Colombia sufre estadísticas alucinantes de violencia desde hace décadas. Abogados e investigadores de dicho país han iniciado juicios en los Estados Unidos contra las multinacionales (Coca Cola, y las petroleras Repsol y Occidental) por múltiples crímenes y homicidios, el exterminio de pueblos indígenas, y la degradación ambiental. Cifras de la muerte, para comprender qué quieren decir estos holdings cuando aseguran que todo va mejor.

Alirio Uribe Muñoz estaba sentado en una de las muchas carpas que funcionan como auditorios en el Foro, a la espera de que comenzara una de las charlas.

Se lo notaba distendido, luego de mucho tiempo: en Colombia debe moverse con custodia y en auto blindado porque el colectivo de 17 abogados y abogadas que integra, llamado José Alvear Restrepo, brinda asistencia legal a víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.

Recientemente, su organización le inició en Estados Unidos un juicio a la Coca Cola por la muerte de unos sindicalistas colombianos en su planta de Carepa, tal como contó a lavaca. Unos metros más adelante, otro colombiano -el investigador Oscar Cañas Fajardo- daba por lanzada una campaña internacional contra las petroleras Occidental y Repsol por el exterminio de dos comunidades indígenas.

La gaseosa de los paramilitares

En Colombia se cometen 19 asesinatos por día, 5 en conflictos armados -entre policía, paramilitares, militares y guerrilleros- y 14 cuyos blancos son civiles: estudiantes, campesinos, indígenas, sindicalistas, jueces, políticos... Ese es el abanico de defendidos del colectivo Restrepo, desde hace 25 años.

Incluye también a personas sometidas a torturas, persecuciones, detenciones arbitrarias, expulsiones compulsivas, entre otras víctimas del "estado y los paramilitares porque son conniventes y actúan en conjunto", tal como señala Uribe Muñoz.

De los 45 millones de habitantes del país, unos tres millones fueron forzados a desplazarse de sus lugares. De modo que, a la par que recibían esas denuncias, los abogados empezaron a sospechar que había "beneficiarios de esa violencia."

Atrás -o al lado- del gobierno, los militares y los paramilitares se encontraroncon empresas multinacionales interesadas en la explotación de cultivos ilícitos; en la producción de oro, petróleo, carbón; en la construcción de represas hidroeléctricas o en megaproyectos viales.

Así llegaron, entre muchas otras empresas, hasta la Coca Cola. En Colombia fueron asesinados más de tres mil sindicalistas, desde mediados de la década del 80. En 1999, un grupo paramilitar entró a la planta de la embotelladora en Carepa y a punta de fusil obligó a los trabajadores a renunciar al sindicato.

Luego interceptaron el bus de los empleados y mataron a los sindicalistas delante de sus compañeros, y poco después volaron con una bomba la sede del gremio. Desde entonces ya no hay sindicatos en la zona.

Haciendo uso de la Ley ATCA, de los Estados Unidos -según la cual se puede reclamar por las ofensas a extranjeros- los abogados pudieron demandar a las casas matrices de empresas estadounidenses por violación a los derechos humanos. Exigen reparaciones individuales y colectivas (al sindicato y a la comunidad afectada). La causa, que incluye también el caso de unas detenciones ilegales realizadas en la planta de Bucaromanga, fue elevada por el colectivo a la Corte Federal de La Florida. Es un precedente de suma importancia para que se inicie una investigación criminal en Colombia y para "probar la responsabilidad de la empresa en la contratación de paramilitares para matar".

Denuncia contra Repsol

En la misma carpa donde Muñoz esperaba, el investigador colombiano Oscar Cañas Fajardo repartía el petitorio de la campaña internacional contra dos compañías petroleras, Occidental y Repsol, por el extermino de las comunidades indígenas y la degradación ambiental que causan en el departamento de Arauca desde 1982, cuando iniciaron la explotación de tierras pertenecientes a las comunidades guahiba y uwa.

Desde entonces el lugar se militarizó y el accionar violento de grupos paramilitares se hizo cotidiano, agudizándose desde 1998 con los asesinatos de campesinos, mujeres y niños perpetrados ya no solo por los paramilitares sino también por oficiales y suboficiales de la policía nacional. Poco después se incrementaron los asesinatos selectivos, a dirigentes y luchadores de los derechos humanos. Solo entre enero y mayo de 2004, en un solo municipio, mataron a 82 personas. y hubo más víctimas antes y más después, en toda la zona: la lista impresiona porque no deja de crecer.

"Esta comprobado que en las zonas de influencia de las trasnacionales Occidental y Repsol, donde exploran y explotan hidrocarburos, es donde se dan con mayor rigor las acciones de violencia que se expresan en la degradación de los derechos humanos, la destrucción ecológica, el exterminio de comunidades indígenas, los destierros de campesinos y la apropiación de sus bienes mediante la fuerza sucia", denuncia el documento que acompaña el petitorio que ayercomenzó a circular por el Foro.

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