Paraguay: astillas del mismo palo
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Los dos sectores sociales que catapultaron a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay, religiosos y campesinos sin tierra, han formulado duras críticas a los seis primeros meses de su gestión, que incluyen groseras violaciones de los derechos humanos. Aquí Raúl Zibechi, desde Asunción, describe los detalles de una situación -militarización incluida- sorprendente.
El presidente Fernando Lugo
“SIEMPRE ESPERAMOS QUE las promesas electorales se realicen lo más pronto posible, especialmente para favorecer a los sectores más carenciados de la población”, dijo el lunes 2 el obispo Adalberto Martínez, portavoz de la Conferencia Episcopal de Paraguay, al culminar la primera reunión anual del organismo. Los prelados se muestran preocupados también por la falta de una reforma agraria con participación de los actores sociales, la inseguridad, el desempleo y la migración, así como por otra promesa de campaña ya incumplida: una reforma de la justicia.
En efecto, Lugo parece haber archivado de momento cualquier modificación en la integración del máximo organismo de justicia. Pero una de las inquietudes mayores consiste en la falta de empleo, tanto para los jóvenes como para los miles de migrantes que están retornando a Paraguay como consecuencia de crisis en Europa, agravando así la desocupación estructural que sufre el país.
La sorprendente militarización
Sin embargo, lo que más llama la atención es la militarización de dos departamentos donde el movimiento campesino ha jugado un papel decisivo en la historia reciente de Paraguay: San Pedro, donde Lugo fue obispo y acompañó a los campesinos, y Concepción, ambos en la zona norte del país. En ambos, la expansión de la soja ha generado duros conflictos. Allí, además de sojeros y campesinos organizados compiten las mafias que cultivan y trafican marihuana, cuestión que le otorga a los conflictos sociales una buena dosis de complejidad y dramatismo.
El 31 de diciembre fue incendiado un pequeño puesto militar en tierras de hacendados en San Pedro. Inmediatamente, los medios y las jerarquías militares aseguraron que se trataba de un grupo guerrillero que operaría en la zona. El gobierno de Lugo decidió enviar tropas y policías a los dos departamentos, la Fuerza de Tarea Conjunta, encargada de la vigilancia, control de carreteras y acciones contra narcotraficantes y presuntos guerrilleros. El mismo Lugo aseguró que se prevé construir un cuartel militar en la zona y que la militarización es por tiempo indefinido.
En los días sucesivos llovieron declaraciones contra el operativo y denuncias de malos tratos, algo que no puede sorprender en vista de la trayectroria de las fuerzas armadas paraguayas. Incluso un dirigente campesinos aliados del gobierno, como Belarmino Balbuena del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) declaró que no existen guerrilleros en el país y que se trata de una excusa para reprimir. Mientras el obispo de Concepción, monseñor Zacarías Ortiz denunció que los militares torturaron campesinos (ABC, 15 de enero), el comandante de las fuerzas armadas, Cibar Benítez, reconoció que el objetivo del operativo es “una causa nacional por la necesidad que se tiene de instalar el Estado” (ABC, 14 de enero). Sus declaraciones dejaron en claro que la existencia del presunto Ejército del Pueblo Paraguayo es más que hipotética y que las verdaderas intenciones son combatir a las mafias que controlan buena parte del país.
Las mafias, Stroessner y el progresismo
Lo cierto es que los detenidos tenían antecedentes como delincuentes, abigeos o narcos, y que ya se produjeron tres muertes de dirigentes campesinos, al parecer asesinados por las mafias “aprovechando” el operativo militar-policial, ya que los movimientos campesinos son un obstáculo para los negocios ilícitos, por más que los conservadores medios de Asunción están empeñados en adosarles inexistentes alianzas con los narcos.
Una delegación de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY) y del Serpaj realizó una vista a la zona militarizada donde recogió testimonios de víctimas y de organizaciones sociales. “Hace más de siete años que trabajamos en estos lugares y no nos consta la presencia de grupos armados”, dijo el abogado Juan Maertens. Al mismo tiempo, el abogado denunció que “desde el día que se instalaron (los militares) están cometiendo abusos y atemorizando a la población”. Afirma que el operativo está fuera de control del gobierno y que “es muy difícil” que con las mismas autoridades militares y judiciales de siempre, “se llegue a descubrir la verdad”. Con nombres y apellidos de jerarcas, denunció que “hace más de cuatro años que están en la zona y nunca descubrieron las redes de la mafia que existen en San Pedro y Concepción”.
Parece evidente que si se trata de llevar Estado a las zonas que nunca lo tuvieron, hacerlo de la mano de los uniformados que sirvieron al Partido Colorado durante 61 años y al dictador Alfredo Stroessner, no luce como el camino más aconsejable para un presidente que se proclama progresista.
