"Sería un desafío grande" asegura Luis Caro, presidente del Movimiento de Fábricas Recuperadas, cuando se le propone imaginar un sistema de autogestión obrera para las empresas de servicios públicos privatizados. El abogado propone una cogestión entre los trabajadores y los usuarios. Los primeros cobrarían todos el mismo salario y los segundos evaluarían el servicio y tendrían capacidad de veto. El Estado -según esta visión- podría ser propietario del patrimonio de las compañías y debería garantizar los subsidios que actualmente gira a las privatizadas. Otro aporte al debate sobre qué hacer con las empresas de servicios públicos para que recuperen justamente ese rol público, zafando de la encerrona entre lo estatal y lo privatizado.

-Usted preside un movimiento que recupera fábricas privadas quebradas a través de la autogestión de los trabajadores, ¿puede darse un esquema similar en las empresas privatizadas?

-Me parece que se dan las condiciones óptimas, todavía mejor que en las fábricas que recuperamos.

-¿Por qué?

-Porque mientras los compañeros de las fábricas tienen que salir a buscar mercados con precio y calidad, las empresas de servicios público son monopólicas. Otro aditamento que no tuvimos en las fábricas: el subsidio estatal. El Estado actualmente subsidia a las privatizadas. Se gasta cerca de un millón de dólares diarios para mantener Ferrocarriles; el Correo no paga el canon desde hace años. Creo que sería estupendo que las empresas no sean administradas por el Estado sino por los trabajadores y los usuarios. La cooperativa le daría una dinámica que no tiene el Estado que, sabemos, es un elefante, que no puede y no sabe administrar. Y que muchas veces entra la corrupción. La cooperativa de trabajo administrada por los mismos trabajadores y con participación de los usuarios en la gestión brindaría eficiencia. Habría que hacer un ente autárquico, que se maneje como una empresa.

-¿Cuál debería ser la estrategia a seguir?

-Primero, la anulación de los contratos de concesión por incumplimientos. Después, habría que hacer una gran cooperativa de trabajo. Las cooperativas de servicios -luz, teléfono- están muy difundidas en el interior del país. Son lugares donde las empresas privadas o el mismo Estado no pudo llegar porque la rentabilidad era baja. Lo importante es que esas cooperativas no se transformen en grandes empresas con pantalla cooperativa para cubrir los gastos de unas pocas personas. Sería bueno que se aplique el criterio que hay en las fábricas recuperadas, que todos los trabajadores cobren lo mismo, ocupen funciones de gerentes o de obreros. Esto es central. La igualdad en el salario no quiere decir que todos ganen muy poco, puede haber un buen salario para todos. Y sería una clave que ese sueldo estuviese relacionado con el servicio que brindan. A los trabajadores de las fábricas recuperadas nadie les garantiza un salario. Todas las semanas tienen que producir, vender y comprar para garantizarse el sueldo. Es un salario por productividad. En este caso, el Estado no tendría que garantizar un salario. No sería una privatización que ponga el lucro o la rentabilidad como premisa. No hay que asegurar el salario: tienen que ganárselo.

-¿Por qué el ingreso debería ser por productividad?

-En las fábricas recuperadas, se empieza con cero. No hay un peso en ningún lado. Primero se empieza a generar riqueza. En este caso hay que darlo vuelta. El que paga el salario es el usuario, entonces hay que dar el mejor servicio y cobrar de acuerdo al servicio que se da.

-¿Cuál sería el lugar de los usuarios?

-Como es un servicio, los usuarios serían un contrapeso. Habría que estudiarlo bien. Pero se me ocurre que deberían estar en igualdad y hasta con poder de veto en algunas decisiones. Deberían ser un contralor: los que evalúan si la calidad del servicio es óptimo y por lo tanto cuánto corresponde pagar.

-Los dueños de las privatizadas exigen aumentos de tarifas. Dicen que no pueden garantizar la calidad de servicio si no hay subas ¿Cómo harían las cooperativas de trabajadores?

