El 20 de junio comenzó en La Plata el juicio oral y público al represor Miguel Osvaldo Etchetolatz, por su responsabilidad en casos de secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la última dictadura militar. El expediente se inició en 1999, pero fue la primer causa que llega a juicio desde la anulación definitiva de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, obtenida tras años de lucha popular de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, gremiales y políticas, familiares y víctimas directas del terrorismo de Estado.

Etchecolatz -ex Director de Investigaciones de la Policía provincial durante la dictadura- debió responder por su responsabilidad en el homicidio calificado de Diana Esmeralda Teruggi; la privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio de Patricia Dell'Orto, Ambrosio De Marco, Nora Formiga, Elena Arce y Margarita Delgado; y la privación ilegal de la libertad y torturas de Nilda Emma Eloy y Jorge Julio López.

Los organismos nucleados en el espacio "Justicia Ya en La Plata" participaron activamente del juicio, durante los cuales declararon cerca de 130 testigos. En la querella actuaron abogados de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, HIJOS La Plata, Liberpueblo, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, CEPRODH, APDH La Plata, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), CODESEDH y FIDELA.

Este expediente se inició en 1999, a partir de una serie de casos de violaciones a los derechos humanos perpetrados durante la dictadura pero que nunca habían sido investigados ante la Justicia. Los primeros datos surgieron de testimonios brindados en el Juicio por la Verdad de La Plata, y tomaron forma de denuncia penal cuando la Cámara Federal de La Plata los remitió a un juzgado de primera instancia para iniciar la investigación.

La causa en sí es fragmentaria en cuanto a los hechos que toma, y limitada en cuanto a la investigación integral del aparato represivo ilegal instaurado durante la última dictadura. No obstante, el contexto en el cual se inició estaba marcado por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que convalidaron la impunidad de los genocidas argentinos hasta el 2003. En aquel marco, los organismos de Derechos Humanos se presentaron como querellantes e impulsaron la causa, que constituía uno de los pocos caminos abiertos en el ámbito de la Justicia para avanzar en la investigación.

Sin embargo, el expediente estuvo paralizado durante varios años -pese a la cantidad de elementos de prueba que ya estaban reunidos en la causa- fundamentalmente por conflictos de competencia entre distintos jueces de La Plata y Buenos Aires. Recién en 2004, con Etchecolatz ya procesado por la justicia federal de Buenos Aires, la causa volvió a recaer en el mismo lugar en donde se había originado: el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Arnaldo Corazza, que a fines del 2005 dio por clausurada la etapa de instrucción.

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