Alejandro Olmos fue el hombre que inició la investigación sobre el origen fraudulento de la deuda externa argentina y murió antes de ver coronada su presentación ante la Justicia. En un acto del Foro Social fue recordado por sus seguidores. El movimiento que perpetúa su nombre presentó una "Carta abierta al Congreso de la Nación y a la Opinión Pública" con la sentencia judicial sobre el caso.

El día de 1982 en que se presentó ante la Justicia, Alejandro Olmos no debe haber imaginado que, a partir de su denuncia, tramitada en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 2, secretaría Nº 4, se declararía el carácter ilícito y fraudulento de la deuda externa argentina. Dieciocho años después, durante el 2000, se cerró el expediente que no arrojó culpables por haber prescripto los delitos, pero sí echó luces sobre la gran sombra de la economía argentina. Olmos falleció el mismo año, algunos meses antes de ver el resultado de su trabajo.

Mucho menos podría haberse imaginado, en aquel inicio de la causa, que un grupo de asambleístas vecinales conformaría, luego de su muerte, un movimiento con su nombre como emblema y su causa como lucha.

En esta instancia, el Movimiento "Alejandro Olmos" presentó su "Carta abierta al Congreso de la Nación y a la Opinión Pública". Basada en la sentencia firme que recayó sobre la causa, el documento demanda a los miembros del Parlamento que "declaren la nulidad de la pretendida deuda externa, rechazando toda acreencia que carezca de justificación válida y no se encuentre debidamente asentada en los registros contables del Banco Central de la República Argentina, estableciendo que al haberse generado mediante maniobras espurias debidamente comprobadas, constituye una exacción compulsiva que se ha convertido en un instrumento de saqueo y dominación inaceptable, y causa directa de un genocidio por hambre, violencia, y enfermedad".

Con la idea inicial de presentar la Carta Abierta en una conferencia de prensa y ante la ausencia casi total de periodistas, Jorge Rossen, Jorge Cholvis, Julio González y María Teresa Moya Dominguez, disertaron sobre la historia de la deuda y se quedaron con ganas de presentar la carta a algún otro medio que se sumara a esta agencia.

El documento presentado solicita que se sancione por ley la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, y de aquellos cometidos contra el Estado, así como los de Traición a la Patria, incluyendo dentro de ellos a los que se hubieran realizado contra el patrimonio público.

Además, el movimiento pide que se tomen los hechos comprobados en la causa penal para avanzar contra los fiscales, por no haber iniciado ningún trámite contra los diversos funcionarios implicados durante el proceso judicial. En el mismo sentido, reclaman que "se intime al Defensor del Pueblo de la Nación y al Ministerio Público a iniciar acciones judiciales contra aquellos funcionarios, a efectos de que respondan civil y penalmente por los daños ocasionados al país y a su pueblo".

También arremeten contra los bancos y los organismos financieros internacionales que "ya sea mediante sobornos o por complicidad, cooptaron a funcionarios de gobiernos argentinos para actuaran en contra de los intereses de la Nación, provocando la pérdida de decenas de miles de vida humanas, el avasallamiento de nuestra soberanía, la destrucción de nuestro aparato productivo, la apropiación de todas las empresas y recursos del estado, la incautación de los depósitos bancarios, el descalabro de nuestra estructura económica y social y que ahora hasta pretenden la entrega de territorios a cambio de deuda". Acusan a esas entidades de provocar "actos de guerra, una guerra no declarada, que utilizando armas económico financieras, adopta modalidades propias del terrorismo, en tanto vulnera los marcos legales y las convenciones internacionales" pero con los mismos objetivos destructivos de una guerra tradicional.

La carta demanda que se presente un reclamo ante las Naciones Unidas que denuncie "las actitudes extorsivas y violatorias de nuestra soberanía y del principio de libre determinación de los pueblos (Carta de las Naciones Unidas, Capítulo 1, Art. 1, Párrafo 2) adoptadas por parte de los funcionarios del FMI, al exigir de modo compulsivo la adopción de determinadas medidas políticas y la derogación de normas legislativas que penalizan delitos cometidos en nuestro país", como las leyes de quiebra y subversión económica que el Congreso derogó hace unos meses a pedido del FMI.

Con este conjunto de peticiones, el Movimiento "Alejandro Olmos" busca el aval de seiscientas mil firmas que le den el carácter de iniciativa popular.

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