-Hay que cambiar el criterio de rentabilidad. No son rentables para una empresa que necesita tener cierta rentabilidad después de haber invertido un capital. Para las empresas administradas por cooperativas de trabajo, para los trabajadores, la rentabilidad es llevarse un buen ingreso a la casa. Los trabajadores de las fábricas recuperadas demostraron que se necesita gastar mucha menos plata para manejar una empresa. Los sueldos de los gerentes son muy altos. Ese es un costo enorme que tienen las empresas privatizadas. Después de la salida de la convertibilidad no pueden aguantar eso, entonces plantean aumentos de los cánones, de los subsidios, no cumplen los compromisos de realizar las obras que por contrato tienen que hacer. Las cooperativas de trabajadores de servicios públicos me parecen ciento por ciento viables. Se daría el postulado de la estatización con control obrero. Y yo le agregaría con usuarios.

-¿Estas empresas gigantescas pueden funcionar sin gerentes?

-Hay que pensarlo en otro sistema. No es el gerente que se utiliza como método de control interno. Su obligación será cumplir con un servicio y no responder al dueño de la empresa. No tendrá la obligación de generar una rentabilidad determinada, y en pos de ese objetivo no deberá echar personas para que le cierren los números. O no reinvertir. Esto no quiere decir que no haya técnicos, gente especializada, ingenieros, contadores, abogados. Es más, en este proceso habría una incorporación de muchos de esos famosos ingenieros que manejan taxis. Es gente que ahora está teniendo muy bajos ingresos y tranquilamente podría cumplir tareas de gestión para estas empresas. La Argentina hoy tiene seis millones de desocupados, muchos de ellos obreros especializados y universitarios. Con este proyecto se cumplen dos funciones: se cubren los servicios que necesita la gente y a la vez se incorporan trabajadores. Podría duplicarse la cantidad de gente trabajando.

-¿Con el doble de trabajadores serán viables o volverán a dar pérdidas como cuando las manejaba el Estado?

-Sí, estoy seguro de que son viables. La mayoría de los servicios de recolección de residuos de los municipios están privatizados. El negocio es enorme. Hay disminución de personal, bajos servicios y la parte más grande de la facturación se la lleva la empresa recolectora. Eso habría que socializarlo y solidarizarlo. El mismo gasto podría ocupar al doble de personal y aumentando el servicio varias veces más que el doble. En Avellaneda se paga un millón de pesos mensuales en recolección de residuos. Y el sobreprecio es de cien por ciento. Se tendrían que pagar quinientos mil pesos. En salarios, el costo no supera los 300.000 pesos mensuales. O sea que si duplicamos la cantidad de obreros, la masa salarial será de 600.000, quedan otros 400.000 para gastar. ¿Y cuánto mejoraría el servicio con el doble de personal? Desde los 90, las empresas lo que piensan en la rentabilidad como primer objetivo, sin importarle reducir el personal ni la calidad de servicio. En las cooperativas de trabajo eso se daría vuelta y el gasto sería más eficiente.

-¿Podrían autoorganizarse empresas con tanto personal?

-Creo en la comunidad organizada, como decía Platón y después dijo Perón. Ya hay cooperativas, como Aurora, con 330 personas. Es más dificultoso y mayor el esfuerzo humano que se realiza. Pero funcionaría.

-¿Se imagina una administración horizontal y asamblearia, como las de las fábricas recuperadas?

-En las fábricas las veces que quisimos ir a otros sistemas, tuvimos problemas. Hay que repartir las responsabilidades. Habrá que ir nivelando la representación, pero en alguna instancia también tendrá que haber una asamblea plenaria. Te lleva más tiempo, pero es un aprendizaje enorme. El trabajo de asamblea, cuando la organización se abre, diluye el accionar corrupto o de mafias. Cuando se cierra en cuatro o cinco está el germen de la quiebra. La mayor discusión hace a la mayor transparencia.

-¿Estas empresas tan grandes no necesitan sistemas más ágiles que una asamblea para tomar decisiones?

-Tiene que haber un sistema de delegación. En las fábricas existe. Pero al lado de ese sistema de delegación está el de rendición de cuentas y la revocatoria de mandatos. Las multinacionales tienen esa metodología, el gerente que no funciona, afuera. Pero en vez de pedírselo los compañeros se lo pide el dueño, que es el que tiene el poder. Aquí el poder estaría en la masa societaria y los usuarios.

