El Director del Programa de Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales asegura que los mensajes del Poder Ejecutivo llegaron a la justicia como una orden. Por eso, los jueces sobreactúan. Y recuerda: "el fortalecimiento de la justicia no fue una política de la gobernación de Kirchner. En la patria chica del presidente, donde aún mantiene un poder hegemónico, siguen sucediendo estas situaciones".

- ¿A qué se debe esta ola de detenciones y procesamientos a quienes participan de protestas sociales?

- Esta reacción del Poder Judicial se da luego de una serie de declaraciones del Poder Ejecutivo. Hay una serie de declaraciones del Ministro del Interior, Aníbal Fernández, y del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, donde plantean que los conflictos que surgen en las manifestaciones son un problema de la Justicia. Esto significa una orden para que los jueces actúen. En una Justicia que fuera independiente, estas frases serían menos preocupantes. Pero acá es un poder muy permeable. Si uno se fija en casos concretos, ve cómo funciona. Por ejemplo, cuando fueron las protestas frente al Ministerio de Trabajo, el ministro Tomada hizo la denuncia. No sólo los fiscales la tomaron, sino que la agravaron. Sostuvieron que se trataba de privación ilegítima de la libertad y llamaron a lo procesados de inmediato a indagatoria. Ahora, la causa se terminó desactivando cuando el Ejecutivo dijo: ´Bueno, esto se puede arreglar de otra manera...´

- ¿Y cómo "se arreglan" ahora estas situaciones?

- Con aberraciones jurídicas. Entender que una manifestación que reclama por un derecho, que un sindicato o cualquier organización que corta una ruta, es una asociación ilícita, como les aplicaron a los detenidos de Caleta Olivia, es una barbaridad. La asociación ilícita implica que tres o más personas se asocian con la finalidad de cometer un delito. Nadie puede pensar que esa figura pueda aplicarse a gente que busca trabajo, reclama por sus derecho o plantea hacerse visible. Aún suponiendo que en el marco de una manifestación pudieran cometerse delitos, nunca puede tratarse de una asociación ilícita, que establece que el objetivo fundamental de la organización es delinquir. Y es todavía más aberrante si se considera que en lo que se les imputa, como los cortes de ruta, no existe el delito. Otra aberración jurídica es la coacción agravada, que se usó para los detenidos de la Legislatura.

- ¿Por qué?

- La coacción agravada está pensada para aquel que mediante amenazas intimide a algún funcionario público a fin de obtener alguna resolución a su favor. Si un juez entiende que una manifestación pública -aún concediendo que pudiera existir algún hecho de violencia en ella- que busca la reacción del Estado ante determinado problema es una coacción agravada, criminaliza la protesta. La protesta social es una de las reglas de la democracia. Encima, la coacción agravada puede aplicarse a cualquier miembro de la organización y la asociación ilícita se aplica a todos los integrantes del grupo. Entonces, son figuras que permiten perseguir a los que ni siquiera estuvieron en las manifestaciones. El Código Penal está pensado para otra cosa, tiene que usarse en última instancia y con mensajes muy claros. A los presos de la Legislatura también los acusan de privación ilegítima de libertad y, sin embargo, algunos funcionarios entraban, otros salían. Es claro que un montón de personas vayan alrededor de un ministro a pedirle algo, no es privación de la libertad. Y no puede ser lo mismo que un montón de funcionarios vayan alrededor de una persona común y le dificulten moverse. Tiene que ver con una situación de poder. Si no, de manera ridícula, se podría decir que los periodistas que rodean a un funcionario para hacerle preguntas lo están privando de su libertad.

- ¿La criminalización de la protesta pasó a ser una política de Estado?

