Resumen:
- "La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es, también sin hesitaciones, la responsabilidad de los Estados, por omisión, por dejar hacer, durante larguísimos años, tal como lo viene reconociendo el Estado al proponer un plan de saneamiento y recomposición a requerimiento de esta Corte. Nos llama la atención que el Tribunal, habiendo asumido un rol sobresaliente, no mande a investigar el destino de las importantes partidas oportunamente dispuestas para sanear el Riachuelo."
- "Nos permitimos señalar que se trata, Excelentísima Corte, de una oportunidad única: primero, para que el ciudadano común comience a recuperar la fe en el Derecho y en las Instituciones, tan vapuleadas y abandonadas de toda confianza; segundo, para hacer justicia respecto de una parte significativa de la población harto olvidada; tercero, para incorporar a la civilización una región extensa e importante, que comienza sólo a cincuenta cuadras de este Palacio de Justicia, y cuarto, para sancionar a los culpables de tanta polución que ha transformado al Riachuelo, sin lugar a dudas, en una cloaca inmunda."

Texto completo
Tiene la palabra por la parte actora, el doctor Jorge Mosset Iturraspe.
Dr. MOSSET ITURRASPE.- Ministros de la Corte Suprema, señoras, señores: debo comenzar confesando que en mis 55 años de ejercicio activo de la profesión, no he tenido jamás una causa de la trascendencia social de la presente. Ello compromete mi responsabilidad y la de los distinguidos colegas que me acompañan.
Nuestros clientes, vecinos de la cuenca, llegaron a esta demanda con ilusiones ciertas: que una nueva Corte de excelente composición acompañara sus pretensiones de lograr una vida digna, superando la triste condición de discriminados, abandonados a su suerte, habitantes de un medio ambiente contaminado, inundado de residuos peligrosos.
La trascendencia política, social, económica y mediática de la cuestión traída a conocimiento de la Corte, no puede ni por un instante soslayar que del atinado desenvolvimiento de la acción judicial incoada dependen millones de personas que habitan la cuenca.
En virtud de tal relevancia, y de la notoria desigualdad económica existente entre las partes litigantes, solicitamos a la Excelentísima Corte que arbitre los medios conducentes para proveer a una pronta resolución de la causa.
Que este juicio histórico, cuyo objeto no es otro que dar estricto cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional, no se malogre, dependerá en mucho de un eficaz control y seguimiento del plan de remediación que en definitiva se ordene y se ejecute.
El activismo asumido por el Tribunal, acompañado de las decisiones de los órganos de la Nación, Provincia y Ciudad Autónoma, parece renovar la ilusión de lograr justicia, sobre la base de medidas para recuperar la salud, superar enfermedades, y dolencias, por una parte, y por la otra, conseguir la recomposición de la Cuenca Matanza-Riachuelo, habitada a lo largo de más de 60 kilómetros, por cerca de tres millones de personas, también sufrientes.
Las pretensiones de los actores son ahora esas dos: sobre la base de la constitución de un "fondo de garantía" o de "recomposición", formado con los aportes de las empresas responsables y de los Estados, atender, en primer lugar, a las personas víctimas en su salud, de aquí en más, pensando que el deterioro se irá agravando hasta el día de la superación de la contaminación; y, contemporáneamente, sanear el Riachuelo, realizando las importantes obras materiales que la sociedad toda requiere.
Tampoco debemos silenciar que la incompetencia dispuesta por este Tribunal acerca de los daños personales sufridos por nuestros clientes, patrimoniales y extrapatrimoniales, nos agravia, en la medida en que vemos una intima conexión entre un tema, el personal, y el otro tema, el del ambiente; la lesión actual y concreta desde el punto de vista de la entera colectividad; el daño colectivo, respecto del cual estamos legitimados sobre la base de un interés difuso, conforme con la Constitución.
Estamos convencidos de que la Corte no se ha desentendido de la salud de los actores, de aquí en más, como de las restantes víctimas. Creemos que se trata, lo reiteramos, de una prioridad, por ser la cuestión humana y ser el hombre -lo sabemos- el centro y eje del derecho. Los beneficios de aprovechar esta única oportunidad que se presenta pueden ser infinitos, ya que adoptar las medidas solicitadas puede contribuir no sólo al mantenimiento de la justicia y armonía en las relaciones entre los seres humanos, sino también a la misma preservación de la especie.
