En su primera entrevista periodística tras el ataque que sufrió durante la represión del 12 de marzo, el fotógrafo Pablo Grillo (36 años) compartió en su casa con lavaca las sensaciones sobre lo que ha vivido desde aquel momento en el que un proyectil –apuntado por Gendarmería a su cabeza– casi lo mata. El video de su mensaje a Patricia Bullrich. La recuperación, el fútbol, la música, la política, la solidaridad. El significado de la violencia contra el periodismo y un proyecto para cuando pueda volver a las marchas: “La próxima voy con tres cámaras”.  

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Fotos Lina Etchesuri

A once meses y tres días de haber recibido el disparo que lo dejó al borde de la muerte, el fotógrafo Pablo Grillo sonríe con la sonrisa más hermosa del mundo, vivo, vivísimo, lúcido, lucidísimo y esto ya alcanzaría para terminar la nota acá, sino fuera porque este pibe que el 30 de noviembre pasado cumplió 36 años está listo para hablar.

“Creo que para fines de febrero ya me dan el alta”, dice, mirando a los ojos. “Falta, un poquito más”.

Un poquito más, susurra Pablo, transmitiendo una fuerza indescriptible. Es la primera entrevista que da a un medio de comunicación luego de que el gendarme Héctor Guerrero –hoy procesado por la Justicia– le disparara, en línea recta y por fuera de todo protocolo, una granada de gas lacrimógeno que le partió literalmente la cabeza. Fue el 12 de marzo de 2025 y Pablo estaba trabajando: era el día que las hinchadas de todos los clubes se habían autoconvocado para ir a bancar la marcha de jubilados y jubiladas, que siguen protestando por el recorte en sus haberes. El gobierno, con la actual senadora Patricia Bullrich al frente entonces del Ministerio de Seguridad, quiso evitar esa imagen de solidaridad masiva que Pablo había ido a registrar y reprimió con brutalidad.

La imagen de Pablo recorrió el mundo. Se convirtió en un ícono de la violencia de la gestión de Javier Milei contra la protesta social en general y la libertad de expresión en particular. Ese día Pablo fue llevado de urgencia al hospital porteño Ramos Mejía gracias a la rápida intervención de dos personas que, en la calle, le salvaron la vida. Los profesionales de ese símbolo de la salud pública hicieron lo imposible con un pronóstico muy delicado: según los médicos, si no moría en la operación que le hicieron a minutos de ingresar a quirófano, quedaría en estado vegetativo. 

Una semana después, todavía nadie entiende cómo, Pablo dijo sus primeras palabras a su padre:

–Hola, viejo. 

A partir de allí dio los primeros pasos, hubo nuevas intervenciones, y en junio empezó su rehabilitación en el Hospital Manuel Rocca. Este febrero de 2026, Pablo empezó con salidas los sábados y domingos y hace una semana firmó como querellante en la causa que lo tiene como sobreviviente.

Dice mirando a los ojos: “Quiero ver a Bullrich presa”.

La sonrisa, la cámara y la vida. Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

Estar en casa

Pablo y su padre Fabián invitan a pasar al departamento en el que vive el joven, debajo de la casa de sus padres, un lugar que estaba construyendo con sus propias manos. Hay cuadros y fotos: un póster de Evita en la heladera junto a un dibujo de Luca Prodan, una bandera de Cristina Fernández que hizo con amigos en un taller de CABA, banderines del Napoli (donde jugó Maradona, otro amor, traído por sus abuelos de Italia en los noventa) y del Club Villegas, donde hizo las inferiores.

Pablo lleva puesta la chomba de su amado Independiente y un gorro Piluso de Remedios de Escalada, del que prende el pin con su foto icónica y la frase de su ídolo Ricardo Mollo sobre esa cámara de fotos que Bullrich y compañía buscaron que deje de disparar: “Un arma de creación masiva”. 

–¿Cómo estás?

–Bien. Con ganas de que me den el alta. Esto cansa un poco. No puedo ir a ver a mis amigos, pero si les mando mensajes, obvio que vienen.

