Claudio Pandolfi, de decisiva actuación en el juicio por los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kostecki, defiende ahora a Margarita Meira, vendedora ambulante acusada en la Causa Legislatura, que comienza el 3 de octubre. En conversación con lavaca califica al procesamiento como “un desastre”, y denuncia un pensamiento clasista instalado en el poder judicial. Acusaciones sin pruebas, incoherencias impresentables, y el problema de fondo: la desigualdad ante la ley.

Claudio Pandolfi es una rara avis entre los suyos. El abogado se especializa en patrocinar a militantes sociales, pero reniega del alegato de barricada a la hora de manifestarse en los estrados. Es capaz de conmoverse hasta las lágrimas cuando recuerda a alguna víctima de la represión estatal que pasó por su estudio y a la vez exhibe ante los jueces la más fría rigurosidad profesional. A partir de este miércoles 20 de septiembre, asumió la defensa de la vendedora ambulante Margarita Meira, una de las 15 imputadas en la causa que investiga los incidentes ocurridos en la puerta de la Legislatura porteña el 16 de julio de 2004, cuando se trataba de aprobar el Código Contravencional que, entre otras cosas, penaliza la venta callejera. Margarita y las otras 14 personas detenidas pasaron un año y dos meses presas, como si fuesen culpables de antemano, de delitos que no pudieron haber cometido. Ahora un juicio oral será, tal vez, el ámbito en el que se demuestre quién es quién.
"El auto de procesamiento dictado por la jueza Silvia Ramond y la confirmación de la Cámara de Apelaciones es un desastre", asegura Pandolfi, y duda de que el Tribunal Oral 17 pueda sostenerlo en las audiencias que comenzarán el próximo 3 de octubre. "No hay que ver la situación –propone- como una maniobra conspirativa de la magistrada, sino como un mecanismo del pensamiento clasista que tiene un sector mayoritario de la justicia".
La entrevista que brinda Pandolfi se realiza en el Petit Colón, un café ubicado frente a la Plaza Lavalle, a escasos cien metros de Tribunales. Las mesas están colmadas de abogados y trabajadores judiciales, de prolijos trajes y discretas corbatas, que conversan burocráticamente sobre sentencias, fallos, apelaciones y trascendidos. Cada diez minutos esas charlas –incluida esta entrevista- es interrumpida por un vendedor ambulante que ofrece alguna baratija. Unos son jóvenes, otros mayores, pero todos pobres, tal como ocurre con quienes serán acusados el mes próximo con los gravísimos cargos de coacción agravada, privación ilegítima de la libertad, daños calificados y resistencia a la autoridad.
En principio, el juicio se llevará acabo en dos sedes rotativas, la Sala de la Cámara Federal en el Palacio de Tribunales y el recinto de Comodoro Py donde se realizaron las audiencias por la causa AMIA. Serán, si no hay modificaciones ni postergaciones, 15 audiencias de ocho horas de duración, que culminarán el 31 de octubre.

>>>Danger 96/Secuestros a larga distancia

"No hay pruebas específicas sobre los delitos que se imputan", empieza Pandolfi y lo interrumpe un adolescente que lleva las zapatillas agujereadas en las puntas y una remera marrón con la leyenda "Danger 96". El chico apoya, apurado, un reloj digital sobre la mesa y lo ofrece a cinco pesos. Mientras tanto, el abogado explica que su defendida está acusada de privar ilegítimamente de la libertad a diputados y empleados de la Legislatura pero, según el propio auto de procesamiento, Meira se fue del lugar de los hechos a las 12.30 y regresó a las 18.00.
"¿Cómo hizo para privar de la libertad a distancia?", se pregunta Pandolfi y agrega: "¿Qué hecho es el que llevó a cabo para privar la libertad a alguien? ¿Qué rompió para estar acusada de daño calificado? ¿Qué arrojó? ¿En dónde impactó? ¿Y qué fue lo que rompió? Nada de eso está expresado en la causa".

