La represión a la asamblea de Andalgalá que resiste el proyecto minero de Agua Rica en La Rioja. Fue en febrero pasado

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Aquí, la síntesis:

Sobre elinforme: “Entre los meses de agosto y septiembre del año 2008 una Misión constituida por representantes de varias organizaciones con sede en Cataluña (España) visitó el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza con el propósito de investigar y documentar la situación de los Derechos Humanos en comunidades campesinas e indígenas de las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba. Para el relevamiento de la información y la realización de las entrevistas se contó con la participación de organizaciones del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina (MNCI) y algunos miembros de las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), así como la colaboración de las autoridades provinciales y federales argentinas desde sus diferentes niveles de gobierno, especialmente en Santiago del Estero y Mendoza”.

Objetivo: “El objetivo principal de este informe es entregarlo a las instancias, organismos e instituciones gubernamentales nacionales e internacionales, así como a la sociedad civil internacional, para que se emita una resolución al respecto o se tomen las medidas que se consideren oportunas y necesarias”.

El avance de la soja: “El avance de la frontera agropecuaria arroja algunas consecuencias graves: 16,6 millones de hectáreas destinadas al cultivo de la soja, el equivalente al 50% del territorio total sembrado (lo que significó en 2008 una producción de 46,5 millones de toneladas). Si bien esto permite a la Argentina ser mundialmente el primer exportador en aceite de soja y el tercero en semillas, el panorama se oscurece a causa de una brutal -y aún continua- mutación del modo productivo de la zona: la tecnificación creciente obliga -argumento de eficiencia- a la omisión de cierta mano de obra no calificada; la gran extensión del territorio a producir es proclive a la concentración empresarial - pequeños y medianos productores quedan diezmados- ; otros cultivos menos redituables pero igual de necesarios se dispersan y desaparecen progresivamente al compás que la soja gana terreno incluso el de ciertas áreas naturales supuestamente preservadas”.

El saqueo es el fin y el medio, el desalojo violento: “La ocupación de los territorios -haciendas, chacras- por parte de los campesinos es más hereditaria que formalista. Esto significa que muchas veces no tienen los papeles que certifiquen la valía de su propiedad, por lo que los problemas con los empresarios son recurrentes: adquieren terrenos ya ocupados por indígenas o paisanos e imponen su producción. El saqueo es el fin; su medio, el desalojo violento. Las familias expulsadas no quedan bajo resguardo alguno, ni siquiera el provincial. Pero este es recién el último paso. Antes, los que no fueron expulsados manifiestamente de sus terrenos, deben sortear otra desventura: la fumigación con agrotóxicos -gilosofato es el de más renombre- por rocío aéreo, práctica pesticida que conlleva un alto riesgo sanitario para los habitantes de esas zonas”.

La minería contaminante: “La Ley de Inversiones Mineras (1993), el Código de Minería (1886), el Acuerdo Federal Minero (también de 1993) y - homenaje a lo absurdo- la Ley de Protección Ambiental fueron y siguen siendo las distintas visas de nuestro país para multinacionales mineras que habían sido expulsadas de sus propios estados por contaminar. Quienes cuestionan a estas empresas por su tratamiento ruin del suelo, la polución del aire y la corrupción de cuencas acuíferas son generalmente amenazados y mandados a hacer silencio. En este sentido, los casos de las Mineras La Alumbrera y Agua Rica en Catamarca son simbólicos (ver http://lavaca.org/notas/despues-de-la-represion-un-triunfo/). A su vez, se detectaron minas abandonadas de las que solo perduran su capacidad de contaminar el ambiente (son los casos de Abra Pampa y Pan de Azúcar en la Puna)”.

Derecho y realidad: “Según el marco legal argentino, los derechos de los pueblos indígenas gozan de total reconocimiento. Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario. Las comunidades de estas provincias históricamente han sufrido la deferencia estatal: allí donde se han ocupado de ellos, ha sido para despojarlos. La preocupación entonces, concluye el texto, es que logren el derecho a su identidad como personas jurídicas -lo que implicaría también reconocimiento de sus expresiones culturales- como así también concretar la entrega formal de las tierras que las comunidades ya ocupan y de otras tantas que les sean aptas y provechosas”.

Conclusiones: “Tras la visita, la Misión considera que la situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendoza es extremadamente crítica y que la falta de respuestas concretas apuntan a que el gobierno argentino está incumpliendo sus obligaciones adquiridas de derecho internacional con las ratificaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación social atravesada por profundas dinámicas de exclusión y desigualdad. Tales dinámicas se agudizan especialmente en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las citadas violaciones de derechos. El problema de raíz se sitúa en la distribución y control de recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo. Esta situación es histórica pero, en los últimos tiempos, se ha reforzado por el avance de la frontera agroindustrial y la explotación minera a gran escala, implementadas o poco reguladas por los sucesivos gobiernos provinciales y federales.

Las problemáticas recogidas en el informe son:

• Desalojos forzosos y vulneración del derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa.
• Represión en contra de campesinos/as y pueblos indígenas que reclaman mejores condiciones de vida.
• Omisión, morosidad y limitada capacidad institucional para implementar la legislación sobre derechos humanos en dichas comunidades.
• Destrucción de las comunidades campesinas e indígenas yde sus mediosdevida acausa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
• Aumento de la inseguridad de la tenencia de latierra defamilias campesinas e indígenas a causa de la expansión sojera y la minería a gran escala.
• Riesgos sobre la salud y el medio ambiente por el uso de agrotóxicos y los impactos producidos por la actividad minera a gran escala.
• Falta de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas”.

