No son ingenuos: saben que están siendo castigados con una cárcel injusta que viola sus derechos más elementales, por reclamar lo suyo. Pero son inocentes: no hay pruebas en su contra, lo que determina una causa amañada y con acusaciones forzadas para impedir que estén libres. El asombro de las presas y presos en sus lugares de detención, al leer los fundamentos de su prisión, y una pregunta: “¿Qué garantías tenemos?”.

La pregunta es directa y lógica:

-¿Qué garantías tenemos de un juicio justo si esta justicia es la que nos tiene encerradas sin pruebas?

Es viernes, son las 11 de la mañana y hace menos de 24 horas que la Cámara Penal Criminal negó la excarcelación de los 15 hombres y mujeres detenidos por manifestar ante la Legislatura porteña. Margarita Meira es una de ellas y dispara la pregunta mirando fijo a los ojos de su interlocutor.

No hay respuesta posible para ese interrogante. Y ella lo sabe.

A su lado, Marcela Sanagua da vuelta -hoja por hoja- las casi noventa páginas del dictamen del fiscal, Claudio Soca, quien unos días antes ratificó la acusación por delitos contemplan esas penas de hasta 10 años de prisión que llevaron a la Cámara a suponer que si liberaba a los detenidos, iban a fugarse.

"Nadie quiere volver a prisión" razonaron los jueces. El tiempo transcurrido hasta hoy -once largos meses- no les pareció a los jueces suficiente como para compensar el encierro previsto para purgar estas penas. Convirtieron así un rechazo de excarcelación en un prejuzgamiento: los 15 hombres y mujeres son culpables hasta que el juicio oral y público demuestre lo contrario

-¿Y me vas a decir que un juicio así se va a llevar a cabo en plena campaña electoral?- sigue preguntando Margarita, con lógica heredada de aquellas servilletas de tiempos menemistas que bordaron la promiscuidad político-judicial.

Marcela repasa la acusación de cabo a rabo, sin encontrar otra mención a su nombre que las del comienzo -donde el fiscal enumera a los quince involucrados- y la del final, donde los acusa. Sin embargo, hace once meses que Marcela está en el penal de Ezeiza, separada de sus dos hijos de 10 y 2 años, padeciendo el encierro y las noticias sobre la miseria familiar (debe ser una de las pocas detenidas del penal que en lugar de recibir, entrega comida: los alimentos que le donan los entrega a su padre, para que alimente a sus hijos) y el fiscal ni siquiera le dedica un párrafo para justificarlo, salvo la escueta referencia de dos policías (Miguel Angel Campos y Mariela Monges) que ejecutaron -de civil- su detención (que los abogados que estudian la causa definieron como "secuestro cual grupo de tareas"). Ni siquiera la mencionan al describir el contenido de los 11 videocassettes aportados por la Comisaría 2ª de la Policía Federal.

Es más: en la descripción de la pericia de todos los videos contenidos en la causa -realizada por la División Individualización Criminal de la Policía Federal- se numeran ocho láminas que identifican a solo ocho de los detenidos, (y en los ocho casos la pericia solo prueba que los mencionados "se hallaban en las inmediaciones de la Legislatura ese día") y determina taxativamente que "respecto a Gabriel Fortuny Calderón, César Gerez, Adolfo Sánchez, Francisco Barbi y Antonio Medina no fue posible observar su participación en las transcripciones realizadas". O sea que el único elemento en su contra es la declaración de los propios policías, que nadie podría considerar el único elemento probatorio para castigar a alguien.

Lo increíble es que Marcela no es mencionada ni por estar ni por no estar en esas imágenes.

En el dictamen del fiscal, Marcela es una desaparecida que recobra su identidad recién en el párrafo final, cuando Soca acusa:

"Por todas las consideraciones desarrolladas a lo largo del presente dictamen, entiendo que los imputados nombrados en el primer acápite de esta requisitoria deberán responder en calidad de co-autores penalmente responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, coacción agravada y daño agravado, los cuales deberán concurrir entre sí en forma ideal".

-Me consideran tan poca cosa que ni se tomó la molestia de escribir un renglón sobre mi persona. ¿Y me vas a decir que esto es justicia?

Marcela clava los ojos y el silencio responde. Denso y cruel, como la impunidad.

Han pasado cinco días y en el penal de Devoto seis hombres afilan las mismas preguntas. En el patio están dos de los tres que sostuvieron durante quince días una huelga de hambre, esperando un fallo que les devolviera la libertad. Decidieron levantar la medida, considerando las mismas cuentas electorales que hace Margarita. El tercero está postrado por una gripe y hay otro trío recibiendo visitas familiares. Así se completa la lista: diez son los detenidos en Devoto. Nueve de los cuales comparten un mismo pabellón, cuidándose espalda con espalda de la violencia que engendra un espacio compartido con 140 reclusos, la mitad sin cama, la mayoría sin comida, todos confinados a eso que ellos definen como "un depósito de seres humanos" que les quita precisamente eso: humanidad.

Jorge Nievas es el único que está encerrado en el pabellón gay, un cubículo donde se amontonan 12 personas y que ha mejorado en algo su aspecto desde que el escritor Osvaldo Bayer le dedicó una columna en el diario Página 12 para relatar aquello que Nievas le describió en una carta: "Mi ventana da un basural a donde veo pasear a las ratas".

Nievas conserva intacta su lucidez para trazar en pocas palabras su condición de rehén. "Esta justicia racista, sexista, clasista y fascista es la que siembra la cárcel con gente como nosotros: todos acá o somos pobres o somos empobrecidos".

Marcelo Ruiz es quien precisa: "La mayoría de los que estamos presos en esta causa somos vendedores ambulantes de la zona del microcentro y Constitución". El dato geográfico no es banal: es el territorio de las comisarías que actuaron el día de la detención. Conocen la fricción cotidiana con esos agentes al que fiscal Claudio Soca ponderó de la siguiente manera:

"No puedo dejar de mencionar que existieron varios testigos que declararon a favor de algunos incursos. Sin embargo, lo cierto es que tales testimonios, si bien resultan válidos, no es menos que poseen un alto grado de parcialidad a la hora de describir los sucesos según sus vivencias. Ello así se contrapone con la mencionada imparcialidad que los efectivos policiales mantuvieron durante el transcurso de los acontecimientos investigados. Por tal razón, entiendo que los testimonios de estos últimos deben prevalecer sobre los de aquellos testigos".

Repasemos ahora qué sucedió luego con los imparciales uniformados que brindaron el sostén acusatorio a esta causa que constituye una lisa y llana violación a los derechos humanos que se comete desde hace casi un año: los inspectores Aldo Gustavo Minola y Jorge Ricardo Colucci y los subinspectores Daniel Aníbal Curva y Marcelo Sebastián Galarza Puig fueron ascendidos por decreto 543/2005 del 30 de mayo de 2005.

La promoción lleva la firma del presidente Néstor Kirchner y su ministro, Aníbal Fernández.

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