Definición para los inquilinos presos: Justicia o aberración jurídica
Categoría: Notas
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En estos días la Cámara de Apelaciones deberá pronunciarse sobre la causa que mantiene presos desde hace mes y medio a 23 personas que reclamaban ante los aumentos en un inquilinato de San Telmo. El negocio detrás de la represión, y la opinión del abogado Norberto Soares, quien cree que los delitos imputados pueden anularse porque son una “aberracion jurídica”.
“Coacción agravada”, “robo”, “resistencia a la autoridad”, son algunas de las figuras penales que mantienen a ocho mujeres en el penal de Ezeiza y a quince hombres en la cárcel de Devoto. Desde hace un mes y medio esperan que se defina su situación procesal, esperan conocer algo parecido a eso que se llama justicia para volver a encontrarse con sus familias. La decisión está en manos de los doctores Mario Filozof, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich, integrantes de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Deberán responder, en un plazo no mayor a cuatro días hábiles, al fundamento del pedido de excarcelación de los detenidos presentado ayer por el abogado defensor Norberto Soares y su equipo.
El letrado explicó a lavaca que el tribunal tiene que resolver “si sobreseen o dictan la falta de mérito por los seis delitos que se les imputa. Cabe la posibilidad que mantenga la acusación por alguno de esos delitos. En este caso, deberá decidir si corresponde la excarcelación. Pero si los sobreseen por todas las imputaciones tienen ser puestos en libertad en forma inmediata porque no hay acusación”.
Soares admite que tiene la sensación de que gran parte de los cargos que les adjudicó el Juzgado de Instrucción Nº5 “van a quedar sin efecto, se van a caer porque se trata de una aberración jurídica”.
Discriminación y silencio oficial
Cuando los dueños del inquilinato, llamado casi sarcásticamente Hotel Carlos V, decidieron subir el precio del alquiler de 380 pesos a 1200, dejaron en claro que no iban a negociar con las 20 familias porque eran “peruanos y bolivianos”. Frente al nuevo precio, sólo cabía pagar, o irse. Durante las discusiones, agregaron que tenían “arreglos” con la policía de la Comisaría 26. Soares cuenta que todo esto fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (INADI) pero la entidad no brindó respuesta alguna. Además, ocho días antes de las detenciones, en la Fiscalía 27 del fuero Contravencional, dos de las mujeres ahora detenidas habían realizado una denuncia contra la encargada del hotel. En aquel momento plantearon que para evitar que se realizara una reunión de inquilinos, esta persona empujó por las escaleras a una de las arrendatarias, cuyas lesiones comprobó el médico del SAME que tuvo que asistirla en el lugar.
¿Garantías?
El 8 de agosto quisieron hablar con los dueños, solicitaron ayuda a la Asamblea de San Telmo, terminaron encerrados con candado por la propietaria y allí llegaron unos 100 integrantes de las brigadas de la Policía Federal, que desencadenaron una represión de la que no se salvaron ni los chicos. Terminaron apresando a 23 personas. En esta parte del relato el abogado indica que también hubo serias irregularidades. “Se los puso a todos contra la pared y el ‘reconocimiento’ se hizo sin ningún resguardo constitucional, ni procesal”. Sin embargo, al Juzgado Nº5 le alcanzó con que los dueños señalaran a “los delincuentes” con el dedo, en una suerte de inversión de la carga de la prueba: culpables, hasta que demuestren lo contrario.
Soares recuerda que este procedimiento tiene sus códigos: “La persona que está imputada de un delito debe ser reconocida entre otras tres personas con fisonomía similar. Además en el momento de la detención las autoridades deben leer los derechos del demorado”. En este caso no se cumplieron ni con esas mínimas garantías.
Las víctimas, robadas
Como si todos estos atropellos fueran poco, los familiares de los detenidos denunciaron que los dueños del Hotel Carlos V se quedaron con todas sus pertenencias; ropa, dinero, electrodomésticos, entre otras. Esto ocurrió con el aval de la policía y del juzgado. Indica Soares: “Los uniformados no resguardaron la escena del hecho (que se supone delictivo) como se hace en todos los procedimientos. Se debió haber clausurado el hotel, se debió haber hecho pericias para saber qué es lo que hay, qué es lo que no hay dentro del lugar, pericias inclusive contables para saber en qué condiciones estaba el hotel”.
Ocurrió algo muy diferente: apenas los inquilinos fueron castigados con la cárcel y sus familiares desalojados con lo puesto, comenzaron las obras de remodelación que convertirán, una vez finalizadas, al inquilinato Carlos V en un “hostel” turístico.
Mafias inmobiliarias
El referente de la Asamblea de San Telmo, Rubén Saboulard denunció que todo el “corredor turístico” que incluye barrios como San Telmo, Monserrat y Constitución, es escenario de una guerra contra los inquilinos y luchas de mafias inmobiliarias “donde los que aparecen como supuestos dueños de los inquilinatos, tampoco tienen títulos de propiedad, y por eso buscan el apoyo de la policía y los jueces para conseguir los desalojos”. Allí está la clave para comprender por qué estas familias fueron reprimidas, privadas de vivienda, y de su libertad. Hasta que se demuestre lo contrario.
