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Confirmado: la OMS ratificó que el glifosato de las fumigaciones puede provocar cáncer

«Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)» y por otra parte el herbicida «también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas».

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«Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)» y por otra parte el herbicida «también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas». De ese modo, la Organización Mundial de la Salud confirmó lo que hace más de una década afirman pueblos fumigados, vecinos en lucha, organizaciones sociales y académicos que no responden al sector empresario. Detalles de informe, en esta crónica exclusiva para lavaca Darío Aranda.

Andrés Carrasco y las Madres de Ituzaingó, Córdoba. Las denuncias de vecinas y de científicos, ratificadas por la OMS

Andrés Carrasco y las Madres de Ituzaingó, Córdoba.


La Organización Mundial de la Salud (OMS), máximo espacio internacional en materia sanitaria, acaba de alertar sobre la vinculación del herbicida glifosato (el más utilizado en el mundo) y el cáncer. Confirmó que existen “pruebas” de que el herbicida puede producir cáncer en humanos y en animales de laboratorio. “También causó daño del ADN y en los cromosomas en las células humanas”, alerta el trabajo científico y detalla que se detectó glifosato en agua, alimentos, y en sangre y orina de humanos. El glifosato se utiliza de manera masiva en soja y maíz transgénicos (entre otros cultivos) y desde hace más de diez años es denunciado por organizaciones sociales, campesinas, médicos y científicos independientes de las empresas.

300 millones de litros

En Argentina se aplica glifosato en más de 28 millones de hectáreas, volcando a los suelos más de 300 millones de litros de glifosato cada año. Los campos de soja transgénica, maíz y algodón son rociados con el herbicida  para que nada crezca, salvo los transgénicos. También está permitido su uso en cítricos, frutales de pepita (manzana, pera, membrillo), vid, yerba mate, girasol, pasturas, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó geométricamente el uso del glifosato, desarrollado y comercializado inicialmente por Monsanto desde la década del ’70, aunque en el 2000 se venció la licencia y en la actualidad lo producen un centenar de empresas.
A medida que crecía la siembra de transgénicos, y mayor era el uso de agrotóxicos, se sumaban las denuncias por daños a la salud la salud. Caso emblemático de Argentina es el de las Madres del Barrio Ituzaingó Anexo en Córdoba, que incluso llegó a juicio penal con condenas para el productor y el fumigador. Y también se sumaron los estudios científicos que daban cuenta de abortos espontáneos, cáncer, malformaciones y afecciones agudas, entre otras consecuencias.

OMS

La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la Organizaciones Mundial de la Salud (OMS). Luego de un año de trabajo de 17 expertos de once países, el 20 de marzo emitió un documento inédito: “Hay pruebas convincentes de que el glifosato puede causar cáncer en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”. Detalla que la evidencia en humanos corresponde a la exposición de agricultores de Estados Unidos, Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde 2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño del ADN y los cromosomas en las células humanas” (situación que tiene relación directa con el cáncer).
El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó la calificación. Los científicos del IARC consideran que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha, hubo “hallazgos significativos y resultados positivos para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron “incrementos en los marcadores sanguíneos de daño cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.
El documento se llama “Evaluación de cinco insecticidas organofosforados y herbicidas”. Fue publicado en la sede del IARC en Lyon (Francia) y remarca que las evaluaciones son realizadas por grupos de “expertos internacionales” seleccionados sobre la base de sus conocimientos y sin conflictos de interés (no puede tener vinculación con las empresas). Publicaron un resumen de dos carillas y en breve estará el detalle en el denominado “Volumen 112 de las Monografías del IARC”.

