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Tucumán, el Jardín de la Impunidad: abusos, acosos y violencia machista de alto poder político

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El ex gobernador Alperovich, el actual legislador Ricardo Bussi, el intendente Najar, el juez Estofán, el defensor Navarro Ávila, el concejal Romano y más: las víctimas de distintos hombres vinculados al poder político tucumano rompieron el silencio. Los casos denunciados ante la justicia, la inacción del Estado frente a las víctimas que siguen en riesgo y amenazadas, y la voz de la Multisectorial de Mujeres que las acompaña y teje organización enfrentar la impunidad.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

«No queremos que Tucumán siga siendo el jardín de la impunidad», dicen las mujeres de una provincia que en pocos meses tuvo más de 5 denuncias de abusos y acosos sexuales a legisladores, ex gobernadores y funcionarios de diferentes niveles. La Multisectorial de Mujeres y el colectivo local Ni Una Menos, frente a estas denuncias y para acompañar a las víctimas, formaron en plena pandemia y aislamiento la Mesa contra los abusos del poder político, integrada por la mayoría de las organizaciones de mujeres, feministas, sociales, de derechos humanos y políticas de la provincia.

Los casos comenzaron primero a circular por Whatsapp. Y llegaron a un grupo de periodistas que teje vínculos para visibilizar la violencia machista, acompañar a las víctimas y organizarse desde abajo. Esa intercambio de información fue el germen de una nota de Lorena Maciel y José Inesta, el 11 de julio de este año, que logró que las denuncias de las víctimas se conocieran a nivel nacional. La información fue facilitada en muchos casos gracias a Alejandra Martínez, adjunta de judiciales y al abogado Gustavo Morales que defiende a Erika Juárez, Elvira Mayol y Romina Dip.

Lo que animó a otras mujeres a hablar fueron las masivas movilizaciones frente a las distintas formas de violencias. La denuncia por abuso sexual agravado al ex gobernador José Alperovich fue también otro puntapié.

El legislador Bussi

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Las denuncias contra altos miembros del poder político tucumano siguen: hace más de un año que Ricardo Bussi, el hijo del genocida Antonio, fue denunciado por abuso sexual agravado y robo de identidad. Si bien la denuncia ya tiene más de un año, el legislador de Fuerza Republicana sigue en funciones y la víctima, amenazada y encerrada en su casa sin poder salir a trabajar para alimentar a sus dos pequeñas hijas.

Fueron las mujeres de la Multisectorial quienes asistieron a Lupe, el nombre que se usa para proteger su identidad, cuando le saquearon la casa y la dejaron sin nada. En 2019, Lupe acudió a Bussi en busca de ayuda para poder salir de la violencia cotidiana a la que la sometía su ex pareja y padre de sus hijas y el legislador le ofreció trabajar para su partido Fuerza Republicana. La joven accedió y cuando fue a cobrar su salario vio que tenía en su cuenta 600 mil pesos: según denunció habían fraguado su identidad y malversado fondos. Cuando fue a hablar con Bussi para pedirle que le explicara lo sucedido, Lupe denuncia que el legislador la encerró en su despacho y abusó de ella.

“Bussi sigue yendo todos los días a trabajar al despacho en el que abusó de Lupe, mientras que Lupe no puede salir de su casa para ir a trabajar”, dice Vicky Disatnik, referente de la casa de las mujeres Norma Nassif. Lupe no tiene ningún ingreso, no tiene trabajo, y tampoco ningún plan, ni Asignación Universal por Hijo, ni Plan Alimentar.

Milagro Mariona, del colectivo Ni una Menos de Tucumán explica a lavaca: “La víctima de Bussi tiene una custodia en la puerta de su casa, pero esa custodia no se traslada si ella tiene que salir, y ya le pasó que una vez sintió que la seguían en el centro. Hay mucha impunidad, y ellas quedan muy desprotegidas por el Estado, tanto provincial como nacional. Hemos intentado gestiones individuales con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, y no se ha conseguido resolver la urgencia que tienen Lupe y también Ingrid”.

El intendente Najar

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El Intendente de Las Talitas, Tucumán, Carlos Najar, también fue denunciado en la Justicia por violencia de género contra Ingrid Saravia, su esposa. Najar se negaba a que Ingrid trajera a su casa a los dos hijos que ella tenía de un matrimonio anterior. Tras el nacimiento de la beba de ambos, ella relata lo sucedido: “Cuatro días después del parto yo estaba muy dolorida por la cesárea. Esa noche la beba no paraba de llorar y los puntos me impedían levantarme para calmarla. Le pedí a Najar que por favor me la trajera así le daba el pecho. La respuesta fue muy clara: una trompada en medio de la cara y una catarata de insultos porque no lo dejaba dormir”, contó Ingrid en entrevista con TN.

