Santo remedio. A dónde llamar para que exista una Ley de Aborto Libre y Gratuito y romper con un negocio millonario y clandestino que practica 500.000 abortos por año y mata una mujer cada cuatro días. Liberté, Igualité, Aborté: apretá a un diputado. Y un afiche con una pregunta –¿de quién es tu cuerpo?- y una propuesta: saquen a nuestros ovarios del mercado.

Salir del pozo: Mu en General Mosconi, Salta, con la Unión de Trabajadores Desocupados. Cortaron rutas y bloquearon petroleras en batallas épicas contra el poder. Pero los trabajadores de YPF barridos por la privatización son mucho más que los piqueteros más criminalizados del país: son una usina de proyectos productivos, educativos, ambientales, de vivienda. Propuestas para recuperar petróleo y seres humanos en un lugar que tiene el mismo desempleo que en el año 2000.

La caída del Imperio: Viajamos también a Nueva York, Estados Unidos, a conocer el movimiento Occupy. La sociedad que transformó el consumo en una adicción está en bancarrota. Pero todos los días moviliza a miles de personas para resistir que la crisis arruine sus vidas. El desalojo de la plaza de Wall Street sembró los barrios de asambleas y desde allí organizan acciones para ocupar espacios sociales y luchar contra la usura. Reclaman también salud y educación pública y gratuita.

Defectos especiales: Pedro Saborido, director y guionista, es la otra mitad de Peter Capusotto y sus videos y su versión en 3D. High Definitions  sobre la libertad de expresión, Videla, el éxito, los forúnculos, la política y un apotegma de Violencia Rivas.   

El revés del Pepino: La persona con más procesamientos en su contra por reclamar derechos sociales, José Pepino Fernández, nos recibió en el hospital de Salta. Le amputaron un dedo por diabetes, posible efecto de la contaminación petrolera y sojera de estos años. Charla para entender la contaminación social de la privatización.

Basta para todas: En Nueva York, con Silvia Federici, y su propuesta para refundar el feminismo. Una de las más interesantes teóricas del feminismo actual, cuyas investigaciones revelan la relación entre la dominación del cuerpo de las mujeres y el desarrollo del capitalismo. Explica además claves del Occupy Wall Street, y analiza cómo detener el control sobre los úteros por parte del Estado y el mercado.

Cuestión de peso, por Raúl Zibechi: Con el pronóstico de nuevas crisis financieras y peligro de inestabilidad social, Brasil, Rusia, India y China se preparan. ¿Cómo juega Latinoamérica el partido global?

Tierra de alguien: Mu en Formosa, con las comunidades wichi y pilaga. Un viaje de Darío Aranda a la provincia que tiene 40 conflictos por tenencia de tierra y ambientales y que afectan a 565 mil personas y más de 3 millones de hectáreas.

Democracia en jogging:  Crónica desde el fin del progresismo, por Pablo Marchetti, en un lugar oriental donde ex guerrilleros andan con el changuito haciendo compras.

Aprendé a ser: El primer bachillerato  popular trans. Se llama Mocha Celis, y allí estudiantes y profesores aprenden juntos a construir espacios educativos libres de discriminaciones y prejuicios. Cómo se abren horizontes de trabajo y convivencia.

La morocha: Mora Godoy, que en un género como el tanguero, de machos compadritos logró hacerse un nombre propio. Ahora sube a escena con un show que escribió y financió y recrea una leyenda tanguera: el Chantecler.

Colectivizando: Un inglés, Daniel Tunnard, se subió a las 139 líneas de bondis porteñas, y sobrevivió para contarlo en un e- book con capítulos como “El 2, la dicha de la juventud, y una obsesión fálica”.

Encuentro cercano: El primer congreso de escuelas de cine, disparado a partir de la toma del Idac, en Avellaneda, y la necesidad que tienen los que estudian de pensar la formación que tienen y la que quieren.

Y de yapa, otra Crónica del más acá, con un viaje hacia zonas de notables animaladas.

