La Cámara del Crimen negó el pedido de excarcelación a los 15 hombres y mujeres que están hace casi un año en prisión por manifestar contra el Código Contravencional frente a la Legislatura porteña. Consideraron que la gravedad de los delitos que se les atribuyen es tal que no pueden estar en libertad. El fallo es casi un mensaje sobre los alcances de la criminalización de la protesta social. Reproducimos aquí la crónica de la manifestación que se realizó frente a esta Cámara, una semana antes, para exigir la liberación.

La gente se iba agolpando cerca de las vallas, ante la Cámara Criminal ubicada en Viamonte al 1100. En la vereda de enfrente, el Teatro Colón (también en conflicto). El acto fue una forma de acompañar la fundamentación del pedido de excarcelación de los presos de la Legislatura, efectuada por los abogados.
Había una importante movilización del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) y sus distintos “cabildos” del conurbano bonaerense: Madre Teresa, Todo por los chicos, Mariano Moreno, José de San Martín, entre otros. Fueron muy concurridas también las columnas del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) de Solano, con el lema “Cambio Social, Libertad, Dignidad”, y el Maximiliano Kostecki de Guernica. Llegó también con grandes banderas el Movimiento Territorial de Liberación (MTL). Había vendedores ambulantes manifestándose (y otros intentando vender lo suyo empezando por unas roscas que tentaron a más de uno).
Estaban las mujeres de AMMAR Capital, movilizadas pese a tanto miedo que han querido instalarles, y mirando con asombro la magnitud del acto. Había madres con sus pequeños en cochecitos, y estaban también, con sus pañuelos blancos, las Madres.


Hebe: el error del gobierno

Hebe de Bonafini contó a lavaca:
-Me invitaron a subir, yo agradecí muchísimo, pero expliqué que para mí es muy sólido lo que están haciendo los abogados, el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Liga (Argentina por los Derechos del Hombre), los familiares, pero también es muy importante la movilización callejera que tiene la fuerza del pueblo. Y como las Madres somos de la calle, me gusta más estar acá. Tiene más fuerza esto que 20 diputados.
-¿Qué puede decirse de esta causa, en la que 15 personas llevan 328 días presas por ejercer su derecho a reclamar?
-Es un disparate y se lo hemos dicho al gobierno. Para mí el gobierno ha cometido un gigantesco error. Cada vez que estuve con el presidente le dije que no se puede tener en el país 4.000 procesados, ni tener a estos presos. Acá se quejan porque hay piquete, se quejan porque la gente está en la calle, y cuando la gente sale a vender en vez de hacer piquetes se los llevan presos aplicando el Código Contravencional que es una basura y una porquería. Si se cumpliera el Código los primeros que tendrían que ir presos son algunos de los que gobiernan.
Entonces, si no protestás no tenés trabajo, si trabajás te llevan preso, y si protestás también. No se permite la venta callejera, se persigue la prostitución. Si hablamos de prostitución yo empezaría por Duhalde, la mujer, y Lavagna. ¿Qué me hablan? Acá se prostituyen todos, otra que la gente de la calle.
-La política no pasa el Código Contravencional.
-Mirá: si quieren encontrar travestis, esos son los principales.
-Intuición femenina: ¿qué puede pasar con esta causa?
-Mi intuición y mis ganas, que se juntan, es que van a salir porque no hay nada que justifique que estén presos. Sería el peor error del gobierno dejar presa a esta gente.
(Aclaración: la señora de Bonafini no considera que la independencia de los jueces sea mucho más que una superstición, por lo cual responsabiliza al Ejecutivo del destino de este tipo de casos). Yo creo que van a salir y es bueno que ahí arriba estén escuchando este grito y estos cantos, que retumben en las oficinas de estos jueces que no pueden sostener el disparate de que esta gente esté presa.
Por celular, algunas de las personas que asistían a la audiencia avisaron a los manifestantes que los abogados no podían hacerse oír justamente por tanto ruido. Eso calmó un poco la música de la protesta.


