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Los costos de la “ley espía” ( y quién no los quiere pagar)

Una noticia vieja se convirtió en tapa de los diarios, impulsada por la negativa del gobierno a pagar los costos operativos de este atropello a los derechos civiles. La verdadera historia de un decreto que promovió la administración Bush.

Con perpicaz mirada, el portal de análisis de medios Diario sobre diarios (1) tituló así la repercusión que tuvo durante esta semana la noticia sobre la "ley espía" y el anuncio sobre derogación:

Y es verdad. A pesar de la ensalada de fechas, normas y origen político que se escribieron estos días sobre el tema, lo cierto es que esta noticia nació el 31 de julio de 2004 en la cancillería argentina. Allí, durante dos jornadas, se llevó a cabo una reunión organizada por la OEA para debatir "la seguridad de Internet", un fantasma que agita con éxito la administración Bush para imponer legislaciones de control en toda Latinoamerica. En la reunión de cancillería, los promotores del espionaje fueron Chris Painter, subdirector de la Oficina de Delitos Informáticos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y James Farman, subdirector de la División Cibernética del FBI. La reseña de la reunión fue publicada por los diarios Clarín y La Nación y decodificada por lavaca, advirtiendo lo que se venía: un ataque a los derechos civiles disfrazado bajo una ley de seguridad informática. La nota se título: El Gran Hermano te visita.

El segundo round se perdió por nockout el 8 de noviembre, cuando el Poder Ejecutivo sancionó el decreto reglamentario de la Ley 19.798, mediante el cual forzaba una reforma votada en el Congreso, imponía el espionaje de todas las comunicaciones, obligaba a los prestadores de servicios de telecomunicación a implementar las condiciones técnicas para llevar a cabo el atropello y explicitaba que el organismo encargado (y autorizado) a realizar las intercepciones era la Dirección de Observaciones Judiciales de la Secretaria de Inteligencia del Estado (la tristemente célebre Ojota de la Side). En ese decreto -copia del proyecto promocionado por los impulsores de la Ley Patriotica en los Estados Unidos- se fijaba además un plazo para que las empresas cuenten con la infraestructura necesaria para permitir el espionaje estatal y almacenar las comunicaciones durante 10 años. Todo debía estar listo antes del 31 de julio de 2005. La noticia, el texto completo del decreto y la descripción del programa espía fue publicada solo por lavaca el 23 de noviembre de 2004.

La nota fue acompañada con el envío de cartas a ONGs dedicadas a estas cuestiones, reclamando su intervención. También originó la consulta de algunos diputados que nos escribieron para solicitar la información y sus antecedentes.

El tercer round fue en diciembre de 2004, cuando se presentó ante la justicia un recurso de amparo por parte de las empresas de telecomunicaciones nucleadas en CABASE. La medida fue desestimada por el juez dos meses después y los reclamos del sector fueron entonces planteados directamente en la Casa de Gobierno.

La negativa del gobierno a asumir los costos del espionaje -estimados por las empresas del sector en unos 90.000 pesos mensuales- fue determinante para que todo cambiara a una velocidad que solo el dinero puede aletear.

El 5 de abril, en un reportaje con el experto en software libre Diego Saravia, volvimos a tocar el tema en nuestra página. Le preguntamos en esa entrevista:

-Coincidentemente con el ataque a la página de la Presidencia de la Nación, el diario Clarín ha publicado una extensa nota sobre la necesidad de sancionar leyes que garanticen la seguridad de Internet. Previamente, el gobierno ha ordenado por decreto el control de todas las comunicaciones. ¿Internet es inseguro o estamos ante una política nacional de control de las herramientas de comunicación y las nuevas tecnologías?

-Es una política mundial de control. Con tener técnicos competentes se podrían evitar esa clase de sucesos como el de la web de Presidencia. Las leyes poco tienen que ver con los ataques sino con la necesidad de los servicios mundiales de espiar a la población del planeta para ejercer control político y cultural de la misma.

Cinco días después el diario Página 12 publicó en su portada un título tan viejo como la noticia: El Gran Hermano (2). El artículo rebotó en todos los medios, pero con particular enfásis en aquellos controlados por empresas que integran CABASE: Advance (Grupo Clarín) y Telefónica (Telefé), entre las más poderosas y preocupadas por tener que desembolsar los costos del atropello.

No estamos en condiciones de asegurar cúal hubiera sido el resultado de este combate de haber erogado el gobierno nacional los dineros necesarios para controlarnos.

Sí que se trata de una política global, y en cuanto tal -advertimos una vez más- habrá próximos embates.

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