En sangre y orina

La organización internacional recuerda que el glifosato es el herbicida de mayor uso mundial. Se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanos y en el hogar. Su uso se ha incrementado notablemente con el desarrollo de variedades de cultivos transgénicos y precisa que el agroquímico “ha sido detectado en el aire durante la pulverización, en agua y en los alimentos». Y reconoce que la población “está expuesta principalmente a través de la residencia cerca de las zonas fumigadas”. Precisa que el glifosato se detectó en la sangre y la orina de los trabajadores agrícolas.
Con la nueva evaluación, el glifosato fue categorizado en el “Grupo 2A”, que significa en parámetros de la Organización Mundial de la Salud: “Probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esta categoría se utiliza cuando hay “pruebas limitadas” de carcinogenicidad en humanos y “suficiente evidencia” en animales de experimentación. La evidencia “limitada” significa que existe una “asociación positiva entre la exposición al químico y el cáncer” pero que no se pueden descartar “otras explicaciones”.
El IARC-OMS trabaja sobre cinco categorías de sustancias que tienen relación con el cáncer. El “Grupo 2A” es la segunda categoría en peligrosidad, sólo superada por “Grupo 1”, donde se ubican, por ejemplo, el asbesto y la radiación ionizante. “Por la nueva clasificación, el glifosato es tan cancerígeno como el PCB (compuesto químico que se usaba en los transformadores eléctricos) y el formaldehido, ambos miembros del Grupo 2A en cuanto su capacidad de generar cáncer en humanos”, explicó Medardo Avila Vazquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

“Se debe prohibir”

La publicación de la Organización Mundial de la Salud fue bien recibida por las organizaciones sociales y científicos independientes (no vinculados a las empresas). Aunque también coincidieron en que la OMS tardó demasiado en reconocer los efectos del glifosato. “Es necesario saludar al IARC y a la OMS por ponerse al día con las investigaciones científicas. Es muy importante esta publicación, habrá un antes y un después, ya que fortalece la posición de los que venimos reclamando a las academias y a los responsables políticos la aplicación y plena vigencia del principio precautorio (tomar medidas urgentes para proteger a la población”, reclamó Damián Verzeñassi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. “La OMS lo admitió, ya no pueden quedar dudas, el problema es mucho mayor de lo que se dice. El glifosato ha seguido el mismo camino que el endosulfan, el DDT, el cigarrillo y el Tamiflu”, explicó el investigador de la UNR.
Raúl Horacio Lucero, biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, llamó a aplicar de manera urgente el principio precautorio vigente en la ley: “Se debe prohibir ya la comercialización y aplicación de este veneno”. También lamentó la demora de la OMS: “Si nos hubieran escuchado hace diez años se hubieran salvado muchas vidas”.

Otros agrotóxicos

El IARC-OMS también evaluó al malatión (herbicida) y al diazinón (insecticidas) como probable cancerígeno para los humanos (Grupo 2A, al igual que el glifosato). Los insecticidas tetraclorvinfos y paratión fueron clasificados como posiblemente cancerígeno para los seres humanos (Grupo 2B, con pruebas convincentes de que estos agentes causantes de cáncer en animales de laboratorio). Para el Malathion determinaron la vinculación con daño en el ADNI humano y tumores en roedores.

Monsanto

La empresa Monsanto, creadora del glifosato (bajo la marca Roundup) y principal señalada por la denuncias de perjuicios a la salud, siempre defendió su agroquímico en base a la clasificación de la OMS. La gacetilla institucional, que aún está en el sitio de Internet, llamado “Acerca del glifosato”, resalta que la OMS lo ubica como “producto que normalmente no ofrece peligro” y remarca en negrita un trabajo de 2004 en el que la OMS lo calificaba como “no cancerígeno”.
Monsanto siempre utilizó los argumentos de la OMS. Pero ayer cambió de opinión: “La IARC ha estado bajo críticas tanto por su proceso como el sesgo que ha demostrado”. La compañía acusó a la agencia de la OMS de que su conclusión no es exhaustiva, la considera “sesgada” y la acusa de no basarse en “ciencia de calidad”. Advirtió que ya entró en contacto con la OMS para solicitar una revisión del trabajo.
El comunicado de la mayor corporación del agro mundial sostiene que la clasificación de la IARC-OMS “no se apoya en datos científicos”. Alcanza con ver el documento oficial de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer (IARC) para contabilizar al menos 16 trabajos científicos que confirman los efectos de los agroquímicos. Se citan investigaciones de 1985 hasta de 2015. No figuran los trabajos de David Saltamiras ni de Gary Williams, dos científicos que suelen atacar todo argumento académico contrario a los transgénicos y a los agroquímicos. No es casual: Saltamiras y Williams son empleados de Monsanto y por eso sus trabajos no figuran en la evaluación de la OMS.
Monsanto fue la creadora y mayor comercializadora de glifosato. En el 2000 venció su licencia, lo que abrió pasó a que otras empresas lo produzcan. En Argentina producen el herbicida las compañías Syngenta, Basf, Bayer, Dupont, Dow Agrosciences, Atanor, YPF, Nidera, Nufarm, Red Surcos, Vicentín y Sigma Agro, entre otras.