Contacto:

Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad
derechoshumanos@edpac.org
http://investigaccionddhh.wordpress.com

Dr. Javier Álvarez del Castillo
Cátedra UNESCO en Sostenibilidad
Universidad Politécnica de Cataluña
xalvarez@catunesco.upc.edu

Hace apenas un año, en marzo de 2009, sobre la cordillera chubutense, en el pueblo de Corcovado funcionaba un virtual “estado de sitio” a cargo del GEOP, grupo de elite de la policía provincial. Los vecinos relatan que luego de las 9 de la noche estaba prohibida cualquier caminata si uno no presentaba documentación; también, que escuchaban constantemente ráfagas de disparos. Los uniformados ejercían diariamente violaciones insólitas: hurgaban en las casas, destrozaban inmueble, golpeaban y apuntaban con el fúsil a señoras y chicos; rompían guitarras, heladeras y televisores al tiempo que iniciaban a la gente en artes marciales pateando cabezas y espaldas. Encapuchados, recorrían el pueblo en estado de euforia y gran excitación. Desde el 8 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes, el GEOP se consagró amo y señor de las calles y las casas de Corcovado. En vistas de lo relatado no resulta extraño que se esté tratando de instalar, a pedido de los vecinos, el 12 de Marzo como “Día contra la represión institucional y policial” ya que en esa fecha, además, desapareció un poblador de la zona, Luciano González.

Marta Bustos, madre de Cristián

¿Pero, por qué llegó este grupo a Corcovado? ¿Por qué Corcovado, un pueblo de 2.000 habitantes, necesitaba de una fuerza experta en la represión?

La historia es la siguiente: Cristian Bustos había sido condenado por la justicia por asesinar a su bebé, aunque seguía declarándose inocente. Se escapó de la cárcel de Corcovado. El 8 de marzo de 2009 apareció en casa de sus padres. La policía se presentó para esposarlo. Cristian y sus tres hermanos esperaban con angustia que llegara su abogado. Por miedo u otras razones desconocidas, Bustos intentó escapar, protegido por sus hermanos. La policía comenzó a balear, alguno de los Bustos respondió. Resultado: un uniformado muerto y otro herido, uno de los hermanos parapléjico de un balazo, uno muerto y el restante preso. El buscado Cristian, fue el que escapó. Con la excusa de encontrarlo, el GEOP llevó esa misma noche el terror al pueblo: los hechos posteriores son conocidos.

Descargar la nota “El paraíso del terror”,
Mu diciembre 2009

El fiscal de Esquel Martín Zacchino

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, formalizó la investigación de esos delitos. En un comienzo, calificó los hechos - apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, abusos a los ciudadanos, culatazos, vejaciones, amenazas- como de “lesa humanidad”. Pero la jueza Carina Estefanía alivianó la causa. La carátula es ahora de “Abuso de autoridad en concurso ideal con vejaciones agravadas por haber sido cometidas mediante violencia física y amenazas” y contiene cinco casos particulares, todos ocurridos entre el 12 y 27 de marzo de 2009. Fuera de estos cambios de delicadeza penal, los hechos existieron y los vecinos los denunciaron y describieron ante la justicia. Incluso hay pendientes otros casos porque aún no se han recolectado las pruebas suficientes como para probarlos.

En concierto con un típico procedimiento judicial que inculpa a quien por cadena de mando es responsable de los hechos, el jefe operativo del GEOP, Miguel Gómez, Oscar Marinao (comisario de Esquel) y Oscar Muñoz (de Corcovado) son los únicos imputados en la causa.

El comisario Marinao está relacionado con otro caso: desde marzo del año pasado, también a causa del GEOP, Luciano González está desaparecido. El 12 de marzo caminaba por el Cerro Centinela donde hubo -supuestamente y en condiciones no muy claras- una pelea. La policía de Esquel llegó y pidió refuerzos a Corcovado. No había efectivos policiales para el caso, por lo que enviaron un auxilio especial: el GEOP, que carga ahora también con el silencio de un desaparecido. El hermano de Luciano, Arturo, sigue luchando a pesar de que “la justicia no hace nada”. Hasta el día de hoy no tiene noticias de él.

Mientras tanto, en la página oficial del GEOP se anuncia la destrucción de armas (30, de un lote de 3000) en el contexto de un programa llamado “Chubut, por una sociedad en Paz”. A modo de broma, prometen también capacitar a sus efectivos y canjear “juguetes bélicos”.

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.

Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. “Los delitos cometidos son de lesa humanidad” dijo el fiscal y agregó: “Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”. El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.

Breve historia

El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian “Mai” Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.

Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. “La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad” explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.

Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. “Salieron gritando que no dispararan” relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.

En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.

Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un “intento de fuga” por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.

Llega el GEOP

Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:

• En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.
• Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.
• Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.
• En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.
• En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.
• Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.
• La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. “Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha” reveló el defensor Omar López a lavaca, “lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña”. Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
• Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.
• El defensor López agregó a lavaca: “Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol”. A estas cosas se les llama “grupos de élite”.
• En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).
• Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.

Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.

Un desaparecido

Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el “estado de sitio” del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.

En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada “agenda” de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que “no fue para tanto”.

