El prefecto Héctor Febres murió envenenado por cianuro cuatro días antes de escuchar su condena. Los querellantes señalan que se trata de un mensaje claro: que nadie hable para garantizar el pacto de impunidad. Responsabilizan a la justicia por permitir que los represores de la dictadura detenidos estén bajo la responsabilidad de sus propios camaradas y vinculan el hecho con la desaparición de Jorge Julio López, el principal testigo de la causa Etchecolatz, de quien nada se sabe desde hace 15 meses.

El prefectura Héctor Febres, el primer represor de la ESMA en ser juzgado, murió envenenado con cianuro cuatro días antes de escuchar su condena. Así lo demostraron los estudios toxicológicos realizados en sus vísceras. Inmediatamente después de realizadas las contrapruebas que constataran el diagnóstico, la jueza Sandra Arroyo Salgado detuvo al jefe de la zona Delta de la Prefectura Naval, Rubén Iglesias, y a los dos prefectos que lo custodiaban También ordenó el arresto de la mujer y los dos hijos de Selva –como llamaban al represor por “tener la ferocidad de todos los animales juntos”-, quienes habían cenado con él la noche anterior en su celda VIP de dos ambientes, con balcón y DVD en la sede que su fuerza tiene en el Tigre.
“Más allá de las responsabilidades personales hay que apuntar a la responsabilidad institucional, porque la Prefectura Naval dispuso la muerte de Febres o la consintió. Aquí el mensaje parece claro: nadie va a romper el pacto de silencio”, sentencia Rodolfo Yanzón, abogado querellante en la causa que se le seguía El Gordo Daniel o Selva por la privación ilegítima de la libertad y la aplicación de tormentos a cuatro personas. Además, Febres estaba procesado por otros 300 casos.
“Hace más de tres años que pedimos que estos señores pasen a cárceles comunes. El argumento que dio la justicia cuando denegó nuestra exigencia eran razones de seguridad. Ahí tienen la seguridad”, se enoja Yanzón que no puede dejar de vincular la desaparición de Jorge Julio López -el principal testigo de la causa que terminó con la condena perpetua a Miguel Etchecolatz-, de quien no se sabe nada desde hace casi 15 meses. “Son distintos métodos pero con el mismo objetivo –señala-: quieren sembrar el pánico y que no se prosiga con los juicios”. Yanzón y el resto de los organismos defensores de los derechos humanos había cuestionado muy severamente la forma de realizarse esta juicio, reducido a un solo represor y a un puñado de caso. Argumentaban que implicaba un grado de exposición permanente para los testigos y, también, que facilitaba las dilaciones y las intimidaciones.
“Es imposible que una persona a disposición de la Justicia y detenida sea envenenada –remarca el abogado-. Aún en el caso de que se trate de un suicidio, nadie puede entrar cianuro a un lugar de detención. Está clara la responsabilidad del Estado en general, de la Prefectura en particular y de la Justicia. Resulta imperioso que los jueces dispongan el traslado de todos los procesados por los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura a cárceles comunes. El gobierno debe tomar cartas en el asunto: el ministro de Justicia tiene que decidir que no puede haber ningún detenido de las fuerzas armadas a disposición de sus camaradas.”
Graciela Daleo, sobreviviente de la ESMA y una de las ex desaparecidas que atestiguó contra Febres, también subraya la gravedad de que la Justicia haya desoído el planteo de los organismos defensores de los derechos humanos. “Cuando le pedimos al Tribunal Oral que aloje a Febres en una cárcel común, nos dijeron que esa era una disposición del Juez Sergio Torres, que a su vez no encontraba motivos para que fuera trasladado a una cárcel común”.
Para Daleo no es casual el veneno utilizado para acabar con la vida de Febres. “Deja una señal muy clara que no se puede disimular: ´Ustedes, los militantes populares, utilizaron el cianuro en los 70 para evitar hablar mientras los torturábamos o que los matáramos, nosotros lo usamos ahora para que no nos maten civilmente, con los juicios´. Esa es mi especulación, porque todavía falta información. Pero aún siendo un suicidio, alguien dejó entrar el cianuro a la base de Prefectura del Delta, donde estaba detenido. La responsabilidad sigue siendo de la fuerza, que es la misma que acaba de reprimir a los trabajadores del casino y la que participó en el operativo del Puente Pueyrredón cuando mataron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki”.
La sobreviviente de la ESMA comparte la sensación de impotencia que tienen muchos de los testigos por haber hecho un gran esfuerzo declarando judicialmente sin que pueda plasmarse en una condena: la causa contra Febres quedó técnicamente extinguida y el imputado fue sobreseído, dado que la justicia argentina no puede juzgar a nadie post-mortem. Las querellas habían solicitado al Tribunal, invocando el derecho a saber la verdad, que aunque los jueces no formulen condena den a conocer los hechos que consideraban probados. Sin embargo el Tribunal Oral 5, presidido por Guillermo Gordo, denegó el pedido.
“Las fuerzas armadas siguen utilizando la muerte en su propio beneficio. La utilizaron cuando desaparecieron a miles militantes populares durante la dictadura y ahora ellos decidieron que tenía que morir uno de ellos para garantizar impunidad”, sentencia Daleo.
Los resultados de la autopsia conocidos ayer indicaron que el prefecto murió a causa de un paro cardíaco provocado por una ingesta “de una importante cantidad de cianuro por vía bucal”. Aunque no determinó si se trató de un suicidio o un homicidio, toda la investigación apunta a esta última hipótesis.

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