Casi medio centenar de empleados de la Legislatura desmintieron haberse sentido privados de su libertad a raíz de los incidentes del 16 de julio del 2004, acusación que justificó que 14 manifestantes a los que no se les ha probado delito, pasaran 14 meses en prisión. La confirmacion de las irregularidades en las detenciones.

“¿Usted se sintió privado de su libertad ambulatoria?”. El fiscal Juan José Ghirimoldi formuló una y otra vez la misma pregunta, hasta el cansancio, a lo largo de la segunda semana del juicio oral y público que se sigue a las 14 personas que pasaron 14 meses presas acusadas de provocar los incidentes que ocurrieron en la Legislatura porteña el 16 de julio de 2004, cuando los diputados intentaban reformar el Código de Convivencia urbana para penalizar la venta ambulante y la oferta de sexo en la vía pública, entre otras cosas. La respuesta, casi sin excepciones, fue igual en todos los casos: “No”, contestó el casi medio centenar de empleados de la Legislatura que desfiló por la solemne sala 2004 de la planta baja del Palacio de Tribunales.
Si las audiencias de la primera semana se centraron más que nada en los testimonios policiales que dieron cuenta de las situaciones en que se realizaron las detenciones, esta vez fue el turno de los empleados administrativos, de seguridad o de mantenimiento que vivieron los incidentes desde el interior del edificio de la Legislatura porteña
Ghirimoldi apuntaba con sus preguntas a demostrar que el personal de la Legislatura no podía retirarse por impedimento de los manifestantes. Sin embargo, sus interrogatorios no parecían cumplir con el objetivo. Raúl Achban, que trabaja en el área operativa del Palacio Legislativo, había declarado que su horario habitual era de 9 a 16, pero que el día de los incidentes se había retirado a las 22.
-¿Trató de retirarse antes? –intentó averiguar el fiscal.
-En ningún momento.
-¿Se quedó por motus proprio? –repreguntó con sorpresa.
-Sí.
-¿Se sintió privado de su libertad? –volvió Ghirimoldi a la carga, como para eliminar cualquier duda.
-No, porque me quedé por mi propia voluntad.
- ¿Qué hizo durante los incidentes?
-Estábamos almorzando y dejamos todo para ayudar a la gente de seguridad a trabar las puertas de acceso de la Legislatura –contestó el testigo.
-¿Cómo las trababan? –quiso saber Luis Alfredo Taboraro Ortíz, abogado defensor de Jesús Fortuny Calderón, uno de los imputados.
-Con palos y caños que nos daban de la herrería.

>>>Todos los que salían

Todos los testigos coincidieron con Achban en que las puertas fueron cerradas por dentro, para evitar el ingreso de manifestantes. "Si los testigos dicen que fueron ellos quienes cerraron las puertas, entonces no fueron los acusados los que impidieron la salida", explica con lógica cartesiana Claudio Pandolfi, abogado defensor de la vendedora ambulante Margarita Meira.
También hubo empleados que declararon que a lo largo de la tarde hubo momentos donde algunas de las puertas se entreabrían y, de a tandas organizadas por el personal de seguridad, podían salir las personas que se encontraban en el interior de la Legislatura. Ángel Veneroni, jefe de Tesorería, declaró, incluso, que permitió a sus subordinados retirarse antes del horario habitual a causa de los incidentes que se producían afuera del edificio. La respuesta fastidió al fiscal de instrucción, Claudio Soca, que estaba presenciando la audiencia y le exigió al testigo que aportase los nombres de cada una de las personas que autorizó a marcharse, cosa que Veneroni hizo sin titubear.
Hasta bien entrada la audiencia del último viernes, no se conocía a ninguna persona que se haya sentido privada de su libertad, por lo tanto la acusación parecía desvanecerse. Hasta que declaró José Assadourian , jefe del Departamento de Calidad de Vida Laboral de la Legislatura. El médico relató que llegó a las 13, que asistió a mucha gente, la mayoría con heridas no muy serias, excepto tres personas: una que luego perdería un ojo a causa de un piedrazo y otras dos con traumatismos en sus manos, que requerían un traslado.
-¿Por qué se quedó después de su horario? – le preguntó Ghirimoldi al médico.
-Porque mi trabajo es una carga pública. Igual que los bomberos y el personal de seguridad, abrimos y cerramos la casa. Hasta que no vimos todo controlado, no nos retiramos.

