Corcovado quiere consagrar el Día contra la Represión

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Se cumple un año de la inédita represión provocada en Corcovado, Chubut, por el GEOP (Grupo Especial de Operaciones) que con el argumento de buscar a un prófugo allanó casas, derribó puertas, golpeó y detuvo ilegalmente a decenas de personas, sembrando una situación de terror que la justicia empezó a investigar como delitos de lesa humanidad, aunque luego moderó la causa caratulándola como “abusos de autoridad” entre otros, pese a que los apremios ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad están vastamente documentados. Además, quedó el saldo de un desaparecido, Luciano González. Mientras se juzga al jefe del GEOP, los vecinos quieren declarar al 12 de marzo, cuando desapareció González, ”Día contra la represión institucional y policial”.

Hace apenas un año, en marzo de 2009, sobre la cordillera chubutense, en el pueblo de Corcovado funcionaba un virtual “estado de sitio” a cargo del GEOP, grupo de elite de la policía provincial. Los vecinos relatan que luego de las 9 de la noche estaba prohibida cualquier caminata si uno no presentaba documentación; también, que escuchaban constantemente ráfagas de disparos. Los uniformados ejercían diariamente violaciones insólitas: hurgaban en las casas, destrozaban inmueble, golpeaban y apuntaban con el fúsil a señoras y chicos; rompían guitarras, heladeras y televisores al tiempo que iniciaban a la gente en artes marciales pateando cabezas y espaldas. Encapuchados, recorrían el pueblo en estado de euforia y gran excitación. Desde el 8 de marzo hasta el 27 de ese mismo mes, el GEOP se consagró amo y señor de las calles y las casas de Corcovado. En vistas de lo relatado no resulta extraño que se esté tratando de instalar, a pedido de los vecinos, el 12 de Marzo como “Día contra la represión institucional y policial” ya que en esa fecha, además, desapareció un poblador de la zona, Luciano González.

Marta Bustos, madre de Cristián

Marta Bustos, madre de Cristián

¿Pero, por qué llegó este grupo a Corcovado? ¿Por qué Corcovado, un pueblo de 2.000 habitantes, necesitaba de una fuerza experta en la represión?

La historia es la siguiente: Cristian Bustos había sido condenado por la justicia por asesinar a su bebé, aunque seguía declarándose inocente. Se escapó de la cárcel de Corcovado. El 8 de marzo de 2009 apareció en casa de sus padres. La policía se presentó para esposarlo. Cristian y sus tres hermanos esperaban con angustia que llegara su abogado. Por miedo u otras razones desconocidas, Bustos intentó escapar, protegido por sus hermanos. La policía comenzó a balear, alguno de los Bustos respondió. Resultado: un uniformado muerto y otro herido, uno de los hermanos parapléjico de un balazo, uno muerto y el restante preso. El buscado Cristian, fue el que escapó. Con la excusa de encontrarlo, el GEOP llevó esa misma noche el terror al pueblo: los hechos posteriores son conocidos.

Descargar la nota “El paraíso del terror”,
Mu diciembre 2009

El fiscal de Esquel Martín Zacchino

El fiscal de Esquel Martín Zacchino

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, formalizó la investigación de esos delitos. En un comienzo, calificó los hechos – apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, abusos a los ciudadanos, culatazos, vejaciones, amenazas- como de “lesa humanidad”. Pero la jueza Carina Estefanía alivianó la causa. La carátula es ahora de “Abuso de autoridad en concurso ideal con vejaciones agravadas por haber sido cometidas mediante violencia física y amenazas” y contiene cinco casos particulares, todos ocurridos entre el 12 y 27 de marzo de 2009. Fuera de estos cambios de delicadeza penal, los hechos existieron y los vecinos los denunciaron y describieron ante la justicia. Incluso hay pendientes otros casos porque aún no se han recolectado las pruebas suficientes como para probarlos.

