Síntesis de los hechos, los detenidos y las acusaciones.

Los reclamos. El 16 de julio de 2004 se realizó una manifestación contra las modificaciones al Código Contravencional frente a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Una semana antes se habían aprobado los cambios de modo general y ese día iba a votarse cada artículo en particular. La protesta fue convocada por la Coordinadora contra el Código Contravencional que nucleaba a organismos de derechos humanos, asentamientos populares, movimientos de gays, lesbianas, travestis, transexuales y transgéneros, vendedores ambulantes, piqueteros, estudiantes y partidos de izquierda. La nueva normativa implicaba la criminalización de la pobreza.
La represión. Cuando comenzó la movilización se cerraron las puertas de la Legislatura y se prohibió a los particulares ingresar al recinto para presenciar la sesión. Poco antes del mediodía, un grupo de cuarenta personas que llevaban sus rostros tapados y no pertenecían a ninguna de las agrupaciones convocantes comenzó a arrojar piedras y a intentar voltear la puerta de Perú 160, la misma que controla el barrabrava de Boca Santiago Lancry, empleado de la Legislatura. Aún cuando las columnas de manifestantes se retiraron a una distancia prudencial, la policía respondió con carros hidrantes mientras arrojaba agua desde el interior del edificio. Cuando todo había terminado, policías de civil y sin identificación –que hasta minutos antes se habían mezclado con los participantes– detuvieron a veintitrés personas en los alrededores. A algunos los apresaron mientras subían al subte, a otros cuando se disponían a volver a los micros e incluso hubo quienes fueron capturados mientras tomaban cerveza en un kiosco, unas horas después de la protesta. Varios días después fueron liberados ocho manifestantes; el resto quedó imputado por la jueza de Instrucción, Silvia Ramond.
Los presos. Doce hombres y tres mujeres: María del Carmen Infran Ferreira, Marcela Rosana Sanagua, Carlos Hernán Santamaría, Eduardo Héctor Suriano, Adolfo Rafael Sánchez, Javier Daniel Scaramella, Horacio Ariel Ojeda, Jorge Antonio Nieva, Eduardo Marcelo Ruiz, Héctor Eduardo Gómez, Jesús Aníbal Fortuny Calderón, Margarita Meira, Pablo Martín Amitrano, Francisco Lino Barbi y César Herm.
Las acusaciones. Daños, resistencia a la autoridad, privación ilegítima de la libertad agravada y coacción agravada.
La justicia. Las imputaciones esgrimidas por la jueza Ramond fueron confirmadas por la Sala V de la Cámara del Crimen en un fallo basado en las declaraciones de los policías que participaron de las detenciones. Los hechos fueron forzados hasta encuadrarlos en figuras penales no excarcelables.

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