Límites
Categoría: Notas
Tags: alerta, derechos humanos, libertad de expresión, medios comerciales
Hay un solo tipo de frontera que jamás debería trasponerse. Hace tiempo que el periodismo la cruzó y es probable que ya ni la recuerde. Esa amnesia es, quizá, lo único que distingue a los prudentes de los bárbaros: no hay otra categoría posible cuando una sociedad violenta sus límites. La dictadura marcó esa grieta y desde entonces la profesión se acostumbró a enmendar sus miserias tardíamente, como si la devoción por la Historia pudiese compensar su cinismo contemporáneo. Es justamente la fatal condición de actualidad que preña al periodismo lo que nos lleva a recuperar hoy la memoria corta de los cruces recientes. Revelan la complejidad, la intensidad de los problemas que nos afectan y sobre los cuáles estamos aun muy lejos de pensar juntos las respuestas.
Un ejemplo: el sábado 17 de julio de 2004 el periodista Horacio Verbitsky publicó en la portada del diario Página 12 una columna titulada, justamente, “Límites”. Escribió allí:
“El asedio a la Legislatura por un minúsculo grupo que impidió la sesión, rompió y quemó las puertas de acceso, no dejó vidrio sano y retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores, marca un límite que el gobierno nacional no debería ignorar, sin grave riesgo para su futuro”.
En este primer párrafo están señaladas las figuras penales que retuvieron en prisión durante 14 meses a 14 hombres y mujeres que luego, durante el juicio oral, fueron declarados inocentes. Se los acusó de coacción agravada (“un minúsculo grupo que impidió la sesión”), daños agravados (“quemó puertas de acceso, no dejó vidrio sano”) y privación ilegítima de la libertad (“retuvo como rehenes durante horas a sus trabajadores”), delitos no excarcelables que convirtieron el proceso –durante el cual se supone que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario- en la verdadera condena. Verbitsky además de representar a uno de los periodistas más respetados de la prensa gráfica era –y es- presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) un organismo que desde los tiempos duros de la dictadura se dedica a la defensa de los derechos humanos. Es decir: a que el Estado no cruce nunca más la raya.
Es absolutamente cierto que no es culpa de Verbitsky que esos hechos fueran atribuidos a esas personas. Su confusión es otra: atribuirle a este Estado –a esta justicia, a esta policía, a las débiles instituciones democráticas- un funcionamiento derecho y humano.
La realidad es muy otra.
El sistema actual sigue funcionando de una manera brutal, aunque modernizó las formas: la patota es ahora mediática. Son los medios quienes señalan los blancos sobre los cuales se aplicará la violencia de Estado. Una violencia que se ejerce, por definición, de forma arbitraria y que por lo tanto no garantiza que el peso de la justicia recaiga sobre los “verdaderos culpables”, sino que se conforma con aplastar a los sectores sociales que se resisten a ser “normalizados”.
En la sentencia final que juzgó los incidentes de la Legislatura, el Tribunal que exoneró a los involuntarios protagonistas -vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución- sintetizó lo que debería convertirse en la moraleja de esta historia: tras dos años de investigación, no se sabía qué había pasado. Ordenó entonces que continúen las actuaciones, cosa que jamás ocurrió. A la justicia ya no le interesaba la verdad, sino la oportunidad. Y esto es algo que solo sincroniza con la agenda mediática. Poco importa lo que le paso a esas personas concretas, a las que nadie, nunca, pidió perdón.
Casi cinco años después, otro hecho complejo es igualmente reducido a trazos groseros. El domingo 17 de mayo un grupo de veinte personas intentó manifestar sus opiniones contrarias a las políticas genocidas del Estado de Israel. Hubo golpes, cinco detenciones y una condena mediática, que clasificó el hecho como un acto “antisemita”.