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En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA). Para poder hacer este regalo, la Ciudad debió pagar primero 12 millones de pesos a una empresa fantasmagórica. Luego, entregó los 5.970 metros cuadrados con una sola condición: que el CCEBA presentara “los plazos para realizar las obras, el proyecto arquitectónico y la línea de la programación cultural”, según establece el artículo 2 de la ley. Hasta el momento el CCEBA no cumplió con esa condición.

Los propietarios

Al edificio se entra por la calle Balcarce al 1100. Frente a la puerta la visión es perturbada por las luces parpadeantes de la Policía Metropolitana. Detrás, hay otras más antiguas: las de la Federal. Están custodiando el acuerdo que selló el responsable del Centro Cultural de España en Buenos Aires, Ricardo Ramón Jame, con la fiscalía contravencional porteña: prohibición del ingreso a personas ajenas al edificio. El régimen es estricto: salen los chicos que van a la escuela y las personas que trabajan. No entra nadie. Por eso mismo, la charla entre Carlos Vargas (presidente de la Cooperativa San Telmo) y lavaca se hace fuera del Padelai. Para evitar confusiones de primer orden, como la que cometió el diario Página 12 al titular falsamente “Sesenta familias ocuparon el ex Padelai”, Vargas simplifica: “Esta es nuestra propiedad. No estamos tomando ni ocupando. Tenemos la escritura y tenemos certificado de dominio.”

Sobre un costado del edificio, una pancarta informa:

“ Sr. Vecino:

“La Cooperativa San Telmo informa que ante la estafa, negación y mentiras del Gobierno de España y el gobierno corrupto de Mauricio Macri, los asociados, e nun legítimo derecho de defensa, procedimos a efectuar un ejercicio legal de recuperación y posesión de nuestra propiedad por escritura, a fin de salvar nuestro predio del deterioro y estado de abandono intencional para desarrollar negocios inmobiliarios extranjeros, con la complicidad del gobierno local.”

Antes de dar ese último paso que los encontró otra vez dentro del edificio, los miembros de la cooperativa realizaron una proeza: acamparon en la puerta durante 261 días. Nueve meses. Vargas: “Este es un terreno muy codiciado en pleno corazón de San Telmo. Estamos a una cuadra de Plaza Dorrego, a dos cuadras de Puerto Madero. Esto tiene un valor no solo inmobiliario, sino histórico.” Cualquiera que camine las cuatro calles –San Juan, Humberto 1º, Paseo Colón- que rodean el Padelai, puede comprobarlo.

La historia la continúa .Vargas: “En el 2009 el gobierno de Macri le cede el edificio por 30 años a la Embajada de España, a una corporación, para que haga un centro cultural, que no se hizo. Al contrario: descuidaron el edificio, desaparecieron puertas de todas las habitaciones del primer piso, está muy abandonado.”

La propuesta

La cooperativa San Telmo no tiene intenciones caprichosas de permanecer en el edificio, sino que lanza propuestas. Dice Vargas: “Nosotros proponemos entregar la escritura a cambio de las viviendas necesarias para las familias que hoy están acá dentro. Nosotros estamos dispuestos a restituir esta propiedad. Queremos que este predio sea administrado por alguna organización barrial, un grupo de artistas que no tenga donde desarrollar sus actividades, alguna cuestión local. Que no lo tome la Embajada y tampoco organizaciones internacionales.”

El argumento principal del desalojo por parte de la administración Ibarra fue que el edificio corría peligro de derrumbe. Desmitifica Vargas: “La estructura del edificio está bien. Solo está deteriorada la mampostería.”

Sin gas, cocinando a carbón ollas populares, tirando colchones porque no pueden ingresar ningún mueble, las 160 personas que recuperaron el Padelai –el número no es exacto, están terminando de armar el censo ellos mismos- van tirando. Todos trabajan. En changas, seguridad, comercio, en cocinas de restaurant, se las rebuscan. “La Cooperativa sigue funcionando, pero con algunas dificultades. Necesitamos una ayuda del INAES en el sentido de regularizar esta cooperativa, porque así nos sentaríamos a dialogar de otra manera con el gobierno de Macri,” cuenta Vargas, que vive con intermitencias desde el año 79 en el ex Patronato de la Infancia. El lapso entre el desalojo y la vuelta al edificio fue de actividad: “Siempre nos estuvimos reuniendo acá afuera, porque es la sede y no tenemos otro lugar. No es una ocupación, sino recuperar la propiedad. Nos expropiaron de una mala manera.”