El castigo de los medios

Alberto Spagnolo, del MTD Solano conversó brevemente con Roberto Martino, del MTR y con Carlos Chile del MTL, y luego habló con lavaca.
-El MTD no se moviliza con frecuencia, pero sí lo hace en este caso donde no hay una reivindicación si se quiere específica o inmediata del movimiento. ¿Por qué?
-La falta de libertad para cualquier compañero es un problema específico para nosotros. Lo sentimos como algo muy próximo, porque es la penalización de los que luchan. Hoy vienen por ellos, mañana por nosotros: estamos en la misma necesidad de expresarnos a través de la lucha y la movilización por demandas como la mejora de la calidad de vida y otras reivindicaciones. Más allá de nuestras limitaciones, hemos tratado de hacer todo lo posible para el seguimiento y la divulgación de esta situación, que es muy sentida para nosotros.
-El gobierno ha rechazado la protesta callejera, pero esta no cede. Esta misma movilización sería un caso.
-Es que el gobierno de Kirchner ha hecho un trabajo de divulgación de algunas actuaciones que tienen que ver con cosas muy sentidas por la población. Eso generó consenso. Pero ese consenso no es por tiempo ilimitado. El otro día lo charlábamos en un plenario del MTD, y decíamos: ¿cómo estamos? No hay una mejora que se esté sintiendo. El gobierno hace algunas cosas, pero son muy pequeñas en comparación a todas las necesidades y demandas que existen. Por eso sigue el descontento, y la gente lo expresa.
-¿Qué significa la prisión de la gente que se manifestó ante la Legislatura hace once meses?
-Es una estrategia del gobierno para demostrar su decisión de reprimir la protesta social. Hablan del endurecimiento de las leyes, el ministro del Interior ya salió a decir “vamos a tomar el toro por las astas” por la protesta. Hay una amenaza oficial constante. Deja mucho que desear que se nombren a sí mismos como “un gobierno popular”. Un gobierno popular no hace eso.
-¿Cómo se ubicaron ustedes frente al gobierno?
-Nosotros siempre tuvimos la idea de que los graves problemas sociales no se iban a resolver fácilmente. En nuestro caso hubo una necesidad de repliegue hacia nuestras bases, nuestro territorio, como pasó con otros movimientos, porque hoy la mayor represión es a través de la comunicación, y el rechazo que se genera contra los que reclaman. Hay todo un trabajo de comunicación: enjuician y castigan a los que se movilizan, pero sin poner nunca el acento en la gravedad de los problemas por los cuales uno se expresa. Entonces parece más grave cortar el tránsito, que tener una situación de muerte constante. Lo que está pasando aquí, con los presos, es un efecto de esa situación de muerte constante. Pero eso es un producto del trabajo gubernamental y de los medios, aunque creo que se está revirtiendo. Porque la situación en la población es muy grave, y eso no hay discurso que lo pueda contener.

“El segundo intento de las clases dominantes”

Las integrantes de la Asociación de Mujeres por los Derechos Humanos de la Argentina (AMMAR Capital) iban con pancartas con fotos de Carmen Insfran y Marcela Sanagua, con su pequeña hija.
Graciela eligió una síntesis impecable: “La marcha me parece importante. Me pasa algo: no confío en esta justicia, pero una no pierdo la esperanza”.
Para Roberto Martino, del MTR, la situación de los presos “tiene una clara connotación política ya que jurídicamente está demostrado que el edificio de la Legislatura tenía muchas salidas, que los legisladores salieron y entraron, y los propios legisladores manifestaron en cartas al juzgado y en entrevistas periodísticas que no se sintieron coaccionados. Con lo cual, no existe la coacción agravada ni la privación ilegítima de la libertad”.
Martino ve pura connotación política en la cárcel eternizada para vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución, “mientras Chabán, María Julia, Monser Al Kassar y el propio Menem están sueltos luego de haber subastado el país y haber cometido todo tipo de latrocinios”.
Considera que el tema de la Legislatura “es el segundo intento de las clases dominantes del país por erradicar de las calles el reclamo popular. El primer intento fue el 26 de junio de 2002, la llamada masacre de Avellaneda (decenas de heridos y el homicidio de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, tema que actualmente se está juzgando). Fracasaron en el primer intento, porque tuvieron que soportar durante mucho tiempo que miles de argentinos manifestaran ante la sede de los poderes centrales. Y justamente en junio del año pasado, con la sanción del Código Contravencional, lo que se intentó es legalizar este deseo de las clases dominantes. Así que es importante este acto donde está también el MTL, la OLP, Martín Fierro, la CTA, el MTD de Solano y Guernica, un arco muy importante y amplio de corrientes de pensamiento de nuestro país. Eso lo valoramos porque el reclamo en las calles, unido a que en octubre parte de los sectores dominantes necesitan relegitimar su poder, abre perspectivas ciertas para que estas compañeras y compañeros puedan recuperar su libertad”.
¿Cómo encara el tema hacia delante? “Nosotros lo vemos con bastante esperanza”.

