"Señores y señoras ministros de la Corte: en este río no hay agua, lo que tenemos es un caldo tóxico"

Resumen:
- "El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicios sí, señor, actividades de servicios que están instaladas en los márgenes de la cuenca".
- "Nosotros estimamos que el financiamiento de la recomposición y la reparación del daño ambiental irreversible deberán ser solventados, al menos en parte, por todos aquellos que contribuyeron de manera directa al daño ambiental en la cuenca".
- "existe una claro avance de la conciencia social en materia ambiental en nuestro país, y en el que mucho han contribuido las luchas que han llevado adelante los vecinos, los afectados y los que en definitiva de manera directa sufren las consecuencias de la degradación, como ha sido el caso de los vecinos de Gualeguaychú, los vecinos de Esquel, y es el caso de Beatriz Mendoza, que junto con los vecinos del Polo Petroquímico del Dock Sud han planteado este caso al Tribunal".
- "Señoras y Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia: en este río no hay agua, lo que tenemos es un caldo tóxico de detritos humanos e industriales, producto de la sistemática y sostenida violación de normativas de protección ambiental, muchas de ellas de carácter penal, que jamás han sido aplicadas a pesar de su evidente y flagrante incumplimiento".

Texto completo:
Sr. NÁPOLI.- Muy buenas tardes, Excelentísimo Tribunal. Voy a hablar en nombre de las organizaciones que hemos sido admitidas como terceros interesados en este caso: hablo del Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales a la que represento y la Asociación de Vecinos de La Boca, que también hablará posteriormente y entre las dos compartiremos el tiempo que nos dan.
Brevemente intentaremos hacer un resumen de la presentación que hicimos en este caso, dando algunos lineamientos básicos que nos permiten hoy, y a la luz de lo que se ha escuchado en estas audiencias, poder plantear algunos temas como para dejar en el debate.
Nadie duda en afirmar que la Cuenca Matanza Riachuelo es el problema socio ambiental más critico que tiene la Argentina, que impacta de manera sistemática en los más de 5 millones de personas que habitan en sus proximidades, muchos de los cuales están excluidos del acceso a los servicios de salud, cloacas y agua potable.
El actual estado de la cuenca representa una realidad propia del Siglo XIX con la cual los argentinos y los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires nos hemos acostumbrado a convivir.
Las organizaciones que aquí represento hemos venido trabajando junto con el Defensor del Pueblo, como se dijo recién, desde el año 2003, y nos hemos incorporado a esta causa convencidos de que la misma supone una oportunidad para revertir la grave situación que presenta la cuenca.
En este sentido, el daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicios sí, señor, actividades de servicios que están instaladas en los márgenes de la cuenca.
La responsabilidad de las autoridades se sitúa fundamentalmente en la omisión del deber de proteger y respetar derechos humanos fundamentales, tales como gozar del medio ambiente, la salud y la calidad de vida, garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto.
En este sentido, el Estado no ha podido, no ha sabido y no ha querido ejercer los poderes necesarios para controlar la producción de los daños, y ha estado ausente claramente a la hora de implementar políticas activas.
No obstante la gravedad que la cuestión encierra, nunca se pusieron en marcha planes tendientes a revertir o mejorar la situación, y los que alguna vez fueron estruendosamente anunciados, quedaron como parte de una historia tan negra como el Riachuelo.
No ha sido sino en respuesta a la intimación cursada por este Excelentísimo Tribunal, en donde las autoridades públicas y privadas han elaborado y presentado los lineamientos de un Plan de Saneamiento.
Si bien no se nos ha corrido traslado de esas presentaciones, no podemos dejar de señalar algunos aspectos que creemos sustanciales, algunos de los cuales planteamos en nuestra acción y otros los vamos a hacer a partir de los dichos de algunas partes.
Un aspecto que consideramos esencial para la formulación del plan de saneamiento y recomposición de los daños radica en lograr que el mismo no sea únicamente el producto de la voluntad gubernamental, sino que cuente con la participación de todos los sectores interesados, única forma en que el mismo podrá lograr el arraigo y el consenso social que necesita para su efectiva implementación.
El reclamo de instancias de participación y de acceso a la información es una cuestión que está estrechamente vinculada con la temática ambiental.