-¿Cómo haría para que los intereses partidarios o políticos no conspiren contra la eficiencia de la empresa de servicios?

-La clave en nuestro movimiento es que es apolítico y apartidario. Así debería ocurrir en estas empresas de servicios públicos.

-Pero la toma de fábricas y la autogestión obrera son acciones políticas.

-Sí, sí. En ese sentido sí. Pero muchas veces se toman posiciones que para las fábricas no son relevantes. No importa si estamos a favor o en contra del FMI para recuperar una fábrica. Kirchner sí o Kirchner no, tampoco tiene nada que ver. La función primaria de estas empresas de servicios tiene que ser la prestación de servicios, que incluye el trabajo. Ahí hay que poner todas las ganas, la voluntad, la inteligencia.

-Pero hay temas que serán políticos, Por ejemplo si habrá o no una la tarifa social. Y, a la vez, eso determinará el nivel salarial.

-Los trabajadores tienen que vivir bien y los usuarios gozar de un buen servicio. Por eso el contrapeso son los usuarios. Esas discusiones se van a zanjar, como ocurre en las fábricas. Pero si queremos prever todo antes de entrar, no entramos. Si en las fábricas que recuperamos nos poníamos a ver si podíamos pagar la luz antes de entrar, nunca hubiéramos empezado el proyecto de fábricas recuperadas. Hay que arriesgarse. En este caso, el problema es que tiene que haber una decisión previa del gobierno. Es creer primero y después realizar. Eso sí es ideológico: creer que el pueblo puede brindarse sus propios servicios.

-¿Cómo cree que los trabajadores de las empresas privatizadas tomarán esta propuesta?

-Es difícil que ellos puedan tomar conciencia de esto. Porque son trabajadores en relación de dependencia, tienen garantizado el salario. Hay que hacer todo el proceso que ya se vivió en las fábricas recuperadas. El primer problema que yo encuentro cuando voy a una fábrica tomada no es el juez, ni el síndico; sino los trabajadores mismos. Hay que convencerlos de que van a iniciar un proceso autónomo, que van a cobrar si trabajan, que van a tener que cumplir los horarios, ser más disciplinados que en la etapa anterior. El desafío depende del convencimiento de los trabajadores. Si a los obreros de las fábricas después de seis meses de autogestión uno le pregunta si volverían a trabajar con patrón, le contestan que no, que ni loco.

-¿Y los sindicatos apoyarían un proceso como el que imagina?

-Lo combatirían. Pero las fuerzas populares organizadas pueden contra esos sectores del poder que son funcionales a un sistema de empobrecimiento del país. Tenemos que pensar en un país que genere empleo. Y las empresas de servicio son propicias para eso. Los sindicatos no apoyarían esta idea por el mismo problema que tuvimos en las fábricas recuperadas: necesitan que el trabajador tenga su relación de dependencia, para que aporten al sindicato. Yo digo lo contrario, que los trabajadores pueden seguir afiliados a su sindicato y mantener la obra social porque los compañeros del movimiento nos sentimos parte del movimiento obrero. Pero hay que pensar en esos 6 millones de desocupados que no forman parte de ningún movimiento.

-Como abogado, ¿cree que pueden rescindirse los contratos con las privatizadas?

-Hay que ver la decisión política del administrador. Seguramente se va a llegar un acuerdo de ruptura de contrato. Las privatizaciones están viciadas en su origen. Si existe la voluntad o la decisión política del administrador, tarde o temprano se van a rescindir.

-¿Qué empresas de servicio públicos imagina administrada por sus trabajadores?

-Tal vez no se pueda dar en todas pero, por ejemplo, el Correo puede funcionar. Y Ferrocarriles también.

-¿Cuál debería ser la relación de estas empresas con el Estado?

-El patrimonio tiene que ser del Estado. Y tendría que garantizar los subsidios que está dando ahora. También me parece que tendría que ser un contralor junto con los usuarios. Pero la acción de la empresa tendría que ser lo más libre posible del Estado, como si se tratara de una empresa privada.

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