Como la pena de muerte

Bajaron los abogados, que habían sido acompañados durante su presentación por Miguel Ángel Santiago (el marido de la detenida Margarita Meira), Nora Cortiñas (de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Fabio Basteiro (CTA, Central de Trabajadores Argentinos), Gerardo Fernández (Cels, Centro de Estudios Legales y Sociales, que presentó un “amicus” para apoyar el pedido de excarcelación), y Graciela Rosemblum (Liga Argentina por los Derechos del Hombre) entre otros. Ante los jueces expusieron Héctor Trajtemberg (de la Liga), Luz Palmas Zaldúa (Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), y los abogados particulares Andrés Slavin y Alejandro Pérez Delgado.
Con un megáfono, Trajtemberg contó brevemente que se habían desplegado los argumentos a favor de la excarcelación de los detenidos, y que los jueces cuentan con cinco días para definir qué harán. Luego dijo a lavaca: “Nos trataron con suma cordialidad, pero lo que importa ahora es ver en qué medida toman nuestros argumentos, que consideramos son muy sólidos para permitir la excarcelación de los compañeros”.
Miguel Ángel Santiago aceptó realizar la crónica de lo ocurrido ante los camaristas:
“Cada abogado planteó lo suyo durante 15 minutos. Cada uno a su manera plantearon la inconstitucionalidad de los artículos que castigan con prisión preventiva a los delitos de acuerdo a la pena que tienen. Me cayó muy bien cómo argumentaron. Fue muy sólido. Dijeron que la prisión preventiva se asimila a una pena adelantada. Además lo compararon con los países donde hay pena de muerte, que es irreversible. Y en este caso se está haciendo un daño psicológico, moral y físico que también es irreversible. No se puede remediar. También argumentaron que esto no se revierte ni con una reparación económica. Citaron la argumentación de las corrientes garantistas, que no son abolicionistas”. (Aclaración: las posiciones más retrógradas comparan a los garantistas –los que quieren garantizar los derechos de los detenidos- con los abolicionistas –que propondrían lisa y llanamente abolir determinadas figuras del código penal-.)

Sigue Miguel: “Dijeron que las garantías no pueden ser solo para la gente poderosa, adinerada, o famosa. La igualdad ante la ley es para todos. Entonces pidieron la excarcelación bajo caución juratoria, porque los detenidos no podrían pagar una fianza, por chica que sea: sería una farsa. Fueron argumentos muy contundentes. Se leyó parte del fallo de Caleta Olivia, que es muy importante. No pidieron absolución, ni impunidad. Piden que todo se ajuste a derecho. Bah, piden justicia”.
-¿Cómo se sintió, como familiar, con lo ocurrido hoy?
-Personalmente, noté algo que hace mucho no veía, y es la solidaridad de la gente hacia los presos. Pero ojo, que más del 90% de los que estuvieron apoyando no conocen a los presos de forma personal. Por eso se sintió de modo muy fuerte. Si bien tenemos un aparato judicial y estatal en contra, tenemos a favor la solidaridad de la gente común, la gente como uno que está en la misma pelea, y eso por lo menos nos reconforta. Fue una causa común para todos.
-¿Cómo está Margarita?
-Ansiosa, expectante como todos los presos, y eso le produjo una especie de alergia nerviosa, esperando el resultado.
-¿Una intuición?
-Mitad y mitad. Los argumentos son muy sólidos. Para liberarlos los jueces no pueden decir que los presos van a poner en riesgo la investigación, porque la investigación ya se cerró. No se puede alegar peligro de fuga, porque ninguno podría ni intentarlo. Hay muchos argumentos para revocar el fallo de primera instancia. Pero mi desconfianza es porque tengo a Margarita detenida hace casi un año sin ningún motivo. Así que estoy desconfiado, y esperanzado.
-Pesimismo de la inteligencia, optimismo del corazón.
-Sí, es algo así. Es tan clara la injusticia que están cometiendo... pero acá pueden hacer lo que quieran. A mi me parece que algo falla, porque no hay un mecanismo de control de los jueces.
-La gente reclama justicia, pero encuentra arbitrariedad.
-Y no hay un sistema para defenderse de la arbitrariedad. No puede ser que por el bolillero, por el sorteo y el azar, uno se juegue la libertad o la cárcel. Es una locura. Es estar a la buena de Dios. Digo lo mismo de un juicio oral: me da miedo caer en un tribunal que como pasó con esta jueza, no respete las mínimas garantías.