La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es, también sin hesitaciones, la responsabilidad de los Estados, por omisión, por dejar hacer, durante larguísimos años, tal como lo viene reconociendo el Estado al proponer un plan de saneamiento y recomposición a requerimiento de esta Corte. Nos llama la atención que el Tribunal, habiendo asumido un rol sobresaliente, no mande a investigar el destino de las importantes partidas oportunamente dispuestas para sanear el Riachuelo.
Reiterando lo dicho en nuestro escrito de demanda, remarcamos la necesidad de la creación del Fondo de Compensación Ambiental, el que deberá contar con el debido contralor de organismos o instituciones autónomas, independientes, insospechadas, tales como quienes fueran admitidos como terceros por resolución de la Excelentísima Corte del 30 de agosto próximo pasado que, actuando conjuntamente, realicen el efectivo control y seguimiento del plan. Dicha necesidad surge de la preocupación de no reiterar errores que en definitiva nos han traído a la situación penosa que hoy nos toca vivir.
Las empresas demandadas por su fuerte actividad contaminadora constituyen también un hecho público y notorio. Sin perjuicio de la solidaridad dispuesta por el artículo 31 de la ley 25.675, creemos que deben pagar la polución efectuada, que liberarlas no será sino un acto de injusticia y el reconocimiento de una especie de privilegio inadmisible.
Nuestra parte ha dejado en claro qué alcanza o comprende el denominado "daño colectivo" que se reclama, en lo que hace a la "recomposición del Riachuelo", como cuestión no patrimonial.
Como esta parte ha dejado bien establecido, en respuesta a un requerimiento del Tribunal, estima en 500 millones de dólares la suma que debe reunirse, con los aportes de los Estados y de las empresas, para producir ese cambio trascendente.
Nos permitimos señalar que se trata, Excelentísima Corte, de una oportunidad única: primero, para que el ciudadano común comience a recuperar la fe en el Derecho y en las Instituciones, tan vapuleadas y abandonadas de toda confianza; segundo, para hacer justicia respecto de una parte significativa de la población harto olvidada; tercero, para incorporar a la civilización una región extensa e importante, que comienza sólo a cincuenta cuadras de este Palacio de Justicia, y cuarto, para sancionar a los culpables de tanta polución que ha transformado al Riachuelo, sin lugar a dudas, en una cloaca inmunda.
Seguramente ahora escucharán la presentación en sociedad de un plan de gobierno ambicioso y en el que se invertirán cifras mucho mayores a las sugeridas por esta parte actora, lo que podría generar en la opinión pública la convicción de que este gobierno va por fin a ocuparse de la cuestión. Debemos destacar, para que no se cree ninguna confusión, que este plan responde a una intimación cursada por la Corte Suprema y que fue preparado contrarreloj. En otras palabras, pese a la gravísima situación que vive particularmente la población aledaña a la Cuenca, y que por cierto era de conocimiento de las autoridades, los Estados involucrados no tenían al tema dentro de sus prioridades, de no ser porque el Poder Judicial les exigió la presentación de un plan.
Este gobierno ha dado muestras de reivindicar los derechos humanos por los terribles hechos ocurridos durante la dictadura militar hace treinta años, lo que resulta loable. Sería bueno que entendiera que los derechos humanos están siendo violentados en este preciso momento: nuestros mandantes y sus vecinos están permanentemente expuestos a la contaminación del medio en el que viven y se desempeñan, ante el desinterés y la ausencia de decisión política para ponerle fin a tanta injusticia.
En este preciso momento y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio contratados por empresas que van a asegurar que su citación a este proceso es una absoluta injusticia porque jamás volcaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en sus patologías. Creemos que es el tiempo de guardar silencio y ponerse a trabajar de inmediato para impedir que el mal continúe avanzando. Es el tiempo, señores ministros, de hacer cumplir la ley; es tiempo de hacer justicia. Muchas gracias.

éstas notas pueden ser reproducidas libremente, total o parcialmente (siempre que sea con fines no comerciales), aunque agradeceríamos que citaran la fuente.