En concierto con un típico procedimiento judicial que inculpa a quien por cadena de mando es responsable de los hechos, el jefe operativo del GEOP, Miguel Gómez, Oscar Marinao (comisario de Esquel) y Oscar Muñoz (de Corcovado) son los únicos imputados en la causa.

El comisario Marinao está relacionado con otro caso: desde marzo del año pasado, también a causa del GEOP, Luciano González está desaparecido. El 12 de marzo caminaba por el Cerro Centinela donde hubo -supuestamente y en condiciones no muy claras- una pelea. La policía de Esquel llegó y pidió refuerzos a Corcovado. No había efectivos policiales para el caso, por lo que enviaron un auxilio especial: el GEOP, que carga ahora también con el silencio de un desaparecido. El hermano de Luciano, Arturo, sigue luchando a pesar de que “la justicia no hace nada”. Hasta el día de hoy no tiene noticias de él.

Mientras tanto, en la página oficial del GEOP se anuncia la destrucción de armas (30, de un lote de 3000) en el contexto de un programa llamado “Chubut, por una sociedad en Paz”. A modo de broma, prometen también capacitar a sus efectivos y canjear “juguetes bélicos”.

El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, denunció que en Corcovado, Chubut, el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) cometió delitos de lesa humanidad en marzo de este año, mientras buscaba a un prófugo. lavaca estuvo en ese pueblo cordillerano de 2.000 habitantes donde ocurrieron al menos una desaparición, apremios ilegales, domicilios violados, privaciones ilegítimas de la libertad, culatazos, patadas, vejaciones, amenazas, abusos contra los pobladores, incluyendo niños, y un virtual estado de sitio, que conformaron 15 días donde el terror se instaló merced al grupo de tareas de encapuchados que, de paso, no encontró a quien buscaba.

Hasta el momento el peso de las investigaciones y denuncias al respecto parecía recaer en el Defensor Oficial Omar López, que llevaba adelante 16 querellas por esos delitos pero la conferencia de prensa de Martín Zacchino cambió la química de la cuestión, al asumir la propia Fiscalía la profundidad de lo ocurrido, ignorado hasta ahora por buena parte de la prensa y la clase política. “Los delitos cometidos son de lesa humanidad” dijo el fiscal y agregó: “Se trata de delitos que provienen desde el Estado, que se dirigen sistemáticamente contra una población civil o parte de ella, y en Corcovado se dan esas notas típicas. Y son delitos imprescriptibles, el transcurso del tiempo no hace mella en la investigación”. El Defensor Oficial ya había adelantado a lavaca que la responsabilidad debía recaer sobre el jefe del GEOP, Miguel Gómez, y los comisarios de Esquel (Oscar Marinao) y Corcovado (Oscar Muñoz). El fiscal ahora agregó: “No descartamos que deba ser investigada la conducta u omisión de la plana mayor de la policía de la provincia del Chubut”, entidad conducida por el comisario Juan Ale que también estuvo en Corcovado mientras estos delitos se llevaban a cabo y no hizo más que justificar desde entonces las atrocidades cometidas por el GEOP.

Breve historia

El caso comenzó el 8 de marzo, cuando Cristian “Mai” Bustos, 27 años apareció en casa de sus padres. Cristian había sido acusado dos años antes por la muerte de su bebé de 9 meses, Benjamín. El juicio no alcanzó a dejar clara la responsabilidad de Cristian, que siempre se declaró inocente. La sentencia no estaba firme, y Bustos escapó en 2007 de la comisaría de Corcovado, primer hecho bochornoso para la fuerza.

Este 8 de marzo reapareció sosteniendo que quería entregarse. Llevaba un rifle y un revólver viejo. La policía acudió al mediodía a la casa de la familia. Omar Bustos es albañil, su señora Marta es ama de casa, y juntos han tenido diez hijos. “La policía rodeó la casa y yo salí a explicarles que mi hijo se iba a entregar apenas llegara el abogado Eduardo Marsal, por seguridad” explicó Omar a lavaca hace pocos días, en la casa donde se desencadenó esta parte de la tragedia.

