Cánones impagos, falta de inversión, empresas endeudadas, aumento de tarifas, multas ignoradas, reclamos de usuarios sin respuesta, inseguridad y mala calidad de los servicios. Para rescindir o renegociar los contratos con las empresas privatizadas el ministro de Economía Roberto Lavagna pidió información a la Auditoría General de la Nación (AGN), que compiló los principales informes que realizó desde 1993 hasta la fecha. En estos días, el funcionario recibirá la primera entrega de documentación: una síntesis de los cuarenta trabajos más representativos sobre los servicios de trenes, subtes y colectivos dados en concesión.

La investigación demuestra que los incumplimientos son una constante, tanto en lo que refiere a las empresas como a los entes reguladores. Son un registro de las negligencias, comunes aún entre distintas concesionarias y sostenidas a lo largo de casi una década, así como de los cada vez mayores beneficios que fueron obteniendo las empresas en las sucesivas renegociaciones.

De las auditorías se desprende que las empresas:

• No cumplen con las inversiones pautadas al inicio de la concesión
• Modifican las obras a realizar, los montos y los plazos sin autorización
• No cumplen con el patrimonio mínimo necesario según el contrato para asegurar la solvencia de la empresa
• Apelan al endeudamiento como medio de financiación de las actividades, por lo que se produce un aumento del pasivo a corto y largo plazo.
• En muchos casos su situación patrimonial es comprometida
• Acumulan cánones adeudados.
• Tienen mora en el pago a las ART o en aportar al sistema jubilatorio,
• Modificaron la composición del paquete accionario, prohibido por contrato
• No hacen mantenimiento de los bienes

No tienen inventarios o no están correctamente hechos ni actualizados

• No cuentan con seguros (sobre bienes, responsabilidad civil), son ineficientes o están vencidos
• Realizaron ajustes a las tarifas, que violan las cláusulas contractuales y la Ley de Convertibilidad
• No pagan las multas impuestas por el órgano regulador.
• No tienen un sistema eficaz de recepción de las quejas de los usuarios
• No presentan la documentación requerida, información esencial para que el Estado pueda ejercer su control

A su vez, demuestran los informes, los órganos reguladores no cumplen correctamente con su función porque:

• Omiten fiscalizar aspectos esenciales de los contratos.
• No cuenta con manuales de procedimiento, por lo que no surge claramente qué reglas se aplican para el control.
• No cuentan con un sistema de control informatizado, sistematizado y eficaz
• Los sistemas de control de las infracciones no son funcionales.
• La cantidad de inspectores destinados al control es insuficiente
• No reclaman ni aplican penalidades o lo hacen muy tardíamente, aún ante los incumplimientos reiterados de las concesionarias.

En virtud de la gravedad de las observaciones realizadas, son varios los trabajos que recomiendan la rescisión de los contratos y uno, incluso, reclama que se señalen las correspondientes responsabilidades entre los funcionarios actuantes, pasibles de sanciones administrativas o judiciales. A modo de ejemplo, se presentan aquí algunos de los señalamientos que dan cuenta de la gravedad del panorama denunciado. A medida de que sean entregados, cada semana, la vaca publicará una síntesis de la documentación Los informes completos pueden consultarse en www.agn.gov.ar

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