En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.

En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.

El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: “El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley”.

La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: “Acá hubo terrorismo de Estado”. Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.

El barrio tiene más de 70 años de historia y un sinfín de amenazas de urbanización. Fernández Castro declaraba en la MU de julio: “El resto de las villas del sur tienen la suerte y desgracia de no existir para los medios y el gobierno”. Con la 31 y su bis no sucede lo mismo. Quizá por su ubicación, que forma parte del circuito turístico de la ciudad - a su lado, en la Estación de Retiro, vienen y van micros a todas partes de Argentina y Latinoamérica-; o por contar con casi 26 mil habitantes, según el último censo del gobierno. En ese sentido, las pretensiones de urbanización se han amoldado a dirigencias varias y proyectos diferentes. Los habitantes de la villa manifestaron su desacuerdo con todos ellos. Hasta el 2009.

El proyecto

La realidad

El proyecto que comanda Fernández Castro se gestó en la Universidad de Buenos Aires junto a estudiantes, pasantes y otros investigadores. La idea del arquitecto surgió a partir de un programa de urbanización en las favelas de Brasil. Explica: “Era un programa que cambió el concepto de trabajo sobre el hábitat informal a partir de que el concepto de vivienda no es lo prioritario. Siempre se trabajaba desde las políticas clásicas partiendo de que el déficit es únicamente de vivienda  eso llevó a lo largo de los años a muchos fracasos”. Justo lo que pasaba aquí, en otro país, en Retiro. Así nació su interés por intentar una réplica made in Buenos Aires, y pensó dónde. “La villa 31 era el lugar más cuestionado en el cual poner a prueba este proyecto. Era el mayor desafío”, remata. Y hacia allí fue.

El cambio es conceptual: se le da prioridad al espacio público circundante y no a las viviendas en sí. De esta manera, se anula la posibilidad de desalojo. Y así el proyecto fue aceptado. Muchos hasta hicieron bandera de la propuesta y formaron la Mesa de Trabajo por la Urbanización Padre Carlos Mugica, desde donde acompañan y discuten el proyecto, lo difunden y tironean promesas. Fernández Castro, en tanto, hace una observación: “Si bien es cierto que está firmada la imposibilidad de desalojos, puede que haya, por motivos de infraestructura, relocalizaciones de familias. Es decir: cambios de viviendas a otras iguales o mejores. Y siempre dentro del barrio”.

Fernández Castro percibe buena la voluntad tanto desde el gobierno de la ciudad como de Nación. “Están trabajando conjuntamente”, asegura, aunque se permite desconfiar del macrismo: “He notado hasta ahora que, si bien hay interés por el programa, quieren hacer algo que se vea: nos ofrecieron de ir pintando las fachadas. Pero no, primero hay que hacer las cloacas, por ejemplo”. El proyecto de maquille de la ciudad no es, en este sentido, nuevo. La conformación de la comisión medirá en términos reales la voluntad política y efectiva del gobierno. ”Hasta ahora, todo el mundo quiere ser el padre del proyecto”, ríe Castro. Mejor

(Recordemos: en su campaña, el jefe de gobierno porteño anunció que la villa 31 y 31 bis serían erradicadas y que sobre las demás se trabajaría la urbanización).

La comisión deberá, entre otras cosas, definir fechas y presupuestos. Castro y su equipo estiman una suma de 900 millones de pesos para 5 o 6 años de obras. Entre las refacciones hasta ahora presentadas, se construirán calles de asfalto, veredas y calzadas, alcantarillas y cloacas; se instalarán alumbrados, servicios de agua potable, gas, electricidad y teléfono; se prestará regularmente un servicio de barrido y limpieza en las calles interiores. El resto de las posibles obras quedará a criterio de la comisión.

Para la MU de julio, Lourdes, representante de la Mesa de Trabajo por la Urbanización y vecina del barrio, declaraba: “Hay muchos vecinos que dicen que como nunca la sacaron (la ley), nunca la van a sacar. Parece que siempre ésa es la respuesta. Pero yo les digo que si ya estuvo 70 años así y no se transformó, yo no me resigno a vivir diez años más en estas condiciones”.

A menos de un año después, la esperanza de Lourdes parece estar encauzada.

Contacto:

Mesa de Trabajo por la Urbanización

www.mesaurbanización31.wordpress.com

El 28 de diciembre pasado, los directivos de la empresa abandonaban la planta aduciendo una crisis financiera que aún no ha sido probada, a pesar del reiterado pedido de los obreros de acceder al libro contable. Los únicos documentos que fueron presentados son una serie de planillas que, por ejemplo, triplicaban el precio real en gastos de arcilla. Según las palabras de Mariano Pedrero -abogado del Sindicato Ceramista de Neuquén- para lavaca: “Era un informe absolutamente inflado que intentaba justificar una crisis que no existe”.

Desde entonces, de ocho (8) intentos de reuniones y audiencias en la Secretaría de Trabajo para buscar un respiro al conflicto, la patronal sólo asistió a tres. Según describen los ceramistas, “estuvieron cargadas de maniobras dilatorias”. En una oportunidad, el gerente de la planta tuvo que ser llevado por la fuerza pública, luego de que el Ministerio de Trabajo declarara “rebelde” a la patronal. La dirigencia lanzó entonces una única propuesta: que los trabajadores regresen a sus puestos y recién entonces tironear el pago de la deuda.