Cels: la violación a los derechos humanos

Gerardo Fernández es uno de los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales. Considera, lisa y llanamente, que en este caso de la Legislatura, la encarcelación representa un caso de violación de los derechos humanos de las quince personas detenidas.
-Sin duda. Por eso lo hemos planteado incluso en un amicus curae que presentamos ante la Cámara donde, sin ser parte de la causa, manifestamos fundamentos que consideramos importantes. Allí decimos que la privación de la libertad de estas personas durante todos estos meses es una violación a los derechos humanos.
-¿Cometida por los jueces?
-Sí, porque acá hay una confusión que es creer que un fundamento para negar la excarcelación es el monto en abstracto de la pena. Y eso es una barbaridad. Hay dos formas de rechazar una excarcelación: por peligro de fuga, o de entorpecer la investigación. Tratándose de dos mujeres en estado de prostitución y trece vendedores ambulantes, uno sabe que para fugarse y entorpecer la justicia hay que contar con sumas de dinero...
-La venta de panchos no alcanzaría.
-Lo peor es que no se dice una línea de esto en el fallo de la jueza Silvia Ramond y únicamente se habla del monto en abstracto de los delitos, que además no existieron. Nosotros decimos que es una utilización abusiva y desproporcionada del Código Penal.
-No hubo privación ilegítima de la libertad ni coacción agravada.
-Desde ya que no. Y hubo 40 legisladores que han manifestado que nunca se sintieron coaccionados. Esta causa es muy parecida a la de Caleta Olivia porque la jueza trata de forzar los hechos, agarrar la mayor cantidad de figuras posibles, sumar el monto en abstracto de todas las penas y decir: no pueden salir. Esto es terrible porque las presonas además quedan presas en pabellones rodeadas de delincuentes de alta peligrosidad.
-Un lector desprevenido diría: ¿Cómo puede ser esta barbaridad que denuncia el doctor Fernández, en un país con justicia, instituciones y demás? ¿Cómo puede ocurrir semejante desfasaje?
-Esta jueza no está sola en este tipo de resoluciones. Y ya nada nos asombra de ella. Ya hemos pedido el juicio político y el desafuero porque había dado a entender en una entrevista que todas las personas de origen peruano eran delincuentes.
-Eso se llama trayectoria.
-La denunciamos por discriminación ante el Consejo de la Magistratura que debería estar para juzgar a los jueces, y hace todo lo contrario: los tapa y no dice nada.
(La declaración de la señora Ramond, en 2001, fue todavía peor que lo que recuerda el doctor Fernández: “... los inmigrantes peruanos, hasta hace unos años eran “scruchantes” (arrebatadores que no usan armas en la comisión de los delitos). Ahora, desde hace más de un año
integran bandas armadas junto con argentinos. En las villas, el peruano maneja el tema del tráfico de cocaína, el paraguayo, en cambio, maneja la marihuana (...) el paraguayo es un poco violento, dado a los hechos de sangre con armas blancas ...” )

