< Anterior

Según la feminista mexicana Marcela Lagarde: "El feminicidio es el genocidio contra mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. En el feminicidio concurren en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales: los hay seriales e individuales, algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y deshechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que se de el feminicidio concurren de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones (20).

Una investigación a cargo de Susana Cisneros y Silvia Chejter sobre asesinatos de mujeres, titulada Feminicidio e Impunidad refleja que cada dos días una mujer es asesinada en la provincia de Buenos Aires. Mueren baleadas más que apuñaladas y en casi el 70 por ciento de los casos, a manos de un conocido, generalmente su esposo, novio, amante o ex-parejas.

En la mayoría de los casos los culpables no tienen condena. Las muertes no aparecen más que en crónicas policiales, pero lo más grave es que automáticamente en mucho de los casos convierten a las víctimas en victimarias con un discurso sexista que en gran parte son emprendidos por periodistas, jueces y policías.

Se conoce que en los últimos años Argentina, se vio sacudida por una serie de asesinatos de asesinatos de mujeres, especialmente en ciudades del interior como Santiago del Estero, Cipolletti o Mar del Plata. Diversas organizaciones de mujeres comprometidas con la defensa de los derechos humanos de las mujeres, sostienen que existe similitud en la actuación de los asesinos de Santiago del Estero, Mar del Plata y Catamarca, en Argentina, con los de Ciudad Juárez, Guatemala o El Salvador: sadismo, ensañamiento y total impunidad. Cuerpos violados, desfigurados y/o descuartizados. Son los crímenes con marca, expresión de una cultura donde las normas y formas de convivencia determinan la opresión de las mujeres.

Las organizaciones de mujeres denuncian que las acciones y políticas emprendidas por parte del estado son prácticamente nulas en materia de estos temas. Un elemento a agregar es que en algunos casos se ha demostrado la participación de autoridades políticas y la complicidad policíaca en el encubrimiento de los crímenes.

Hasta el día de hoy no se han esclarecido todavía en nuestro país, alrededor de 60 casos de mujeres asesinadas y desaparecidas en la Costa Atlántica, estos asesinatos comenzaron en 1993. En un principio se adjudicó los crímenes al 'loco de la ruta', pero con el tiempo se descubrió que resultó ser un personaje inventado por la policía, al que originalmente se le adjudicaron las desapariciones y muertes de doce mujeres en Mar del Plata.

También, continúa impune el crimen de Sandra Cabrera, secretaria de AMMAR-Rosario, asesinada en un episodio en el cual estuvieron involucrados policías de la provincia de Santa Fe.

III-La persistencia de la impunidad y avance de la militarización en América Latina

Por último, aunque sea brevemente, nos interesa dejar constancia de la situación de impunidad del Estado y sus instituciones, como una constante de la historia argentina, en especial en lo que se refiere a graves hechos de represión política, atentados y casos de gatillo fácil, así como respecto del avance de la militarización, a escala continental.

En este sentido, sólo se avanzó en el juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Darío Santillán, ocurrido el 26 de junio de 2002. Recordemos que el fallo judicial (9/01/2006) impuso severas penas a los responsables materiales de los crímenes, al tiempo que abrió la posibilidad de una querella a los responsables políticos de tal masacre. Sin embargo, la situación de impunidad abarca a anteriores hechos de represión, que involucran el crimen de Teresa Rodríguez, en Cutral Có, Neuquén (abril de 1997); los asesinatos de Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano (Mosconi, mayo de 2000), Aníbal Verón (Mosconi, noviembre de 2000); la represión de junio de 2001 en Gral Mosconi, nuevamente, en la que murieron dos piqueteros -Carlos Santillán y Omar Barrios- y hubo más de 200 heridos, entre ellos, un joven de 19 años, Iván Dorado, que quedó parapléjico .

Por otro lado, recordemos la respuesta del Estado frente a una de las mayores crisis registradas en la historia del país, en diciembre de 2001. La represión desplegada por el Estado, que incluyó la declaración del Estado de sitio, durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, dejaron un saldo trágico de 33 muertos en todo el país (cifra que se eleva a 37 al día de la fecha, ya que algunas personas que habían quedado gravemente heridas por impactos de plomo, han fallecido en los últimos tres años). Asimismo, la situación de impunidad se refleja también en numerosos casos de gatillo fácil, como aparece indicado en el informe anual de Correpi.

La situación de impunidad involucra al mismo Estado Argentino, si hacemos referencia al mayor atentado de la historia argentina, el de la voladura de la mutual israelita, la AMIA. A doce años de los hechos, se ha probado que el fuero interviniente, lejos de hallar a los culpables, ha garantizado la impunidad, a través de la destrucción de las pruebas, el desvío de la investigación, la compra de testimonios falsos y demás irregularidades. Estos hechos, que muestran la complicidad del Estado argentino, derivaron en 2004 en el apartamiento del juez y los fiscales originarios de la causa. Sin embargo, y pese a las promesas de la actual gestión, la causa sigue sin mayores avances.