En realidad, nadie puede saber qué pasó realmente, aunque hay otras verdades que son evidentes
Confundir las críticas al Estado de Israel con manifestaciones de odio racial podría clasificarse con un signo de brutalidad sino fuera porque se trata de una táctica sostenida globalmente por el gobierno israelí para desacreditar las denuncias a sus políticas. Así lo describe la intelectual Adrienne Rich en la carta fechada el 3 de febrero de este año donde anuncia su apoyo al boicot al Estado a Israel, una campaña que nació como respuesta al llamado de 170 organizaciones de la sociedad civil palestina : “Como judía americana, me he unido a otros judíos preocupados para trabajar contra la ocupación. He visto todo tipo de esfuerzos organizados para silenciar –en Estados Unidos y en otras partes del mundo– las críticas a las políticas de Israel y las campañas para condenar cualquier tipo de crítica como antisemitismo. Junto con otros activistas y escritores he sido acusada por los derechistas de ´odiar a Israel´ u ´odiar a los judíos´.
En la causa que se originó por los hechos del domingo se presentaron como querellantes cinco personas que dicen haber sufrido daños durante la refriega, entre ellas el abogado Alejandro Broitman, a quien el Tribunal Oral N° 5 denunció ante el Colegio Público de Abogados de la Capital por “conducta inaceptable”. Broitman festejó al grito de “Vamos, carajo” la absolución de su defendido, el comisario Miguel Ángel Trimachi, acusado de secuestrar, fusilar y dinamitar los cuerpos de 20 hombres y 10 mujeres en la llamada Masacre de Fátima.
El giro inesperado llegó cuando el juez Claudio Bonadío aceptó la propuesta presentada por la DAIA y encuadró los hechos bajo la figura penal de “prepotencia ideológica”, que le permitió allanar la sede de un movimiento social, detener a otras 10 personas y ordenar la captura de Roberto Martino, referente del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR).
El día anterior a todas estas medidas procesales, el periodista Daniel Santoro publicó un artículo denunciando que el 10% de los planes sociales los “manejan grupos piqueteros”. Su fuente: el estudio que realizaron Christian Gruenberg y Victoria Pereyra Iraola, para la oenegé Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Destaca, además, que el MTR controla 3.000 planes sociales y cita a varios funcionarios del gobierno que intentan “despegarse” (sic) de este grupo aduciendo que esos planes fueron otorgados en 2002 por el entonces presidente Duhalde.
Daniel Santoro es editor de la sección Política del diario Clarín, miembro de la Academia Nacional de Periodismo, profesor de Investigación Periodística en varias universidades nacionales y fundador de FOPEA (Foro de Periodismo Argentino). Con este artículo ha sumado el extraño mérito de informar siete años tarde que los piquetes fueron el método de lucha que llevaron adelante una multiplicidad de organizaciones de desocupados para reclamar sus derechos. La respuesta del Estado fueron esos míseros subsidios, como forma de garantizar un flujo de recursos hacia el clientelismo político, tema del cual se ocupa los dos informes de Cippec que cita en su artículo, pero de una manera particular: los informes se centran en la trama de corrupción que tejen intendentes, funcionarios y punteros oficialistas. Es decir, se centra sobre el reparto del 90% de esa torta, que en tiempos electorales está en plena disputa.
¿Qué relación hay, entonces, entre un incidente producido en un acto del Estado de Israel y las políticas sociales destinadas a manipular los nefastos efectos de la desocupación?
La respuesta es una barbaridad.
Sin embargo, la pregunta más difícil de responder es qué significa la defensa de los derechos humanos en éste, nuestro bárbaro presente.
¿Significa impedir que el Estado convierta a sus expulsados en delincuentes?
¿Significa entender que cuando las instituciones están tan desencajadas por sus mafiosas internas es más complejo detectar la raya que separa lo legítimo de lo legal?
No son tiempos fáciles para la verdad.
Nos queda, en la urgencia, la prudencia.
Y en la memoria, la conciencia, que no perdona: el debate sobre los límites del periodismo bárbaro es nuestro problema y nuestra tarea.
Y nuestra deuda.