Pero la policía siguió presionando, acercándose a las ventanas, Cristian Bustos se asustó, lloraba y gritaba “me quieren matar” y finalmente, mientras su padre hablaba con la policía, se produjo la siguiente escena. Cristian, rodeado por sus hermanos Wilson (19 años), Daniel (22) y Marcos (16) salió de la casa. Marcos llevaba el revólver. Cristian el rifle. Los otros mostraban cuchillos. “Salieron gritando que no dispararan” relata Marta, la madre de todos ellos. El grupo así apiñado cruzó el patio de entrada, salió a la calle, la policía expectante, los jóvenes se fueron acercando a una de las esquinas, y salieron corriendo. La policía se lanzó a perseguirlos. Empezaron a escucharse balazos. Los testimonios mencionados por el doctor Omar López a lavaca indican que disparó primero la policía.

En un lapso de poco más de medio minuto el escenario fue el siguiente: el policía Leandro Roberts muerto, otro policía herido, Wilson Bustos muerto de un balazo en el cuello. Daniel Bustos se entregó pero mientras estaba arrodillado con las manos en alto le dispararon a una de sus piernas. Marcos Bustos recibió un balazo en el tórax, alcanzó a correr poco más y cayó. Herido y ensangrentado, lo subieron a un acamioneta y le patearon la espalda y la cabeza. “Me dijo que en ee momento dejó de sentir las piernas” revela Marta, su madre. Quedó parapléjico. Nunca volverá a caminar.

Y Cristian, el prófugo, logró escapar de un modo inconcebible, siendo que no tenía donde esconderse y que la policía tenía autos, camionetas y vehículos. Continúa prófugo desde aquel día. La Fiscalía acusó por la muerte del policía a Daniel Bustos, también albañil, que no llevaba armas de fuego, y por el que hubo que solicitar un hábeas corpus tras el armado policial en Esquel de un “intento de fuga” por el que casi lo fusilan, y del que se salvó porque desde la calle se escucharon sus gritos.

Llega el GEOP

Ese mismo 8 de marzo el Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) apareció en Corcovado e inició un raid de allanamientos que tuvieron estas características:

  • En el 90 por ciento de los casos no presentaban orden de allanamiento.
  • Rompían a patadas y culatazos las puertas de las casas.
  • Una vez adentro amenazaban a los vecinos con armas largas, enfocando sobre sus cuerpos el punto rojo del rayo láser de las miras de sus armas.
  • En otros casos directamente empujaban y golpeaban a los moradores. A una señora de casi 75 años, la agarraron del cuello y la tiraron contra la pared. A dos adolescentes que estaban tocando la guitarra les pegaron culatazos, se pararon sobre sus cuerpos para pisarlos y les pisotearon la guitarra eléctrica.
  • En una de las casas redujeron a la familia y a los niños, y también golpearon al gasista que estaba haciendo un arreglo. Le secuestraron el celular. A todos los maniataban a la espalda con precintos plásticos, como si fuesen valijas o paquetes.
  • Dispusieron, como reconoce la Fiscalía, un estado de sitio virtual donde no se podía andar después de las 9 de la noche sin documentación, y donde además cada noche se escuchaban ráfagas de balazos disparados por el GEOP como forma de amedrentamiento.
  • La violencia incluyó la situación de una señora pateada en el piso, con el fusil apuntándole a la cabeza, mientras los encapuchados se metían en el cuarto de su hija de 8 años. La mujer gritaba que se la trajeran. Tardaron un tiempo que ella no puede calcular. “Se la acercaron casi desnuda, apenas con una bombacha” reveló el defensor Omar López a lavaca, “lo cual en sí mismo constituye una terrible vejación para una niña”. Se está esperando la realización de una Cámara Gesell, que acaso permita que la chiquita cuente lo ocurrido en ese lapso, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
  • Coparon las calles, siempre encapuchados y exhibiendo armas, hicieron evacuarl el colegio, sembraron miedo a cada paso.
  • El defensor López agregó a lavaca: “Los testimonios relatan además que era gente en estado de gran excitación, euforia, con los ojos inyectados, que transmitía un enorme descontrol”. A estas cosas se les llama “grupos de élite”.
  • En todos los casos rompieron puertas, muebles, equipos de música, vidrios de automóviles, heladeras, tiraban la comida de los habitanes de las casas (tal vez buscaban rifles en los paquetes de yerba y/o polenta).
  • Toda esa desesperación se esfumó de un día para el otro. El 26 de marzo, tras 15 días de terror en el pueblo, y pese a que nunca encontraron a Bustos, los integrantes del GEOP dejaron de merodear por Corcovado.