En fin, no olvidemos que "vivimos bajo los impactos de la guerra contra el `terrorismo` como reacción del gobierno de los Estados Unidos y su coalición al repudiable atentado del 11 de septiembre del 2001. Esta guerra, que se produce en el marco de la globalización y el neoliberalismo que operan para la exclusión económica y social, considerando que el individuo y el ciudadano son efímeros y descartables, constituye una nueva expansión del modelo neoliberal." (21)

En este marco, diversas organizaciones de derechos humanos han venido denunciando la fuerte militarización del continente, a partir de la implantación de bases militares norteamericanas en diferentes países latinoamericanos, de las operaciones militares camufladas de asistencia social y de gestiones de paz, las fronteras militarizadas, los ejercicios militares conjuntos, el adiestramiento y las transferencia militares y policiales a fuerzas de seguridad y ejército en la región.

En un contexto de fuerte militarización del continente, el 30 de marzo de 2005 se convirtieron en ley en la Argentina dos convenios internacionales referidos a la guerra contra el terrorismo impulsada por Estados Unidos. Uno de los acuerdos es la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE), adoptada por la Asamblea de la OEA en junio de 2002, que obliga a los estados firmantes a establecer un régimen jurídico y administrativo para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo, establece la necesidad de cooperación entre los estados para mejorar el control fronterizo, aduanero y de emisión de documentos de identidad y de viajes, como formas de prevenir y detectar actividades terroristas y los impulsa a implementar un sistema de detección y vigilancia de movimientos transfronterizos de dinero con el fin de identificar, congelar, embargar o decomisar fondos o bienes usados para financiar a grupos o actividades terroristas. Esta convención establece que ninguno de los delitos relacionados con el terrorismo puede ser considerado como un delito político, por lo cual aquellas personas que han cometido un delito relacionado con el terrorismo no se les reconoce la condición de refugiado ni se le otorga asilo.

El otro tratado aprobado es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, adoptado por la asamblea de la ONU el 9 de diciembre de 1999, que obliga a definir y penar las figuras delictivas enmarcadas en la definición de terrorismo adaptada a las exigencias norteamericanas, establece la obligación de prestar la mayor asistencia posible en relación con investigaciones, procesos penales o de extradición y prohíbe ampararse en el secreto bancario para rechazar un requerimiento judicial tanto local como extranjero. En este convenio se establece que cometen delito no sólo quienes realmente financian actos terroristas, sino también aquellos que hayan aportado fondos que no llegaron a usarse efectivamente para cometer un delito, quienes sean cómplices, quienes hayan tratado de cometer un delito, y quien organice, de órdenes a otros, o contribuya en el mismo sentido. En estos últimos casos se intentan medir intenciones muy difíciles de comprobar en la práctica.

Por otro lado, el gobierno argentino ha desplegado tropas militares en Haití. La denominada "fuerza de paz" argentina fue integrada en su primera etapa por 500 efectivos, la mayoría integrantes del Ejército y de la Infantería de Marina. La Misión de la ONU de Estabilización de Haití (Minustah), desplegada en el país tras la caída de Aristide, está integrada básicamente por 1.200 soldados brasileños, 800 uruguayos, 600 argentinos, 570 chilenos y unos 200 militares y guardias civiles españoles. El mandato de la Minustah vence el 15 de febrero de 2006. Según el entonces Ministro de Defensa de Argentina, José Pampuro (ver Clarín, 22/5/04) "por primera vez, las fuerzas armadas de Latinoamérica se ponen los pantalones largos y toman la responsabilidad frente a la ONU de garantizar la estabilidad de Haití". Sin embargo, el ingreso de tropas a Haití constituye una violación flagrante de la autonomía de ese país.

Asimismo, en este contexto internacional de militarización y guerra contra el terrorismo, es necesario señalar la institución cada vez más frecuente de un "estado de excepción", tal como sucedió en la ciudad de Mar del Plata durante la cumbre de las Américas, a raiz de la visita de G.W.Bush (noviembre de 2005), donde los propios residentes fueron despojados de sus derechos civiles y tratados como "sospechosos", presos de un inédito dispositivo de seguridad (la llamada "zona de exclusión", que rodeaba el lugar donde se llevaría a cabo la cumbre). El tema fue subrayado por los medios de comunicación días antes de la visita de Bush (a través de los indignados testimonios de los vecinos). Sin embargo, lejos de producir un debate público acerca de los peligros de la militarización (y, más aún, del alcance y la significación de la presencia de fuerzas militares extranjeras -norteamericanas- en el país), éste desapareció luego de finalizado el evento, mientras los medios de comunicación pasaron sin solución de continuidad a presentar testimonios de los habitantes de Mar del Plata que hablaban con satisfacción de las mejoras urbanas realizadas a raíz de la Cumbre de las Américas.

