La muestra Ninguna mujer nace para puta, organizada por Ammar Capital, se instaló el viernes en la Plaza Constitución con sus camas, cajas y propuestas de debate. Margarita Meira, una de las 15 personas que estuvo 14 meses presa y el próximo 3 de octubre deberá sentarse en el banquillo de los acusados por protestar con el Código Contravencional- fue una de las oradoras. Cuando terminó el acto, tres patrulleros avanzaron contra su puestito de golosinas, lo confiscaron y detuvieron a un vendedor ambulante que intentó defenderla del atropello. El procedimiento, que estuvo sazonado con amenazas y fotos que tomó la policía de todos los presentes, fue ordenado por la fiscal María Valeria Massaglia. Ver video.

Primero fue el debate teórico y enseguida, la demostración práctica. En el mismo momento en que la vendedora ambulante Margarita Meira -una de las 15 personas que estuvieron presas durante 14 meses por protestar contra el Código Contravencional-, terminaba de hablar en un actividad de repudio a esa norma, tres patrulleros se detuvieron frente a su puesto de turrones, alfajores y caramelos para decomisar toda la mercadería y llevar detenido a otro vendedor ambulante, Pedro Caraza. La encargada de dar vía libre al procedimiento fue la fiscal contravencional María Valeria Massaglia, quién también ordenó la detención de Caraza y el decomiso de la mercadería. Medidas, todas, dictadas sin ver lo que pasaba: la fiscal estaba en un teléfono celular desde el cual respondió a lavaca:

-Yo no tengo por qué dar ningún tipo de explicaciones.

En tanto, una docena de agentes desparramaba la mercadería de Meira y sin realizar ningún tipo de inventario ("la fiscal nos autorizó a no hacerlo", adujeron los agentes) la colocaba en bolsas que aplastaron en el baúl del patrullero. Fue el único procedimiento realizado ese día, a una hora desacostumbrada -eran casi las seis de la tarde- y en un momento que dejó un mensaje en el aire: Meira fue la única vendedora ambulante que había hablado en el acto organizado por Ammar Capital contra el Código Contravencional y en esa plaza.

Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Meira recorrió a la velocidad de la luz los 30 metros que separaban a su puestito de golosinas del lugar donde se desarrollaba el acto, en el medio de la Plaza Constitución. Una docena de policías, algunos de civil y otros de uniforme, rodearon rápidamente a la mujer y comenzaron a llevarse un tablón, los caballetes sobre los que se asentaba el improvisado kiosco y una cantidad de golosinas que entraban en un bolso rojo que no superaba al medio metro de altura.

-¿Tiene la habilitación? - preguntaba con arrogancia un oficial mientras blandía un acta contravencional a medio llenar.

Meira intentaba explicarle que las autoridades porteñas se habían comprometido a restituírsela cuando salió del penal de Ezeiza, pero que aún no le habían entregado la credencial. El oficial sólo respondía con la misma pregunta:

-¿Tiene habilitación?

Mientras tanto, Coraza -que había dejado su mercadería en el puesto de Margarita- imploraba que los dejaran ganarse el sustento:

- Queremos trabajar para comer. Vendía facturas y me dijeron que no podía. Ahora vendo alfajores y tampoco. ¿Qué tengo que hacer para vivir? ¿Quieren que salga a robar? ¿A vos te parece que puedo mantener cinco pibes con esto?

Apenas cinco minutos antes, Gerardo Fernández -abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)- había explicado que el Código Contravencional criminaliza a la pobreza y que fue diseñado lleno de trampas. Había puesto como ejemplo, precisamente, a los vendedores ambulantes: "La norma dice que no está penada la venta callejera si es para la subsistencia. ¿Pero quién fija cuánto es la subsistencia? ¿Son diez caramelos? ¿Son 15 ó 400? Eso es subjetivo y lo termina fijando la policía. En realidad, el Código está pensado para preservar la caja chica de las comisarías, para que haya que pagar coimas. Por eso Constitución y Flores, dos zonas de muchos vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución, son muy requeridas en la fuerza".