La provocación de los hermanos Stefani y su abogado, el doctor Tropeano –vinculado fuertemente al gobierno provincial- no tuvo efecto. Los trabajadores no están dispuestos a retomar las tareas sin antes acordar el pago de las deudas. El gobierno provincial ha ofrecido todo tipo de beneficios a la empresa: desde condonaciones de deudas impositivas hasta el saneamiento de los servicios energéticos. Pedrero denuncia: “Están buscando romper la unidad de los trabajadores, bajar o anular el salario y por esa vía, quebrar el sindicato ceramista.”.

Lo mismo dice el comunicado: “La política de ahogo financiero en las experiencias autogestionadas de Zanon y de los compañeros de cerámica del Sur, la situación de vaciamiento que empezamos a denunciar en cerámica Neuquén muestran que lo que pretenden es quebrar la organización de los trabajadores, las conquistas y nuestros derechos, así como lo hemos visto en otra experiencias como la de los compañeros de subterráneos o de Kraft (Terrabusi)”.

En nombre de todos los trabajadores de Stefani, Pedrero resume: “No vamos a permitir que se pierda ningún puesto de trabajo, y si la salida la tenemos que dar los trabajadores, lo vamos a hacer”.

Ataques a la prensa en regiones bajo el yugo de industrias tóxicas

No siempre es bueno dedicarse a hablar de la controvertida actividad de algunas empresas de riesgo para el medio ambiente, con frecuencia en connivencia con las autoridades locales, ni de los conflictos que generan en algunas provincias. La prensa argentina está pasando actualmente por esa experiencia, y nosotros pedimos a las autoridades federales que actúen en consecuencia y se pregunten seriamente acerca de los métodos empleados por determinadas compañías.

En Andalgalá, provincia de Catamarca, Nicolás Ziggioto, periodista de la cadena por cable Canal 10, y su camarógrafo Lucas Olaz, fueron agredidos y despojados del material el 15 de febrero de 2010, cuando cubrían un severo conflicto que enfrenta a los habitantes de la localidad con la compañía Agua Rica. Las comunidades locales denuncian un dudoso traspaso mercantil entre algunos políticos, incluido el intendente José Perea, y la compañía, cuya finalidad es la explotación de un yacimiento, con riesgos para el medio ambiente y la salud pública.

Ese mismo tipo de informaciones sensibles le costaron recibir graves amenazas a María Márquez cuando se encontraba en directo, en las ondas de su emisora FM La Perla. ”Me amenazaron de muerte, con quemar mi casa y matar a mis hijos”, declaró en otra radio local. El 14 de febrero, el intendente José Perea ordenó reprimir sin contemplaciones un movimiento de protesta. La carga policial se saldó con una decena de heridos y cerca de treinta detenciones. Finalmente, una sentencia judicial ha suspendido la actividad de la compañía, hasta nueva orden.

“No me decían nada. Solo me pegaban. En el estómago, en el rostro, en la espalda. Me rompieron la ropa. Después de unos minutos, se fueron”. Dante Fernández, propietario y director de la emisora FM Frontera en la provincia del Chaco, nos confió quedar “shokeado” desde que el pasado 9 de febrero le agredieron dos agentes de la seguridad de José Ramón Carvajal, intendente de la localidad de La Leonesa. ”El tema es claramente político”, nos aseguró el periodista, cuyo medio de comunicación se ha hecho eco de las denuncias de los habitantes contra las empresas San Carlos SRL y Cancha Larga SA. Entre las numerosas irregularidades que rodean la actividad de ambas, Dante Fernández destaca las fumigaciones aéreas, sin aviso previo de 24 horas, por encima de una laguna donde la población se provee de agua mineral. El conflicto dura desde hace diez años.

En Loncupué, provincia de Neuquén, la emisora Radio Arco Iris sigue expuesta a represalias por haber relatado extensamente algunas de las actividades de dos empresas mineras, CN Sapag y Ambar SA, en territorios ancestrales de las comunidades indígenas Mapuches. El pasado 9 de enero cortaron los cables emisores de la radio, dejándolos fuera de uso. Más tarde el medio reanudó su programación pero una semana después del sabotaje su propietario, Norberto Guerrero, nos señaló que de nuevo le habían agredido. “Evidentemente molestamos porque a través nuestro se expresan, entre otras, las comunidades Mapuches que denuncian las irregularidades y los delitos que cometen las empresas”. Unas empresas que están en manos de la familia Sapag, la del gobernador de la provincia Jorge Augusto Sapag.

A. es la sexta de los 10 hijos que cría una madre que ahora carga con la acusación de la jueza de ”poder haber evitado el abuso”. La jueza Robert se basa en un antecedente no denunciado: A., a los 11 años, ya había sido manoseada por su padrastro. El silencio familiar, en este caso, se aduce a las habituales amenazas e intimidaciones del policía y su arma reglamentaria. La misma A. - consta en la sentencia- confiesa no haber gritado durante el abuso por “las represalias de su padrastro hacia su abuela”, que en ese momento cuidaba a los niños.

Semanas más tarde, A. confesaba el abuso a su madre, que oficializó la denuncia y acompaña su proceso.

Las interpretaciones de la jueza Robert resaltan la lógica de la sentencia en la que niega el aborto que solicita la víctima.

