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10ma carta de Familiares Sobrevivientes de Femicidios al Presidente: el frío afuera y adentro de la Rosada

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Como cada segundo miércoles del mes, el grupo de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunió en Plaza de Mayo, actualizó el estado de las causas impunes de sus familiares, renovó los reclamos de justicia, por medidas urgentes y por una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. Las palabras de la familia de Luciana Sequeira, joven de 17 años asesinada en Santiago del Estero, junto a las de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa y Lucía Pérez. Lo que tienen en común los casos, de la impunidad a la lucha. La lista de los 153 femicidios y transfemicidios leídos hoy en la voz de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner; y la carta completa, entregada por décima vez.

“Seguimos viniendo. No nos cansaremos. Nos toca frío, agua. ¡Nos falta nieve! Todos los climas hemos pasado, y el Estado no escucha lo que estamos diciendo”.

En un nuevo encuentro de Familiares Sobrevivientes de femicidios, Marisa, la mamá de Luna Ortíz, encuentra esa síntesis entre el clima adentro y afuera de la Casa Rosada, que se dibuja sobre el fondo de estas cuatro familias que sentadas en Plaza de Mayo esperan ser atendidas.

La familia de Luna Ortíz.

La familia de Lucía Pérez.

La familia de Cecilia Basaldúa.

La familia de Luciana Sequeira, 17 años, asesinada recientemente en Santiago del Estero.

Y a través de ellas, de cientos de otras familias que comparten el grito de justicia por los femicidios, el pedido de medidas urgentes al Estado y encarnan la lucha como la única manera de que algo cambie.

Las cartas en juego

Hoy se entregó la décima carta al presidente Alberto Fernández. En ella, los familiares detallan los patrones de impunidad, revictimización y la máquina de violencia machista que se repiten en cada una de las causas, en los casos, en sus vidas. Debajo, la letra completa.

El 11 de mayo pasado, esta carta fue entregada también ante el Ministerio de Mujeres y Diversidades. “El 11 de mayo dejamos el mismo petitorio a la ministra”, aseguró hoy Marta Montero, mamá de Lucía Pérez. “Lejos de tener una respuesta tuvimos una negativa: el Ministerio de Mujeres de Nación no puede hacerse cargo de las pericias de nuestras hijas”.

Marta y, luego, Marisa, mamá de Luna Ortíz, contaron en detalle el problema que representa enfrentar los costos del proceso, y en particular el relacionado a los peritajes. Para Marisa, se trata de otra instancia de revictimización: “Que se deje revictimizar a las víctimas en lo que cuesta pagar un perito. Hoy le decimos a este Estado que vamos a venir días de lluvia y frío porque todos los días tenemos la ausencia. Y que no vamos a parar hasta tener verdadera justicia”, sintetizó luego de relatar el pedido urgente para que su caso sea considerado femicidio.

Marta Montero también hizo referencia a las inclementes condiciones del clima: “Gracias por estar haciendo el aguante con este frío”, se dirigió a las personas y medios (Télam, Radio 10, Radio Continental, IP Noticias, Canal de la Ciudad) que se acercaron al Encuentro. Y contextualizó: “A la humedad y el frío lo soportamos igual, pero no deberíamos estar acá. El presidente bien podría hacer la diferencia de recibirnos. Esta es la décima carta que le venimos a traer, con todo respeto”.

Daniel Basaldúa, papá Cecilia, estuvo presente como cada miércoles. Inició el encuentro de esta manera: “Estamos dando la lucha en los medios y en la calle, y eso es lo que no les gusta a la justicia patriarcal. Vamos a seguir en la lucha por todo el ocultamiento que hay en el caso de mi hija, y para que esto no siga pasando”.

Daniel se refiere a la causa que tiene detenido a un hombre que denuncian se trata de un “perejil”, mientras los verdaderos autores del femicidio seguirían libres en Capilla del Monte; un círculo de impunidad encabezado por la fiscal Paula Kelm. Susana Reyes, mamá de Cecilia, quien realizó su propia investigación ayudada por la comunidad de Capilla, puntualizó hoy en la Plaza de Mayo: “A los asesinos de mi hija los tenemos fichados, y andan libres. Eso tiene que frenarse. Nos gustaría nos escuche el gobernador de Córdoba”.

“Quieren hacer pasar que ella murió por Covid”

El Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios se repite cada segundo miércoles del mes, y siempre contiene un nuevo condimento. Esta vez se acercó Yolanda, la joven hermana de Luciana Sequeira, quien falleció el 16 de junio luego de ser herida de muerte en un hotel alojamiento en Villa Atamisqui, Santiago del Estero. Durante el Encuentro, Yolanda se limitó a decir: “Pido justicia por mi hermana y que esto se esclarezca”.