El consejo de los médicos es que el proceso de rehabilitación siga siendo muy de a poco. Que se canse en las terapias y afuera descanse. Las salidas del hospital son parte de la recuperación, de reencontrarse en su casa, en su barrio, en lo cotidiano: un paso previo al alta definitiva.

Pero con cuidados: la semana pasada dieron una vuelta manzana para pasear a Tupac, su perro, y motivó un tirón de orejas por parte de los profesionales. “Les conté que casi me caigo en la esquina”, se ríe.

Siempre ríe Pablo.

Diego, Cristina y los Ricardos

Apasionado de la lectura, cuenta que tiene muchísimos libros nuevos que le fueron regalando los últimos meses. “Una banda, llenan toda esa estantería”, señala, feliz, y dice que no está leyendo ninguno porque le cuesta concentrarse. Por ahora mira redes sociales y algo de televisión, como el triunfo de Independiente a Lanús por 2 a 0 el último viernes.

Pablo: Venimos con tres empates seguidos y dos victorias. No jugó mal. Ese pibe Abaldo es bueno (Matías Abaldo, uruguayo que marcó el primer gol).

Fabián: La jugada del segundo gol también fue hermosa. ¿Cuántos toques contamos?

Pablo: Conté diez. Un buen desarrollo en la jugada, desde abajo hasta arriba.

La charla futbolística llega hasta San Telmo, club del ascenso donde Emiliano, el hermano de Pablo, trabajó como videoanalista, y al que Fabián recuerda por una frase: “La famosa Isla Maciel, como dijo Maradona”.

Pablo: Hay que aferrarse a lo que decía el Diego. Lo re extraño. Y pienso qué hubiera dicho sobre mi caso, porque lo primero que uno hacía era buscar a ver qué decía el Diego.

-¿Qué creés que hubiera dicho?

Pablo: Hubiera mandado a la concha de su madre el operativo, a Bullrich, a los gendarmes, y por último hubiese dicho mi nombre. Bien a lo último.

-Mollo habló varias veces en los recitales de Divididos.

Pablo: Lo de Mollo fue terrible.

Se le vuelven a iluminar los ojos cuando habla de este y de otro Ricardo que idolatra. Bochini, gloria de Independiente, pasó a saludarlo y le regaló su camiseta número 10. “Firmada y todo”, se jacta Pablo, que se la pasó hablando de fútbol con el Bocha en la terapia del Ramos Mejía.

¿Cristina Fernández se comunicó? Fabián responde: “Habló conmigo los primeros días, cuando él estaba muy grave”. Pablo levanta la cabeza sorprendido. 

“¿Cristina Kirchner?”, pregunta.

“Sí, ¿no sabías?, ¿no te conté?”, dice Fabián.

Pablo se ríe, sin poder creerlo: “¿Cómo no me contaste?”.

Fabián: “Fue al segundo o tercer día. Un amigo del barrio, militante, te había venido a ver. Me pasa el teléfono y me dice: ‘Tomá, es Cristina’. Uf… Ella estaba a las puteadas y llorando. Dijo que le pegó mucho lo que le pasó a Pablo porque se le vino la imagen del disparo fallido contra ella”. El 1° de septiembre de 2022, la ex presidenta sufrió un intento de homicidio en la puerta de su casa en Recoleta. Cuenta Fabián que en ese llamado se puso a disposición de lo que necesitaran. La familia, agradecida, nunca quiso que el reclamo tomara un signo partidario, aunque su filiación es conocida.

Pablo sigue asombrado. “Mollo, Bochini, Cristina… Y Diego desde algún lado”.

Pablo y su padre, Fabián Grillo. Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

“La próxima voy con tres cámaras”

-¿Qué ves en redes?

Pablo: Veo una banda. Me sorprende que el caso haya tenido tanta repercusión.

-¿Qué te genera lo que ves?

Pablo: Justicia no, porque es relativa. Es para discutir qué es para vos la justicia y qué es para mí.

-¿Y qué es para vos en este caso?