- No, porque una política de Estado implicaría que la lleven adelante todos los sectores que ocupan el Estado más los actores principales dee la oposición. Las políticas de Estado trascienden los gobiernos. Sí hay un endurecimiento de la postura del Ejecutivo y de las posiciones de la Justicia. No sé si se puede tomar esto como una política que se va a sostener en el tiempo, como una estrategia, con recursos aplicados para esto. Habría que ver cómo actúa la Corte en la causa Shifrin, la maestra que fue condenada en primera y segunda instancia por cortar una ruta en Bariloche. Ese también será un mensaje. Por otro lado, sabemos que en el tribunal de Casación hay una tendencia a dictar fallos peligrosos para el respeto de las garantías penales. Ha sido criticado por su composición desde su conformación. A tal punto que valió la renuncia, en su momento, del ministro que había hecho la reforma judicial, León Arslanián. De ahí salieron figuras como Casanovas. En ese tribunal se concentran figuras con visiones poco democráticas. Hay fallos que sostienen que la democracia es el momento de ir a votar y ese es el único momento que el ciudadano tiene para reclamar, como en el caso Shifrin, cuando llegó a Casación. Eso es terrible. El Poder Judicial, supuestamente, tiene la función de ser la garantía del sistema. Uno puede entender que el fiscal, presionado, pueda pedir estas medidas. Pero el juez debería poner un límite y sin embargo adoptan estas posiciones. En el caso de la Legislatura, inclusive, la Cámara Federal convalidó en tiempo record lo fallado por la jueza de primera instancia. Lo que debería hacer el Ejecutivo es cuidar sus mensajes, así como dice a través de sus ministros que la justicia actúe podría señalar que algunas de las figuras que usan los jueces son abusivas.

- ¿Las torturas que el CELS denunció en Caleta Olivia también se producen por estos mensajes del Ejecutivo?

- Las policías entienden que así como el juez puede usar las figuras que quiere con un manifestante, ellas pueden hacer del cuerpo del manifestante lo que quieren: pegarle, basurearlo, insultarlo, no permitirle las visitas. En Caleta Olivia se están investigando dos casos, una mujer que denunció que la encapucharon, le pegaron y la amenazaron con violarla y un hombre que contó que le aplicaron la técnica del submarino seco. Otra cosa que permiten estas figuras amplísimas es realizar un montón de medidas de coacción como, por ejemplo, medidas de inteligencia. En Salta, está claro que los jueces dejan abiertas en el tiempo las causas a miembros de organizaciones para realizar allanamientos, requisas, juntar información sobre estas agrupaciones. Es un tipo de inteligencia avalada por el Poder Judicial y con la participación de las instituciones de seguridad. Tanto las torturas como la inteligencia son consecuencias de este mecanismo que empieza a tomar la justicia.

- Sergio Acevedo, el gobernador de Santa Cruz, puso en duda la denuncia de torturas y puso a investigar a la misma policía que fue denunciada...

- En estos delitos, la actitud que tome el investigador es fundamental. Cuando vos decís que te robaron tu casa, nadie lo pone en duda. En estos casos muchas veces se pone en duda. La impunidad de estos delitos tiene que ver con la actitud del investigador de dudar sobre el denunciante. Es una actitud política. No pude mandarse a la misma policía a investigar. Encima, en muchos casos, es el mismo juez que ordena la represión el que tiene que investigar si hubo abusos. Los jueces tendrían que tener otra actitud. La orden del juez muchas veces funciona como una especie de debilitamiento de la ciudadanía del manifestante. Como si el derecho a peticionar no estuviera reconocido en la constitución. Cuando llega la orden de desalojar, es el juez el que pone limite a la manifestación. No es un límite negociado, entre los distintos actores. Aparece una actuación judicial que dice: "Se puede" o "no se puede". Esta situación, es leída por las fuerzas de seguridad como orden de represión. El juez, en lugar de controlar, ordena cuando se reprime. La única manera de leer el Código Penal seriamente es interpretarlo a la luz de los derechos constitucionales. Es incorrecto entender que la democracia es solamente ir a votar y esperar las elecciones cada cuatro años, que es lo que algunos jueces afirman en sus fallos.

- ¿El hecho de que las aberraciones jurídicas y las torturas sucedan en la patria chica del presidente Kirchner merecen una ponderación adicional?

- Cuando Kirchner comenzó a tomar una serie de medidas de fortalecimiento de las instituciones nacionales, como el recambio de la Corte, muchos recordamos que esa no había sido su actitud en Santa Cruz. El fortalecimiento de la justicia no fue una política de la gobernación de Kirchner, tampoco las medidas de transparencias. En la patria chica del presidente, donde tuvo varias gobernaciones y aún mantiene un poder hegemónico, siguen sucediendo estas situaciones. Inclusive, funcionarios como el gobernador Acevedo, muy cercano al presidente, no tienen una clara actitud de defensa de los derechos humanos. Los puso en duda. Los minimizó cuando debería darle toda la trascendencia que la denuncia de un hecho de tortura tiene que tener.