Luego, en diálogo con lavaca profundizó sobre el caso que involucra a esferas del poder santiagueño, su ocultamiento e impunidad: “Ahora están tapando todo allá en Santiago. La autopsia no deja mucho lugar a duda: fue un femicidio, y están haciendo pasar que ella murió por Covid, y no es así”.

¿De qué sospechan?

Cuando mi mamá fue al hospital le dijeron que tenía una hemorragia por un corte que le habían hecho. Y en la autopsia dice que ella tuvo un desgarro. Y un desgarre y un corte es algo totalmente diferente. Ahora dicen que murió por una neumopatía, cuando nunca tuvimos un resultado positivo de Covid. El 15 la hisoparon y le dio negativo en el propio Hospital.

¿En la justicia figura que este cuadro está asociado al Covid?

Sí, asociada a un shock. Pero no es así: el cuerpo habla por sí mismo.

¿Por qué el ocultamiento?

Él es un hijo de policía, y para variar menor de edad. Pensamos que por eso está todo comprado allá; todo lo maneja el gobierno. El tipo este está metido con el gobierno, también.

¿Qué pasa en Santiago?

No se hace justicia, todo se tapa, no sale de Santiago. El caso de Luciana salió porque pudimos hablar con medios de acá de Buenos Aires, sino se quedaba allá.

¿Cómo se da vuelta la impunidad?

Saliendo a pedir justicia y a pedir ayuda, porque si te quedás callada no se hace justicia.


El sábado 17 a las 15 horas habrá una movilización en la plaza central de Villa Atamisqui, Santiago del Estero.

La larga lista

En las voces conmovedoras de Susy Shock, Valeria Lois y Alejandra Flechner estuvieron presentes los femicidios y transfemicidios de 2021. Una lectura y escucha prolongada en medio de Plaza de Mayo que permite dar dimensión no solo a la cantidad, sino a cada nombre y edad que encarna la cifra.

La lista completa, elaborada por el equipo del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez (http://observatorioluciaperez.org/), el primer padrón público y autogestivo:

