muchos vecinos que dicen que como nunca la sacaron (la ley), nunca la van a sacar. Parece que siempre ésa es la respuesta. Pero yo les digo que si ya estuvo 70 años así y no se transformó, yo no me resigno a vivir diez años más en estas condiciones”.

A menos de un año después, la esperanza de Lourdes parece estar encauzada.

Contacto:

Mesa de Trabajo por la Urbanización

www.mesaurbanización31.wordpress.com

El 28 de diciembre pasado, los directivos de la empresa abandonaban la planta aduciendo una crisis financiera que aún no ha sido probada, a pesar del reiterado pedido de los obreros de acceder al libro contable. Los únicos documentos que fueron presentados son una serie de planillas que, por ejemplo, triplicaban el precio real en gastos de arcilla. Según las palabras de Mariano Pedrero -abogado del Sindicato Ceramista de Neuquén- para lavaca: “Era un informe absolutamente inflado que intentaba justificar una crisis que no existe”.

Desde entonces, de ocho (8) intentos de reuniones y audiencias en la Secretaría de Trabajo para buscar un respiro al conflicto, la patronal sólo asistió a tres. Según describen los ceramistas, “estuvieron cargadas de maniobras dilatorias”. En una oportunidad, el gerente de la planta tuvo que ser llevado por la fuerza pública, luego de que el Ministerio de Trabajo declarara “rebelde” a la patronal. La dirigencia lanzó entonces una única propuesta: que los trabajadores regresen a sus puestos y recién entonces tironear el pago de la deuda.

La provocación de los hermanos Stefani y su abogado, el doctor Tropeano –vinculado fuertemente al gobierno provincial- no tuvo efecto. Los trabajadores no están dispuestos a retomar las tareas sin antes acordar el pago de las deudas. El gobierno provincial ha ofrecido todo tipo de beneficios a la empresa: desde condonaciones de deudas impositivas hasta el saneamiento de los servicios energéticos. Pedrero denuncia: “Están buscando romper la unidad de los trabajadores, bajar o anular el salario y por esa vía, quebrar el sindicato ceramista.”.

Lo mismo dice el comunicado: “La política de ahogo financiero en las experiencias autogestionadas de Zanon y de los compañeros de cerámica del Sur, la situación de vaciamiento que empezamos a denunciar en cerámica Neuquén muestran que lo que pretenden es quebrar la organización de los trabajadores, las conquistas y nuestros derechos, así como lo hemos visto en otra experiencias como la de los compañeros de subterráneos o de Kraft (Terrabusi)”.

En nombre de todos los trabajadores de Stefani, Pedrero resume: “No vamos a permitir que se pierda ningún puesto de trabajo, y si la salida la tenemos que dar los trabajadores, lo vamos a hacer”.

Ataques a la prensa en regiones bajo el yugo de industrias tóxicas

No siempre es bueno dedicarse a hablar de la controvertida actividad de algunas empresas de riesgo para el medio ambiente, con frecuencia en connivencia con las autoridades locales, ni de los conflictos que generan en algunas provincias. La prensa argentina está pasando actualmente por esa experiencia, y nosotros pedimos a las autoridades federales que actúen en consecuencia y se pregunten seriamente acerca de los métodos empleados por determinadas compañías.

En Andalgalá, provincia de Catamarca, Nicolás Ziggioto, periodista de la cadena por cable Canal 10, y su camarógrafo Lucas Olaz, fueron agredidos y despojados del material el 15 de febrero de 2010, cuando cubrían un severo conflicto que enfrenta a los habitantes de la localidad con la compañía Agua Rica. Las comunidades locales denuncian un dudoso traspaso mercantil entre algunos políticos, incluido el intendente José Perea, y la compañía, cuya finalidad es la explotación de un yacimiento, con riesgos para el medio ambiente y la salud pública.

Ese mismo tipo de informaciones sensibles le costaron recibir graves amenazas a María Márquez cuando se encontraba en directo, en las ondas de su emisora FM La Perla. ”Me amenazaron de muerte, con quemar mi casa y matar a mis hijos”, declaró en otra radio local. El 14 de febrero, el intendente José Perea ordenó reprimir sin contemplaciones un movimiento de protesta. La carga policial se saldó con una decena de heridos y cerca de treinta detenciones. Finalmente, una sentencia judicial ha suspendido la actividad de la compañía, hasta nueva orden.

