Los reclamos sociales merecen una "protección especial", porque exigen el cumplimiento de "derechos fundamentales" y se basan en otros, "vinculados al derecho de peticionar a las autoridades". Así lo expresó el constitucionalista Horacio González, integrante de la Comisión de Acción Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), el lunes por la tarde en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En defensa de los más de 3.000 luchadores populares de todo el país que tienen causas judiciales por manifestarse, se desarrolló la jornada "El derecho y la protesta" en el salón Verde de esa casa de estudios, en el marco de la Semana contra la Criminalización de la Protesta Social que motoriza el colectivo Alerta Salta.

"El ejercicio del derecho tiene que tener una protección especial, fundamentalmente porque se trata de derechos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia y con el desarrollo de una sociedad democrática fundamentalmente", expresó González, ante las más de 100 personas que asistieron a la actividad, entre las 17:20 y las 19:00.

De esta manera, el hombre de la CTA dio sustento jurídico al reclamo de no persecución de los luchadores populares de la Argentina. Tal es el caso de José "Pepino" Fernández (con 76 causas) y de Marina Schifrin (docente condenada a tres meses de prisión en suspenso por cortar una ruta), quienes contaron sus experiencias, en el acto que moderó el profesor de derecho constitucional de la UBA y de la Universidad Torcuato Di Tella Roberto Gargarella.

"Cuando cortaban la ruta, los compañeros estaban reclamando por derechos fundamentales y ejerciendo derechos fundamentales, vinculados a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, al derecho de peticionar a las autoridades", amplió González.

Manifestó que se requiere un progreso del derecho, y bregó por un "cambio jurisprudencial". "Se debe cambiar la tendencia judicial que ha impregnado a la jurisprudencia de nuestra Corte durante décadas -dijo- que ha sido enfocar el derecho desde el Estado y no desde las personas".

"Ha habido una política de Estado, en los distintos niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que avanzó hacia la criminalización de la protesta social, y esto tiene que ver con el grave deterioro del Estado de derecho en la Argentina", agregó.

Luego, sugirió algunos argumentos jurídicos a la defensora de más de 600 procesados del noroeste argentino, Mara Puntano, que también participó de la mesa.

"No se trata de si es un delito no, de si conocían o no que la conducta era delictiva o no, de si estaban en un estado de necesidad o no", definió tajante González. Sostuvo que quienes cortaron una ruta, simplemente eran personas "ejerciendo derechos". "Conocían perfectamente lo que hacían, porque conocían los límites de su protesta, y los límites de su protesta tienen que ver con que el Estado les reconozca derechos que hoy están en la Constitución Nacional", expuso.

Más allá de los lineamientos de la defensa de los hombres de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, que había expuesto Puntano, González se inclinó por cambiar el punto de vista. Instó a los jueces a analizar los derechos que se ejercen y los reclamos que se hacen en relación con los derechos fundamentales. "Me parece que los penalistas incurren en un defecto cuando enfocan este tema desde el Código Penal y no desde la Constitución. No se trata de delitos, sino de ejercicio de derechos", redondeó.

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