Pablo: En este caso es decirle al chabón (el cabo Guerrero) que no puede apuntar a la cabeza con un arma. Y el tipo disparó a la cabeza. Ya de movida arrancamos para atrás. Después, lo que para el chabón es justicia es que estaba recibiendo órdenes, que “es verdad”, entre comillas (hace el gesto). Por eso, hay que caerle a la Bullrich y es lo que estamos planteando en el proceso judicial. 

Fabián: Se vio que Guerrero disparó, por eso se va contra él.

Pablo: Él podría haber apuntado para arriba. La onda es que tienen que ir presos los dos. A Bullrich yo la quiero ver presa. A él, meterlo preso y que no pueda agarrar más un arma. 

Fabián: En el caso de Bullrich es reiterado. Si la hubieran condenado con Rafael Nahuel (el joven mapuche asesinado por Prefectura en 2017) o con Santiago Maldonado (desaparecido tras la irrupción violenta de gendarmes a una comunidad mapuche ese mismo año), no hubiera pasado lo de Pablo. Vos podés meter en cana a toda la cadena de mando, pero no solucionan el problema porque el daño a Pablo está hecho, todos los daños ya fueron hechos. El tema es en función del después: que no vuelva a pasar. Parémoslo.

-Pablo, ¿qué sentís que buscaban ese 12 de marzo al atacar a quien tenía una cámara?

-Que no registremos. Que nos dé miedo y la próxima no vayamos. Pero vamos a ir con más ganas. La próxima voy a ir con tres cámaras: voy a estar con una así (señala su cámara), otra acá disparando automático, y una GoPro que filme todo, olvidate.

Imágenes en la heladera de la casa de Pablo. Foto Lina Etchesuri/lavaca.org.

Una clase de política

Desde el 12 de marzo de 2025 sus familiares y amigos sostienen todos los viernes un semaforazo en la plaza de Remedios de Escalada, además de los festivales que realizaron cada mes para visibilizar el caso y exigir justicia. Pablo piensa esa solidaridad, tan potente: “Algo generamos, me parece. Solidaridad con solidaridad se paga”.

Surgen todas las historias que contamos en este perfil que elaboramos con familiares, amigos, amigas y compañeros de trabajo (https://lavaca.org/mu203/ojos-bien-abiertos-perfil-del-fotografo-herido-de-muerte-por-la-gendarmeria/), sobre todo aquellos del Hospital Evita, en Lanús, donde hacía fotos y trabajaba los espacios comunes, seguido de los perros Pichi y Chen: desde la recuperación del helipuerto hasta los plantines que Pablo hacía para los usuarios del servicio de salud mental de la institución.

Fabián dice que lo querían hasta los policías: “Porque hay una imagen del militante vago, pero a él lo veían trabajar como una hormiga”.

Pablo lo recuerda: “Y me reconocían eso, veían todo lo que hacía. Yo me quedaba cruzado, como diciendo: ‘No me podés decir esto, amigo. Como yo, hay un montón’. Ellos también se quedaban cruzados. Y nos quedábamos así cruzados los dos”, se ríe (porque Pablo siempre se ríe).

Fabián: “A mí me gustaba lo que querías hacer en el cine, un Espacio INCAA, porque el hospital tiene una sala con un proyector de la época de la Fundación Evita”.

El Hospital Evita es una mole de cinco pisos que simboliza que alguna vez la salud pública fue una planificación maciza. Pablo: “El cine es mortal y yo quería que estuviera accesible para el barrio. Calculo que en la época que lo hicieron fue pensando en eso”. Hoy el INCAA está desfinanciado y casi entra en el recorte de la ley de reforma laboral, aunque el Gobierno postergó las derogaciones de las asignaciones específicas hasta enero de 2028.

Cuando Pablo escucha el dato dice: “Lo mejor que viví fue con Néstor y Cristina. Eso fue peronismo arriba de la mesa”.

-¿Qué significa el peronismo para vos?

Pablo: Es muchas palabras en una sola. Es gestionar para el pueblo, sin más.

-¿Y peronismo arriba de la mesa?

Pablo: Es una torta gigante cortada en 50 mil pedazos. Nos ganaron esos cuadrados la campaña, yo no lo puedo creer.

-¿Por qué pensás que ocurrió?