Carrasco tenía razón

Según estadística de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), que reúne a todas las grandes empresas de agroquímicos, en 1996 (cuando se aprobó la primera soja transgénica) se usaban en Argentina once millones de litros de glifosato. En 2012 se vendieron 182 millones de litros de glifosato. Desde hace tres años que Casafe no hace públicas las estadísticas de uso. Sí lo actualizó la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Afirma que en los campos argentinos se arrojan 320 millones de litros de glifosato por año y trece millones de personas en riesgo de ser afectadas por el químico.
Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Facultad de Medicina de la UBA e investigador principal del Conicet, confirmó en 2009 que el glifosato producía malformaciones en embriones anfibios, incluso en dosis hasta muy inferiores a las utilizadas en el campo. En 2010 publicó su trabajo en la revista científica estadounidense Chemical Research in Toxicology (Investigación Química en Toxicología). Debió enfrentar una campaña de desprestigio por parte de las empresas, de sectores de la academia y de funcionarios políticos, como el ministro de Ciencia, Lino Barañao. “Los transgénicos y los agrotóxicos en Argentina son un experimento masivo a cielo abierto”, solía advertir en disertaciones y entrevistas. Carrasco, fallecido en mayo de 2014, afirmaba que la mayor prueba de los efectos de los agrotóxicos no había que buscarlas en los laboratorios, sino ir a las comunidades fumigadas.
Raúl Horacio Lucero, investigador chaqueño, le escribió ayer un correo a este periodista: “¿De qué se disfrazarán ahora los expertos del Conicet que tanto atacaron a Andrés Carrasco?”.
Viviana Peralta de San Jorge (Santa Fe), Laura Mazzitelli y Elio Servín de La Leonesa (Chaco), Fabián Tomasi y Don Julio Ariza (Entre Ríos), Miriam Samudio de Puerto Piray (Misiones), Sofía Gatica y María Godoy del Barrio Ituzaingó (Córdoba), María Cristina Monsalvo y Víctor Fernández (de Alberti, Buenos Aires). Una mínima muestra de quiénes denuncian desde hace años los efectos de los agroquímicos. Fueron, la mayoría de las veces, desoídos y maltratados por el poder político, judicial y mediático.
La Organización Mundial de la Salud comenzó a reconocer que los vecinos de a pie tenían razón.

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«Queremos que no se olviden: seguimos buscando a Tehuel”

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La hermana de Tehuel de la Torre, el joven trans de 22 años que desapareció el 11 de marzo, habla con lavaca tras un nuevo rastrillaje sin resultados. Cuenta por qué se busca en el lugar – un campo entre Alejandro Korn y San Vicente- y la falta de recursos para investigar a fondo, mientras el tiempo transcurre. “Nos da impotencia no tener respuesta concretas: la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a seguir compartiendo su cara, hasta que aparezca.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

“Ayer a la tarde se hizo un nuevo rastrillaje con más de 100 efectivos en un campo cercano a Alejandro Korn, -algunos efectivos fueron caminando y otros, en parapente-, por donde pudieron haber pasado Montes, o Ramos, o ambos, con el carro”, dice a lavaca Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel. “Es en la zona de la Esperanza y parte de La Laurita, que termina en un santuario que hay al fondo de Alejandro Korn, en el camino a San Vicente”, ubica Verónica para quienes conocen el lugar: una especie de descampado que no había sido rastrillado antes, y por donde se presume habrían transitado los dos principales sospechosos de la causa de la desaparición del joven trans de 22 años. “Una antena del lugar captó al celular de Montes el 12 de marzo a las 4 de la mañana, por eso se están rastrillando esos campos”, explica Verónica.

