Por primera vez en Argentina se procesó a un propietario y productor agropecuario bajo la figura de homicidio, por la muerte de un niño de 4 años que en abril de 2011 pisó un charco contaminado e inhaló agroquímicos provenientes de una tomatera, en el pueblo de Lavalle, provincia de Corrientes. Así lo determinaron las pericias que detectaron herbicida endosulfán en los siguientes lugares:
- En las inmediaciones de la chacra del productor Ricardo Nicolás Prieto.
- En el organismo de Nicolás Arévalo, 4 años, la víctima. El veneno fue absorbido a través de la piel de sus pies y por inhalación, según el procesamiento dictado por el juez de instrucción Carlos Balestra.
La autopsia al cuerpo del niño determinó la aplicación d el Código Penal para procesar al productor bajo la figura de “homicidio culposo agravado y lesiones graves” por la muerte de Nicolás y por la intoxicación de su prima Celeste Estévez (7 años), quien estuvo 3 meses internada en el Hospital Garraham de Buenos Aires y aún hoy (un año y medio más tarde) continúa en tratamiento.
En Lavalle otro niño de 4 años, José Carlos Rivero, falleció en mayo de este año y se presume que la causa es idéntica, aunque por otro agroquímico.
Contacto venenoso
Lavalle es un pueblo de 3 mil habitantes situado a 10 kilómetros de Goya, la segunda ciudad en importancia de Corrientes. La zona rural llega hasta el frente de la casa la familia Arévalo, lindante con una chacra ubicada en el paraje Puerto Viejo. “Inmediatamente la familia de Nicolás señaló a las fumigaciones de la plantación de tomates del lugar. Los nenes tomaron contacto con el veneno que había chorreado hacia la calle, al pisar unos charcos. Al rato empezaron a sentirse mal”, relata a lavaca Emilio Spataro, integrante de la Campaña Salvemos al Iberá. Al día siguiente Nicolás fue internado en el Hospital Zonal de Goya con un cuadro de intoxicación, fuertes dolores en el cuerpo y vómitos. De ahí fue trasladado al Hospital Pediátrico Juan Pablo II, donde murió 3 días después.
Autopsia
La autopsia efectuada en el Juan Pablo II demostró que lo que decía la familia era cierto y que la causa de la muerte fue la intoxicación con el herbicida endosulfán. Por primera vez en Argentina se pudo probar de modo directo que la causa de una muerte fueron las fumigaciones. Pericias posteriores también demostraron la presencia del agrotóxico en toda la zona.
“Con todos estos elementos se reclamaron dos cosas” explica Spataro: “Que se eleve a juicio y se procese al dueño de la tomatera, y que se paren las fumigaciones. No se logró esto último pero sí el procesamiento, luego de marchas, movilizaciones, difusión pública y, sobre todo, de difundir en Corrientes el antecedente del caso del juicio en Ituzaingó”. En ese juicio (en el que se condenó por fumigar a un productor y un aeroaplicador) se aplicó la Ley de Residuos Peligrosos, que aún no está reglamentada en Corrientes: esa es la raz{on por la que juez Balestra recurrió al Código Penal, según Julián Segovia, abogado de la familia Arévalo: “Es un mensaje a unos 1.800 productores de la zona sobre las consecuencias de lo que están haciendo” dijo a lavaca el abogado, integrante a la vez de Infancia Robada, organización encabezada por la hermana Martha Pelloni.
Juicio en espera
La defensa de Prieto apeló el procesamiento, tema que ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones de Corrientes para determinar si el juicio sigue adelante: “Nosotros somos optimistas al respecto, ya que hay pruebas muy concretas de la causa de la muerte de Nicolás” planea el abogado Segovia. “No deja de ser una maniobra dilatoria, porque en el mejor de los casos el juicio se podrá realizar el año próximo” agrega por su lado Spataro. El acusado Prieto, vale aclarar, es ingeniero y fue quien diseñó y montó el sistema de fumigación de la chacra que provocó todo este episodio.
Nada cambia
A pesar de la contundencia en las pruebas y la visibilidad que cobró el caso en Corrientes, la situación en Lavalle no ha cambiado. “El gobierno correntino no ha tomado ninguna medida para cuidar la salud de la población de Lavalle, y tampoco se ha tomado ninguna medida para remediar la contaminación de la zona”, dice Spataro. En este sentido se espera que la muerte de Nicolás sea un caso testigo que no se limite al juzgamiento de los responsables sino que cambie la realidad de las poblaciones que lindan con zonas de cultivos donde se utilizan agroquímicos. Cuenta Spataro: “Estamos realizando relevamientos en hospitales y el panorama es bastante grave, tanto por nacimientos con malformaciones como como por muertes de niños”.
“La familia de Nicolás es de escasos recursos, y por eso la hermana Pelloni y la organización Infancia Robada está colaborando para que se pueda hacer el juicio y la situación no quede impune” explica el abogado Segovia.
Otro caso
El otro caso en Lavalle ocurrió en mayo de este año: José Carlos Rivero, 4 años. En el hospital, un análisis de orina determinó la presencia de agroquímicos en su cuerpo, poco antes de morir. Spataro: “No se sabe exactamente cómo lo ingirió, pero en este caso la familia vio que la tomatera estaba fumigando e inmediatamente habían empezado a morir los chanchos, las gallinas”.
La familia Rivero vivía muy cerca de la casa de los Arévalo, y sabían lo ocurrido un año antes con Nicolás y su prima. Decidieron mudarse a la casa de un familiar, pero José Carlos seguía empeorando y rápidamente fue trasladado al hospital local. “Luego lo derivaron al Garraham porque en Corrientes no querían tener otro caso controvertido” dice Spataro. José sobrevivió una semana, pero finalmente murió el 12 de mayo de 2012.
En su caso la investigación continúa. “En el Garraham solamente dijeron que había muerto por intoxicación sin buscar cuál había sido el elemento” explica el abogado Segovia. Spataro coincide con el argumento: “El Garraham no buscó determinar el origen de la intoxicación, pero posiblemente el antecedente de Nicolás permitirá que se realice una investigación más a fondo”.
La situación de la producción correntina no ha cambiado, pero sí la percepción de la sociedad, a partir de la difusión de estas muertes. Spataro: “Es un contexto complicado pero vemos que las organizaciones y la sociedad civil están firmes, las familias están muy firmes y queremos que esto no vuelva a ocurrir”.
