Una hora exacta y un acto fallido inolvidable le llevó al doctor Juan José Ghirimodi formular su alegato fiscal en el juicio oral y público que juzga a los hombres y mujeres procesados por manifestar frente a la Legislatura porteña. El tono enérgico y firme del fiscal contrastó con el contenido de su acusación, apoyada casi exclusivamente en dos fuentes probatorias: las declaraciones del personal policial que produjo las detenciones y un video. Ghirimodi consideró “partícipes necesarios” del delito de daño agravado a 11 de los procesados, para los cuales solicitó tres años de prisión en suspenso; a otros dos le sumó el delito de resistencia a la autoridad, pero solicitó la misma pena; en tanto a Margarita Meira la absolvió de todos los cargos. El fiscal desechó los delitos de coacción agravada y privación ilegítima de la libertad agravada, imputados en la instrucción, figuras que permitieron mantener a estos 14 hombres y mujeres en prisión durante 14 meses.

Telenovela

Julio López, Cromañón, los hombres y mujeres juzgados por manifestar frente a la Legislatura porteña. Los temas de esta semana evocan los desafíos actuales sobre problemas que todavía esperan ser mirados de frente. El caso del testigo de la causa Etchecoltz, desaparecido hace ya un mes, es analizado en esta conversación con María Casariego, psicoanalista, impulsora de la causa contra Martínez de Hoz por la desaparición de su padre. Treinta años después del secuestro, María advierte: "habría que resignificar la palabra desaparecidos y hablar de asesinatos", porque es la única manera de quitar esa perversa ambigüedad que paraliza y confunde, tal cual pretendió Videla cuando inauguró el término. También advierte que en este caso "el gobierno no es la víctima" sino el responsable no solo de lo que no hizo, sino de las respuestas que siguen sin aparecer. Por su parte, el Colectivo Situaciones plantea una serie de preguntas que intentan romper los esquematismos para pensar lo que López simboliza. De un símbolo también nos habla Sonia, una sobreviviente de Cromañón de 22 años, en esta carta que le escribe a la jueza que ordenó pericias psiquiátricas a tres padres de chicos muertos en esa masacre para determinar si su duelo es "normal" o "patológico". En tanto, el fiscal de la causa que juzga a los hombres y mujeres que manifestaron frente a la Legislatura porteña reveló -al fin- por qué estuvieron 14 meses privados de su libertad. Todos temas que, una vez más, nos permiten elegir: mirar la telenovela o leer la realidad.