“No me decían nada. Solo me pegaban. En el estómago, en el rostro, en la espalda. Me rompieron la ropa. Después de unos minutos, se fueron”. Dante Fernández, propietario y director de la emisora FM Frontera en la provincia del Chaco, nos confió quedar “shokeado” desde que el pasado 9 de febrero le agredieron dos agentes de la seguridad de José Ramón Carvajal, intendente de la localidad de La Leonesa. ”El tema es claramente político”, nos aseguró el periodista, cuyo medio de comunicación se ha hecho eco de las denuncias de los habitantes contra las empresas San Carlos SRL y Cancha Larga SA. Entre las numerosas irregularidades que rodean la actividad de ambas, Dante Fernández destaca las fumigaciones aéreas, sin aviso previo de 24 horas, por encima de una laguna donde la población se provee de agua mineral. El conflicto dura desde hace diez años.

En Loncupué, provincia de Neuquén, la emisora Radio Arco Iris sigue expuesta a represalias por haber relatado extensamente algunas de las actividades de dos empresas mineras, CN Sapag y Ambar SA, en territorios ancestrales de las comunidades indígenas Mapuches. El pasado 9 de enero cortaron los cables emisores de la radio, dejándolos fuera de uso. Más tarde el medio reanudó su programación pero una semana después del sabotaje su propietario, Norberto Guerrero, nos señaló que de nuevo le habían agredido. “Evidentemente molestamos porque a través nuestro se expresan, entre otras, las comunidades Mapuches que denuncian las irregularidades y los delitos que cometen las empresas”. Unas empresas que están en manos de la familia Sapag, la del gobernador de la provincia Jorge Augusto Sapag.

Una empresa con relaciones

Al comienzo, la apropiación fue urdida desmontando furtivamente el sector donde se ubicaba la hacienda de las familias, envenenando vacas y baleando caballos.

En septiembre del año pasado, el ingeniero agrónomo Eladio Gómez Salmoral y Eusebio Díaz, ambos empleados de la empresa CRAM S.A , se instalaron cómodamente en el patio de la casa de la familia Mamani, con el objetivo de seguir arrasando con su campo. Todo fue hecho sin pudor y sin explicaciones, bajo el amparo de una título que fue comprado a 650.000 dólares: ese es el precio que tiene la vida de las familias que pueblan La gran largada; ese es el precio por el que se cedió un territorio fiscal de 9.657 hectáreas a la empresa sojera CRAM S.A. para que, a sus anchas, extienda un poco más su imperio de yuyos, fumigaciones y gilosofato.

El presidente de CRAM (empresa constituida en el 2004) es René Augusto Macedo y su director titular es René Alberto Macedo Lagrottería (secretario de la gobernación jujeña, nombrado en diciembre pasado). Son familiares directos de Horacio Macedo, el embajador argentino en Bolivia.

El 30 de diciembre, lejos de esperar con tibios festejos el fin de año, los Mamani soportaban la violencia de los empleados de CRAM, quienes volvían a entrar a su territorio -esta vez armados con palos y armas de fuego- para robar madera del monte. Juan Mamani sufrió al ver como le pisaban los dedos a su abuelo y como golpeaban y arrastraban por el piso a su abuela de 80 años. Se le ocurrió que para espantar a la patota, podía disparar unos tiros al aire. La policía llevó presos a sus hijos Gloria, Armando y Agustín (fueron liberados unas horas después) y Juan Mamani, quien volvió a su casa luego de 5 días en la cárcel.

Los testimonios

La gente de Palma Sola sabe que corre peligro y se está organizando con el Movimiento Nacional Campesino Indígena -Vía Campesina. Su tarea es difícil, y aunque deben sortear a un titán financiero no se dan por vencidos. Gloria Mamani, la nieta de la anciana golpeada, habló con lavaca sobre la usurpación en Palma Sola:

“Hace dos años que están desmontando, pero un poco más atrás, donde estaba la hacienda. En un sector no tan cercano a la casa. No nos tocaban directamente a nosotros, aunque sí a nuestros animales.” Originalmente, la tierra de su finca no podía soportar el cultivo de porotos o de soja, pero el avance en la bio-genética permitió que, desde hace dos años, ese territorio se convierta en un jugoso emplazamiento para las semillas de CRAM.

Gloria continúa: “No respetan nada, ni el impacto ambiental; armaron un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la casa de gobierno, allá en Jujuy, capital.” El plan fue decretado por el poder ejecutivo provincial, no se filtró por audiencias públicas ni participaron en su realización -tampoco fueron consultados- las comunidades campesinas e indígenas de la provincia. Según la ley nacional de protección de bosques nativos, ese plan de ordenamiento está conformado para delimitar zonas donde el desmonte esté prohibido, y otras en las que se conceda un uso sustentable.