Reunión clave

Hoy, 15 de mayo, el Gobierno porteño propuso una mediación entre la Cooperativa y los plenipotenciarios españoles. Vargas espera “que de ahí salga algo serio. Pensemos en las familias, que quieren una alternativa. Este es un conflicto muy grande. Macri tendría que haber solucionado el problema de 108 familias. Pasó el tiempo, pasó mucho tiempo. Nuestros hijos crecieron, tienen sus hijos y se asociaron a la cooperativa. Hay más familias y el gobierno no solucionó nada. Si esto sigue así, no nos queda otra medida que reflotar el proyecto original de refaccionar. Acá nos quedamos hasta que nos sentemos a hablar con el Gobierno de la Ciudad y nos den una propuesta. De acá no salimos sin una solución”.

Un corte estratégico

En el kilómetro 250 de la ruta 60 se encuentra la ciudad de Tinogasta. Su ubicación es estratégica para el transporte terrestre, ya que cruza por allí uno de los tres cordones más importantes del país. Por eso, en Tinogasta existe una sede de la Aduana Nacional que obliga a todo vehículo de carga a declarar los insumos que transporta. Estas condiciones le han permitido a la asamblea de vecinos detener, primero, un proyecto de exploración de uranio que se haría a 7 km de la plaza principal, y luego, mantener -desde el 29 de febrero- un corte selectivo sobre la ruta 60 que impide el paso de los camiones que llevan insumos a la minera La Alumbrera, en Catamarca, y la Barrick Gold, de San Juan.

La ley que cae

La mañana del 10 de febrero de este año fueron reprimidos con infantería, policía, perros, seguridad de las empresas, balas de goma y gases lacrimógenos. Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, otro corte era desplazado violentamente (sin orden de desalojo, con los mismos elementos que en Tinogasta) de Amaicha del Valle.

Uno y otro corte habían surgido en protesta por el primer desalojo que inauguraba esta cadena represiva en el noroeste argentino. Fue en Santa María, el 27 de enero del 2012: decenas de heridos, nueve vecinos detenidos e imputados en principio por el artículo 213 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

La abogada Nidia Gauthier, presente al momento de la imputación (que se labró ilegalmente en la propia comisaría, donde el fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó especialmente a su secretario y escribiente para labrar el acta), denunció entonces el debut de la Ley Antiterrorista en el país, hecho que el propio ministro de Jusiticia y Derechos Humanos, Julio Alak, debió salir a desmentir: “Es absolutamente falso: están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier respondió: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron leídos en aquella comisaría como imputaciones a los vecinos. Pero el fiscal Landívar jamás entregó una copia de la imputación. “Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos juzgados”, explicó a lavaca la abogada. Trece días después, el jueves 9 de febrero, Gauthier reiteraba su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien labró una denuncia.

El artículo 213 bis no volvió a aparecer en las imputaciones, ni la copia fue entregada a Gauthier, y la causa, finalmente, cayó.

La inteligencia

El 10 de febrero reprimían nuevamente el corte de Tinogasta que había surgido en protesta por el violento desalojo y las detenciones en Santa María, luego repetidas en Belén (36 detenidos, incluyendo menores) y Andalgalá. Esta ciudad, además de la represión del corte, sufrió un insólito estado de sitio de patotas promineras, que funcionaron como frontera interna controlando la salida y entrada de visitantes, pero que no aguantaron la actuación más de una semana. El jefe policial Juan Palomeque reconoció que puso a trabajar a “grupos de inteligencia” en Andalgalá y Tinogasta para “resguardar la paz” (sic) frente a la posible presencia de “elementos foráneos”.

Esta primera represión en Tinogasta incluyó decenas de heridos por golpes –por ejemplo- a Gloria Carpio que estaba con su hijo Lautaro de 3 años en brazos, o un mordiscón de un perro en la teta de Clarisa. Y los camiones pasaron.