El 24 de marzo de este año, Ingrid enfrentó a Najar y dijo que si no le permitía ver a los hijos iba a dejarlo. En ese momento Najar la tomó de cuello y la ahorcó impidiéndole la respiración. Luego la sacó a la fuerza de la casa, yendo de su casa y dejando a la nena sola encerrada con llave: “Quedé en medio de la nada mirando por una ventana como lloraba mi hija. En ese momento decidí que iba a hacer la denuncia sin importarme las consecuencias”, relata la joven que tuvo que romper el vidrio para encontrarse con su beba.

El juez Estofán

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El juez de la Corte de Tucumán, Antonio Estofán fue denunciado por una empleada de su juzgado. Se trata de Elvira de la Mercedes Mayol, empleada judicial con 10 años de antigüedad, que estaba a la espera de la confirmación de un ascenso que le correspondía por el tiempo que lleva trabajando en el palacio de Justicia. El expediente estaba demorado en el despacho del vocal decano de la Corte, Antonio Daniel Estofán, y cuando fue a consultar por la demora la invitó a “tener sexo para resolver el paso administrativo”.

Además de rechazar la propuesta, Elvira denunció lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2019, y a partir de ese momento, comenzó a sufrir acoso laboral, por lo cual en septiembre de 2020 intentó hacer la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema pero no le tomaron la denuncia.

El concejal Romano

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Romina Dip denunció a Bruno Gabriel Romano, de 37 años, por violencia de género en 2018 y sin embargo, Romano se presentó en las elecciones del 2019 por la lista oficialista y logró llegar a ser concejal en la ciudad de Alberdi, localidad a unos 90 km de la capital de Tucumán, a pesar de que Romina lo impugnó y la causa estaba en plena investigación.

El defensor Navarro Dávila

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Erika Juárez es otra de las denunciantes. “Logró formar un equipo de trabajo tan sólido que el defensor general de la Provincia, Washington Navarro Dávila, la designó como su mano derecha en todo lo vinculado a la logística de sus gastos en el organismo. Erika jamás pensó que sus buenos atributos se iban a convertir en su condena: “El acoso comenzó en mayo de 2020″, le contó a Lorena en la entrevista.
“Empezó a insinuarme que conmigo quería una cierta intimidad que fuera más allá de la relación laboral. Me decía que yo le hacía acordar a una actriz de una serie muy conocida con la que soñaba a diario. Se empeñaba por darme a entender que era un buen amante”, recuerda Erika en diálogo con Lorena.

Agregó luego para explicar la violenta relación: “Pasaban cosas insólitas, como por ejemplo subir la calefacción al máximo cuando llegaba abrigada para que me saque la ropa y me quede con la remera o camisa. Ya todos estaban al tanto de la situación y comenzó a naturalizarse cierto acoso de los jefes para con sus empleadas. Así y todo se generó un clima de mucho rechazo. Traté de evitar las indirectas hasta que pasado un tiempo el acoso fue cada vez más grosero: me dio a entender que si yo no accedía a tener intimidad con él, me iba a echar a mi junto con todo mi equipo”.

“Mis compañeros sabían de la situación y cada día de trabajo se convirtió en un calvario para todos. Cuando me negué a tener relaciones sexuales sabía que mi suerte ya estaba echada. Busqué ayuda en el Ministerio de la Defensa y lo más doloroso es que nunca nadie me apoyó”, le dijo Erika a Maciel.

El Jardín de la impunidad

“A nivel estatal, en la provincia no hay ningún tipo de asistencia a las víctimas», dice Alejandra del Castillo, del Plenario de Trabajadoras Tendencia, otra de las integrantes de la Mesa. «El Gobierno no tiene ningún mecanismo previsto para contener los casos. Eventualmente se consiguen algunas cosas, como con Lupe que se gestionó que pudiera tener una asistencia económica, pero después no se le resuelve la movilidad. Todo es muy complicado, y lo que hacemos las organizaciones es acompañar. Somos las compañeras de las organizaciones quienes estamos pendientes cuando hay que hacer alguna movilización, o cuando las compañeras necesitan algo”.

Leonor Cruz, de la CTA Autónoma de Tucumán, suma: «Es importante poner en contexto la situación de Tucumán, que no solamente es una provincia declarada “pro-vida”, que no estamos adheridos a la ESI y que para conseguir la Ley Micaela tuvimos que lucharla. Acá tenemos 6 chicas desaparecidas, y eso no se sabe.

Somos las organizaciones que junto con las familias salimos a denunciar y visibilizar esto. La provincia de Tucumán está atravesando hace varios años una cuestión de impunidad demasiado clara, y como Mesa venimos activando para terminar con el cerco y nacionalizar esta situación, poniendo en contexto lo que pasa acá”.

Milagro Mariona se refiere al rol clave que tienen las organizaciones para que las mujeres se animen a denunciar: “Somos las organizaciones quienes ayudamos a las víctimas a gestionar subsidios para víctimas de violencia, o asistencia psicológica, y eso ha generado muchísimo trabajo. En los casos donde son víctimas del poder, para conseguir estas cosas hay muchas trabas, es muy costoso. La víctima de Alperovich no recibe ningún tipo de asistencia, y tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, sabiendo incluso desde el Estado que son personas mucho más vulnerables, que están muy expuestas, en riesgo”.