Pablo: Porque nos faltó peronismo, militancia peronista. Ser más pragmáticos en algunos discursos.

-Lo que decías del policía que te vio trabajar.

Pablo: Claro, me vio hacer algo que no era pintar paredes o una bandera. Algo real. Bah, que para ellos es real. Y para mí también, esa es la realidad del militante.

Foto: Lina Etchesuri / lavaca.org

La cabeza intacta

El domingo había arrancado tormentoso, con mucha lluvia, pero cuando le proponemos a Pablo hacer unas fotos, él sugiere hacerlas afuera, en las calles de su barrio. En Escalada ya había salido el sol, se había iluminado el cielo. 

Pablo agarra su cámara, feliz, y también nos retrata, bajo su mirada. Le proponemos grabar un video.

“Pará que pienso qué decir”.

Y después de un ratito, avisa: “Cuando quieran”.

Apretamos rec.

Y Pablo, fuera de todo guion, ilumina: “Qué decirte, Bullrich. Sos una re compañera, te hago los dedos en V, te saludo. Acá estamos en el barrio…”. 

Y se levanta el gorro Piluso mostrando el lugar al que le dispararon, sonríe y dice: “Con la cabeza intacta”.

Video @mu.lavaca

La causa que debe investigar el megaescándalo cripto que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina está a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi. El acuerdo confidencial de Milei con Hayden Davis.

por El Ciudadano, de Rosario*

A un año del escándalo Libra, la memecoin a la que llamó a invertir el presidente Javier Milei y que luego se desplomó en el éter, la causa no tiene todavía ningún convocado a prestar declaración.

En enero, la Sala I de la Cámara Federal ordenó al juez Marcelo Martínez de Giorgi que actualizara los montos a embargar en los siguientes 90 días, a partir de un planteo de la querella de Juan Grabois, que había cuestionado los montos de los embargos a los imputados Hayden Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa que en un principio estuvo a cargo de la jueza María Servini de Cubría, había estipulado los embargos contra contra Davis, Novelli y Terrones Godoy en torno de los 37 millones de pesos.

La Justicia argentina también debe definir si acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que dicen haber perdido dos millones de dólares por operar con LIBRA. Se trata de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich.

En Estados Unidos también

También hay otra causa por la presunta estafa que tramita ante la jueza Jennifer Rochon, del distrito sur de Nueva York.

En ese caso están denunciados el propio Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el empresario Julian Peh, además de Davis, Terrones Godoy y Sergio Morales Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.

El acuerdo confidencial de Milei con Davis

A fines de enero también se filtró el acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 entre el presidente Javier Milei y Hayden Davis, que revela que este último había ofrecido asesoramiento gratuito en blockchain e inteligencia artificial al Estado argentino, con énfasis en la confidencialidad y la posibilidad de futuras negociaciones.

El documento, rubricado apenas días antes del lanzamiento de Libra, se enmarca en un escándalo cripto que involucra transferencias millonarias y pagos paralelos bajo investigación por la fiscalía y el Congreso.

El acuerdo detalla servicios «ad honorem» por parte de Davis, lo que incluye la automatización de procesos administrativos mediante contratos inteligentes, la digitalización segura de documentos públicos como títulos de propiedad y certificados, el fomento de ecosistemas de innovación digital para startups locales, y programas de capacitación para funcionarios públicos en estas tecnologías.

En ese documento, Davis, cofundador de Kelsier, renuncia expresamente a cualquier remuneración y se compromete a mantener la información en secreto, salvo autorización legal.

Esta información fue publicada por el diario Clarín, que accedió al texto completo del documento y lo difundió en una nota que destaca su conexión con el colapso de Libra, impulsado inicialmente por un tuit de Milei que luego fue borrado.

Ese acuerdo se firmó durante una visita relámpago de Davis a Buenos Aires, tras una reunión en la Casa Rosada, y deja abierta la extensión del asesoramiento a otras áreas dentro de su experiencia.