Relato de la represión

El corte selectivo a camiones de las empresas mineras siguió. Casi 100 días después – días que Darío Moreno, uno de los protagonistas, define como “muy tensos y repleto de maniobras para desarmarnos”-, el reciente sábado 12 de mayo la policía volvió a reprimir a tres vecinos de Tinogasta (Darío, entre ellos) para permitir el paso de camiones que volvían vacíos de las minas. Cuenta a lavaca Moreno:

• “Eran las 2 y media cuando vimos venir los camiones del otro lado, desde el lado que vuelven de las minas (porque llegan por un paso muy al norte, y les es más directo volver por acá). Entonces con dos compañeros – Eduardo Algarañaz, de Catamarca, y Germán Cots, de Buenos Aires, de la asamblea de Famatina- hicimos una avanzada contra los camiones, que venían desde La Alumbrera escoltados por infantería y policía”.
• “Sabíamos que querían desarmar el bloqueo para que pasen los camiones, era una excusa para hacer lo que hicieron. Por eso tratamos de salvar el acampe y el bloqueo lo hicimos nosotros tres – y una compañera que filmaba- en una avanzada más adelante, a 800 metros de la asamblea. Nuestra técnica era pararnos en el medio de la ruta, con los brazos arriba, sin elementos contudentes”.
• “Entonces para el convoy, se bajan los infantes de las camionetas y nos empezaron a pegar con los palos. Utilizaron muchísimo gas pimienta una vez que ya nos tenían en el suelo, nos esposaron, siguieron pegándonos, pateándonos. Así nos cargaron a una camioneta y siete infantes se nos subieron literalmente encima. Apenas abríamos los ojos o nos movíamos por la incomodidad, nos echaban gas pimienta en la nariz, que es algo que te mata… En esas condiciones viajamos 50 km hasta Fiambalá. Nos llevan ahí porque es un feudo que el intendente maneja como una estancia y de alguna manera tiene la seguridad política; es un pequeño Macondo. Y si nos traían a Tinogasta iba a haber una fuerte presión social para que nos liberaran”.
• “Nos meten en un calabozo y nos tienen secuestrados casi 5 horas. Nunca nos informaron a dónde nos llevaban, a nosotros ni a la gente, ni a los asambleístas, ni a los abogados. Cuando llamaban al juzgado o a las comisarías les decían que no sabían nada de nosotros. Y lo que se supo fue por los compañeros de Fiambalá, que cuando vieron tanto revuelo en la comisaría se dieron cuenta. La gente se juntó también frente a la comisaría de Tinogasta para pedir nuestra libertad, y por esa presión social recién a las 8 y media nos dan la libertad”.

Tan sólo tres camiones habían logrado burlar el corte desde su inicio, 15 días antes de estos sucesos: “Vinieron directamente a arrollarnos, con custodia policial”, cuenta Darío. El corte de Tinogasta obliga, en cambio, a viajar hasta un paso más al norte (“muy al norte”), descargar en La Alumbrera e intentar volver por la ruta 60 que cruza Tinogasta, “porque es el camino más directo”. En eso estaban estos camiones, custodiados celosamente por infantería y policía de la provincia, cuando se toparon con Darío y sus dos compañeros, que fueron rápida y violentamente sacados del paso.

En la comisaría no les informaron, pero Darío estima que “seguramente alguna imputación nos va a caber, algún cargo como desobediencia judicial o atentado a la autoridad”.

Por su parte, los vecinos ya denunciaron el accionar policial.

Entre una represión y otra, Darío recuerda 100 días de “muchas presiones. Han usado muchísimos recursos para desarmar el bloqueo: intentar comprar gente, infiltrar marihuana para criticarnos, armar grupos de choque que vienen a patotear”, enumera. “Pero Tinogasta es un lugar muy fuerte dentro de las condiciones que han llevado a este corte. Seguiremos con más fuerza que nunca el corte selectivo e informativo. Es la única forma de pararlos”.