De pronto, el reloj que había traído el adolescente desapareció de la mesa sin que entrevistador y entrevistado advirtieran cuándo ni cómo. Pandolfi seguía concentrado en su explicación y el cronista atendía las respuestas: "La jueza plantea una autoría de conjunto donde todos los que estuvieron en la manifestación, sin un designio común, habrían sido partícipes necesarios con su accionar individual. Dice ´Margarita tiró piedras´, pero no importa si rompió algo, porque alguien como ella tiró y rompió. Construyó una autoría del delito (Traducción: acusó a personas sin pruebas reales) a partir del resultado general, sin determinar si los imputados tuvieron una participación específica”.
Lo peligroso de este pensamiento jurídico –reflexiona Pandolfi- es que a partir de algo así “todos los que participan de una movilización están al borde de ser procesados. Lo dice la resolución de la Cámara cuando argumenta porqué valora más los testimonios de los policías que los de los testigos aportados por la defensa. Señala que los otros manifestantes forman parte del mismo grupo que los que estuvieron detenidos y que hasta pudieron haber sido autores del delito, por el solo hecho de haber estado en el lugar y sin ningún tipo de prueba. Esto pone al borde del procesamiento a cualquier persona que participe de una movilización donde haya disturbios. Si hay una marcha al Congreso y se rompen los vidrios, los miles que van pueden ser procesados por los cinco que tiraron piedras. Según este argumento jurídico, pudieron hacerlo porque había miles que les generaban un contexto para hacerlo".

>>> Desocupación, robo y la palabra “pelotuda”

Ahora una nena de remera rosa deja cinco biromes de colores brillantes al lado de los pocillos de café. La etiqueta que tiene adosado el paquete que las contiene avisa que cuestan dos pesos. Pandolfi echa un vistazo, escucha una pregunta, y continúa. Para el abogado, la concepción jurídica de la jueza Ramond –que mantuvo detenidos durante 14 meses a los acusados- desvirtúa el concepto de la prisión preventiva. Subraya que la decisión, extrema, está pensada para quienes puedan entorpecer el proceso judicial o para quienes sean sospechosos de posibles fugas.
"En este caso, obstruir el proceso era imposible, porque los hechos se investigaban fundamentalmente a partir de filmaciones. Y además, no tenía elementos para decir que los acusados podían fugarse. De hecho, desde que salieron todos siguen ubicables. ¿Por qué otros acusados de hechos muchos más graves están en libertad?”
Pandolfi refiere como ejemplos los casos de Carlos Carrascosa, imputado de homicidio agravado por el vínculo de María Marta García Belsunce, asesinada el 27 de octubre de 2002 en su casa del country Carmel, de Pilar, y el del sacerdote Julio Grassi, acusado de abuso sexual en una colonia que dirigía, bautizada Felices los niños.
Sigue el abogado: “Cuando se analiza a los personajes, ¿quién tiene más posibilidades de fugarse? ¿Quién tiene recursos económicos para hacerlo y quién no? Si el acusado es un marginal, es negro o pobre, lo dejo detenido. Es una manera de criminalizar la pobreza y de retroalimentar la desigualdad y la discriminación”.
Pandolfi comienza a hojear el expediente entre sorbo y sorbo de café. Ahora se propone demostrar porqué es infundada la acusación por coacción agravada contra Meira. "La jueza da por sentado que Margarita coacciona a una legisladora porque la ve discutiendo e insultándola en una filmación. Pero en el mismo auto de procesamiento dice que la diputada no pudo ser identificada. ¿Cómo sabe Ramond que la legisladora se sintió intimidada si ni siquiera la pudo interrogar? ", se pregunta.
El abogado comienza a leer en voz alta la parte del expediente que se vincula a esta acusación contra Margarita: “Alrededor de las 18, se la ve en una filmación acosando a una legisladora de quien todavía no se conoce su filiación, a quién le espetó: ´Pelotuda, te vamos a robar tu casa´.".
Pandolfi aclara: "En verdad, la conversación completa fue diferente. Margarita le dijo: Nos vamos a quedar sin trabajo. Y la legisladora le contesta: Vayan a robar. Entonces Margarita le dice la famosa frase: Pelotuda, te vamos a robar tu casa. Cuando describe la situación, el auto de procesamiento dice que la discusión se produce cuando la diputada sale de la Legislatura pero, ¿no era que no podían salir del edificio y por eso los acusan también de privación ilegítima de la libertad? También dicen que le pegaban puntapiés y trompadas a la legisladora pero que no le dejaron lesiones. ¿Quién le hizo la revisión para saber que no hubo lesiones? ¿La policía? ¿Y cuando se la hicieron, no le preguntaron el nombre? De acuerdo a esta resolución de la jueza, un manifestante no puede increpar a un legislador, cualquier acto sería una coacción”.

