La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Huma- nos y el Equipo Patagónico de Derechos Humanos solicitaron se declare la inconstitucionalidad de las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en nuestra ciudad, solicitaron se tomen medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales y ampliaron los argumentos de la Acción de Amparo presentada la semana pasada ante el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Leónidas Moldes. Por tratarse de acciones en las que han participado el estado municipal, provincial y nacional, en el caso correspondería la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la acción judicial, presentada el martes 6 de diciembre de 2005, las organizaciones argumentan que no se siguieron los procedimientos previstos por la ley para llevar a cabo la intervención de fuerzas de seguridad federales, ya que esta medida sólo puede tomarse ante tres situaciones, que de ninguna manera ocurrieron en Bariloche: cuando está en juego el orden constitucional -es decir, si se está alterando el orden representativo, republicano y federal de gobierno-; cuando hay una situación de desastre -como terre- motos, inundaciones, incendios, etc.-; o si existe peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organi- zaciones remarcan su solidaridad con las familias que sufrieron daños o la irreparable pérdida de un ser querido, al tiempo que condenan el accionar delictivo, pero aclaran que se ha trata do de "hechos aislados contra parti- culares", concentrados en un lapso de tiempo que pudieron generar "sensación de inseguridad", pero que "conforme a las estadísticas no ha habido un incremento dramático del delito, no existen bandas armadas que asolen los caminos o los barrios, no hay "zonas liberadas", no se ha demostrado que existan estructuras mafiosas con poder suficiente para poner en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas".

Se destaca también que nunca en la historia de la provincia de Río Negro se había solicitado esta intervención, ni siquiera ante las graves inunda- ciones que asolan regularmente a la región andina o las nevadas que aislan extensas regiones de la Línea Sur. Por todo ello, las organizaciones concluyen que "el diagnóstico realiza- do por las autoridades municipales para el dictado de la resolución aca- tada fue, por lo menos, inexacto, apresurado y aventurado, lo cual degeneró necesariamente en decisio- nes erróneas, de cuestionada legiti- midad y que arrastraron a nuevos desaciertos, esta vez en cabeza de los estados provincial y nacional". Apremiados entonces por una situa- ción de presión social, los funcio- narios llevaron adelante un recurso que resultó ser excesivo e impro- cedente.

En la misma acción judicial se denuncia también que la aplicación del recurso de intervención se realizó de manera claramente discrimi- natoria, ya que los efectivos policiales fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad. Y los llamados "operativos de segu- ridad" "no solamente implicaron una estigmatización de los sectores po- bres, sino que tuvieron un tono repre- sivo y estuvieron rodeados de fuertes irregularidades". Los demandantes presentan numerosos casos de veci- nos y organizaciones que denun- ciaron malos tratos y procedimientos irregulares por parte de las fuerzas de seguridad. Por todo ello, las organizaciones de derechos humanos solicitaron como medida cautelar que se retiraran de la ciudad todas las fuerzas federales y el grupo de ataque Bora. Al escrito se adjuntaron todos los comunicados de las organizaciones sociales y notas periodísticas sobre el tema.

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