Tehuel de la Torre sigue desaparecido desde el 11 de marzo de este 2021.

Alarcón amplía la información sobre este nuevo rastrillaje: dice que en la zona hay lugares donde no se pudo pasar, por lo que la fiscalía planea volver. La DDI, la Policía Científica y Gendarmería van a elaborar un informe conjunto para detectar más puntos posibles donde investigar.

Mientras, el tiempo pasa. “Es un campo muy grande, hay partes que no se puede pasar porque hay arboledas con espinas, también hay espejos de agua, y como un lago. El próximo rastrillaje va a ser con drones”, prometen desde la Fiscalía.

A casi 5 meses de la desaparición de Tehuel, su hermana dice a lavaca: “Queremos que no se olviden de Tehuel, que se lo siga buscando, que no quede en el pasado. Que no haya silencio, que haya justicia y que paguen los que tienen que pagar. Ahora que se levanta la feria judicial, esperamos tener noticias pronto de todas las pericias que hay”.

Desde el Estado, las respuestas escasean : “Nos da impotencia por no tener respuesta concretas, la búsqueda gira en lo mismo. Pedimos que se siga buscando a Tehuel, que la gente no se olvide, que sigan publicando su foto”, reclama Verónica, que llama a compartir la siguiente imagen:

Tehuel salió de su casa el jueves 11 de marzo a las 7 de la tarde para encontrarse con Luis Alberto Ramos quien, presuntamente, le había propuesto un trabajo de mozo para un evento. Desde que comenzaron a buscarlo se allanaron diferentes viviendas y terrenos de la zona, así como la casilla donde vivía Ramos, donde se encontró el celular de Tehuel destruido y su campera quemada.

Por la desaparición de Tehuel hay dos detenidos: Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes, las dos personas que vieron con vida a Tehuel antes de desaparecer, y que mantienen un pacto de silencio que pretende ocultar la verdad.

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Lo que se viene en la Trinchera: Negra, una propuesta donde la obra sos vos

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La compañía Monomujer, Teatro para unx espectadorx cumple cinco años y lo festejan todos los sábados de agosto en MU Trinchera Boutique con la presentación de su obra Negra, con las actuaciones de Olave Mendoza y Melina Cruz. Basada en el poema Me gritaron negra de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz, es una pieza que cruza lenguajes –el teatral y el musical- para plantear el tema de la inmigración. Las entradas pueden adquirirse aquí.

Es una estructura de madera de poco más de un metro de ancho y tres metros de largo -como una caja negra que envuelve un misterio dispuesto a develarse-  y basta con ingresar para vivir una experiencia teatral única. ¿Cuántas personas entran a ver la obra? Solo una por vez.  ¿Cuánto dura? Diez minutos.  Cada expectadorx es mucho más que eso. Es parte de lo que sucede. Observa y es observadx. Su presencia es fundamental para que se produzca ese intercambio personalizado que por un corto –pero intenso- lapso le mantendrá suspendidx en un microuniverso, una caja de resonancia que invita a despojarse de corazas, entregarse al relato y explorar la propia sensibilidad.

La compañía Monomujer, Teatro para unx espectadorx cumple cinco años y lo festejan todos los sábados de agosto en MU Trinchera Boutique con la presentación de su obra Negra, con las actuaciones de Olave Mendoza y Melina Cruz. Basada en el poema Me gritaron negra de la compositora afroperuana Victoria Santa Cruz, Negra es una pieza que cruza lenguajes –el teatral y el musical- para plantear el tema de la inmigración. Componen el equipo creativo de Monomujer las actrices Virginia Curet, Jimena García Conde, Mica García, Julia Sánchez, Olave Mendoza y Luz Moreira, que vive en Chile.

Luz fue “la maga”, como dicen las actrices, que las unió hace un lustro, antes de regresar a su país. Junto al actor y director Felipe Rubio montó Gabinete, Teatro para un espectador en la sala de espera del teatro Timbre 4.  Cuenta Virginia: “Empezamos a hacer algunas pruebas en la sala de espera de Timbre a la gorra, en el marco de esas investigaciones a nosotras se nos fue ocurriendo hacer un ciclo de micromonólogos y así nació Monomujer, Teatro para un espectador, con el tiempo, le agregamos las x. Había diferentes micromonólogos dentro de un gabinete en la sala de espera y esto era en los momentos en que vos ibas a ver una obra, tenías que esperar y te invitábamos a pasar, veías cinco minutos de micromonólogo a la gorra y te ibas a ver el espectáculo para el que habías ido”.