Debemos recordar que el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro dispone que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados, y que toda persona debe tener derecho de acceso a la información que se encuentre en poder de las autoridades, herramientas que, que por otra parte, ya han sido consagradas en instrumentos mencionados aquí, en normas ambientales de superior jerarquía.
Por ello, cuanto mayor sea la participación de ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad del precedente que se establezca y, al mismo tiempo, de esta manera y citando ideas desarrolladas por Habermas se cumplirá con el fundamento democrático que establece que las normas que son autoimpuestas resultan legítimas y, por lo tanto, obligatorias.
Nos parece fundamental que el plan que en definitiva se lleve a cabo no sea producto de una imposición gubernamental, sino que cuente con el más elevado consenso posible.
Por otra parte, y esta es una cuestión que hemos planteado también, el plan debe ser concebido bajo la idea rectora del ordenamiento ambiental del territorio y contener además instrumentos tales como indicadores y estudios de líneas de base que permitan de manera cierta y adecuada seguir los resultados y las acciones que tenga el plan.
Como ha quedado demostrado, la situación de la cuenca impacta gravemente sobre la salud de los sectores más desprotegidos. Por ello es esencial que se adopten medidas de atención directa a las víctimas de la contaminación, quienes no pueden esperar que las obras públicas se inauguren para obtener el reconocimiento efectivo de sus derechos, en la medida en que día a día padecen la degradación ambiental.
No obstante ello, y además de las medidas urgentes que se adopten, resulta necesario conocer el estado de la situación sanitaria de la población de la cuenca, cuestión que hemos reclamado incansablemente desde nuestras organizaciones y con el Defensor del Pueblo de la Nación, y siempre se nos ha dicho lo mismo: no hacen falta los estudios epidemiológicos, porque hay que atender a las víctimas.
Ello no implica que se deba postergar la atención sanitaria de los afectados hasta tanto se conozcan los resultados de los estudios epidemiológicos correspondientes, sino que se debe poner en marcha un plan de acción que incluya ambas cuestiones y que brinde atención inmediata para la población en mayor situación de riesgo.
Cabe señalar, como lo ha sostenido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que todos los planes de acción en materia de salud pública deberán estar basados en evidencia epidemiológica, proceso que además deberá llevarse a cabo de forma transparente y participativa, incluyendo indicadores que permitan monitorear el desarrollo y la implementación del plan.
Habida cuenta que en estos autos se debate la recomposición del daño ambiental o la reparación del daño irreversible, queda claro que no podemos avalar que sea solamente el sector público el que cargue con los costos de llevar adelante la recomposición, habida cuenta que la responsabilidad que surge de las empresas instaladas en el área se da por las externalidades negativas producidas y por los costos ambientales que han transferido a la sociedad.
La puesta en marcha de políticas de cese de contaminación y de recomposición de los daños ocasionados por las actividades antrópicas no puede ser visto además como un obstáculo para el desarrollo de la generación de empleo, sino como un cambio paradigmático que conduzca a la puesta en marcha de un modelo de desarrollo sustentable en donde las variables económicas se integren de manera armónica con los aspectos sociales y ambientales.
Se trata, en definitiva, Excelentísimo Tribunal, de hacer cumplir el mandato que establece el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizando que el desarrollo del presente no comprometa además a las generaciones futuras.
Ninguna medida ni solución efectiva y duradera podrá encontrarse en la medida en que se vulneren derechos humanos fundamentales. Por ello, habrá industrias y actividades que por sus características y grado de peligrosidad no podrán seguir funcionando en el área.
Nosotros estimamos que el financiamiento de la recomposición y la reparación del daño ambiental irreversible deberán ser solventados, al menos en parte, por todos aquellos que contribuyeron de manera directa al daño ambiental en la cuenca.
Este Excelentísimo Tribunal ha interpretado cabalmente las facultades que la ley general del ambiente confiere a los magistrados para intervenir en el tratamiento de la temática ambiental y ha logrado poner en la agenda pública la cuestión del Matanza-Riachuelo. Pero ha conseguido más que eso, ha logrado que los gobiernos de las tres jurisdicciones más importantes de la Argentina hayan tenido que sentarse a la mesa de las negociaciones para acordar y coordinar la presentación de un plan integral, dejando de lado los impedimentos que tantas otras veces impusieron. Y eso, señores ministros, es algo que hasta ahora nadie había conseguido.