Graciela Carolina Flores, 44 años

Elisa Robles, 36 años

Analía del Rosario Barbosa Martínez, 26 años

Noelia Albornoz, 32 años

Bebé de Elisa Robles, 1 día

Gabriela Verónica Lencina, 43 años

Mariana Madonna, 63 años

María Florencia Ascaneo, 41 años

Jaqueline del Carmen Pino, 43 años

Yésica Celina Paredes, 22 años

Ana Astorga, 29 años

Alicia Moreno, 72 años

Anabella Viviana Olmos, 26 años

Nancy Villa, 14 años

Marcia Dominga Acuña, 16 años

Natalia Maldonado, 24 años

Felipa Correa, 39 años

Yésica Viviana Palma, 23 años

Karen Jazmín Ponce, 19 años

Jacinta Ester Acosta, 81 años

Cintia Edith Romero, 37 años

Carla Yanina Gomelsky, 39 años

Corina Soledad Irazu, 24 años

María José Villalón Escudero, 41 años

Ivana Soledad Juárez, 32 años

Margarita Mercedes Zárate, 28 años

Nilda Peano, 57 años

Rosa Gabriela Vallejos, 51 años

María Belén Montenegro, 23 años

Rocío Macarena Quesada, 28 años

Esther Mamani Canaviri, 35 años

Melina Laura Rojas Urbano, 20 años

Noelia Vanina Sánchez, 36 años

Milagros Orieta, 21 años

Teresa Silvana Leguizamón, 41 años

Melisa Moyano, 40 años

Liliana Beatriz Stefanatto, 45 años

Ángeles Castañares, 80 años

Noelia Vanessa Lobo Noble, 35 años

Carmen López de Vargas, 62 años

Úrsula Bahillo, 18 años

Florencia Figueroa, 23 años

Vanesa Carreño, 29 años

Rosita Marina Patagua, 46 años

Mirna Elizabeth Palma, 44 años

Silvia Raquel Rojas, 31 años

Silvina Rojas, 35 años

Emilse Stefanía Gajes, 25 años

Miriam Beatriz Farías, 45 años

Ivana Módica, 47 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 25 años

Verónica Escobar, 22 años

Lorena Alejandra Franco, 41 años

Florencia Cañete, 27 años

Guadalupe Curual, 21 años

Gabriela Alejandra Frasoli, 24 años

Estefany Escobar González, 33 años

Sol Acuña Bilbao, 24 años

Graciela Noemí Funes, 41 años

Katherine Saavedra, 22 años

Julia Hortensia Ríos, 42 años

Claudia Alejandra Casmuz, 29 años

Fabiola Pamela Ramírez, 22 años

Macarena Sol Blanco Domínguez, 28 años

Vanesa Vera, 35 años

Nora Emilce Moyano, 73 años

Noelia Almada, 33 años

Noelia Eliana Maidana, 22 años

Margarita Carrizo, 40 años

Angélica Soledad Cardozo, 36 años

Flavia Ortiz, 30 años

Fabiola Andrea Echenique, 30 años

Paola Mirna Leiva, 38 años

Carolina Beatriz Díaz, 31 años

Norma Alicia Miller, 61 años

María Dolores Barceló, 79 años

Miriam Emilce Sombo, 32 años

Viviana Olga Sagastizabal, 58 años

Marcela Analía Maydana, 44 años

Violeta Argentina Fernández, 70 años

Nancy Florentín Karen, 30 años

Débora Jesús de la Pasión Barros, 30 años

Priscila Arce, 16 años

Sofía Micaela Catán, 24 años

María José Gramajo, 23 años

Josefina Cruceño, 28 años

Dana Berenice, 7 meses

Abigail Carniel, 18 años

Adela Rodriguez, 46 años

Isabel Monzón, 45 años

Victoria Morena Nieva, 37 años

Daiana Aballay, 24 años

Mayerling Mariana Blanco Bravo, 25 años

Analía Maldonado, 40 años

Andrea Alejandra García, 45 años

Yanet Carolina Aleman, 25 años

Marisol Elizabeth Alcaraz Martínez, 35 años

Roxana Romina Olivera, 40 años

María Cristina Ancatén, 38 años

Gimena Islas, 14 años

Florencia Sandoval, 23 años

Cielo De Lucca, 23 años

Ester Del Valle Correa, 61 años

Una mujer de la que no se informa el nombre, 67 años

Gabriela Daiana Juárez, 23 años

Gilda Estefanía Klocker, 20 años

Mirta Cardozo, 59 años

Laura Nancy Rodríguez, 36 años

Patricia Arroyo, 53 años

Agostina Gisfman, 22 años

Felipe Sainz, 13 años

Ramona Adriana Luque, 63 años

Johana Paola Díaz, 26 años

Jésica Maribel Solís, 29 años

Aylin Carolina Reyes García, 33 años

Ayelén Elizabeth Jara Gutiérrez, 20 años

Laura Sánchez, 45 años

Zoe, hija de Laura Sánchez, 9 años

Johana Galdeano, 28 años

Antonella Díaz, 29 años

María José Fernández, 35 años

Victoria, 6 años

Sandra Marilin Carricaberri, 43 años

Mayra Bustos, 32 años

Santiago Cancinos, 14 años

Nancy Roxana Viano, 19 años

Lorena Beatriz Vique, 35 años

Rocío Milagros Rojas, 4 años

María Elena Caro, 73 años

Liliana Fernández, 22 años

Natalia Natividad Guamantes, 24 años

Mayra Guadalupe Flores, 27 años

Wanda Soraya de La Fuente, 29 años

Beatriz Teodora Aldecoa, 61 años

Luciana Sequeira, 17 años

Gabriela Nilvia Giménez, 22 años

Gloria Cristina Domínguez, 29 años

Lía Aguirre García, 32 años

Karen Gisele López, 25 años

María Ester Balbore, 61 años

Marcela Rota, 44 años

Nélida Susana Benítez, 45 años

Elsa Beatriz Gutiérrez, 51 años

La carta dirigida al Presidente

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Nosotras, familias sobreviviente de femicidios nos dirigimos a usted, en esta oportunidad por intermedio de la ministra de Mujeres y diversidad, doctora Elizabeth Gómez Alcorta,  para reiterar con respeto y esperanza el pedido de audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias

Atentamente:

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla

Ana María Martínez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa, papá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo  Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna

El petitorio entregado al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad:

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Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia

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Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a la familia a través de un video con una ametralladora. La relación de los sospechosos con la policía, y la muerte con tintes mafiosos del principal acusado, en 2019. Cómo fue la primera audiencia de un caso que devela la trama de impunidad de los femicidios territoriales, y el pedido y la lucha de Mónica, la madre de Araceli: «Yo quiero que toda la verdad salga a la luz”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

4 años y 5 meses después, este lunes a las 9:30 finalmente comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, la primera jornada se extendió hasta las 18 horas. La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Un solo imputado llegó detenido: Carlos Cassalz fue apresado el domingo en la escuela donde votaba, por amenazar a Mónica, mamá de Araceli Fulles. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Todos se encuentran en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.

