"Es bueno pensar en si la salida de este país y de la Justicia consiste en criminalizar la protesta o en atender los reclamos populares", sostuvo hoy en el marco de las actividades de la Semana contra la Criminalización de la Protesta, la docente de Bariloche Marina Shifrin, perseguida y procesada por participar de manifestaciones sociales. Agregó que no estaba del todo mal que ocurran estas injusticias porque "estos procesos sirven para ponernos de pie y generar conciencia". Junto a ella, Pepino Fernández y Hippie Fernández de la UTD Mosconi y Mara Puntano, abogada de más de 600 luchadores sociales, contaron su experiencia en el salón Verde de la Facultad de Derecho y dejaron bien en claro que la protesta social no es delito.

Shifrin propuso planes de acción concreta como la creación y puesta en marcha de un comité de solidaridad permanente con abogados y luchadores sociales; y realizó una verdadera autocrítica hacia adentro de los movimientos sociales: "Tenemos que contar con un campo popular más sólido, con menos recelo entre nosotros", dijo. Sólo de ese modo, se puede conseguir -sostuvo- ponerle freno a la avanzada de la derecha judicial que intenta criminalizar la protesta.

El sistema educativo en Río Negro enfrenta una grave crisis: "Los docentes ganan menos de 300 pesos y los que tienen antigüedad, con suerte, llegan a 400", contó Shifrin y concluyó: "Me parece que cortar la ruta por la educación pública es legítimo".

"Las multinacionales destruyen el ecosistema, deforestan, matan gente, ahí no actúan los jueces pero para juzgarnos a nosotros si", dijo a su turno Pepino Fernández, procesado por 76 causas relacionadas con la lucha social. Según Pepino en Mosconi no todos tienen luz ni gas y las personas se están muriendo por la toxicidad de los químicos que usan las empresas a mansalva, sin la regulación necesaria. "Lo único que nos queda -agrega- es pedir auxilio porque cuando todo se acabe ¿de qué vamos a vivir nosotros?"

La abogada que trabaja en soledad defendiendo a más de 600 luchadores sociales empezó su discurso así: "En Salta hay 1 millón de habitantes; el 68% vive bajo el índice de pobreza y en Mosconi el 82% está desocupado". Al explicar acerca de las persecuciones y la represión, Mara dijo que la lucha en Mosconi viene desde hace 12 años, exactamente cuando se efectivizó la privatización de YPF y el 95% de las familias que trabajaba en relación de dependencia en la empresa quedó sin trabajo y una gran mayoría sin cobrar. "Hay personas a las que les deben doce años de salario", sostuvo Mara.

"Se enfrentan al centro del capitalismo, a monstruosas multinacionales y por eso la represión es tan dura", reflexionó Mara que además explicó con mucha claridad por qué la protesta social en efecto no es delito. "Primero para que exista un delito tiene que haber una acción encuadrada dentro del orden jurídico; después esa acción tiene que quebrar ese orden y finalmente tiene que existir la intención de efectuar ese quiebre".

La acción es el corte de ruta, es decir, el entorpecimiento del libre tránsito (art 194). Entonces, existe la acción, el encuadre y la ruptura. Pero no existe la culpabilidad puesto que no hay dolo. "No se hace con la intención de dañar a otros sino para pedir la vigencia de los derechos constitucionales", dijo Mara.

"La UTD Mosconi cumple la función de Municipio, la gente se acerca a pedir que refaccionen una escuela o que potabilicen el agua", contó Mara y terminó por cerrar así la realidad de un Estado ausente en todos los aspectos menos a la hora de reprimir. "La gente está diciendo que le den agua potable, hospitales, escuelas ¿dónde está la ilicitud de lo qué hacen?", concluyó.

Juan Carlos Fernández o Hippie arremetió contra el periodismo y sostuvo que "nunca se ocupan de estos temas: sí están cuando hay un corte pero no cuando hacemos otras cosas, pero nosotros tenemos protesta y propuesta social".

"Necesitamos el derecho a la vida", siguió Hippie y dijo con dolor que cada vez se moría más gente joven en Mosconi debido a los derrames de productos químicos de la empresas multinacionales. Las denuncias por estos casos ya están en la Corte Suprema de Justicia, después de muchos avatares por los juzgados provinciales en donde les contestaron "que no tenían competencia".

Hippie planteó la recuperación del Estado, la familia, la educación y agregó que en el UTD habían elaborado el proyecto para hacer un Polo Petroquímico: "Vamos más allá de la protesta y eso no les gusta nada a las empresas", reflexionó y agregó: "Nosotros no recibimos bolsones…nuestra mayor dignidad es el trabajo".

Para finalizar la exposición sobre derecho y protesta, Horacio González, profesor de Derecho Constitucional de la UBA aseguró que los luchadores no habían cometido de ninguna manera delitos sino por el contrario, ejercicios de derecho. "Tal vez la forma más extrema de ejercer el derecho pero es un derecho al fin", concluyó González.

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