Mientras ochocientas mil personas carecen de agua potable y un millón no tienen cloacas, la tarifa del servicio sanitario aumentó un 88 por ciento en los últimos diez años, con la excusa de inversiones que Aguas Argentinas - la empresa concesionaria- nunca hizo. Es indudable que la gravedad de la denuncia amerita una tapa. Y así fue. El sábado 13 de septiembre el diario Página/12 publicó en exclusiva los datos de un dictamen confidencial que el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss), entregó a la Unidad Renegociadora de Contratos de Obras y Servicios Públicos. Pero la nota, desplegada a doble página, omitió un detalle: el organismo que elaboró el documento es -ni más ni menos- que el responsable de hacer respetar los incumplimientos que ahora denuncia, de aplicar sanciones y hasta de impulsar la rescisión del contrato ante negligencias reiteradas.

"Haciendo agua" es el título de tapa del artículo que sintetiza las 180 páginas de un informe que, entre otras cosas, señala:

• Las modificaciones del contrato hechas a favor de Aguas Argentinas
• Las inversiones incumplidas de la compañía por casi mil millones de pesos-dólares
• Una rentabilidad empresaria superior al 20 por ciento anual durante toda la Convertibilidad
• La crítica situación de endeudamiento de la concesionaria
• La baja eficacia y la falta de interés en la atención a los usuarios
• Las multas impagas que son más de la mitad del total de intimaciones recibidas por la firma.

Que esta información es de interés público es un hecho que no se discute. Lo cuestionable -periodísticamente hablando- es que no se haya realizado ninguna referencia a los polémicos antecedentes del ente que elaboró el informe, sin que esto signifique invalidar la contundencia de la denuncia.

Si bien algunas de las autoridades que ahora entregaron la información no son las mismas que en los inicios, esto no impide al periodista hacer un poco de historia; exponer ante el lector la complejidad de una realidad que no tiene una sola cara.

Entre 1993 y el primer semestre de 2003 la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó 29 informes relacionados con el Etoss. Durante esos diez años, el ente regulador estuvo a cargo de Eduardo Ceballo, un ex directivo de la empresa estatal Obras Sanitarias, quien gestionó la privatización y de allí pasó al organismo de control. Bajo amenaza de ser sumariado, fue forzado a renunciar al Etoss por el propio Kirchner.

Algunos de las investigaciones de la AGN puntualizan que:

• El organismo no cuenta con un documento que exprese la planificación a nivel estratégico de la gestión y detalle las metas, objetivos y acciones de control sobre el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.
• No cuenta con un plan de capacitación de sus integrantes
• No tiene previsto verificar que el concesionario utilice la infraestructura exclusivamente para los fines de la concesión.
• La dotación de personal es insuficiente.
• No se observan ingresos genuinos en concepto de multas.
• No existe un Registro de Proveedores
• La falta de procedimiento y plazos para la tramitación interna en la contratación de servicios y obras, produce demoras excesivas en detrimento de la economía procesal del Etoss. El trámite para el "Proyecto Pliego de Bases y Condiciones Particulares selección de una agencia creativa de publicidad" demoró dos años y un mes y la contratación fue finalmente dejada sin efecto mientras que la licitación para la compra de un vehículo para laboratorio móvil llevó un año y 5 meses
• Todas las contrataciones de personal profesional, administrativo, de mantenimiento o servicio, tanto por locación de servicio o de obra, se efectúan en forma directa. No se ha implementado norma específica ni modalidad alguna de concurso, concursos por oposición de antecedentes, concursos privados o públicos o de algún otro tipo de selección de personal sistematizada o normada.
• La media de tiempo que demora el Etoss desde que detecta un incumplimiento (inicio) hasta su registro contable por la Gerencia de Administración y Finanzas (finalización) supera los 250 días, cuando no deberían pasar más de 36 días hábiles.

  Las auditorías coinciden en que el ente no ha cumplido con su razón de ser: la de asegurar un buen servicio sanitario, al no controlar ni exigir a la empresa concesionaria que cumpliera con el contrato.

  
  
  publicada 27/04/2004
  
  
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