El fallo deja así un antecedente peligroso: establece una nueva frontera entre las críticas y los funcionarios públicos. Tal como lo interpretó en su dictamen el jefe de los fiscales Oscar Fappiano “Ninguno de los calificativos (con los que el fallecido se refirió a Martínez de Sucre) se refiere a la vida privada del actor sino a su actuación como Fiscal de Estado. Todas las expresiones se refieren a asunto de evidente interés público. Esta circunstancia debió ser tomada en cuenta a la hora de estimar el daño”. También señaló que las personalidades públicas “tienen un mayor acceso a los medios periodísticos para replicar falsas imputaciones”. Sin embargo, en su instancia de apelación, el Tribunal Superior desestimó estos argumentos y confirmó la condena, en un fallo escueto.

El único integrante del Tribunal que fundamentó su voto fue el juez Gonzalo Sagastume, quien alega que Martínez abusó de su derecho de libertad de expresión y afectó el honor del fiscal. Luego define que el funcionario “es ante todo una persona” y defiende su derecho a mantener su “imagen” social. Esta sería la nueva frontera de la impunidad: el supuesto daño que las críticas públicas pueden ejercer sobre “la imagen social” de un funcionario es un bien jurídico que este fallo protege, por encima del derecho humano a la libertad de expresión.

Ahora, los herederos de Martínez podrían acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un recurso extraordinario federal (o un recurso de queja), pero mientras tanto el fiscal de Estado estaría habilitado para iniciar la ejecución de la sentencia, y por lo tanto, exigir el pago del monto indemnizatorio fijado por la justicia.

Un antecedente peligroso

El pedido de juicio político al fiscal Martínez de Sucre data de 10 años atrás, pero sus repercusiones son toda una novedad. En febrero de este año, la jueza civil de Ushuaia , Adriana Rapossi, condenó a la asociación Participación Ciudadana al pago de una indemnización de 10 mil pesos por haber criticado al mismo fiscal, a través de los medios de comunicación. Fue hace 10 años y en el mismo marco del pedido de juicio político que contextualiza las expresiones tanto de esta oenegé como del ahora condenado post morten.

“La jueza Rapossi ha trazado una línea divisoria estableciendo cuál es el límite de la crítica pública en Tierra del Fuego. A partir de ahora, como mínimo, periodistas, dirigentes sociales, sindicales y opositores quedan abarcados con la restricción que la jueza acaba de imponer”, interpretó el titular de esa oenegé, Guillermo Worman, al conocerse la condena.

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El sábado 5 de mayo se llevó adelante la Marcha Mundial de la Marihuana en todo el país. Bajo la consigna “¡Despenalización ya! No más presos por plantar”, los organizadores calcularon que unas 60 mil personas en 16 provincias argentinas exigieron el tratamiento urgente de los más de siete proyectos para reformar la actual Ley de Drogas y demandaron que se efectúen sin demoras los cambios necesarios para evitar que los usuarios y cultivadores de cannabis para consumo personal sigan siendo perseguidos penalmente. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 3 de la tarde del sábado, la concentación comenzó en Plaza de Mayo para luego marchar hacia Plaza Congreso donde se realizó un acto del que participaron diversas organizaciones de usuarios y cultivadores de cannabis, diferentes asociaciones por la defensa de los derechos civiles y legisladores de distintas fuerzas políticas.

En el marco de la Marcha Mundial que se realizó simultáneamente en otras 200 ciudades, además de Buenos Aires hubo aquí movilizaciones en Córdoba, Rosario, Mar del Plata, La Plata, Bariloche, Neuquén, El Bolsón, Comodoro Rivadavia, Jujuy, San Juan, Tucumán, San Luis, Río Grande, La Rioja y Catamarca.

Fotos: Gustavo Jaiyes

Sara es familiar del desaparecido: “Daniel hace dos años que venía desde Tartagal, Salta, a trabajar en Agrocosecha SRL, una empresa de cosecha de manzanas ubicada en La Márquez, un pueblo que está a 30 kilómetros de Choele Choel. El sábado 5 de noviembre fue al boliche Macuba, se sabe que unos policías lo sacan de allí, y desde entonces no apareció más. Los patrones lo contactan al papá y durante un mes y medio lo llevaban a Neuquén a buscarlo, pero sabían que no estaba allá. Hubo muchas pistas y testigos que intentaron desviar la investigación. La hermana de Daniel realizó la denuncia formal de desaparición el 18 de diciembre, en Tartagal, junto al abogado Sergio Herdia”.

