Resumen de los hechos, detenidos y acusaciones

El lugar. Caleta Olivia es una localidad de la Provincia de Santa Cruz que tiene 40 mil habitantes, de los cuales unos 140 están procesados por defender sus derechos en causas abiertas durante 2004.
Los reclamos. El 19 de agosto de 2004 unas 200 personas, en su mayoría mujeres, reclamaron “trabajo genuino” frente a la Municipalidad. El intendente de Caleta Olivia es Fernando Cotillo y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Sergio Acevedo. Unos días después, los manifestantes se trasladaron a la playa de tanques de Terminales Marítimas Patagónicas (Termap), el consorcio de empresas multinacionales que controlan el negocio petrolero de la zona.
La represión. Los manifestantes se habían trasladado ya a la playa de tanques cuando notaron la presencia de una brigada especial antidisturbios de la Gendarmería Nacional, llegada de General Acha, La Pampa, para reforzar a la policía local. La tensión se resolvió con la firma de un acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Santa Cruz que prometió trabajo a los manifestantes –unos 500 puestos con sueldos entre 500 y 700 pesos– y aseguró que no iba a haber represalias.
Sin embargo, en la noche del tres al cuatro de septiembre, cuando ya habían cerrado los tribunales, se hicieron efectivas las citaciones libradas por Marcelo Bailaque, del Juzgado Provincial de Instrucción Nº1 de Caleta Olivia: 21 órdenes de detención, de las cuales la policía concretó quince. Se llevó a las personas de sus casas a los golpes y sin explicar los motivos, actitud violatoria del Código de Procedimientos.
La acción duró dos días. El desbande fue tal que arriaron a familias enteras. Incluso, a un hombre que terminó en la comisaría con su bebé tras las rejas.
Los presos. Son seis: Elsa Orosco, Selva Sánchez, Marcela Sandra Constancio, Mauricio Perancho, Jorge Federico Mansilla, y Hugo Iglesias. Tres hombres y tres mujeres a las que se los acusa de ser los cerebros intelectuales y organizadores de las protestas.
Las comisarías. Como en Caleta Olivia no hay establecimientos de detención para mujeres, las tres manifestantes están presas en comisarías ordinarias, junto a otros hombres. El maltrato que sufrieron en la comisaría Cuarta fue una de las denuncias que hicieron cuando –el 26 de octubre- las mujeres iniciaron una huelga de hambre a la que poco después se sumaron los hombres detenidos. Exigían mejores condiciones de detención, ayuda financiera y médica para sus familias y el traslado de Mansilla -uno de los detenidos-, quien recibía malos tratos en la seccional Primera de Caleta Olivia, donde fue alojado junto a presos comunes.
Las acusaciones. “Usurpación con impedimento de funciones públicas”, “privación ilegítima de la libertad y daños”, “usurpación” y “entorpecimiento de la actividad económica”. La justicia considera que la sumatoria de estos cargos no permite la excarcelación.
Las pruebas. No hay testigos que individualicen a estas personas entre los participantes de las tomas. De hecho, Mansilla e Iglesias no estuvieron en el momento en que ocurrió todo porque asistían a un curso de capacitación para ingresar a la industria petrolera: habían conseguido sus puestos de trabajo en una manifestación anterior. Se acercaron, después, a solidarizarse, pero estaban ya marcados por su participación en protestas anteriores. Las pruebas en las que se basa el tribunal para tener detenidas a las seis personas son los informes y seguimientos fotográficos (que no son fotos in situ, sino escaneadas de otros lados) realizados por una unidad especial de inteligencia de la zona, que actúa de civil.
La justicia. Los manifestantes llevan ya más de tres meses de detención. Desde que están presos, tanto Bailaque, como el juez de recursos Miguel Angel Meyer, les volvieron a impedir–en dos oportunidades- la libertad. La primera vez le denegaron la excarcelación y la segunda les confirmaron el procesamiento. Si no se logra ninguna otra medida, pueden llegar a estar por lo menos dos años presos, hasta que las causas lleguen a juicio oral. El trámite no parece que vaya a ser rápido. Tanto Bailaque como Cristina Lembeye – a cargo del procesamiento a luchadores sociales en otras localidades de Santa Cruz– son posibles candidatos en el Consejo de Magistratura para ser ascendidos a la Cámara Penal de Caleta Olivia. Si esto se confirma, cuando estos casos lleguen a esta instancia, los jueces no van a poder tratarlas y habrá que llamar a otros. De ser condenados, los seis luchadores podrían pasar hasta 16 años en la cárcel.
Los procesados. Además de los presos, la semana de protesta dejó a unos 40 procesados, acusados de ser partícipes necesarios de los mismos delitos que los detenidos. Tienen causas abiertas –incluso- personas que se acercaron a solidarizarse o familiares y vecinos que les llevaron agua y pan a los manifestantes.

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