Con la declaración de Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz (foto de portada), afectadas directas por las fumigaciones en Pergamino, se realizó la segunda jornada del juicio contra siete productores del agronegocio y dos funcionarios municipales de esa ciudad bonaerense. Las audiencias se realizan en el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario. Existen pruebas de presencia de agrotóxicos en los cuerpos de las personas y en el agua para consumo humano. “Que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega», remarcó Ortiz.

Por Anabel Pomar–Agencia Tierra Viva*

(Foto de portada: Juan José García)

Con la declaración de Sabrina Ortiz y Alejandra Bianco, víctimas y querellantes, continúa en Rosario el juicio por contaminación con agrotóxicos en la localidad de Pergamino. “No es fácil estar acá, no es la fría letra de un expediente. Son mis hijos que sufren y la impotencia de no poder hacer nada. Son los hijos de otras madres que sufren o que los han perdido. Por eso estoy acá, porque sé que la verdad va a llegar a la justicia. Ya no hay nada que probar. Quien hizo daño tiene que pagar por tanto sufrimiento, tanto abandono», planteó Ortiz. El juicio oral contra quienes contaminan con agrotóxicos constituye un hecho muy importante porque, ante este tipo de delitos, el Poder Judicial no suele avanzar.

Sacrificio humano y ambiental

Este juicio oral constituye un hito: sentó en el banquillo de los acusados a productores, fumigadores, al ingeniero agrónomo que firma las recetas de aplicación y a los funcionarios que debían controlar.

En el inicio de la audiencia, Sabrina Ortiz fue la primera víctima en brindar su testimonio. Su relato pausado, pormenorizado y no exento de lágrimas, realizó un recorrido por los padecimientos que por años ocasionaron tanto las fumigaciones como la desidia municipal y la larga búsqueda de justicia. El juicio demoró ocho años en llegar y reúne denuncias y una larga lucha que viene desde hace más de una década.

Ortiz y su familia sufrieron en carne propia las consecuencias de vivir con campos de soja fumigada frente a su casa, en el barrio Villa Alicia, de la ciudad de Pergamino. Desde 2011, tanto ella como sus hijos, padecieron y padecen graves problemas de salud. Ortiz sufrió dos ACV y perdió un embarazo de seis meses, tras una fumigación.

Según su relato, recién luego de recorrer 14 instituciones hospitalarias lograron dar con una toxicóloga ambiental que les permitió entender la causa de sus enfermedades. Estudios toxicológicos y de genotoxicidad indican que ella y su familia sufren y sufrirán las consecuencias de tener agrotóxicos en el cuerpo. Su hijo, Ciro, tiene 120 veces más veneno de lo que su cuerpo puede resistir. Su hija Fiamma tiene 100 veces más. Y ella 50, además de otras sustancias neurotóxicas. La profesional de salud que les indicó e interpretó esos análisis le aseguró que eso es un riesgo biológico muy grande. “’Esto es lo que está explotando el cuerpo de tus hijos, tu cuerpo’, me dijo la médica. Y también que hay que sacarlos de la línea de fuego, que lo que tenemos hoy ya es grave. No sabemos lo que puede pasar mañana. Nos dijo que no podíamos seguir acumulando, ‘tienen que irse ya de ahí’. Y yo no tenía los medios para irme. Y me sentía culpable por no poder irme. Y los que fumigaban lo seguían haciendo igual. Seguían enfermando igual. Aunque ya era público el daño que hacían”, recordó.

Sabrina Ortiz en Pergamino (Foto: Julia Siciliani)

En el desgarrador testimonio, Sabrina contó que su hijo casi no pudo asistir al jardín de infantes por las constantes enfermedades y que su hija estuvo dos años en una silla de ruedas. “Un día conseguí que alguien me prestara un lugar. Estaba acomodando todo para mudarme. Al regresar a mi casa del trabajo, recuerdo estaba lloviznando, que bajo del auto y la primera inspiración que hago era veneno. Habían fumigado. Estaban fumigando. Cuando entro a mi casa, mi hijo ya tenía la lengua inflamada. Ya casi no podía respirar. Como pudimos cargamos algunas cosas en la camioneta de mi papá. La silla de ruedas de mi hija. Y nos fuimos. Mi hijo iba llorando, mirando para atrás, diciendo que quería su cama y sus juguetes”.