El agente que agitaba el acta ya tenía en sus manos dos documentos de identidad, pertenecían a personas que esperaban en la parada del colectivo y que habían sido elegidas como testigos. Caraza los miraba profundo y los interpelaba:

-Ustedes son obreros, laburantes como yo, no pueden declarar en contra mío.

Los testigos respondían en silencio. Parecían comprender la situación, aunque sucumbían al temor que imponía la policía. Mientras tanto, el subcomisario Florio, a cargo del operativo, comenzó a amenazar a Caraza:

- Si no se identifica lo voy a remitir a la fiscalía- atizaba el subcomisario.

El lugar comenzó a poblarse de periodistas que habían cubierto la muestra itinerante Ninguna Mujer Nace para Puta, montada esa tarde en Plaza Constitución para debatir el controvertido Código Contravencional. También se acercaron integrantes de distintas organizaciones sociales, curiosos y transeúntes. Con una pequeña cámara digital, un policía de civil le sacaba fotos a todos los participantes del encuentro. Su impunidad era tan grande, que no cesaba de obturar la cámara a pesar de haber sido interpelado por las organizadoras de la muestra. El fotógrafo policial -pelo engominado, campera y pantalón negro ceñidos al cuerpo- se llevó retratos de todos y cada uno, aunque no registró el operativo. De pronto, un señor sesentón, de traje y bigote muy prolijo, se salió de la parada del colectivo para increpar al subcomisario Florio:

-¿Por qué no van a buscar a los chorros, a los carteristas que afanan todo el día acá? Deje tranquila a esta gente que lo único que quiere es trabajar.

-No lo hacen porque esos los coimean - respondió Meira .

La respuesta del subcomisario fue una seña a un agente quien, inmediatamente, dobló el brazo de Caraza y lo metió a la fuerza dentro de uno de los patrulleros.

Cristian, el hijo adolescente del vendedor detenido, corrió al móvil policial para intentar proteger a su padre. Pero otro policía, alto, canoso y con los ojos desorbitados lo amenazó:

-Ándate de acá porque te voy a agarrar...Pensar que te tendría que haber levantado tantas veces y te salvé la cabeza. Pero ya te voy a dar...- le repitió una, dos, tres veces.

Si bien la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMMAR-Capital) había convocado a una jornada para debatir "las putas que parió este Código Contravencional" en la Plaza Constitución, la situación se convirtió en una clase espontánea sobre cómo funciona esa norma diseñada -según subrayó el abogado del CELS- para criminalizar la pobreza.

La jornada había comenzado con una imagen curiosa: un grupo de mujeres tendiendo dos camas a cielo abierto, de frente a un estático Juan José Castelli que con su mirada de bronce supervisaba todo desde un enorme pedestal. En las cabeceras, las almohadas interpelaban con leyendas provocativas: "Zona roja: territorio de explotación sexual delimitado por la corrupción policial", decía una. "Cliente: persona que paga por sexo y goza de impunidad social", definía otra. "¿Cuánto sin forro?", preguntaba una tercera. Las colchas, a su vez, denunciaban muertes, proxenetas y explotadores de distinta laya.

A los pies de las camas se levantaba una pirámide de cajas de cartón, las mismas que reparte el Gobierno de la Ciudad de Buenos de Aires como ayuda alimentaria para carenciados. En sus recovecos asomaba una botella de aceite, un paquete de arroz, otro de fideos, una caja de puré de tomate y un paquete de galletitas, todo sazonado con preservativos. Sonia Sánchez, integrante de AMMAR, daba vueltas alrededor de esa especie de Keops de la pobreza. Y, de repente, encaraba a algún transeúnte:

- Hermana, nosotros no queremos ser putas, pero el Estado te sostiene para que lo seas. Nos da diez forros por semana y una de estas cajas por mes para que lo sigamos siendo. Nosotros no queremos esto, queremos capacitación para trabajar, pero lo que pasa es que el Estado es nuestro proxeneta.

Sonia invitaba a debatir a señoras y señores, a vendedores ambulantes y mujeres en estado de prostitución. A todos les entregaba sus folletos y les ofrecía un mini-tour por la muestra.