>>> La democracia restringida

Pandolfi recuerda el fallo de la Cámara de Casación contra un grupo de trabajadores ferroviarios que habían cortado las vías como forma de protesta. "Es una forma de pensamiento mayoritaria dentro del Poder Judicial, que propone la democracia restringida, ve a toda recriminación como peligrosa y sostiene que sólo se puede cuestionar con el voto, una vez cada dos años ", sostiene.
Ahora la que se acerca a la mesa es una joven con una nena a upa. Cuando se paran frente a la mesa, ambas estiran la mano y susurran un pedido de ayuda. Tras la interrupción, Pandolfi continúa leyendo a velocidad el expediente judicial. Encuentra la parte que indica que a Meiras y a Martín Amitrano –otro de los vendedores- se les encontró 1.500 pesos en los bolsillos. Ramond expresó por escrito la sospecha de que ese dinero estaba destinado a pagarle a los manifestantes que concurrieron al frente de la Legislatura, argumento que según ella incrementa las sospechas sobre los acusados. "¿Nadie tiene motivos para reclamar derechos? ¿Por qué en toda la causa no hay un solo testimonio de alguien que haya declarado que le pagaron para ir a protestar? Es solo otro mecanismo de pensamiento judicial que dice que el que se moviliza es el que cobra. ¿En base a qué sostiene ese argumento? "
- Puede ser en base a una cultura clientelista extendida en el sistema político- supone lavaca.
-Es cierto que hay partidos que trabajan con las necesidades de la gente, pero eso no es absoluto. Y menos en el caso de la Legislatura. Cuando alguien se moviliza también lo hace por la necesidad de manifestar, por un reclamo. Si suponemos que todas las movilizaciones se hacen por la paga, tendríamos desocupación cero.
-¿Qué otras pruebas se presentan contra Meira?
-Un testimonio de un policía que dice que la vio tirando piedras, pero no sabemos dónde pegaron las piedras y si efectivamente ocasionaron algún daño. Tirar piedras y no impactar en ningún lado no constituye ningún delito. En el tema de la privación ilegítima de la libertad hay testimonios de empleados que dicen que no podían salir del edificio, pero hay otra cantidad igual que dice que entraban y salían. Además, Margarita no estaba trabando la puerta. Simplemente en algún momento estuvo afuera. Pero con esta lectura no importa si estabas cerca de la puerta, si sabías donde estaba la puerta y si sabías si alguien quería entrar o salir. De acuerdo a esta teoría, en cualquier manifestación, habría privación ilegítima de la libertad si alguno de los que está adentro dice que no puede salir.

>>>La lógica es resistirse

- ¿Y en qué se basa la acusación por resistencia a la autoridad?
- En que se negó –en el momento de la detención- a ser arrestada. Margarita fue a realizar una denuncia al Ministerio de Justicia de que golpeaban a la gente que detenían. Y cuando regresa, una patota de civil la quiere meter dentro de un celular, a la fuerza. En ese contexto, la resistencia entra en la lógica de cualquier ser humano. Plantearle a un ciudadano que acepte ser detenido y que velozmente la justicia argentina lo dejará en libertad si es que no hizo nada, es un absurdo. Todos saben que cuando te llevan detenido la pasás muy mal. El otro día se conoció que en Quilmes los presos tardan en promedio 7 años en llegar a juicio y que el 40 por ciento sale absuelto. Con esos conocimientos empieza el forcejeo, que yo te llevo, que no me toques, no me agarres. Si alguien no hizo nada, la conducta más lógica es resistirse.
- ¿Qué expectativas tiene sobre el juicio que se avecina?
- Hay que ver si el tribunal tendrá el valor suficiente como el de la causa AMIA, que dijo que toda la instrucción era una mentira y hace responsable a los que armaron esa mentira. Lo que me genera duda es que se termine condenando por un delito menor a fin de justificar los 14 meses de detención. No vaya a ser que les den 15 meses de por resistencia a la autoridad y consideren que ya cumplieron con el tiempo que estuvieron adentro. Esa es mi preocupación, porque no existen elementos para los delitos graves que se imputan.

Pandolfi llama al mozo para pagar el cortado. Antes de que llegue la cuenta, un hombre calvo acerca una lapicera de cuatro colores a un peso. Afuera, espera otro con una bolsa repleta de relojes, esta vez analógicos. Ninguno de los dos está enterado del juicio. Tampoco estarán personalmente en las audiencias.
Pero será como si estuvieran.

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