Y relató, sobre el rol del estado municipal: “Llamé llorando a Tocalini y Naranjo (los funcionarios municipales procesados) y me respondieron que no podían ir a ver qué pasaba. Que estaban en un compromiso. En ese momento ya existía la ordenanza de control. Y esos señores, a los que recurrí muchas veces, por notas que desaparecieron todas, denuncias que desaparecieron todas, no hicieron nada”.

La historia de Sabrina es símbolo de lucha, ya que, pese a todas esas afectaciones, amenazas y situaciones de violencia, jamás eligió el silencio. Algo que en Pergamino, la «perla del norte, cuna del agronegocio concentrado, tiene un costo altísimo. Ante la falta de representación legal para sus denuncias, estudió abogacía e inició un largo derrotero ante el sistema judicial para condenar a quienes envenenan con sus negocios agropecuarios.

“Sufrí amenazas, me dejaron bidones en mi casa, me dejaron soja en mi auto. Atentaron contra la vida de mi padre y mi sobrino. Las hijas de Roces me amenazaron de muerte si no me dejaba de joder…pero no les tengo miedo, cuando se te muere un hijo en la panza ya no tenes nada que perder…ya no tengo miedo”, se escuchó decir a Ortiz ante los acusados.

“Fuimos abandonados por el sistema y por el Estado. Espero que haya justicia. Con todo lo que hemos trabajado hasta ahora y pensando en lo que estamos, en los que ya no están y en las generaciones futuras que dependen de nosotros”, reclamó.

Antes de la audiencia, Sabrina le aseguró a Agencia Tierra Viva: “Sabemos que nos enfrentamos a quienes son de alguna manera monstruos, gigantes, intereses muy grandes los que se juegan, unas potencias muy grandes, entonces no es solamente los productores que se juzgan sino acá se tiene que sentar un precedente para que quede claro, que les quede claro a esas grandes empresas, productores y multinacionales que con la salud no se juega. Ya está. Hay que ponerle un punto final. El sacrificio humano y ambiental ya ha sido demasiado”.

Glifosato en el cuerpo

Se escuchó el testimonio de la también querellante, Alejandra Bianco, vecina afectada del barrio Santa Julia, también de la ciudad de Pergamino, quien relató las enfermedades y muertes, en su hogar y en su barrio y las afectaciones que atribuyen a la probada presencia de agrotóxicos en el agua que consume la población.

Alejandra —madre de Benjamín e Ignacio (que sufrieron enfermedades relacionadas a la contaminación) y ex pareja de Sergio (quién falleció de cáncer en 2020)— realizó una encuesta vecinal en la que tristemente descubrió que todos esos cánceres y enfermedades autoinmunes no eran un problema de su casa, sino de todo el barrio.

Imagen de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario (Foto: Juan José García)

“Sergio, mi pareja en ese momento, empieza a estar descompuesto. Le diagnostican cáncer de páncreas e hígado”, relató ante el tribunal. “El mismo médico que le hace la biopsia, al que yo le había contado todo lo que tuvieron mis hijos, me dice…‘en una sola casa tres personas enfermas, no es casual… algo raro pasa‘. Ahí me quedo pensando, sin entender lo que pasaba y empecé a preguntar en el barrio. Encontré muchos vecinos estaban fallecidos. El censo lo hice en 2018. Más de 40 vecinos encontré enfermos”.

Bianco, que siempre vivió en la ciudad de Pergamino, tiene glifosato en el cuerpo. Todas las historias clínicas que juntó y la encuesta las presentó primero en el juzgado de san Nicolás y hoy forman parte de este expediente que llega a juicio. Historias clínicas que el intendente municipal, Javier Martínez, eligió no mirar. Durante su testimonio, Bianco relató que, tras hacerse público ese censo, un día la citan a una reunión con el Intendente. “Fui con la pila de historias clínicas. Le pedí hiciera algo. El Intendente no leyó nada. Una reunión que no entendí para que fue. Al tiempo, hicieron un censo municipal, sin nuestra participación, y dijeron que no había muchos enfermos, sino pocos casos”, denunció.

