Este sábado 5 de junio comienza la Semana Contra la Criminalización de la Protesta impulsada por los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, intelectuales, académicos y periodistas nucleados en Alerta Salta.

Este sábado 5 de junio comienza la Semana Contra la Criminalización de la Protesta impulsada por los movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, intelectuales, académicos y periodistas nucleados en Alerta Salta. La campaña se centra en dos casos testigos: el de Pepino Fernández, integrante de la UTD de Mosconi, acosado judicialmente a través de 76 causas y el de la docente Marina Schifrin, cuya condena depende de la Corte Suprema. Son solo dos ejemplos de los más 3.000 procesados en todo el país por reclamar sus derechos. Para participar de las actividades fueron invitados especialmente a Buenos Aires Pepino y Hippie Fernández, de la UTD, la doctora Mara Puntano, defensora de cientos de procesados en el Norte argentino y la docente Marina Schifrin. También se sumarán dos integrantes de la Multisectorial de San Luis para denunciar las violaciones al estado de derecho en esa provincia.

La serie de presentaciones en el marco del Foro Social, cuatro facultades de la UBA (Derecho, Filosofía y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Económicas) la Universidad Popular de las Madres y un encuentro con integrantes de asambleas barriales, culminará con una acción pública.

El viernes 11, a las 11, una delegación de Alerta Salta leerá en las escalinatas de Tribunales un Alegato Público exigiendo a la Suprema Corte de Justicia que cumpla con su deber de actuar para garantizar en plenitud y sin dilaciones todos los derechos humanos y sociales prescritos en la Constitución Nacional, cuya violación estructural y sistemática, consentida por acción u omisión de los poderes instituidos, constituye un hecho inaceptable de violencia, usurpación y despojo que subvierte el pacto social en que se funda cualquier orden y autoridad legítima; y que cese la criminalización de la protesta social y la persecución judicial de ciudadanos que reclaman por el cumplimiento pleno de esos derechos y garantías constitucionales.

Seguidamente, la delegación se dirigirá a la Secretaría de Derechos Humanos para exhortar al secretario Eduardo Duhalde que cumpla con sus obligaciones de funcionario público, exigirle que garantice el pleno cumplimiento de los derechos humanos y sociales de los amplios sectores hoy excluidos y brinde las correspondientes explicaciones sobre el proyecto de amnistía para los luchadores populares que su Secretaría remitió al Parlamento, luego de haber convocado a organizaciones de derechos humanos y especialistas a trabajar en su redacción.

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