Somos conscientes de que estamos ante un caso complejo y sumamente novedoso, y que por lo tanto exige respuestas sumamente innovadoras. ¿Cómo no lo va a ser si hemos escuchado cantidad de versiones hoy en esta sala que nos dicen que la contaminación de las empresas casi se da por agua mineral? Pero el paso dado hasta ahora sólo podrá cobrar relevancia en la medida en que sepamos aceptar que el desafío que se nos presenta de aquí en más va a estar dado en lograr la mejor fórmula para controlar y fiscalizar el efectivo cumplimiento de los planes de saneamiento que se adopten.
Sabemos que la sociedad los va a acompañar en este desafío, habida cuenta que existe una claro avance de la conciencia social en materia ambiental en nuestro país, y en el que mucho han contribuido las luchas que han llevado adelante los vecinos, los afectados y los que en definitiva de manera directa sufren las consecuencias de la degradación, como ha sido el caso de los vecinos de Gualeguaychú, los vecinos de Esquel, y es el caso de Beatriz Mendoza, que junto con los vecinos del Polo Petroquímico del Dock Sud han planteado este caso al Tribunal.
Estamos convencidos de que este caso es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad para comenzar a saldar la mayor deuda interna ambiental de la Argentina. Es una gran oportunidad para hacer efectiva la vigencia de los derechos humanos fundamentales de aquellos que sufren las consecuencias de la contaminación, y es una oportunidad para poner en marcha una política de Estado, porque la idea fundamental que tenemos es que esto no sean palabras, ya que como dice Norberto Bobbio, el gran desafío de las sociedades modernas ya no es reconocer derechos sino hacerlos cumplir. Muchas gracias.
Sra. PRESIDENTA (Dra. Highton de Nolasco).- Gracias.
El complemento de esta presentación, ¿quién lo hace?
Sr. SECRETARIO.- El doctor Alberti.
Dr. ALBERTI.- Señoras y señores ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación: comparezco ante Vuestras Excelencias en mi carácter de presidente de la Asociación de Vecinos La Boca para fundamentar con mi experiencia de vida el petitorio que presentamos con otras organizaciones no gubernamentales.
Conozco como el que más esta dramática vergüenza nacional que es la cuenca Matanza Riachuelo, porque la padezco en carne propia y desde siempre, junto con familiares, amigos y vecinos. Por ello, reconforta ver a esta Corte Suprema preocupada por nuestra salud, como quedó reflejado con su intervención en la causa.
Este desastre no fue creado por una catástrofe natural. Ha sido originado, se mantiene y empeora por la conducta temeraria de personas que profitan con actividades que causan daño ambiental y deterioran nuestra vida.
Al producir bienes desaprensivamente y ofrecer deficientes servicios públicos, han acrecentado sus ganancias debido a externalidades negativas que se originan al socializar sus pasivos ambientales. Lanzan impunemente al suelo, al río y a la atmósfera sus desechos sólidos, sus efluentes líquidos, sus gases pestilentes y tóxicos, ante la impotencia ciudadana y bajo la mirada tolerante de la autoridad pública, que reconoce también la existencia de 140 basurales a cielo abierto, como la descarga al río de residuos domiciliarios originados en los barrios más carenciados, donde no se recolecta la basura, y un Polo Petroquímico que además de ser un poder contaminante configura una latente amenaza de deflagración, con capacidad para cambiar la geografía de Buenos Aires vía exterminio.
Es una situación real que existe a 30 cuadras de Plaza de Mayo y apenas 50 cuadras de este Tribunal. Resulta atrayente la emoción de muchos ante situaciones parecidas en lugares remotos del planeta, pero es paradojal la tibieza frente a lo que sufrimos en esta ciudad.
La Nación Argentina se ha conmovido fuertemente por un grave riesgo de daño ambiental que se puede producir sobre el Río Uruguay. En defensa de ese interés se recurrió a la Corte Internacional de Justicia por primera vez en nuestra historia, pero nos costó mucho revertir cierto desinterés ante lo que nos ocurre desde hace más de l00 años en la cuenca Matanza Riachuelo. Nos costó mucho, señores ministros, arrancar esa resignación complaciente que anestesiaba sentimientos y embotaba la razón.