- En un principio, el gobierno de Kirchner tuvo una política de acercamiento a los organismos de derechos humanos, ¿la sigue manteniendo?

- En la política de derechos humanos respondió de formas diferente. Una cuestión es como se veía las cuestiones relacionadas con tema de la dictadura. Otra con la seguridad y la protesta social. No es lo mismo la actitud que tuvo con la revisión de la dictadura, la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o la Corte, que con los temas vinculados a seguridad. Por un lado, se quitaron las figuras comprometidas con violaciones por los derechos humanos y al mismo tiempo no hubo ninguna modificación en l a estructura de la Side, ni de la Policía Federal, ni de la Gendarmería, ni de los mecanismos de control sobre esas instituciones. Nosotros, además, fuimos muy críticos de la política de seguridad. Muchas de las propuestas para obtener más seguridad era suprimiendo garantías.

- En algún momento los organismos también fueron convocados para tratar la descriminalización de la protesta...

- Ahí sí hubo variaciones. Una de las primeras iniciativas del Ejecutivo fue crear, en la Secretaría de Derechos Humanos, una comisión donde participábamos abogados de distintas intituciones. Entre otros estaban los del CAJ, los de la Facultad de Derecho, el CELS, el INSEIP. La idea era presentar las modificaciones necesarias para que fuera mucho más clara la actitud de los jueces frente a la protesta social. Pero luego dee lo que fue la actitud del Ejecutivo frente al ministerio de Trabajo, la comisión no se reunió nunca más.

- El gobierno argumentó que no pudo cambiar los artículos conflictivos del Código Penal por la falta de consenso de los organismos

- Ese argumento no es real. Es verdad que había proyectos de mayorías y de minorías. Pero al consenso se llega con reuniones y la última fue convocada para dos días después de los incidentes en el Ministerio de Trabajo. Pero por esos mismos hechos se suspendió. Nosotros solicitamos que queríamos volver a reunirnos.

- ¿Se puede decir que este gobierno tiene mucho museo y poco memoria?

- Podría ser. Pero también hay muchos derechos que tienen que ver con nuevas construcciones y el ejecutiva también se olvida de eso.

- Otra característica de estas detenciones consiste en apresar masivamente a los manifestantes para después se deja a un gran número en libertad y un puñado termina pasando un buen tiempo en prisión.

- Está claro que están deteniendo sin mayores elementos. Hay un desinterés por los derechos y libertades de los manifestantes. El mensaje es: ´nos llevamos muchos militantes y seleccionamos´. Da la idea de mucha arbitrariedad. También lo da el modo en que se califican esas conductas. Funcionan como medidas ejemplificadoras, lo digo en el sentido de amenazas. Si vos vas a una manifestación, sabés que al día siguiente por ahí no volvés a tu casa. ¿Se imaginan como era el día anterior de la detención del tipo que laburaba como vendedor ambulante? Esta arbitrariedad también se ve en la figura de la flagrancia. La Policía la está utilizando. Es una figura jurídica que donde se autoriza la detención previa a la orden judicial porque se encuentra a una persona en el momento de cometer el delito. Pero en la Legislatura se la empleó como dos horas después de los incidentes. Los detenidos estaban en el subte o por tomarse los colectivos. La idea de la figura es detener para evitar que el delito siga sucediendo. El 16 de julio, cuando se realizaron las detenciones, no se estaba cometiendo ningún delito. Se está utilizando un criterio amplísimo. LA flagrancia no está pensada para que no se escape quien cometió un delito, sino para evitar que se siga cometiendo.

- Los detenidos de Caleta Olivia, la Legislatura y Plaza de Mayo, ¿son presos políticos?

- El preso político se construye de dos maneras: utilizando figuras que tienen que ver con la política (aquel que profese estas ideas, el que manifieste, el que se reúne, el diferente, la minoría...) Otra cuestión es cuando utilizo figuras de delitos comunes las amplio, las tergiverso inconsituticionalmente para perseguir personas políticamente. Y todo el sistema no tiene ningún reaseguro para eso, entonces esa figura empieza a consolidarse. El riesgo de que este se esté utilizando la Justicia para perseguir políticamente a algunos actores, es cierto. Es clarísimo que la Justicia está persiguiendo políticamente, están sobreacutando. Entonces son presos por motivos políticos. Lo que hay que evitar es que en la Argentina empiecen a aparecer sistemáticamente presos políticos.

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