“En Tucumán hay mujeres desaparecidas, hay hijos huérfanos de esta situación, hay víctimas del poder político, y hay una alianza de los poderes en todo esto que es más que clara”, sentencia Cruz y ejemplifica: “Cuando fue denunciado, Alperovich se la pasó pidiendo licencia, y la causa no avanza, nunca se lo sacó del Senado, el Senado nunca se expidió en relación a esto, y con Bussi, la Legislatura está callada y yo creo que se va a volver a postular como gobernador”.

Marieta Urueña Russo, del Sindicato de Trabajadores Judiciales y también integrante de la Mesa contra los abusos del poder político, explica cómo funciona la máquina machista: “Lo que pasa con las causas que tienen incidencia es muy grave, y lo que pasa con la composición del Poder Judicial también. Porque nosotros vamos a ver que en el mapita del poder judicial, Tucumán tiene Fiscalía con perspectiva de género pero ahí va a estar trabajando cualquiera, o esta misma gente. Entonces los instrumentos siguen sin estar”.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

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Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores». 

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11  y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos. 

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo. 

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero. 

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa. 

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

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«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

«Es el Estado narco cubriéndose» dijo Guillermo Pérez a lavaca. La referencia: los imputados son probadamente narcos que vendían droga a menores en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Pero al anular el delito de femicidio, la pena de perpetua se reduce de manera drástica. Todo esto, debería pasar por la decisión final de la Corte provincial.

«Es una provocación para afectar a la familia, el día del cumpleaños de su hija» sostuvo Gustavo Melmann, el padre de otra joven asesinada, Natalia, hace 24 años.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Sobreponiéndose a la sorpresa, la familia inauguró en Mar del Plata El Cuarto de Lucía, visitado por cientos de personas que quisieron conocerlo, interiorizándose con la situación general de violencia contra las mujeres. «No nos van a hacer callar» dijo Marta.

Así, la noche del viernes se llenó de arte para reencontrar lo que Marta llamo «luz»: capacidad para recordar a Lucía y a miles de mujeres asesinadas, y seguir transitando todos los caminos contra la impunidad. Participaron 20 grupos de música y danza.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Marta diálogó con lavaca.

–¿Por qué se inaugura hoy la Casa de Lucía?
–Porque hoy es el día que nació hace 25 años; a esta hora estaba con contracciones; ella nació a las 20. Fue tan lindo como padres; teníamos a Matías y tener una hija fue re lindo. Por eso hoy estamos festejando la luz, que es ella; la luz en la cual está ella. El festejo de hoy es la luz de Lucía.
Presentamos el cuarto de Lucía, donde vamos a trabajar desde todos los sentidos; todo lo que nos atraviesa como mujeres, como madres, como víctimas. El cuarto va a estar para eso. Se ha transformado en una obra de arte en donde trabajamos, hacemos los informes, donde ponemos el foco en lo mal que hace las cosas la Justicia.

Arte contra la impunidad femicida

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–Hoy recibieron justamente una noticia de la Justicia con una nueva medida de impunidad.
–Sí, como ya estamos acostumbrados, y es triste decir eso porque después de 8 años deberíamos tener una condena como corresponde, y no seguir luchando de esta manera.Se le pierde el respeto totalmente a la vida del ser humano que se ha ido y a las familias que quedamos. Pero seguiremos trabajando y no bajaremos los brazos. Hoy más que nunca este lugar debe ser de abrazo de amor, de contención por todo esto que nos pasa también.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

–¿Por qué creen que recibieron la noticia hoy?
–Porque la Justicia es perversa. Es tan grande la perversión que tienen, que también eligen con quién hacerlo. Porque también hay que acallar a estas víctimas, pero estas víctimas no se van a callar jamás. Jamás. Entonces, estoy segura que lo hacen para destruirnos, pero lejos de eso, estamos cada vez con más fortaleza, con más lucha y ayudándonos entre todos.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

Guillermo Pérez agregó:

“En estos momentos tan crueles que estamos pasando no hay que dejar de hacer cosas humanas. Tenemos que hablar de las cosas que podemos hacer juntos”.

Marta: «Hay una industria judicial, donde te siguen haciendo ir para atrás, mientras la gente como nosotros tiene que seguir trabajando y pagando abogados, buscando justicia y que no haya impunidad. Por eso también es algo perverso lo que nos siguen haciendo».

El Cuarto de Lucía podrá ser visitado como parte de la actividad marplatense de la Campaña Somos Lucía, que incluye entre otras cosas, cursos, talleres, encuentros, y seminarios de capacitación a personal judicial.

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Fotos: Florencia Ferioli para lavaca.

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