Por último, durante la manifestación contra la presencia de Bush en la Cumbre de las Américas realizada en esa ciudad, 78 personas fueron detenidas en Mar del Plata, Entre ellos, doce eran menores de edad y siete fueron procesados por hurto agravado. En el marco de la investigación de los disturbios, el juez federal Alejandro Castellanos ordenó la captura de Ricardo Berrozpe, dirigente del MTR-Cuba, quien actualmente se encuentra con "prisión domiciliaria". En tanto en Buenos Aires, 14 personas fueron detenidas durante la manifestación que se realizó contra la cumbre en esta ciudad. Siete personas fueron acusadas y procesadas. Los cargos fueron de daño e intimidación pública. Así lo resolvió el juez federal Jorge Ballestero, quien además les impuso embargos por 5.000 pesos a cada uno. En estos últimos dos casos, los ciudadanos se vieron envueltos en una sucesión de hechos manipulada: asociar los hechos violentos a un grupo de detenciones para exponer resultados rápidos de restablecimiento del "orden", aún a costa de someter a cárcel y procesos penales a quienes se vieron así obligados a probar su no-relación con los hechos violentos.

* * *

A 30 años del golpe de Estado, es necesario recordar que la dictadura militar no sólo atentó contra los derechos civiles y políticos, a través del terrorismo de Estado, sino también contra los derechos sociales y económicos de los argentinos, a partir de la puesta en marcha de un plan económico que aspiraba al reordenamiento de la sociedad. Así, pese a que la historia no registra una secuencia lineal, en 30 años, el carácter negativo que asumió la reconfiguración social de la Argentina ha sido radical. Recordemos que en 1974, el 10% más rico ganaba 12 veces más que el 10% más pobre. En las últimas décadas, los registros de la desigualdad se han multiplicado de tal manera, que hoy la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre es de 31 veces.

Estos procesos de despojo de derechos y de marginalización de una parte importante de la población han generado nuevas y variadas formas de resistencia y auto-organización social, que en la actualidad son objeto de una política de judicialización y criminalización. Por ello, desde Alerta Argentina realizamos un llamado a todas las organizaciones de la sociedad civil en general y a los organismos de derechos humanos en particular, a una activa defensa de los sectores criminalizados que no cuentan, en la mayoría de los casos, con la asistencia urgente y solidaria que estos momentos requieren y que son aislados por campañas que resaltan los detalles violentos de la protesta y ocultan la violencia que la genera.

Más allá de los importantes avances del gobierno actual respecto de la política de condena de la violación de los derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado de los años ´70, la realidad actual indica la persistencia de una política de criminalización, que engloba a la protesta social al tiempo que se extiende a los más pobres y los más jóvenes, potenciando las desigualdades existentes entre hombres y mujeres, sobre todo en los sectores más vulnerables. Negar el alcance y las dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales de estos procesos significa avalar la continuidad de una matriz excluyente, que atraviesa y estructura, más allá de los cambios coyunturales, la sociedad argentina contemporánea, a la par que condiciona su futuro.

Desde Alerta Argentina afirmamos que ninguna sociedad con aspiraciones de justicia y paz social puede construirse sobre la base de la exclusión de una parte sustantiva de ella; ningún proclamado nuevo contrato social puede ser duradero si se funda en una concepción disciplinaria, clientelista y delegativa de la política, que en pos de la defensa del "orden" y la "seguridad ciudadana" propicia, con el Código Penal en la mano, la judicialización de la política, la criminalización de la pobreza y del reclamo social; en fin, la progresiva militarización de las zonas de conflicto social.

Por el respeto de los derechos humanos, ayer, hoy y siempre.

A treinta años del golpe de Estado, hay impunidad. La lucha continúa.

Alerta Argentina, Buenos Aires, marzo de 2006.

Integran Alerta Argentina
Movimiento Teresa Rodriguez (MTR)
MTD de Solano
MTD Maximiliano Kosteki
Ammar Capital
Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía
lavaca.org
Maristella Svampa
Liliana Daunes
Claudio Pandolfi

Colaboraron con este informe
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica
Casa del Liberado (Córdoba)
Equipo Patagónico de Derechos Humanos
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, Salta
Roberto Gargarella
Darío Aranda
Laura Ramos
Familiares de los presos de Haedo
Familiares y sobrevivientes de la Masacre de Cromañón
Cooperativa de Trabajo del Bauen Hotel, recuperado por sus trabajadores