Las pruebas de la contaminación

Según consta entre los elementos probatorios de la contaminación, que serán tomados en cuenta en las audiencias y sometidos al debate, las afectaciones alcanzan al ambiente y a las personas. A través de pericias, se detectaron en suelo 45 plaguicidas peligrosos para la salud, con predominancia de nueve: atrazina y dos metabolitos de degradación, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación (AMPA). En algunos casos en concentraciones mayores en los patios de los vecinos que en los campos cultivados.

En el agua se detectaron también 18 agrotóxicos, con mayor presencia de cinco de esos plaguicidas. Las afectaciones alcanzan al agua corriente que consume la población. Y al agua subterránea desde la que se abastecen en esa y otras ciudades, ya que los agrotóxicos alcanzaron al acuífero Puelche.

También hay pruebas de daño genotóxico y de presencia de agrotóxicos en el cuerpo de habitantes del lugar. Y relevamientos de altas cantidades de pacientes oncológicos o fallecidos de cáncer, entre otras enfermedades y problemas de salud.

En el banquillo

Los acusados son siete productores agropecuarios: Fernando Cortese, Víctor Tiribó, Mario Reinero Roces, los hermanos Carlos y Hugo Sabatini, Cristian Taboada y el ingeniero agrónomo, José Luis Grattone; y dos funcionarios municipales, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

El sector de la fiscalía que lleva adelante la acusación. (Foto: Claudio González / Ministerio Público Fiscal).

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario, integrado por los jueces, Elena Dilario, Román Lanzón, y Eduardo Rodrigues Da Cruz. El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal Federico Reynares Solari, de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. La causa («Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento»), iniciada en 2018, es originaria del juzgado Federal de San Nicolás a cargo del Juez Villafuerte Ruzo, y llega hasta esta instancia unificando varios expedientes, hechos y denuncias de más de una década de contaminación, entre 2011 y 2020. Todos los expedientes fueron acumulados a requerimiento de la Fiscalía.

En la primera audiencia del juicio, el 4 de febrero, el fiscal Reynares Solari atribuyó los hechos, detalló la acusación y el encuadre legal para cada uno de los acusados; postura a la que adhirió la querella, integrada por los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro, representantes de las denunciantes Sabrina Ortiz (Paren de Fumigar Pergamino y Naturaleza de Derechos) y Alejandra Bianco (vecina afectada barrio Santa Julia).

A Cortese, Reinero Roces, Tiribó, Grattone, Taboada, Daniel y Hugo Sabatini, la Fiscalía les endilgó ser coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos, que prevé una pena de tres a diez años de prisión para la persona que, a través del uso de residuos, «envenene, adultere o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general».

Además de contaminación, a Cortese se lo acusa de amenazas coactivas contra un familiar de Sabrina Ortiz en un hecho sucedido en 2020.

Las conductas imputadas a Naranjo y a Tocalini fueron calificadas en los términos del artículo 248 del Código Penal, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, permitiendo que desde 2015 se realicen fumigaciones con agroquímicos sin los debidos controles en los campos, contribuyendo a contaminar el ambiente.

En esta segunda jornada, además de las denunciantes declararon también el oficial Mauro Garay, y el ahora comisario retirado, Isaac Guari, personal policial que realizara pericias y diligencias en campos denunciados, dependencias municipales, locales de venta de agrotóxicos. Ambos, Guari y Garay, mayormente en sus respuestas refirieron no recordar o no poder brindar precisiones por las actuaciones de las que participaran, según consta en documentación presentada y en las que figuran sus firmas, y por las que fueron consultados.

Ciencia, territorio y justicia

Consultado por Agencia Tierra Viva, el abogado de las víctimas, Carlos González Quintana, expresó que esperan, desde una perspectiva estrictamente jurídica, que el Tribunal aplique las penas previstas por la ley para los delitos imputados. Y detalló que “en esta causa se juzgan hechos encuadrados en el artículo 55 de la Ley 24.051 (Residuos Peligrosos), en función del artículo 200 del Código Penal, que sanciona a quien contamina el ambiente de un modo peligroso para la salud pública. El marco legal prevé penas de prisión de hasta diez años, además de inhabilitaciones especiales, particularmente relevantes cuando se trata de productores, profesionales y funcionarios públicos como en este caso puntual”.