• Condenaa la madremientras libera de cargos al abusador.
• Defiende los”Derechos del Embrión”, mientrasniega el pedido de aborto “por no tratarse de una persona idiota o demente”.
• Y asegura: “Tengo la convicción que el aborto solicitado no contribuirá a la recuperación de su salud, sino por el contrario, agravará aún más los efectos ya producidos en su salud psíquica”.

A. amenaza con matarse en caso de continuar con el embarazo.

La sentencia de la jueza Robert descansa actualmente en la Cámara de Apelaciones, y espera su resolución definitiva. Según Verónica Heredia, abogada de la Clínica Jurídica y Social Patagónica - que presentó un Amicus en defensa de los derechos de A.-, la sala en la que recayó la sentencia ”sigue el estilo de la jueza Robert”. Es decir: no hay garantías con respecto a la salud de la víctima ni al respeto de sus derechos.

El diagnóstico de la impunidad

En la presentación que la doctora Heredia y su organismo acercaron al Juzgado Número 3 de Comodoro Rivadavia a modo de apoyo a la defensa de A., se asegura:

“Al rechazar su petición, el fallo consagra la maternidad forzada, una forma moderna de trato cruel, inhumano y degradante desplegado por el Estado en contra de una adolescente de 15 años, que termina habitualmente en abortos ilegales, en homicidios de la persona nacida, en suicidios, en mortalidad infantil en la temprana edad, en abandono de persona”.

Las consideraciones que repasa el Amicus para resaltar el contraste entre la realidad y lo dispuesto por la jueza en su sentencia se convierten en un diagnóstico de la emergencia social que este caso pone en evidencia y que aseguran, una vez más, la impunidad de los delitos de violencia sexual.

Señala puntualmente :

“En relación con la intervención a diversos organismos estatales que se da en la sentencia, con el fin de dar asistencia a la adolescente embarazada y su grupo familiar, realizamos estas someras consideraciones:

a) Tratamiento psicológico - psiquiátrico de la adolescente, con orientación a todo el grupo familiar conviviente.

De acuerdo a nuestros registros, no hay profesional especializado/a en psiquiatría infantil en el Hospital Regional. El Hospital Regional se encuentra colapsado hace años. Por ejemplo, en 2008 los mismos profesionales denunciaban públicamente las carencias del Departamento de Salud Mental[1].

El Servicio Social del Hospital Regional cuenta sólo con cinco (5) profesionales en trabajo social y actúan a pedido del Banco de Medicamentos. Es decir, cuando una persona tiene una enfermedad, como cáncer o HIV - SIDA, y se le proveen los medicamentos periódicamente -cuando hay-, este Banco les avisa si la persona no los retira para que se pongan en contacto. Cuando tienen competencia, se realiza un primer informe diagnóstico y en algunos casos informes semestrales de seguimiento, pero no se realiza acompañamiento activo ni a la persona ni a la familia. En principio, entonces, no tendrían competencia ni capacidad de acción en un caso como este.

Tampoco cuenta el Hospital Regional con consultorio de seguimiento, por ejemplo, para embarazo adolescente, de por sí un embarazo de riesgo, como sí hay en otros lugares del país.

b) Evaluación del grupo familiar, dinámica vincular y capacidad de contención para la joven, dando intervención al Servicio de Protección de Derechos.

Desde el año pasado el Servicio de Protección de Derechos se ha declarado en “emergencia institucional” porque carece de cantidad de profesionales suficientes para trabajar y no puede responder a ninguna demanda.

c) Se da intervención a la Institución La Casa para que procedan a brindar tratamiento al grupo familiar dada la problemática de violencia familiar sufrida.

Si bien es la única institución especializada de referencia en nuestra ciudad, suele estar sobre demandada. De acuerdo a nuestros registros, cuenta con pocas personas profesionales (cuatro (4)), y no tienen capacidad para asistir económicamente a una mujer agredida ni siquiera en la emergencia, siendo que en este caso se señala que la situación económica familiar es “crítica”.

De manera paralela, el Estado tiene obligación de investigar, identificar y sancionar a responsables de violencia de género, que incluye violaciones y abusos sexuales, pero sin embargo estas denuncias se rechazan in limine, se archivan, se dejan prescribir o hasta se concilian, algo que está expresamente contraindicado”.

Una empresa con relaciones

Al comienzo, la apropiación fue urdida desmontando furtivamente el sector donde se ubicaba la hacienda de las familias, envenenando vacas y baleando caballos.

En septiembre del año pasado, el ingeniero agrónomo Eladio Gómez Salmoral y Eusebio Díaz, ambos empleados de la empresa CRAM S.A , se instalaron cómodamente en el patio de la casa de la familia Mamani, con el objetivo de seguir arrasando con su campo. Todo fue hecho sin pudor y sin explicaciones, bajo el amparo de una título que fue comprado a 650.000 dólares: ese es el precio que tiene la vida de las familias que pueblan La gran largada; ese es el precio por el que se cedió un territorio fiscal de 9.657 hectáreas a la empresa sojera CRAM S.A. para que, a sus anchas, extienda un poco más su imperio de yuyos, fumigaciones y gilosofato.

El presidente de CRAM (empresa constituida en el 2004) es René Augusto Macedo y su director titular es René Alberto Macedo Lagrottería (secretario de la gobernación jujeña, nombrado en diciembre pasado). Son familiares directos de Horacio Macedo, el embajador argentino en Bolivia.