120 testimonios

A seis meses de la desaparición, hay 120 testimonios que afirman la hipótesis de que a Daniel se lo llevaron efectivos policiales. Hay denunciados 13 policías y 21 civiles entre los que se encuentran empresarios y compañeros de trabajo, aunque la causa sigue confusa quizás debido a esas “desviaciones” que suman hipótesis que diluyen la investigación a la policía.

Han existido reclamos de El observatorio de Derechos Humanos de Río Negro, concejales de la localidad de Luis Beltrán, Choele Choel, Lamarque, los intendentes Daniel Belloso de Choele Choel, Gerardo Bravo de Chimpay, David Mendoza de Coronel Belisle, vecinos de los siete pueblos que integran la comunidad de Valle Medio. La respuesta sigue siendo el silencio.
Por eso este 5 de mayo, desde la Comisión de apoyo a la familia realizan una concentración en el acampe y una marcha al Boliche Macuba, la Comisaría 8va de Choele y el juzgado Civil 30.

“El Juez Darío Soto a cargo Juzgado Civil Nº 30 de Choele Choel tiene todo para resolver, ya pasaron seis meses. La causa no avanza, ya hay seis policías separados, a mí me despidieron por estar en esta lucha, no me voy a levantar hasta que me den respuestas. La mamá de Atahualpa Martínez Vinaya también me está acompañando”, relata Guadalberto, en referencia al chico de 19 años asesinado en junio 2008.

Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, se acomoda las cadenas para hablar bien con lavaca y comenta porqué acompaña a los familiares de Daniel: “Sé lo que es perder un hijo, no dudé en venir, en sumarme, nos une el dolor. No sé qué está esperando el juez”.

Otro caso impune

Atahualpa estaba en el pub Miloca, en Viedma, el 15 junio de 2008 con un amigo. Cuenta Julieta: “En un momento el amigo se va al baño. Cuando vuelve, Atahualpa no estaba, el amigo se fue a dormir. La hermana de Ata lo empieza a buscar. A media mañana el abuelo de Ata que es policía se pone a averiguar por comisarías y hospitales. Al mediodía llaman para identificar un cuerpo y la hermana reconoce que es Ata. Yo me encontraba en Rosario tramitando una beca porque en diciembre se iba a ir a estudiar medicina a Cuba. En el velorio nos comenzamos a preguntar qué pasó, incluso la provincia de Río Negro pone una recompensa de $100.000 pero nadie decía nada o daban pistas falsas. Nos recibe la Presidenta, y entonces Gendarmería se pone a trabajar en el caso pero un año y medio después. La causa ya tiene 4000 fojas, se lo pasamos a Sergio Heredia para que empiece a estudiar el caso”.

Julieta continúa: “Gendarmería reconstruyó el recorrido de los últimos momentos de Ata. Le dan un balazo en un pulmón y muere luego de dos horas de agonizar. En el lugar donde lo encuentran descubren que el cuerpo fue movido de su posición original. La policía no valló el lugar y sacó fotos con sus celulares. La médica forense de la policía no siguió el protocolo para estos casos. Cuando escuchás esto te preguntás si la médica no es madre, si no tiene hijos.”
“Ahora estamos preparando para el 14 de junio de 2012, una muestra con fotos en la Casona de Viedma que funcionó como centro clandestino de detención de la dictadura. Venimos trabajando con los colegios secundarios acerca de la impunidad y luego el 15 de junio hacemos la marcha a la tarde, comenzando en la escuela secundaria donde estudió Ata y termina en la plaza San Martín en el monumento que le hicieron”.

Guadalberto sigue esperando. Ya comenzó la huelga de hambre, encadenado a la Fiscalía. Lo único que está reclamando, parece increíble tener que aclararlo, es una respuesta, para que la justicia no sea, como su hijo, otro caso de desaparición.