Sobre la importancia del juicio, aseguró que marca un precedente clave para la sociedad en su conjunto: “Será la primera vez que, en la provincia de Buenos Aires y en pleno corazón del agronegocio, se juzgue penalmente un entramado completo de decisiones, omisiones y prácticas vinculadas a las fumigaciones con agrotóxicos en zonas densamente urbanizadas, discutiendo en un tribunal penal las responsabilidades concretas de productores, profesionales y funcionarios públicos». «Ninguna actividad económica, por importante que sea, está por encima de la ley. Y se deja en claro que la salud y el ambiente son bienes jurídicos que merecen tutela penal efectiva. Es un escenario histórico donde se cruzan ciencia, territorio y justicia, donde el modelo productivo deja de ser intocable y empieza a ser interpelado. Donde los cuerpos hablan, la ciencia acompaña y el silencio, después de treinta años, se rompe”, afirmó González Quintana.

«La salud es un derecho humano»

En su alegato inicial, el Fiscal eligió no mencionar la palabra cáncer, aclaró que decidía omitir esa palabra. Fue el abogado Carlos González Quintana quien la pronunció. En la sala se encontraban presentes varias denunciantes y víctimas.En el recinto faltaba Florencia Morales. La vecina fumigada y denunciante falleció en 2023, de cáncer. Su ausencia física nombraba con más fuerza aún la palabra que era necesaria mencionar. En su nombre sobrevolaban también las decenas de personas fallecidas que no podrán declarar sobre las fumigaciones que sufrían.

Tierra Viva conversó con Paola Díaz (Madres de Barrios Fumigados Pergamino). Sabe en primera persona de perdidas. “La verdad que no es fácil… yo tengo una hija fallecida de leucemia”. La niña falleció en 2014 a sus 11 años. “Después que falleció, hablando con Sabrina, nos fuimos enterando de lo que hacían las fumigaciones. Nosotros estábamos enfrente del campo. Para nosotros, lo que se fumigaba mataba los yuyitos y a las personas no les hacía nada”, recordó.

Paola, según está previsto, junto a una decena de vecinas declararán como testigo frente al tribunal oral en Rosario en futuras audiencias. Sus denuncias forman parte de las causas unificadas, ya que en su momento han declarado en el Juzgado de San Nicolás. Todo ese trabajo de años que logró tanto la medida cautelar judicial vigente que aleja los venenos, como aquella primera y limitada ordenanza de protección municipal. Medidas a las que algunos de los procesados hicieron caso omiso. “Lo que espero es que la Justicia se ponga del lado de las personas. La salud es un derecho humano. Que se juzgue como deben juzgar”.

En la primera jornada también estuvo presente Sofía Gatica, de Madres del Barrio Ituzaingó Anexo (Córdoba). Viajó desde su provincia para acercar en persona el apoyo a Sabrina y los demás afectados. “Escuchar que la discusión fuera por los metros, en algunos casos escasos 100 metros, o gente asegurando que el glifosato no hace nada te da mucha bronca y mucha impotencia. Por eso es que viajé, para que cesen estas injusticias. Uno ve que se sigue fumigando, que se sigue contaminando, que se sigue muriendo la gente, entonces hay que ir a apoyar a los compañeros para que se haga justicia”.

Sabrina y Alejandra en la puerta de Tribunales. La próxima audiencia será el 25 de febrero.

La próxima audiencia ya fue programada para el 25 de febrero, a las 9 de la mañana. Según lo anunciado, sobre el cierre, se espera para esa jornada las declaraciones de los funcionarios municipales imputados.

*Las denunciantes piden la colaboración de toda la comunidad para afrontar los gastos económicos que implica todo el proceso (que está previsto termine en marzo). Alias: causa.pergamino (cuenta a nombre de Sabrina del Valle Ortiz).

Edición: Darío Aranda

• *Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).