Suma Mica: “Hacíamos de diez a quince funciones por día. Teníamos el público de la sala de espera y después también el nuestro, se conjugaban los dos públicos”. Las Monomujer heredaron la estructura que les dejaba Gabinete y lanzaron una convocatoria de dramaturgia en la que seleccionaron dos obras. Siguieron creando juntas y estos cinco años fueron de labor ininterrumpida. Solo pararon las funciones durante la cuarentena, aunque de manera virtual establecieron rutinas de trabajo conjunto.

Al tiempo de iniciada la compañía, sumaron obras cortas y tres estructuras para contenerlas. En el Festival Temporada Alta de 2017 la propuesta sumó el ciclo Migrantes, con tres obras en un total de 33 minutos y llegaron a hacer 18 funciones por día. Virginia: “Descubrimos con esta experiencia que éramos quince artistas actuando para unx solx espectadorx cada vez. Era muy loca esa ecuación porque por lo general buscás el público masivo, si no, no funciona. Pero no perseguimos ese fin sino otro, que es el acto de comunicación que sucede con esx únicx espectadorx”. Describe Olave la lógica que las mueve a confiar en este formato corto e intimista: “Cuando vas al teatro oficial o comercial, estás resguardada porque vas a una sala grande, estás mucho más protegida, la mirada no está interpelándote. Lo que  hacemos también es anticapiltalista, no buscamos lo masivo, ahí estás sola con tu alma, siendo parte. Acá no hay manera de que pases desapercibida, nosotras te vamos a cuidar estando adentro de la caja, en esta experiencia”.

Lo que sucede después

Este colectivo de actrices adquirió y sostiene una forma horizontal de encarar su labor artística. Algunos roles se van intercambiando de acuerdo al deseo de cada una. Julia entró como productora y luego le dieron ganas de actuar: “Son desafíos, terminamos escribiendo, dirigiendo y haciendo toda la puesta. Todo entre todas. Vamos probando, modificando procesos, siempre buscando trabajar juntas”. No hay cabeza de compañía sino que todas toman decisiones y las consensúan en asamblea. Para afianzar lo comunitario, hicieron un seminario de creación grupal con Piel de lava, el colectivo artistico formado por las actrices, directoras y dramaturgas Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar Gamboa y Laura Paredes.  

Julia: “Fue la primera vez que actuamos todas juntas porque en este formato podés actuar sola o con alguna otra, pero nunca estuvimos actuando todas juntas. Eso estuvo buenisimo porque nos descubrimos como actrices, entre todas. Nos conocíamos escribiendo, dirigiendo, pero en el seminario estábamos actuando todas al mismo tiempo”.

Antes de que arrancara la pandemia, estaban por reestrenar el ciclo Migrantes en el Centro Cultural San Martín y a punto de viajar a Brasilia. Durante la cuarentena, Julia se fue a Venado Tuerto y Olave a Chaco. Se mantuvieron conectadas, incluyendo a Luz desde Chile y crearon el ciclo Interior, que estrenaron en el verano pasado en el Centro Cultural San Martín. Olave: “Queríamos probar y actuar nosotras, siempre convocábamos actores y actrices, la pandemia nos permitió hacer Interior y fue el primer ciclo donde solo actuó la compañía. Era más íntino porque no nos podíamos juntar a ensayar con  nadie. Es el primer ciclo con nuestros cuerpos, nuestras voces y nuestras miradas”.  

En el micromonólogo La Perla hay arena en el piso del cubículo. “Había espectadorxs que se sentaban en la arena, y no en el banquito, otrxs se sacaban las zapatillas”, recuerda Virginia. En María, alas de Caráu, hay plantas que recrean un patio correntino. Cada micromonólogo tiene su ambientación, su atmósfera particular. “En cada escena siempre pensamos en invitar al público con algo. En la escena del conventillo en Migrantes, se le daba un tereré, o en otra obra les dábamos un paquetito de pochoclos. Estaba esa experiencia no solo visual, sino sensorial, desde el gusto, el olfato. Ahora no podemos dar nada. Ahora es texto, mirada, acontecimiento”, afirma Jimena.