-¿Aquí dan alimentos? -preguntó un hombre que apenas modulaba.

- No, esto es una muestra de arte donde debatiremos el Código Contravencional.- respondió Sonia, desafiando con su vozarrón a los ronquidos de los caños de escape de los colectivos.

Un vendedor de tortas fritas, una mujer apurada, una pareja melosa de adolescentes, un grandulón que saboreaba un chupetín, todos pispiaron de qué se trataba hasta que se les arrimó Sonia. Ahí comenzaron la rauda huída. Pero ella fue implacable:

-Te invito a que mires esta realidad que por lo visto no quieres mirar- los intimaba.

El aroma a pancho inundaba la escena y algunos sucumbieron ante la tentación. Un semicírculo de tres decenas de personas se había armado en torno a las camas. Por el medio, seguía desfilando gente.

-Ey, chicos, vengan- gritó Sonia a un tres pibes cartoneros-. Vengan a conocer sus derechos, acá hay un abogado que se los va a explicar. Cuando salen a cartonear, ¿los molesta la policía?

-Y... a veces sí -contestó el mayor de los pibes, mientras se restregaba sus manos callosas-. Nos piden una credencial, si no la tenemos no nos dejan pasar para el lado del Centro. Nos revisan, nos tratan mal. A mi hermano lo llevaron porque cartoneaba nomás.

Gerardo Fernández, el abogado del CELS, les explicaba que lo que ellos hacen no es delito. Algo incrédulo, el chico preguntó tres veces por qué entonces lo detienen. Lo escuchaban también un portero del Instituto Nacional de Arte (IUNA) y un integrante del Ejército de Salvación que pasaban circunstancialmente por ahí y se quedaron prendados de la charla.

Una mujer en estado de prostitución, madre de nueves hijos, se acercó a escuchar. Los chicos la rodeaban mientras ella comentaba su preocupación por la violencia a la que estaban expuestas: compañeras golpeadas, una travesti muerta, otra desfigurada. "Dame material para llevarles a mis compañeras. Somos una bocha de mujeres que no sabemos qué hacer ni para dónde correr cuando nos pasa algo. Nos dicen que hagamos la denuncia, pero ¿a vos te parece que podemos ir a una comisaría?".

Un adolescente se quedó tieso mientras Sonia lo interpelaba: "Te dejé pensando", le dijo ella mientras golpeaba su lapicera el hombro de su interlocutor. Otro joven se acercó tímidamente a pedir un poster de la muestra. Agradeció cuando se lo regalaron y se fue dejando una frase en el aire:

-Todos nacemos de una mujer.

Llegó enseguida el momento de los discursos. La primera en hablar fue Margarita Meira, una de las 14 personas que el próximo 3 de octubre será sentada en el banquillo de los acusados en el juicio oral y público que se les sigue por los incidentes ocurridos frente a la Legislatura porteña mientras se aprobaba el controvertido Código Contravencional.

-El gobierno quiere cambiar una caja con unos pocos alimentos por el trabajo que tuvimos que aprender los vendedores ambulantes. Este código merece llamarse Penal, porque penaliza a los cartoneros, a las mujeres en estado de prostitución, a todos los pobres. Yo estuve 14 meses presa por defender a los vendedores ambulantes - proclamó Meira, que además cuenta con un comedor popular para niños a pocas cuadras de la Plaza Constitución..

Después fue el turno de Fernández, quien aseguró que el Estado descargó toda su furia contra quienes estuvieron ejerciendo su derecho a protestar:

-Este Código es inconstitucional. Atenta contra derechos inalienables. Por ejemplo, se mete con a conducta privada de los seres humanos que no afectan a terceros. Y los que son victimizados son los sectores más vulnerables de la ciudad. Se criminaliza a los que menos tienen.

No bien Fernández dejó el micrófono, la muestra comenzó a desmontarse. Pero fue en ese momento, cuando llegaron ululantes los patrulleros y decidieron dar una clase práctica, invocando el mentado Código Contravencional, decomisando el puestito de golosinas y deteniendo a Caraza.

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