Las presiones políticas

Continúa Gerardo Fernández:
-La Cámara que confirmó en su momento la encarcelación y ahora tiene que volver a dictaminar se inscribe en esta concepción de la prisión preventiva como pena adelantada, lo cual es inconstitucional, indefendible y violador del principio de inocencia.
-¿Cuáles son las pruebas contra los presos?
-No hay pruebas. La orfandad probatoria es terrible. Es una aberración jurídica frente a la cual yo preferiría que vaya a juicio oral, para que se pueda demostrar lo que se le ha hecho a esta gente, que ha sufrido una causa totalmente armada, con detenciones que ocurrieron varias horas después de los hechos, e imputaciones que se arman con el solo testimonio de los policías.
-¿Se puede considerar a los policías testigos objetivos?
-No. ¿Qué van a declarar? Imaginemos: “la verdad es que detuve mal a fulanito, y lo apresé por portación de cara”. No, lo que va a decir es que vio hacer tal o cual cosa al detenido. El juez puede considerar esa declaración, siempre que la contraste con otros elementos. Pero en este caso el único fundamento de las acusaciones es lo que dijeron los policías. Por eso digo que es apenas una de las aberraciones.
-¿Y las otras?
-Las mujeres de Ammar fueron secuestradas cual grupo de tareas. Sus compañeras iban más adelante, ellas se atrasaron y la policía las detuvo tapándoles la boca para que nadie se diera cuenta de que se las estaban llevando. La gente de Correpi planteó, y yo estoy de acuerdo, que hay que plantear el principio de igualdad ante la ley, porque de lo contrario lo que iban a hacer es acrecentar la sensación de que hay una justicia para pobres y otra para ricos. Esta gente está detenida y pasando por esto porque son vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución.
-Son vulnerables.
-Por supuesto. La selección penal funciona con esta gente. Tal vez yo peco de inocente, pero digo la verdad: ¿Cómo alguien puede dormir tranquilo teniendo presas a quince personas injustamente y, además, en las peores condiciones? Los muchachos están en Devoto sin ningún elemento de prueba en su contra, salvo tirar piedras. En ese caso se podría imputar daños, si se rompió algo. Pero ¿privación ilegítima de la libertad? Es increíble.
-¿Cómo sigue la causa?
-De esta Cámara se puede esperar cualquier cosa. Pero tal vez los once meses presos pueden hacer que la Cámara vuelva sobre sus pasos y los liberen. Eso sería muy bueno. Por otra parte con esta jueza y este fiscal no se puede conseguir nada, por lo cual es mejor que eleven la causa de una vez por todas, para ver si podemos hablar con gente más coherente y con algún sentido mínimo del derecho y la justicia. Nosotros vamos a colaborar con las defensas y ojalá esto sirva para hacer una buena denuncia contra esta jueza. Lo único que queda con estos funcionarios es que se vayan.
-Muchos movimientos que se han movilizado agregan el factor político de criminalización de la protesta.
-Sí, debe haber habido presiones políticas sobre esta jueza para llevar adelante la causa de este modo. Debe haber recibido instrucciones. El procesamiento de esta gente es escandaloso, le pido a todos que lo lean, porque es un manual de todo lo que un juez no debe hacer.
-Mientras a los detenidos les arruinan parte de su vida.
-Uno de los abogados decía que el deterioro de su cliente es día a día. Cada vez está peor psicológicamente, llora más, está destruido, y su familia también va destruyéndose cada día. Lo mandaron al 3º piso de Devoto. Hablé con la Procuración Penitenciaria. ¿Qué me dijeron?
-¿...?
-Que Devoto es inmamejable. Tierra de nadie. La procuración se portó muy bien ante nuestras demandas, pero me dijeron eso: Devoto está fuera de control. Por eso toda esta causa nos tiene a todos los que la conocemos muy conmovidos. Hoy vi que pusieron las fotos, las caras, y ver eso, pensar en esas personas, es increíble. Creo sinceramente que esta causa va a representar un antes y un después en la justicia. Por las irregularidades, los maltratos, las arbitrariedades. Necesitamos que seamos muchos los que nos metamos en esto. La Liga lo ha entendido así, estamos compartiendo material, y así como en otras situaciones podemos tener diferencias, en esta causa estamos con ellos, con la Correpi y con todos los demás para lograr lo que todos queremos: la libertad.