Hasta ayer el único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso.

Los aprietes

Días atrás, a las 4 de la madrugada, Mónica recibió un mensaje con una amenaza: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; el mensaje incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Carlos Cassalz con una ametralladora. Por estas amenazas, y no por el femicidio, fue detenido ayer cuando fue a votar a una escuela de San Martín.

“La verdad es que me sorprendió. -dice a esta agencia Mónica-. Yo había hecho una denuncia por un llamado y una grabación  que me habían mandado a las 4 de la madrugada, unificaron la denuncia mía con la de un testigo, y la DDI se encargó de encerrarlo. Hoy vino al juicio esposado”, se sorprende por la rapidez de la detención que, en el centro de votación, estuvo a cargo de la Gendarmería: acaso otro de los indicios que sugieren la participación policial como parte de la trama de impunidad.

En la primera y extensa jornada se leyeron las imputaciones y las declaraciones de cada imputado. Luego, fue el turno de Mónica Ferreyra, mamá de Araceli: “Tuvieron que hacer un receso de 5 minutos porque me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza a lavaca.

Y sigue, sobre el tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo de su hija – 27 días desaparecida- hasta hoy: “Se pierden muchas cosas, mucho tiempo”. En parte culpa de ese tiempo, uno de los contrapuntos de la jornada fue el de los detalles temporales en el que se desencadenaron los hechos. Mónica: “En el momento de declarar no te da tiempo ni a pensar. Mi defensa le dijo al juez que no me podía apretar sobre esos detalles, que recuerde que soy la damnificada, que me mataron a la hija. ¿Se puede acordar de todo, fecha y hora tan detalladamente como está pidiendo usted? No es así, le dijo”.

En la jornada de hoy se esperaba que declararon once personas, pero solo lo hicieron tres. Estas dilaciones la familia proyecta que el juicio podría durar más de un mes.

La pista policial

Araceli Fulles desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Muy temprano, Mónica había recibido un mensaje “Vieja, prepara unos mates que voy para casa”, pero nunca llegó. Tras 27 días de búsqueda incansable, su cuerpo fue encontrado gracias a la familia violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Su cuerpo estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

“Yo espero que los condenen a todos, que no salgan nunca más”, reclama Mónica. “Yo solo pido que el juicio tenga perspectiva de género, que salga todo a la luz y que los jueces se pongan la mano en el corazón y piensen en sus hijas. Que se compruebe que son culpables y vayan presos. Yo quiero que toda la verdad salga a la luz, que se sepa lo que pasó. Pero cuesta que salga todo a la luz cuando hay manos negras metidas en el medio”.

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12avo Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Necesitamos hechos”

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El grupo que reúne a madres y padres que perdieron a sus hijas por la violencia patriarcal reclamó una audiencia al Presidente y entregó en una carta medidas concretas para exigir justicia y prevenir los femicidios. Ya van 200 en lo que va del 2021. «¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas«, dice el texto, que aquí reproducimos de manera completa. Crónica y fotos del doceavo encuentro del grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios, en medio de la lluvia.

Pasado el mediodía de un miércoles de lluvia copiosa y como cada segundo miércoles de mes, el grupo de  Familiares Sobrevivientes  de Femicidios llevó a cabo su encuentro y por décima segunda vez, entregó una carta en la Casa Rosada para solicitar una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. El pedido de justicia por los femicidios de sus hijas —en un país donde al día de hoy hay 200 femicidios, travestidicios, transfemicidios y Tehuel no  aparece desde hace casi seis meses—el reclamo se impone en un contexto que invisibiliza estas urgencias.

La mamá de Camila Flores, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, Alfredo, el papá de Carla Soggiu, y la cantante Amalia Etchesuri.

En esta oportunidad no hubo sillas ni micrófonos para que contaran el estado de las causas de sus hijas debido a la lluvia sostenida. Participaron la mamá de Camila Flores —de 20 años, asesinada hace nueve meses  en Santa Fe—, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa —la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020— y Alfredo, el papá de Carla Soggiu, quien apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de que activara dos veces el  botón antipánico que tenía porque su ex marido la había golpeado y violado. 

Con sus paraguas, bajo la lluvia, sostienen carteles  con los rostros de sus hijas. La mamá de Camila  no puede contener el llanto. Hay dolor en sus miradas, pero también hay determinación para mantenerse firmes contra la impunidad.