(1) Documento El hambre es un crimen, Claudio Lozano, Ana Rameri, Tomás Raffo, Instituto de Estudios de Formación CTA, junio de 2004.
(2) Véase M.Svampa, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos ires, Taurus, 2005.
(3) Véase M.Svampa, La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo, Buenos ires, Taurus, 2005.
(4) Ariel Francisco Da Silva, vendedor ambulante de 27 años, y Héctor Guillermo Torres, desocupado de 30, fueron en su momento (2004) detenidos, indagados y remitidos al penal de Marcos Paz . Según Correpi, ambos pertenecen a la CTD Anibal Verón.
(5) Revista En Marcha, abril de 2003. Año VI. N° 31.
(6) Véase de Notcheff:1998; Eduardo Basualdo (2000), Concentración y centralización del capital en la Argentina durante la década del noventa, Buenos Aires, UnQui-Flacso, IDEP; de Hugo Notcheff, Hugo (1998), La economía argentina a fin de siglo: fragmentación presente y desarrollo ausente, Buenos Aires, Flacso-Eudeba, y de Daniel Azpiazu, (2002) (comp.), Privatizaciones y poder económico. Buenos Aires, UNQui-Flacso-IDEP.
(7) Recordemos que el despliegue e intervención de fuerzas represivas en las zonas petroleras en conflicto no es algo novedoso, ya que atraviesa los ´90, a partir de los primeros levantamientos de los pueblos petroleros. La estrategia de militarización encontró un primer climax en Gral Mosconi, localidad que estuvo prácticamente sitiada por las fuerzas de gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, período en el cual se registraron diferentes represiones que terminaron en 5 asesinatos (véase el anexo sobre la situación en la localidad de G.Mosconi).
(8) Así, en el año 2003, la Argentina era el segundo productor de soja transgénica. La soja representaba el 40% de las exportaciones de origen primario y el 23% del total. La superficie sembrada con soja en la campaña 2003-2004 fue de 14.235.000 hectáreas (Alerta Argentina:2004).
(9) Entre 1988 y 2002, desaparecieron 103.405 establecimientos en el nivel nacional, de los cuales un 30% (esto es, alrededor de 60.000) corresponden a la región pampeana. Un informe elaborado por Mora y Araujo (citado en M.Svampa, La sociedad excluyente, Buenos Aires, Turus, 2005) consigna que el número de explotaciones se redujo un 32%, de 176.000 a 116.000, con un incremento en la superficie media, que pasó de 243 a 357 hectáreas. Asimismo, según el Grupo de Estudios Rurales (2004, "17 de Abril: Día Internacional de la Lucha Campesina. Desalojos y arrinconamientos de campesinos y de comunidades indígenas en la Argentina", Realidad Económica, Buenos Aires, p.112) las técnicas de siembra directa disminuyeron entre un 28 y un 37% el uso de mano de obra, lo que generó un fuerte éxodo de la población.
(10) Bisang, Roberto (2003), "Apertura económica, innovación y estructura productiva: la aplicación de biotecnología en la producción agrícola pampeana argentina", Desarrollo Económico, vol. XLIII, Nº 171, pp. 413-442. Véanse los informes de Alerta Argentina, ya citado, y del CELS, consagrado al tema de los desalojos y persecusiones de las poblaciones originarias.
(11) Véase más adelante las referencias a los cortes de calles que realizaron los estudiantes de diversos colegios secundarios en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2005 y las reacciones que esto suscitó en el arco político-mediático.
(12) Fernando Pedro Roldán y Aníbal Rolando Hnatiuk, La criminalización de la protesta social y los nuevos actores, publicado en Derecho Penal Online
(13) Citado en Ramos, Marcela y Guzmán, Juan A. (2000). La Guerra y la Paz Ciudadana.
Santiago: LOM, 217 p
(14) M.Emilia Tijoux, "Cárceles para la tolerancia cero: clausura de pobres y seguridad de ciudadanos, en Ultima década, marzo, número 16, Centro de Investigación y Difusión Poblacional Achupallas, Viña del Mar, Chile, pp.181-194
(15) Entrevista de F.Costa a L.Wacquant, "Los parias urbanos", publicada en Clarín, 01/04/2001. Véase del autor Las cárceles de la miseria,Buenos Aires, Manantial, 2000, y Los parias urbanos, Buenos Aires, Manantial, 2001
(16) R.Gargarella y M.Svampa "Las fronteras del derecho", en Página 12, 01/02/2003
(17) G.Agamben, El Estado de excepción, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2004
(18) Informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). 2005
(19) Ver caso testigo: Romina Tejerina
(20) Lagarde, Marcela, ¿Qué es el Feminicidio? En Banco Datos Feminicidio, Documentos. www.isis.cl/Feminicidio
(21) III Consulta Latino-Americana de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Brasil, Sao Paulo, 25 - 27 Agosto 2004

éstas notas pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente (siempre que sea con fines no comerciales), aunque agradeceríamos que citaran la fuente.