>>>Gol en contra del defensor

El testigo negó sentirse privado de su libertad, el fiscal no tenía más preguntas y la presidenta del Tribunal, Aurora Moral, se aprestaba para agradecerle y despedirlo. Pero de pronto, la mano de Héctor Trajtemberg, uno de los abogados defensores, se levantó para pedir la palabra y seguir preguntando:
-¿ Intentó o quiso salir?
-No quise salir. Pero quise evacuar a dos o tres pacientes y tuvimos inconvenientes para sacarlos. Demoramos más de dos horas –respondió el médico y, por primera vez en cinco audiencias, alguien introdujo la posibilidad de que hubo quien no pudo salir del edificio a pesar de su voluntad.
Inesperadamente, la intervención del abogado defensor reabrió el interrogatorio al testigo. "No tenían nada de dónde agarrarse y ahora pueden llegar a argumentar algo. De todas formas, está claro que la gente no podía salir porque cerraron las puertas por dentro", argumentó irritada una abogada defensora que pidió reservar su nombre para no enfrentarse con su colega, en lo que varios definieron como "un gol en contra", y otros con palabras menos elegantes aún.
Uno de los pocos testimonios que no abordó la acusación de la privación ilegítima de la libertad fue el de Gabriel Ducant. En este caso, el Tribunal intentó explorar la hipótesis del delito de coacción agrada, otra de las imputaciones que recibieron los acusados, junto a daños calificados y resistencia a la autoridad. El testigo se presentó como uno de los encargados del sonido de la Legislatura, responsable de la conexión de los micrófonos en el recinto. Sin embargo, el día de los incidentes, según admitió, nunca llegó a conectarlos. La vocal del tribunal Silvia Arauz lo interrogó con dureza y hasta le recordó enérgicamente que si no decía la verdad podía caer en el delito de falso testimonio.
-¿Por qué no conectó ese día los micrófonos? –preguntó la magistrada, elevando la voz.
-No recuerdo –fue la respuesta que exasperó aún más a la jueza, que apuntaba, según pareció, a demostrar que la sesión había sido suspendida por falta de acuerdo entre los legisladores y no por coacción de los manifestantes.
Esa, justamente, explicación fue la que dio Gerardo Echeverry, asesor del bloque de Izquierda Unida, que elaboró un puntilloso informe de cómo funciona la Legislatura y cómo se aprueban las leyes. El testigo aseguró que el 16 de julio de 2004 nada tuvieron que ver los incidentes con el hecho de que se levantara la sesión, sino que el debate no pudo llevarse a cabo porque no hubo acuerdo político entre los distintos bloques para aprobar la reforma, tal como había sucedido ya en dos oportunidades previas.

>>>Las detenciones en forma de cuento

El último testigo fue Lucas Amarella, un distribuidor de correspondencia de un correo privado, cuyo testimonio puso en evidencia las irregularidades del accionar policial. El joven explicó, sumamente tensionado y sin entender por qué estaba sentado en medio de un imponente recinto, que el día de los hechos iba a llevar una carta a Madariaga y General Paz y ahí lo paró la policía:
-Me agarron de testigo. Yo les expliqué que estaba trabajando y que no podía. Pero me dijeron que si no colaboraba quedaba detenido por no colaborar con la justicia. Eso fue lo que pasó –explico nervioso, con la garganta anudada, como si tuviese miedo a quedar arrestado en ese mismo instante.
-No se ponga mal, usted no hizo nada malo. Cumplió con una carga pública, como lo hubiese tenido que hacer cualquier miembro de este Tribunal – intervino la presidenta, Aurora Moral, mientras Amarella la miraba desconcertado, como si le hablara en un extraño dialecto de alguna tribu centroafricana.
-¿Leyó lo que firmaba? – preguntó el juez Alejandro Noceti Achával.
-Sí, no recuerdo – titubeó el testigo y a nadie le quedó claro si sabía lo que firmaba.
-¿Delante suyo le leyeron algo a los detenidos, les hicieron saber sus derechos?
-No recuerdo –volvió a decir Amarella, cada vez más asustado.
-¿Cómo se hicieron las actas?- preguntaba, ahora, Taborada Ortíz, el defensor de Fortuny Calderón.
-No sé –repitió el joven, a esta altura totalmente bloqueado.

Entonces, fue el momento en que intervino la vocal Arauz que, como si fuera un tierna abuelita, explicó con voz candorosa:
-A ver, usted dígalo como si fuera un cuento. Había una vez unos policías que lo tomaron de testigo. Usted se negó porque tenía que trabajar y ellos le dijeron que debía hacerlo igual porque iba a tener problemas con la justicia. Entonces, le leyeron unos papeles para que los firme o se los dieron todos juntos y le dijeron: "¡Firmá!". Y usted firmó sin leer, todos esos papeles.
-No recuerdo – dijo otra vez el testigo y todos desistieron de continuar con el interrogatorio.

La declaración de Amarella era muy importante, ya que de acuerdo con los testimonios brindados por los policías en la segunda audiencia quedó flotando en el aire que las actas de detención de los imputados podrían ser nulas, debido a la cantidad de irregularidades con que se confeccionaron: no se realizaron en el lugar de los hechos, los testigos no fueron tomados en los sitios de detención y los policías ni siquiera identificaron a los detenidos. Los imputados, además, sostienen que ni siquiera les leyeron sus derechos.
En dos semanas de audiencias, el juicio oral no arrojó demasiadas pruebas en relación con la gravedad de los delitos que se le imputan a los procesados, quienes ya pasaron 14 meses presos en los penales de Devoto y Ezeiza. Da la sensación que las mayores pruebas se hallan en los videos, que el Tribunal decidió no exhibir y prometió valorar en el momento de la sentencia. Dicen quienes los vieron que allí solo aparecen un puñado de los imputados tirando piedras, una acción que no parece suficiente para sustentar la coacción agravada o la privación ilegítima de la libertad, delitos que podrían ser castigados con diez años de prisión.

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