La cantante Amalia Etchesuri lee en voz alta la carta que minutos más tarde irán a entregar a la Casa Rosada:

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desder que comenzó este año hemos sufrido 200 femicidios y travesticidios  y 166 infancias han quedado huérfanas. Sufrimos también 333 intentos de femicidios y realizamos 274 movilizaciones y marchas para exigir que paren de matarnos. Seguimos además reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza, hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba, las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial, como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos, exigimos acciones concretas, reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta n° 12 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso, es suyo, le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que nunca más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano ni hermana, deba soportarlo, ninguna familia puede cargar sola ese peso. Es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Finalizada la lectura, se encaminan hacia la entrada de la Casa Rosada, donde como cada segundo miércoles de mes les preguntan quiénes son y qué quieren. Daniel Basaldúa explica: “Somos Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Nos mataron a nuestras hijas, queremos dejar una carta dirigida al Presidente para que nos reciba”. 

Doce veces el mismo ritual, el paso firme de quienes no se cansan de exigir justicia, las lágrimas por lo que pasó y el grito impostergable y la lucha incansable para exigir justicia y que no vuelva a pasar.

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Aborto legal en Salta: hostigan y detienen a una médica por garantizar derechos

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La médica ya salió en libertad tras movilizaciones a la clínica y el Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento. Un peligroso caso de disciplinamiento social y hacia los médicos en particular, en una provincia testigo de cómo los antiderechos se encuentran en instituciones estatales, obstaculizando la ley. La palabra de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que hizo público el caso y sigue luchando para hacer valer los derechos ganados.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta dio a conocer el hostigamiento a una médica de la localidad de Tartagal, que fue detenida por pedido del fiscal Gonzalo Ariel Vega y bajo la orden del Juez Mariscal Astigueta por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo. Según la Red, la médica actuó «desde las leyes vigentes, y respaldada por un Equipo Interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en el marco de la Ley 27610”. Sin embargo, lo que parece jugarse en esa provincia es un método de disciplinamiento social que viene desde el alto poder político.

En diálogo con lavaca, Macarena Villena, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, explica: “Nuestra colega garantizó una interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas con causales, decidido en el marco de un Equipo Interdisciplinario y con consentimiento informado por la persona solicitante, quien ejerció su autonomía, siendo mayor de edad y en el marco de la ley”.

Según declaró el fiscal Vega, una tía de la joven habría hecho la denuncia. Villena lo confirma: “El problema surge a raíz de los familiares de esta persona, quienes no querían que se practique la interrupción del embarazo, e intentaron poner muchos obstáculos para que la práctica no se lleve a cabo. Como la practica se realizó igual, ahora están denunciando con argumentos totalmente falaces”.

Según informa la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, el abogado patrocinante de los denunciantes es Andrés Rambert Ríos, quien también defiende al médico Marcelo Cornejo, en una causa en la que está imputado por abuso de una menor en el marco de su trabajo como ginecólogo. “Este médico sigue ejerciendo pese a su imputación”, denuncian. Rambert se encuentra diciendo a los medios público que el ejercicio de la ILE debe estar autorizado por un juez de garantías, desconociendo las reglamentaciones vigentes.

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado exigiendo la liberación de la médica, donde afirma: “Su criminalización busca amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes”.

“Exigimos la urgente liberación de nuestra compañera y demandamos una vez más al Estado que cese en avalar la persecución de quienes cumplen con la ley y que se aboque a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la autonomía”, indica el texto de la Campaña que a su vez sentencia: “Lanzamos una alerta feminista en todo el país hasta lograr la liberación de esta médica. Seguimos en pie de lucha para que la ley que conquistamos sea una realidad efectiva en cada lugar de Argentina”.

En torno a cómo se está aplicando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Salta, Villena informa que “viene siendo bastante a pulmón”. “Si bien tenemos medicación, todavía no está el acompañamiento institucional y político que necesitamos los y las profesionales”, dice.

Este caso puntual en Salta se enmarca dentro de una puja que excede a la provincia y conecta a los poderes antiderechos que siguen poniendo trabas al acceso legal del aborto. Un reciente informe de Amnistía Internacional, por ejemplo, releva serios problemas en la implementación de la ILE en esa provincia: «Falta de disponibilidad de servicios suficientes para garantizar el acceso al aborto legal, ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica y desconocimiento sobre el alcance legal de la objeción de conciencia».

En Salta esto toma una nueva connotación tanto por la institucionalidad que gozan los antiderechos, como por la lucha de las organizaciones por hacer cumplir la ley por la que tanto lucharon. “Esta situación de hostigamiento y persecución de la justicia y de los medios de comunicación a nuestros colegas es bastante común en esta provincia, y en las localidades del interior, como es el caso de Tartagal, es mucho más difícil. Tenemos hospitales que se declaran objetores de consciencia, lo cual está en contra de la ley”.

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La última Mu: La lista que falta

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