Con la llegada de los protocolos, se replantearon cómo continuar. Después de analizarlo, decidieron sacarle el techo a la caja y alargar la profundidad para que haya más distancia física entre actrices y espectadorx. “Nosotras focalizamos en la mirada, es importante porque sentimos la entrega. Además, ahora es solo mirada, porque la gente entra con barbijo, entonces es como si se focalizara mucho más”, advierte Julia. Una vez finalizada la obra, está la posibilidad de volcar la vivencia por escrito en un cuaderno. La lectura compartida de ese cuaderno se convirtió en ritual al término de cada función.

En esta oportunidad, la propuesta es la experiencia Negra. Olave y Melina –tocando el cajón peruano- ponen materia, voz y sentimiento. Olave: “Ese ´negra´ queda resonando. Puede tomar otras variantes, como gorda, puta, trava, fea, chaqueña, negrita. Muchas personas nos dijeron ´a mí me pasó´. Te afecta la vértebra que te tiene que afectar. Es el acto de discriminación puesto en una palabra, que pueden ser mil palabras. Y en lo personal, que yo haya venido del Chaco a Capital, con esa migración interna, no es menor, en mi experiencia”. Las cinco coinciden en que la obra es la persona espectadorx tras el hecho teatral, lo que le pasa después.

Para sumergirse en Negra, habrá que descender algunos escalones hasta llegar a la sala del subsuelo de MU Trinchera Boutique, anque estos pasos no serán a solas. Un banquito ubicado en el extremo de la caja nos espera para acomodar el cuerpo. Lo que le sigue es una vivencia en comunión, que les sucede a las tres personas que respiran allí dentro. El cajón peruano late en la madera y en el pecho. Seguirá sonando cuando subamos las escaleras y cada une verá qué le pasa después.

Adquirí tus entradas acá.

Foto: Martina Perosa.
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Santiago Maldonado: la causa que se está convirtiendo en otra desaparecida

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Hoy, 1º de agosto, se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. El aniversario llega en medio de una parálisis de la causa que tiene a la familia esperando hace un año y medio que la Corte Suprema se expida sobre el avance de la investigación. La “solución amistosa” que propuso la CIDH no prosperó, así como la denuncia del Ministerio de Seguridad que recayó en el propio juez Gustavo Lleral, denunciado por la familia por obstaculizar la investigación. Un repaso de los  hechos en una causa que conmovió al país y se suma a tres reclamos de siempre: Memoria, Verdad y Justicia.

“La sensación es que no hay Estado de Derecho: vivimos en un país en el que alguien puede terminar preso por una causa cualquiera o que tu vida transcurra en la impunidad”.

La voz de Sergio Maldonado suena calma, pero también cansada, en medio de una seguidilla de entrevistas que tuvo durante este viernes: hoy domingo se cumplen cuatro años de la desaparición forzada seguida de muerte de su hermano Santiago, y se reavivan recuerdos, preguntas, sensaciones, pero también una cruda certeza que Sergio explica así: “Seguimos como el año pasado: la causa detenida en la Corte Suprema, esperando que se designe un juez que quiera investigar, y que diga que hay que investigarla como desaparición forzada. Pasa el tiempo, pero no pasa absolutamente nada. Estamos igual desde noviembre de 2018”.

La parálisis es un dato en medio de una causa que conmovió al país con movilizaciones multitudinarias para exigir justicia. La referencia a 2018 remite a cuando el juez Gustavo Lleral decidió archivar la causa, tema que la familia peleó en diversas instancias judiciales. “Desde que apareció el cuerpo, todo fue rechazo, destiempo y nada se movió: son 4 años de impunidad”.