El 30 de diciembre, lejos de esperar con tibios festejos el fin de año, los Mamani soportaban la violencia de los empleados de CRAM, quienes volvían a entrar a su territorio -esta vez armados con palos y armas de fuego- para robar madera del monte. Juan Mamani sufrió al ver como le pisaban los dedos a su abuelo y como golpeaban y arrastraban por el piso a su abuela de 80 años. Se le ocurrió que para espantar a la patota, podía disparar unos tiros al aire. La policía llevó presos a sus hijos Gloria, Armando y Agustín (fueron liberados unas horas después) y Juan Mamani, quien volvió a su casa luego de 5 días en la cárcel.

Los testimonios

La gente de Palma Sola sabe que corre peligro y se está organizando con el Movimiento Nacional Campesino Indígena -Vía Campesina. Su tarea es difícil, y aunque deben sortear a un titán financiero no se dan por vencidos. Gloria Mamani, la nieta de la anciana golpeada, habló con lavaca sobre la usurpación en Palma Sola:

“Hace dos años que están desmontando, pero un poco más atrás, donde estaba la hacienda. En un sector no tan cercano a la casa. No nos tocaban directamente a nosotros, aunque sí a nuestros animales.” Originalmente, la tierra de su finca no podía soportar el cultivo de porotos o de soja, pero el avance en la bio-genética permitió que, desde hace dos años, ese territorio se convierta en un jugoso emplazamiento para las semillas de CRAM.

Gloria continúa: “No respetan nada, ni el impacto ambiental; armaron un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en la casa de gobierno, allá en Jujuy, capital.” El plan fue decretado por el poder ejecutivo provincial, no se filtró por audiencias públicas ni participaron en su realización -tampoco fueron consultados- las comunidades campesinas e indígenas de la provincia. Según la ley nacional de protección de bosques nativos, ese plan de ordenamiento está conformado para delimitar zonas donde el desmonte esté prohibido, y otras en las que se conceda un uso sustentable.

El color del dinero

Según este plan, a los territorios se les asigna un color: el rojo (prohibición de desmonte), amarillo (desmonte parcial) y verde (sector desmontado). Gloria cuenta con impotencia cómo fueron cambiando poco a poco los colores asignados a su territorio, y de esa manera lograban devastarlo cada vez más. El BID otorgó un crédito de 3.000.000 de pesos a CRAM  para compras “de inmueble rural para tareas de desmonte y explotación.”

La empresa ni siquiera toma fuente de trabajo lugareña; llevan máquinas y herramientas desde Santa Fe y con “dos locos que están con tractores día y noche, en unas horas ya ocupan muchos kilómetros,” relata Gloria.

El miércoles que viene se presentará un amparo a la justicia para tratar de frenar los asedios de CRAM. Gloria: ”Nos amenazan con que nos van a prender fuego la casa, y con que nos van a llevar a la ruta. Nos matan a los perros que mueven la hacienda. ¿Cómo pueden hacer esa cosa tan maligna? Nosotros tenemos que seguir esperando a la justicia, cuando la justicia está a favor de ellos. Resistimos, pero de a poco, nos desalojan.”

Contacto

movnaccampesinoindigena@gmail.com
palmasolaenalerta@yahoo.com.ar
http://www.jujuyenluchaporelterritorio.blogspot.com

Video realizado por Docsur Comunicaciones

Unos 300 integrantes de la asamblea El Algarrobo fueron reprimidos a media tarde por las denominadas fuerzas del orden en Chaquiago, donde la asamblea realiza un corte en el camino que va hacia la minera. El episodio mostró la entusiasta e indiscriminada violencia policial (contra mujeres, niños, ancianos), y terminó generando una pueblada durante la noche, con quema de la intendencia y otros ataques emblemáticos: contra las oficinas de la minera Agua Rica, el juzgado y la fiscalía, y el supermercado Los Mellizos propiedad de una proveedora de la minera.

Video de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá

La pueblada de “los hippies”

El intendente justicialista José Perea culpó por los destrozos a concejales, docentes, al grupo Quebracho, y a “hippies”, en un reportaje a Radio XXI. Se hace difícil interpretar a qué se refería. En términos menos alucinados, puede plantearse que los reprimidos fueron los vecinos de Andalgalá, que se oponen a las mineras por conocer en carne propia los efectos de contaminación y empobrecimiento que genera desde hace 13 años el otro gigante minero de la zona, Bajo Alumbrera. Además existe alarma por otros proyectos como el llamado Pilciao 16, que somete a exploración minera -y futura explotación- al subsuelo de la propia ciudad de Andalgalá.

El lunes el conflicto terminó de estallar cuando una máquina  tipo oruga retroexcavadora y 20 camionetas de la minera, con el apoyo de la policía, se dispusieron a atravesar el corte. La resistencia de los ciudadanos -que reclaman un plebiscito sobre la instalación de la minera- fue quebrada a balazos de goma, culatazos, gases lacrimógenos y detenciones. “Te tiraban a dos metros, no podían errarle” contó Aldo Flores a lavaca.