Esta cuenca con cinco millones de habitantes según el INDEC, en 2013 podría alojar al 14 por ciento de nuestra población nacional total. Esa población futura son los niños y jóvenes de hoy, que cada día tienen conciencia más clara del abandono en que se encuentran por la desidia y descuido de funcionarios públicos nacionales, provinciales y municipales, quienes viven en los lugares más agradables de Buenos Aires.
Nuestra demanda, receptada por Vuestras Excelencias el 30 de agosto, pide decisiones de fondo para proteger el patrimonio natural, recomponer el daño causado, y también solicita medidas cautelares, que se requieren con la mayor urgencia por la gravedad de la situación. Yo quiero reiterar aquí nuestro petitorio, y detenerme en aspectos que son principales para nuestra asociación: la suspensión de los vertidos, las emisiones y la atención prioritaria de la salud pública.
Los cinco años mencionados ante esta Corte es un plazo demasiado largo para quienes estamos sumergidos en esta aberración. También es un plazo demasiado largo para un río agónico y para las criaturas intoxicadas por los líquidos, gases y metales emponzoñados.
La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. Al llegar al lecho estos producen tal demanda de oxígeno que han agotado totalmente la vida que otrora existió. Los vuelcos cloacales, de los que sólo son tratados previamente el 5 por ciento, superan en una vez y media el caudal normal del río, ello sin contar los vuelcos industriales que contienen productos químicos, residuos minerales y elementos biológicos, principalmente de la industria de la alimentación. Este cuadro se agrava con las sudestadas que inundan las zonas más bajas y carenciadas.
Señoras y Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia: en este río no hay agua, lo que tenemos es un caldo tóxico de detritos humanos e industriales, producto de la sistemática y sostenida violación de normativas de protección ambiental, muchas de ellas de carácter penal, que jamás han sido aplicadas a pesar de su evidente y flagrante incumplimiento. Detritos que ya nos están impidiendo disfrutar del Río de La Plata, principal proveedor de agua potable para muchos millones de ciudadanos.
No se puede esperar cinco años para los primeros signos de una mejoría, por ello es preciso que Vuestras Excelencias proscriban para siempre los actuales vertidos, y manden que en un plazo corto y cierto, sólo se puedan verter al río efluentes racionalmente tratados. Que la responsabilidad social empresaria se haga realidad. No es posible acrecentar las ganancias de algunos a costa de la contaminación que muchos sufrimos. Nuestras muertes no deben financiar las vidas de las empresas.
La gente intoxicada y con distintas patologías tampoco puede esperar plazos medianos ni cortos. Nuestra Asociación criticó oportunamente la expresión de un ministro de este Gobierno Nacional quien desestimó la urgente necesidad de hacer estudios clínicos y epidemiológicos, atento que en su opinión, los vecinos de la cuenca "ya están intoxicados". No quería gastar pólvora en chimangos.
Se requieren inmediatas medidas para detectar a los enfermos, proveerles tratamiento y sacarlos del lugar para que no se sigan contaminando. Si realmente el poder toma conciencia de la catástrofe, comprenderá que está obligado a dar soluciones inmediatas, empezando por los casos urgentes y peligrosos. En cinco años muchos de los que hoy requieren atención no la necesitarán por haber concluido su paso por este mundo; otros habrán llegado a situaciones de deterioro irreversible con sus capacidades menguadas e impedidos de alcanzar el porvenir que la Constitución Nacional manda preservar para las generaciones futuras.
Señoras y Señores Ministros de la Excelentísima Corte: no podemos permitir otro resultado que no sea una solución definitivamente exitosa, que consolide el bien común.
Controlemos a los controladores. En la parte de control quiero hacer especial hincapié al trabajo que venimos haciendo, al que se refirió el Defensor Mondino. Hemos trabajando en equipo, es un ejemplo y quisiéramos seguir trabajando en equipo. Pero trabajando de una manera vinculante es lo que le pedimos a la Corte y no simplemente de una forma consultiva, donde podemos asumir un rol meramente decorativo.
Necesitamos indicadores ambientales y de gestión que nos permitan monitorear el plan, socializar la información, garantizar la transparencia, generar un marco normativo que trascienda cualquier administración de gobierno y nos garantice la eficiencia.
Estén Vuestras Excelencias absolutamente convencidas que proveer como lo hemos pedido en nuestra demanda será Justicia. Muchísimas gracias.

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