El color del dinero

Según este plan, a los territorios se les asigna un color: el rojo (prohibición de desmonte), amarillo (desmonte parcial) y verde (sector desmontado). Gloria cuenta con impotencia cómo fueron cambiando poco a poco los colores asignados a su territorio, y de esa manera lograban devastarlo cada vez más. El BID otorgó un crédito de 3.000.000 de pesos a CRAM  para compras “de inmueble rural para tareas de desmonte y explotación.”

La empresa ni siquiera toma fuente de trabajo lugareña; llevan máquinas y herramientas desde Santa Fe y con “dos locos que están con tractores día y noche, en unas horas ya ocupan muchos kilómetros,” relata Gloria.

El miércoles que viene se presentará un amparo a la justicia para tratar de frenar los asedios de CRAM. Gloria: ”Nos amenazan con que nos van a prender fuego la casa, y con que nos van a llevar a la ruta. Nos matan a los perros que mueven la hacienda. ¿Cómo pueden hacer esa cosa tan maligna? Nosotros tenemos que seguir esperando a la justicia, cuando la justicia está a favor de ellos. Resistimos, pero de a poco, nos desalojan.”

Contacto

movnaccampesinoindigena@gmail.com
palmasolaenalerta@yahoo.com.ar
http://www.jujuyenluchaporelterritorio.blogspot.com

El descargo de la empresa

Con fecha 10 de marzo, luego de la publicación de esta nota, hemos recibido el siguiente descargo de la empresa CRAM, que reproducimos integramente:

Salta, 15 de enero del 2010.-

CRAM S.A.,ante versiones periodísticas publicadas en distintos medios escritos, radiales y digitales, que falsamente involucran a esta empresa en supuestos hechos de violencia en contra de supuestos ganaderos y vecinos de Palma Sola,. informa a la opinión publica, la verdad de los hechos acontecidos:

1.- Con fecha 22/08/2006, Mediante Escritura Pública N° 60, CRAM S.A. adquiere la propiedad del inmueble rural individual izado como Lote 12, padrón F36, ubicado en el Departamento Santa Bárbara Distrito Arroyo del Medio.-La venta del bien es efectuada por la Gran Largada S.A.- ‘

Desde el sigo XIX, la finca tenía dueño y poseedor, habiendo sido objeto de sucesivas transferencias con accesión de posesiones publicas, pacificas e ininterrumpidas desde 1913 en adelante.-EI24/06/1942, adquiere este inmueble La Jujeña S.A., y esta últimala transfieré con fecha 29/9/1976, a favor de La Gran Largada S.A..Todo ello conforme consta en los títulos en la Dirección Provincial de Inmuebles., por lo que es ajeno aja realidad que la misma antes de

ser de la Gran Largada haya sido Lote Fiscal.–

2.-AI momento de la transferencia dominial y de la posesión pública y pacifica a favor de CRAM S.A. existían dos causas judiciales.-

a.- Expediente N° A- ,06110/99 - Acción Posesoria de Mantenimiento de la Posesión La Gran Largada S.A. (actor) c/ Gloria Coulthard de Mamani, Juan Antonio Mamani, Nolberto Mamani, Agapito Mamaní, Agustín jorge Mamani, Eduardo Pío Mamani, Javier ‘Eduardo Mamani, Miriam Mabel Mamani, Miguel Estrada, Daniel Estrada, y Amelia del Valle Estrada (demandados).-

En este proceso se dicta sentencia con fecha 31 de julio de 2002,la cual resuelve: ” ORDENAR A LOS DEMANDADADOS, CESAR EN LA REALIZACIÓN DE ACTOS TURBATORIOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN LA FRACCIÓN RURAL DENOMINADA ARROYO DEL MEDIO, REAL DE LOS TOROS LOCALIDAD DE PALMA SOLA, DEPARTAMENTO SANTA BÁRBARA, PADRQN F36″.- Esta sentencia

se encuentra firme y consentida.-

b.- Expte. N° A-06012/1999, “Ordinario por Prescripción Adquisitiva de Dominio: Gloria Coulthard de Mamaní, Juan Antonio Mamani, Nolberto Mamani, Agapito Mamani, Eduardo Pío Mamani, Javier Eduardo Mamani, (actores), La Gran Largada S.A. (demandada).-·