Mensajes de texto

La policía intentó aislar a los integrantes de la asamblea que estaban en el corte, que por mensajes de texto alertaron a sus vecinos, lo cual provocó una automática salida de la gente a la calle en el centro de Andalgalá. El alerta sobre este tipo de situaciones rige desde diciembre, cuando se resolvió resistir la instalación de Agua Rica, minera de oro, cobre y molibdeno que triplicará en envergadura y efectos a Bajo Alumbrera, que viene trabajando en la zona con múltiples denuncias por la contaminación que llega además a otras provincias, además del brutal consumo de agua dulce que pone en riesgo la zona del Aconquija (los datos de la propia empresa indican 66.000 litros de agua diarios, aunque los expertos consigan diez veces más por el tipo de trabajo que implica la minería a cielo abierto).

Los andalgalenses no rechazan la minería por desconocimiento, sino por verla de cerca. “No sólo la contaminación y las enfermedades de cantidad de personas, sino que además no generan trabajo, ni riqueza. Catamarca sigue igual o más pobre,  y Andalgalá es el lugar de mayor desocupación de la provincia” explicó a lavaca Urbano Cardozo, acerca de las curiosas teorías sobre el progreso que implica la minería. El propio intendente Perea reconoció que no más de 40 andalgalenses (sobre 20.000 habitantes) trabajan en la mina.

Paralización de Agua Rica

Raúl Guillermo Cerda, juez Electoral y de Minas de Catamarca, ordenó paralizar las trabajos en la mina de Agua Rica, como resultado de los incidentes registrados en Andalgalá. Fundamentó la decisión, que rige hasta nuevo aviso, en la necesidad de “pacificar” a la comunidad. La empresa fue notificada.

“Lo que vivimos ayer todos los ciudadanos catamarqueños, de lo que sucedió en Andalgala, ameritaba que se tome una medida de este tipo, porque lo fundamental es preservar la paz social, la salud y la seguridad de las personas” indicó Cerda. La asamblea El Algarrobo, que integra la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) mantuvo el corte en todo momento, que abarca sólo a los vehículos y maquinarias. “Y después de todo el desastre que hicieron, la oruga que habían hecho subir, la bajaron” consignó don Urbano Cardozo.

Caiga quien caiga

Una semana atrás, el intendente José Perea había encabezado una marcha pro minera, con algunos cientos de empleados públicos. Luego lanzó lo que fue tomado como una amenaza: “El 25 de febrero, caiga quien caiga, las máquinas van a llegar al yacimiento”. La respuesta fue una movilización que reunió a más de 4.000 andalgalenses en contra de la minería.

El viernes 12 la fiscal local Marta Graciela Nieva fue hasta la zona del corte planteando que levantaran el bloqueo, cosa que por supuesto no obedecieron, ni tenían por qué. El juez Rodolfo Cecenarro ordenó liberar la zona y la fiscal fue acompañada por grupos de la policía local y provincial. Allí comenzaron los enfrentamientos que expresan la situación de violencia de las autoridades -hasta ahora contenida- que se vive en el lugar. Y que provocaron la reacción en las calles céntricas de Andalgalá.

Los Andes canadienses

La minera pertenece a Yamana Gold, empresa que se presenta en su página de Internet bajo el lema “Intelligent Mining” (minería inteligente). Yamana con el estereotipo de ser canadiense (como Barrick Gold) nacionalidad que les permite a estos emprendimientos facilidades y ocultamientos que no obtendrían siquiera en los Estados Unidos. Un reciente “cruce de Los Andes” pro minero promovido en San Juan por el gobernador José Gioja, se realizó portando las banderas argentina, chilena y canadiense, notable hallazgo geográfico en esa zona donde Barrick lleva adelante los proyectos Veladero, y el binacional de Pascua Lama, que amenazan con la destrucción de los glaciares, cuya ley de protección fue vetada por la Presidenta Cristina Kirchner.

Los medios y los fantasmas

Al silencio y las complicidades políticas se agregan los medios. “Siempre nos ningunearon y silenciaron” relata Aldo Flores. “Pero nosotros vamos a seguir igual, porque lo que está en riesgo es el planeta”. Urbano Cardozo Cree que en algún sentido las cosas recién empiezan, y que habrá futuras órdenes de desalojo del corte (que se ubican en el campo de uno de los integrantes de  la asamblea El Algarrobo). Para que se tenga una idea de los alcances de la voracidad minera, el proyecto Pilciao 16, de diciembre de 2005, habilita la exploración del subsuelo de la propia Andalgalá y “en caso de llegar a una Explotación, deberá contemplar la Indemminzación correspondiente y el mayor interés público del Estado para la prioridad del Desarrollo”. O sea, una prioridad del Estado (y del Mercado, para seguir con las mayúsculas) por sobre las comunidades que lo que están reclamando es ser consideradas y consultadas, para determinar si otorgan o no licencia social a estos proyectos.

“Pero no queremos que se haga Agua Rica, ni que sigan con Pilciao 16, ni ninguno de estos proyectos” dice don Urbano, al que no se le conocen antecedentes hippies alguno. ”Sí o sí vamos a seguir. No vamos a convertirnos en un pueblo fantasma”.

Dos días después, la gente de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Jujuy se hizo cargo y finalmente desde el sábado 6 montó la exposición -compuesta por veinte gigantografías a color- en el Centro Educativo Germán Abdala, por el transcurso de una semana. El jueves 11, Pablo Marchetti, director de Barcelona pudo dar una charla en la escuela, sin sufrir desilusiones por parte de la municipalidad. Asunto previo a las palabras de Marchetti, fue la actuación de un trío de comediantes jujeños que hizo una sátira del rechazo a las contratapas de Barcelona. Para eso, ridiculizaron algunos arquetipos de la sociedad conservadora: un párroco, una “buena señora” y un empleado autómata.

