Claro que con ciertos matices no publicitados en la solicitada. El informe 195 de 2001 de la AGN señala que fueron incluidas como inversiones -con la anuencia de los entes reguladores-"las indemnizaciones correspondientes al Plan de Retiros Voluntarios del Personal, imputadas contablemente como Bienes Tangibles en la Cuenta del Plan de Inversiones de la empresa" y que las auditorías sobre "inversiones" y "estándares de calidad" no fueron planificadas ni ejecutadas de conformidad con lo normado en el contrato.

Según el contrato, el concesionario debe depositar el 30 por ciento del canon en el sistema único de Seguridad Social por lo que los auditores calculan que, en este item, la empresa adeuda 61.920. 000 pesos al Anses, correspondientes a los semestres que van de septiembre del 99 a marzo de 2001. Ese fue el período auditado, pero nada parece indicar que desde entonces se haya hecho algún otro depósito.

El canon es un importe fijo semestral de 51.600.000 pesos que la empresa debe pagar por adelantado y, de no hacerlo, la mora es automática, con intereses punitorios. Los informes de auditoría señalan que CASA ha incumplido de los pagos correspondientes a los semestres 3°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8°: el equivalente a algo más de 207 millones de pesos y que por ello el Estado puede exigirle la rescisión de su contrato.

El estudio de auditoría llegó hasta marzo de 2001. Si se le suma el tiempo transcurrido hasta hoy, la concesionaria adeuda por lo menos 258 millones más.

Además, puntualiza el trabajo, "el dispendio económico provocado por CASA en postergar los pagos y argumentar fundamentos inconsistentes y dilatorios impone el resarcimiento del Estado (daños y perjuicios e intereses), no evaluado oportunamente".

Si bien al inicio de la concesión, el organismo de contralor del sistema de correos era la Comisión Nacional de Comunicaciones, el decreto N 772, de septiembre de 2000, modificó la estructura organizativa y estableció a la Secretaría de Comunicaciones. Esta normativa dio origen a una disputa de jurisdicciones que terminó en que ninguno de los organismos se encargó del control del correo. Así es que los informes de auditoría no solo responsabilizan a la empresa sino también a los organismos por:

• No exigir el pago del canon

• No ejecutar la garantía

• No sancionar a CASA por los aportes no realizados al sistema

• No verificar el cumplimiento de todas las obligaciones previsionales y sociales del personal

• No exigir del Concesionario la presentación previa de un cronograma itemizado de las inversiones a realizar durante el primer año de la Concesión, limitándose a controlar el respaldo contable de los montos de inversión informados por la empresa

• Desconocer el universo de los reclamos efectuados por los usuarios ante las oficinas comerciales de la empresa Correo Argentino

• No coordinar con la AFIP)para establecer el cumplimiento de exigencias establecidas a los prestadores del servicio

• No controlar el tenor de las certificaciones contables que presentan los prestadores del servicio postal como comprobación del cumplimiento de sus obligaciones impositivas previsionales y sociales.

• No exigir que las empresas cuenten con libros de quejas, como así tampoco con publicidad destinada a informar al usuario de la posibilidad de hacer reclamos

"El Estado no ha perdido $700 millones que le hubiera generado su propia administración", argumenta la solicitada de Correo Argentino S.A. Pero, a juzgar por la evaluación de la auditoría, con la privatización ha perdido -y no solo en dinero -mucho más.

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