Los detalles de esta investigación se publicarán en la edición de diciembre de Mu, el periódico de lavaca.

Un desaparecido

Poco antes, el 12 de marzo, se habían producido muy cerca, en Cerro Centinela, dos detenciones, la de Luciano González y otro vecino de apellido Jaramillo. Este último denunció que ambos fueron tremendamente golpeados por la policía. Estaban desobedeciendo el “estado de sitio” del GEOP y tomaban cerveza de noche. Jaramillo fue llevado a Trevelin donde lo soltaron. De Luciano González nunca se supo más. Desde marzo es otro de los desaparecidos argentinos.

En términos generales el caso fue ignorado por la prensa, los políticos, por la llamada “agenda” de actualidad, y de esa omisión puede inferirse lo que lavaca pudo comprobar que en la propia Esquel (a 100 kilómetros de Corcovado) donde más de uno supone que “no fue para tanto”.

En sentido contrario funcionaron la persistencia del defensor oficial Omar López, las denuncias de páginas de Internet como Puerta E, trabajos de divulgación como los realizados por el abogado Gustavo Macayo, y las denuncias realizadas por la mapuche Moira Millán, que se encadenó en mayo al ministerio de Justicia, entonces encabezado por Aníbal Fernández, que la recibió, recibió a la familia Bustos y prometió investigar.

En efecto, el ministerio envió una comisión del Programa Antiimpunidad a Corcovado, encabezada por Leandro Jarsún, que habló con los pobladores y realizó un informe protocolizado ahora por el ministerio, que quizás haya ayudado a que la propia justicia empezase a mencionar las cosas por su nombre. En aquel momento los Bustos pudieron conocer y recibir el apoyo de Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, pero desde mayo todo parecía en el ostracismo.

El doctor López además tuvo que aclarar en las audiencias por todo este caso, que la idea del GEOP de que debía solucionar una situación de supuesto peligro (por la fuga de Bustos) tuvo el efecto absolutamente inverso: “El miedo, el terror, el peligro, fue el propio GEOP, que repitió todo lo que creíamos superado durante el proceso militar, y violó sistemáticamente la ley”.

La semana pasada Marta Pinchulef, la madre de los Bustos, dijo a lavaca: “Acá hubo terrorismo de Estado”. Esta mujer sencilla entendió lo que se le escapó a tantos. Contra lo que trataban de instalar el gobernador Mario Das Neves y la cúpula de la policía chubutense, quedan confirmados ahora los testimonios (que en muchos casos no quisieron aportar nombres, por miedo). El Estado sigue siendo capaz de violar los derechos humanos, lo hace, y en estos casos, como ocurrió también con otras actuaciones del GEOP en los últimos meses sobre todo en Trelew (desalojos violentos, detenciones arbitrarias, golpizas, destrucción y quema de viviendas) se observa que se trata de una metodología estructurada para instalar el control social y el miedo. Es una antigua corroboración: estas violencias son sistemáticas. No hubo errores, ni hubo excesos.



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