Los integrantes de Barcelona habían enviado la muestra hacia Jujuy en dos tubos de cartón en los que se encontraban las veinte lonetas que conforman el despliegue artístico. Cuando Calvo, la censora - que paradójicamente asegura que disfruta de algunas soluciones europeas, o sea que es lectora de la revista - vio las contratapas, dijo escandalizada: “No, no, yo no puedo colgar esto aquí. Por la gente, por cuidado.” Semejante comentario hizo que la entidad a su cargo cargue de ahora en más con el nombre de Censurarte.

Index Barcelona

Mariano Lucano, el realizador de las contratapas de Barcelona, narró a la lavaca los anteriores episodios de conflicto que tuvo la muestra, hace ya tres años: “Fuimos invitados por la USAL (Universidad de San Luis), a colgar las contratapas en los pasillos de Sociales. Vinieron alumnos de Exactas, la facultad que está al lado, a protestar porque se sentían ‘ofendidos y lastimados en lo personal’.” En esa oportunidad la muestra estaba compuesta por tres gigantografías; una de Von Wernich -el cómplice del genocidio, con crucifijo-, una del padre Grassi y otra sobre el aborto. “En la charla de presentación generaron una especie de debate público. Yo me sentía desdibujado totalmente porque estaba siendo testigo de una charla interna entre dos grupos universitarios distintos. Y yo se suponía que iba a hablar, pero termine moderando el debate. Mientras tanto, estos chicos de exactas, se llevaron las tres contratapas que los ‘lastimaban’. No volvieron a aparecer.” Y termina, con ese humor ácido que tipifica a Barcelona: “Son las tres contratapas secuestradas en democracia.”

En Tucumán, Contratapa’s estaba a cargo de la librería El griego, y se exhibía sobre una peatonal  - dice Lucano- “de manera tal que artísticamente a nosotros nos cerraba un montón porque si las contratapas son parodia de publicidad y de afiche callejero, era una forma de cerrar el círculo”. En el día de la presentación, apareció un camión con chapa de la municipalidad, levantaron las veinte gigantografías y se las llevaron sin esgrimir argumentos, a pura prepotencia de cuerpo público. Como si fuera poco, el hijo del dueño de El griego, que estaba tomando fotos a la muestra, sufrió una tunda de la patota municipal.

El asunto se resolvió dos días después en un galpón oscuro: “Lo llamaron al titular de la asociación de prensa, y devolvieron la muestra en el galpón, en la oscuridad, sin que nadie de la cara o algo por el estilo. Por supuesto, la muestra volvió a la calle.”

La causa cuenta con un testigo único: un individuo protegido y de identidad reservada que asegura haber visto a Rubén caído consciente en las inmediaciones de Vélez. Y algo más comprometedor: el mismo testigo denunció la situación a un cabo de la comisaría 44°. (Cabe aclarar: Rubén no fue encontrado por la policía sino por dos jóvenes que jugaban a la pelota dentro de un club cercano a Vélez). “Estamos intentando determinar quién tomó esa denuncia y no la siguió…”, dice Azcoy.

Los hechos

El 8 de diciembre Rubén Carballo falleció tras 24 días de internación y lucha contra un estado de coma farmacológico. Desde el 14 de noviembre - fecha en la que la banda Viejas Locas se presentó en Vélez- arrastraba una severa fractura de cráneo, su hombro izquierdo destrozado y marcas varias de balas de goma en su torso. La Comisaría 44°, a cargo de la seguridad del recital (si es que la palabra “seguridad” conserva algún sentido en este caso) mantiene al día de hoy un argumento inconcebible: que Rubén se cayó de la bajada de la autopista, desde unos 7 metros. Y retumba el caso Bulacio, de nuevo, cuando los policías argumentan sobre el origen de los enfrentamientos: “Pretendían ingresar al estadio sin entradas”.

La familia preserva el ticket que Rubén había sacado con un mes de anticipación. El caso cobró notoriedad, pero es confirmación de una tendencia: más de 2.800 jóvenes, casi todos menores de 25 años, fueron muertos por el accionar de las fuerzas de seguridad desde 1983.

La pericia

La fiscalía estuvo ya presente en el peritaje realizado por la querella, que no tiene validez como prueba aunque sí perfila los resultados que se esperan. Azcoy: “La pericia fue perfecta por prolija. Y el resultado apoyó nuestra hipótesis: que los golpes y heridas que presenta Rubén no son compatibles con una caída”. De ese estudio surgió que hubo “golpes contundentes” propinados por un objeto “romo” y no los golpes típicos de una caída.

La Fiscalía 2 - a cargo del doctor Eduardo Cubría- apunta sin embargo todas sus líneas de investigación a la teoría policial, exonerándola de responsabilidades. “La policía y la fiscalía están mancomunadas, van de la mano…”, remata Azcuy.

La pericia oficial, en efecto, no resultará definitoria: resta el trabajo de la querella por determinar que efectivamente se trató de bastonazos policiales. Queda pendiente también el cambio de carátula, para así empezar la investigación por homicidio, a meses del hecho, lo que implica tiempo perdido, pruebas borradas, desgaste, y comenzar todo de nuevo. Es una lógica conocida en estos casos: su carátula se llama impunidad.