Con fecha 12 de diciembre de 2008, se dicta sentencia en la presente causa resolviendo: ” DESESTIMAR LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO PROMOVIDA POR LOS ACTORES, RESPECTO DEL INMUEBLE RUAL UBICADO EN EL PARAJE ARROYO DEL MEDIO, REAL DE LOS TOROS, DISTRITO PALMA SOLA, INDIVIDUALIZADO COMO LOTE N° 12 PADRÓN F36. La presente sentencia se encentra firme y consentida-

En ambas causas los señores Gloria Coulthard ,Eduardo pío Mamani e hijos, actuando en un caso como demandantes y en otyro‘ como demandados PERDIERON el pleito por no haber acreditado en ningún caso la posesión y detentación material del inmueble que aun hoy dicen falsamente poseer-

La posesion que alegan NO existe por eso pierden los juicios que en

ambos casos gana la Gran Largada S.A.unica y verdadera dueña y poseedora del inmueble referido, cuyo dominio y posesion le es transferido a CRAM S:A:.-

3.-Con posterioridad a la transferencia del inmueble a favor de CRAM, y a que quedaran firmes ambas sentencias, autoridades competentes procedieron a la autorización de limpieza y desmonte conforme las normas vigentes, a favor de CRAM, mediante Resolución· N° 23912009 - DPPAyRN, de fecha 10 de agosto de 2009, dictada por la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales.- tramitada por Expte N° 646-166/2007, lo que se ha venido ejecutando normalmente bajo la permanente vigilancia de las autoridades de control.-

En consecuencia, ha quedado ratificado por dichas causas, que el dominio y la posesión del Lote rural 12 padrón F 36, corresponden exclusivamente a CRAM S.A. quien ejerce y seguirá ejerciendo regularmente sus derechos de dominio y posesión, en el marco del derecho vigente, como que la cuestión planteada solo involucra a la Sra. Coulthard de Mamani y a sus familiares, que pretenden usurpar una fracción rural de la propiedad y posesión de CRAM S.A. y no así a un conjunto de ganaderos y pobladores de Palma Sola como mentirosamente se ha sostenido con el animo de generar mayor violencia.-

4.-Respecto de los hechos de armas producidos el día 30 de diciembre del,2009, y que han tenido como autores dolosos, instigadores y cómplices a los señores G1ÓriaCoulthard de Mamani, su esposo y a uno de sus hijo se tramitan ante la justicia penal competente y estaremos a las resultas del caso en el que tomamos participación a los fines de salvaguardar los derechos de las victimas ambos dependientes, de CRAM S.A, como los derechos de la empresa.-

5.-Con relación a los antiguos ocupantes asentados en.el denominado Barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Palma Sola y a quienes se pretende involucrar también en esta cuestión, CRAM S.A. sostiene que los mismos nada tienen que ver en la contienda judicial referida y que la empresa, se encuentra abocada a la búsqueda de una solución definitiva, que les permita, únicamente a los antiguos poseedores de las tierras colindantes con el pueblo, contar con un título definitivo, destacando que tanto el Gobierno Provincial, como las autoridades locales de Palma Sola tiene conocimiento de ello.-

Cabe destacar que estos vecinos, a los cuales se denomina, antiguos ocupantes, nada tiene que ver con los actos turbatorios y delictuales realizados recientes por Gloria Coulthard de Mamaní y su familia, que carecen de todo derecho conforme las sentencias dictada por la justicia y pasadas en autoridad de cosajuzgada.-

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Por ello exhortamos a los mismos a no dejarse sorprender en su buena fe por parte de la Sra. Gloria Coulthard de Mamani, su esposo, su hijos, nietos y sobrinos, así como por la familia Espinoza Coulthard.-

S.-Finalmente se hace saber que CRAM S.A. es una sociedad comercial constituida en la Provincia de Salta y que los doctores Horacio Antonio Macedo y Horacio José Macedo Moresi no son titulares de la misma, ni accionistas, ni autoridades de la empresa.vinculandolos solamente el parentesco en cuarto grado que los une con los titulares de CRAM S.A. al igual que con los 48 primos que llevan el mismo apellido.- ‘ ‘.

Con esta publicación damos por fmalizado el tema periodístico, limitándonos a ejercer nuestros derechos en el campo de los tribunales de justicia competentes.-

CRAM Sociedad Anónima

Lic. Carolina Macedo

Apoderada.-

Video realizado por Docsur Comunicaciones