La vendetta policial

Algunos dirigentes se sumaron al acto sin columnas de sus organizaciones. Fue el caso de Marcelo Ramal, del Partido Obrero, que abre la mirada a un aspecto poco recordado del caso.
-Acá hay 15 personas que no solo son prisioneros del Código Contravencional, y rehenes de Kirchner, sino también víctimas de un ajuste de cuentas por el manejo de la calle en la ciudad.
-¿Ajuste de cuentas?
-Ellos fueron detenidos por la Policía Federal a varias cuadra de la Legislatura, y varias horas después de lo ocurrido. Queda la pregunta: ¿Cómo fueron identificados por los efectivos policiales? La respuesta es muy sencilla: porque la policía ya los conocía, precisamente de la calle. Y los conocía por las extorsiones que sufren esos vendedores. Un grupo de ellos, pocos meses antes, había presentado un amparo judicial que les resultó favorable. Pablo Armitrano y Margarita Meira, entre otros. Con ese amparo lograron varios meses de venta sin extorsión policial. Y por eso la policía estaba con la sangre en el ojo. Entonces fue un ajuste de cuentas para reafirmar la vigencia del cafishiaje policial contra la venta callejera y toda forma de trabajo en la calle, incluyendo a las mujeres en estado de prostitución. Hoy en día, cada domingo, se vive una batalla campal en las plazas de la Capital por la venta ambulante. En general se hace en nombre de la defensa del espacio público. Pero el gobierno de Ibarra enajenó el espacio público como nadie. Las torres de Puerto Madero, la privatización del río y todos los proyectos que lleva adelante con la connivencia del gobierno nacional, no se pueden comparar en términos de confiscación de espacio con un desocupado que pone una manta en la plaza para vender cosas y poder vivir.
-A estos presos se los considera políticos, pero no son militantes ni activistas sino personas que reclaman por sus derechos. ¿Cambió la mira de la represión?
-Lo tomaron como castigo ejemplificador, entre comillas. Es la idea de que se puede apretar a cualquiera, por el solo hecho de movilizarse. Golpear al más débil en la cadena de la lucha social, es un modo de encender la luz roja para todo el mundo.
-Pero la protesta no se ha detenido.
-En la Capital, se demostró que Cromañón era apenas la muestra de un estado de degradación social general de la ciudad. Por eso los conflictos en las escuelas y los hospitales. En un plano más general se ve que la idea de que el superávit fiscal es un síntoma de economía sana, ahora se transformó en la idea de la insalubridad del superávit fiscal, cosechado sobre la base de reducir un 40% el salario de los que tienen trabajo. Eso es intolerable, y por eso vemos el surgimiento de tantos conflictos gremiales.

Presos de la política

Valeria Armitrano es la hermana de Pablo:
-Yo veo que los medios se concentran mucho en Pablo, pero la causa es de todos.
-¿Por qué se concentran en Pablo?
-Porque el ministro de Justicia Horacio Rosatti fue a verlo y se comprometió a tratar de difundir y ayudar a la cuestión. Y yo tengo el dedo así chiquito de llamar a radios y diarios. Pero la causa es por los 15, y lo que favorezca a uno va a favorecer a todos.
-¿Cómo se puede analizar la cuestión a partir de ahora?
-Yo no veo nada demasiado positivo. Si la causa sigue como hasta ahora, como una causa políticamente digitada, me da dudas hasta el juicio oral y público.
-La presentación de los abogados pareció un punto a favor.
-Sí, y ojalá haya un juicio político a la Ramond. Sé que Margarita Stolbizer está trabajando en eso.
-¿Cómo está Pablo?
-Mal, ansioso. Mi mamá tuvo una descompensación grande. Anoche estuvo con oxígeno, tiene una trombosis, un principio de gangrena en una pierna. Y un corazón que no está funcionando bien. Y a Pablo lo afecta la impotencia. Una, por ser inocente de los cargos que se le imputan. Y además, porque está atado de pies y manos, no puede colaborar con la familia, ni siquiera ver a mi madre.
-¿Cuál va a ser el mensaje para Pablo después de este acto?
-El acto fue bárbaro, una movida espectacular, una convocatoria buenísima. Vi que por televisión unos dirigentes decian que a partir de ahora no van a dejar de luchar hasta que los chicos estén en la calle. Yo creo que el movimiento popular se quedó un poco dormido con la causa de la Legislatura. Pero hasta mi abogado, que es un escéptico total (el doctor Slavin) estaba contentísimo con lo de hoy.
La otra cosa es que creo que Pablo y los otros chicos deben llamar al movimiento social a la lucha, reconocerse como presos políticos y reconocer que estaban luchando contra un Código Contravencional que nos afectaba. No tienen que sentir miedo de decir “estuvimos acá por tal y tal cosa”. Es un derecho constitucional protestar por un Código que nos estaba dejando sin trabajo. Entonces, que se asuman como presos plíticos y llamen a la lucha. Estas movidas tendrían que ser más seguido.
-¿Qué entienden ellos por “preso político”?
-Son chicos sin militancia, y para ellos ser presos políticos era ser terroristas, poco menos. Ahora van viendo cada vez más cómo es la situación. Pero en realidad, más que presos políticos, son presos de la política. Eso es lo que tendrían que reconocer, para llamar a que esta movilización no sea la última, ni la más grande.

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