La Argentina es un país que vive en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social.
El desinterés y el desprecio que manifiesta la gestión Kirchner por los derechos sociales -los cuales debe ser prioritarios- confirma y refuerza este cuadro contra el cual muchos luchamos y unos pocos, niegan.

Hoy, además, nos sentimos en la obligación de señalar que en los últimos tiempos, el gobierno nacional ha cruzado un umbral. Frente al aumento de los reclamos sociales y laborales, la respuesta ha sido la judicialización y la implementación de un modelo represivo, mediante un grandilocuente despliegue policial en puentes, calles y plazas en la ciudad de Buenos Aires. Este proceso es acompañado por el deplorable espec-táculo político electoral, que ilustra una vez más la ceguera, la arrogancia y la lucha de camarillas de la clase política, que cree haber recuperado sus fueros de casta y un sentimiento de impunidad, típico de los noventa.


Frente a todo ello, queremos manifestar claramente nuestra preocupación por el avance en el cercenamiento de los derechos civiles, visible en la creciente militarización en el tratamiento de los reclamos sociales y la amenaza de represión. No creemos que estos métodos constituyan una respuesta democrática a los acuciantes problemas de desigualdad y exclusión, que hoy atraviesan millones de argentinos.

Llamamos a los diferentes sectores sociales a la reflexión y al diálogo, recordando que ninguna sociedad con aspiraciones de justicia y paz social puede construirse sobre la base de la exclusión de una parte sustantiva de ella; ningún proclamado nuevo contrato social puede ser duradero si se funda en una concepción disciplinaria, clientelista y delegativa de la política, que en pos de la defensa del "orden" propicia, con el Código Penal en la mano, el cierre del espacio público y la militarización de la política.

Buenos Aires, 1 de septiembre de 2005
Alerta Argentina

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