“Llegamos a este día por delitos tan graves después de un largo proceso y de un también largo juicio en el que el fiscal presentó cerca de 100 testigos y luego del cual sólo puede acusar por daños y pedir penas en suspenso. Esto significa que, según el propio fiscal, toda esta gente no tendría que haber estado ni un día presa”, sintetizó la abogada, Claudia Ferraro defensora de Carmen Infrán.
La jornada había comenzado a la mañana con la declaración de los últimos testigos y continuó, luego de un cuarto intermedio, con la alocución del fiscal Ghrimodi, quien prefirió resumir en forma individual cada uno de los cargos, leyendo primero la lista de imputados lenta y marcadamente. Uno por uno fue describiendo la carga probatoria. En los casos de Marcela Sanagua, Carlos Santamaría, Eduardo Ruiz, Pablo Martín Amitrano y Jorge Nievas la prueba se basó en los testimonios de los policías que efectuaron las detenciones y que aseguraron haberlos visto arrojando “objetos contundentes contra el edificio”, dichos que el fiscal consideró “totalmente imparciales” y “firmes” y alcanzaron –según su criterio- para proveerlo de lo que calificó “una óptima certeza procesal”. En el caso de Fortuny Calderón, Eduardo Suriano, Adolfo Sánchez, Javier Scaramella, César Gerez y Antonio Medina sumó como prueba un video que en la causa está clasificado bajo el número 3. A Carmen Infran, en cambio, la señala como identificada en las fotos que se aportaron. Cuando llegó el turno de señalar la imputación a Héctor Gómez el fiscal sorprendió con una frase: “me causó buena impresión” , dijo. Aunque lo considero culpable de haber arrojado pintura contra las puertas de la Legislatura porteña, tal como lo señaló el policía Miguel Ángel Campos en su declaración. Finalmente, consideró como atenuantes los que calificó como “el nivel socioeconómico y la situación familiar” de los imputados. Y resumió así su acusación:
-“Sé que todos ellos son buena gente que ha incurrido en conductas delictivas que deben tener sanción penal”.
Luego, se definió como “un celoso guardián del debido proceso y defensa en juicio” como paso previo a argumentar por qué descartaba las figuras más graves de este juicio: la coacción agravada y la privación ilegítima de la libertad agravada. El fiscal consideró que los imputados “no tenían entidad suficiente para cambiar algo de la voluntad” de los legisladores, quienes “tuvieron libertad corporal” para moverse, ya que reconoció que las dificultades para abandonar el edificio se originaron por “las restricciones que se tomaron dentro de la Legislatura para resguardarlos”. Para justificar la calificación impuesta por el fiscal Socas en la instancia de instrucción, Ghirimodi expresó: “si bien al principio del proceso existieron indicios” para alegar figuras penales tan graves, en la etapa oral no pudieron confirmarse. Por último, se refirió a Margarita Meira.
- “En la instrucción el oficial Silva la identifica arrojando piedras, pero no lo confirma en la etapa oral. Por otra parte, se la acusa de acosar a una legisladora, pero se trataría de un hecho agraviante que no es tema de esta causa. Por lo cual solicito su absolución de culpa y cargo”.
Por último, al resumir su petición, el fiscal protagonizó uno de los tantos momentos desconcertantes que tuvo este juicio oral. Dijo el fiscal:
-”Tengo 41 años de servicio judicial, estoy próximo a jubilarme y he tramitado más de mil juicios. Le aseguro a este excelentísimo tribunal que he tratado de ser lo más celoso y justo tanto en el pedido de condenas como de absolución”.
Luego, expresó:
-Pido entonces la absolución de todos los imputados de los delitos de daño agravado y resistencia a la autoridad, en los casos que corresponda.
Fue un lapsus, porque en realidad se refería a los delitos de coacción y privación de la libertad, pero la confusión alcanzó para que la presidenta del tribunal tuviera que ordenarle al secretario que leyera el acta que el fiscal tuvo que rectificar con la lectura de cada párrafo. Recién entonces quedó claro su pedido: tres años de prisión en suspenso para Santamaría, Suriano, Sánchez, Ruiz, Gerez, Sanagua, Infran, Medina, Amitrano y Fortuny Calderón, por el delito de daño agravado. Tres años de prisión en suspenso para Jorge Nieva y Javier Scaramella por los delitos de daño agravado y resistencia a la autoridad. Y absolución por todos los cargos para Margarita Meira.
“El fiscal no alegó sobre la prueba, no le importó lo que sucedió en el debate.- resumió Claudio Pandolfi, abogado de Margarita Meira- Da toda la sensación de que ya tenía prevista la acusación antes de que empiece el juicio. A punto tal, que insiste en que Margarita Meira agredió a la legisladora Silvia La Ruffa, aunque alega que no la incluye en la acusación porque no es tema de esta causa, ya que no estaba imputada por eso en la instrucción. No le importó que la legisladora La Ruffa haya declarado en la instancia oral que no fue agredida. Otro indicio: toma la declaración de la instrucción del oficial Minola, que en el juicio oral dijo claramente que no se acordaba a quien detuvo ni por qué. Está claro que ya tenía todo pensado de antes.”

También para Pandolfi está claro que el fiscal utiliza la figura de “partícipes necesarios” con la intención de justificar uno de los agujeros negros centrales de esta causa: no los considera autores materiales del delito de daño agravado, sino personas que “brindaron asistencia de manera tal que sin esa participación el delito no se podría haber cometido. –interpreta Pandolfi- Pero no aclara de qué se trata esta figura: es decir, participación necesaria de quien, con quiénes participaron, en qué consistió esa conducta imprescindible. Eso no se acreditó. No cabe duda que la Legislatura fue dañada ni que algunos manifestantes tiraron piedras. Ahora bien: nadie aseguró durante el proceso oral que fueron estos imputados quienes la rompieron o, aún los que están filmados tirando piedras, que esas piedras son las que provocaron los daños. No existe en el Código Penal la tentativa de daño. El problema más serio es que después de escuchar este alegato fiscal me voy con la sensación de que también ya está escrita la sentencia. Porque lo que vimos hoy acá es que un sector judicial no compartía el trabajo de la primera instancia, pero no se animó a cuestionarlo. En ese sentido es lamentable.”

El desafio abierto, asegura Pandolfi, es si el tribunal se animará a cuestionar la arbitraria aplicación de la prisión preventiva. “Una mujer de más 50 años pasó más de un año en la cárcel. Eso no tiene devolución. Lo que hay que exigirle a este tribunal es que tome valor y se atreva a cuestionar esto.”

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