En noviembre del 2020, Sergio viajó de Bariloche hacia Buenos Aires para presentar el informe del Grupo de Expertos convocado por la familia para desarrollar una investigación imparcial e independiente del caso. El estudio concluyó no sólo que no es posible descartar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago sino que no hubo “actuación investigativa” acorde al delito. El informe fue entregado a la CIDH y al Estado argentino, el cual propuso al organismo internacional llegar a una “solución amistosa” con la familia. Sergio resume: “No solamente nada prosperó, sino que tampoco hubo resultados”.

El informe –elaborado por un grupo conformado por más de 10 expertos de Chile, Colombia y México– entre sus principales puntos, remarcó:

  • “La desaparición forzada debía ser la primera posibilidad a considerar y no se procedió así”.
  • “Se advierte la ausencia de legislación adecuada para prevenir, reconocer, registrar, investigar, sancionar y reparar las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales posteriores a 1983”.
  • “En el marco de los análisis que se realizan con propósitos de identificación, el segundo informe emitido por el Equipo Argentino de Antropología Forense indica que en las muestras analizadas se identifica el perfil genético de al menos un individuo masculino desconocido además del perfil del Sr. Maldonado. Este hallazgo no es discutido en la pericia y podría tener implicaciones significativas en el análisis de los hechos, por lo cual deben analizarse las hipótesis relacionadas con este hallazgo”.
  • “La información revisada del expediente no permite establecer hipótesis razonables que expliquen por qué a pesar de las labores de rastrillaje realizada en el río Chubut y sus área circundantes, el cuerpo fue hallado río arriba 77 día después de la desaparición”.
  • “La ausencia de información sobre lesiones en el cadáver no puede interpretarse como una inexistencia de hechos de violencia alrededor de la muerte. El hallazgo e identificación del Sr. Maldonado y el establecimiento de su causa de muerte sólo da cuenta parcial de lo acaecido con la víctima”.
  • “El análisis de medios y de redes en torno al caso de Santiago Maldonado, evidencia un interés e injerencia por diluir responsabilidades y explicaciones de los acontecimientos vinculados a la desaparición forzada y posterior hallazgo de su cuerpo sin vida”.

En 2020, el Ministerio de Seguridad denunció penalmente a Pablo Noceti, exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago, y sus encubrimientos posteriores. El Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”.

Sergio dice que esa denuncia también cayó en un vacío: “No pasó nada. El Ministerio denunciaba el accionar de Gendarmería por el operativo, pero no la responsabilidad que tuvo en la desaparición forzada. Esa causa, además, le cayó al propio Lleral, que ya se había querido sacar la causa de encima y dijo que Santiago se ahogó solo, que Gendarmería no tenía nada que ver. Si bien fue una manera de reconocer que la Gendarmería actuó mal, que fue un pésimo operativo, no decía nada en concreto respecto a la desaparición forzada”.

Por eso, subraya Sergio, la sensación respecto al Estado de Derecho: “Nadie está exento de padecer este sistema judicial. Así está diseñado. Pasaron cuatro años y todos los jueces y camaristas que intervinieron siguen en funciones, dando veredictos. ¿Con qué autoridad?”.

Desde marzo del año pasado, la familia Maldonado espera la resolución de la Corte Suprema que habilite la investigación por desaparición forzada. “Tuvimos pinchaduras, un médico que filtró fotos del cuerpo de Santiago, la causa del espionaje, la denuncia del Ministerio de Seguridad: no pueden ser causas separadas, porque todas están relacionadas con lo mismo. Todo es parte de una desaparición forzada, pero lo que hacen es demorar. La fecha límite que tenían para responder era de 10 días. Llevamos casi un año y medio”. –

Los hechos

Estos son los principales puntos del caso.

  1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

Ese 1º de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

  • Ingresar al territorio sin orden judicial.
  • Arrojar piedras a los manifestantes.
  • Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
  • Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
  • Ocultar fotografías y videos del operativo.
  • Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
  • Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
  • Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2. La respuesta del Estado

La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo –Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad– respondió de tres maneras:

  1. Plantear hipótesis infundadas: que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo claves en la pesquisa, fue introducida en el expediente de hábeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
  2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
  3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1º de agosto–, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3. El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1º de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. “Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

  • La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
  • 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
  • Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

4. Los medios

El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

El informe completo puede leerse aquí:

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