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¿Por qué contra los Mapuches?

Publicada

hace 8 años

25/01/2018

Es el blanco elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo (político, judicial, mediático, social) como el accionar del Pueblo Mapuche. «Terroristas», «chilenos», «mataron a los tehuelches», son algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de un «comando unificado», mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el territorio en disputa. Una nota de Darío Aranda para lavaca.

Enero, agosto y noviembre de 2017. Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los medios de comunicación hicieron foco en «los mapuches». La situación mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el Pueblo Mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero expresan su mensaje de manera diferente, «de igual a igual» frente al no mapuche. «La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de igual a igual», afirma.
Lenton destaca que muchas personas suelen decir que nos son racistas porque «ayudan» a un grupo determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo cambia. «Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran que ese otro lo trate de igual a igual».
Integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros pueblos.
Territorios y corporaciones
Existe una coincidencia en que un elemento central es la disputa por el territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas (petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con sectores políticos y judiciales). «Hay que tener presente qué empresas y qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios donde viven las comunidades mapuches», alerta Lenton.
Lefxaru Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta), a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios ancestrales. Y destaca otro factor particular del Pueblo Mapuche, las «recuperaciones territoriales», cuando las comunidades identifican un lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho más propio del Pueblo Mapuche. «Hace más de 25 años que las comunidades decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los territorios que nos pertenecen», aclara Nawel.
Colonización tardía
Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades originarias de la Patagonia. «Recién han pasado 130 años de la finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400 años, en manos de los españoles», recuerda. Y, por otro lado, puntualiza que el Pueblo Mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en territorios, autonomías, con autoridades propias. «Es un planteo que lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores reaccionarios tomen posturas represivas», afirma.

Indómitos y transfronterizos
Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de Chubut. Cree que el recelo contra el Pueblo Mapuche tiene múltiples causas, entre ellas que se trata de «uno de los pueblos más aguerrido, más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales, nacionales e internacionales». Afirma que la política del gobierno nacional es «apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar reclamos».
También señala la particularidad de la gran extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con presencia en cinco provincias, lo que «le ha dado una gran dinámica, diversa en su lucha» y destaca que se trata del único pueblo que alza la bandera de las recuperaciones territoriales.
Destaca que también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales. Hualpa es autor del libro «Derechos Constitucionales de los Pueblos Indígenas», donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más litiga en los tribunales.
«Un factor a pensar es que se trata de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento de Estado de Estados Unidos», alerta Hualpa, integrante de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Extractivismo y clase social
Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista, escribió tres libros sobre el Pueblo Mapuche y vive desde 27 años en Bariloche. Afirma que «la ofensiva y represiones» contra el Pueblo Mapuche tiene relación con la anunciada «lluvia de inversiones» que el gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de peso es el Eximbank, organismo financiero público de Estados Unidos que financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior. «Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y proyectos hidroeléctricos», explica Moyano.
Precisa como ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas, busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan un intento de relanzamiento.
Moyano recuerda que el presidente Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, «señor feudal de la zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos hidroeléctricos».
Un factor histórico que destaca es que el Gobierno «llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se benefició con la Campaña del Desierto». El caso más emblemático es el nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. «La pertenencia a esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas», afirma Moyano.
El Comando de Bullrich
«Comando unificado», fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.
«Tras ocho años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos», anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre de 2017.
Según el Gobierno, se registra «un incremento del accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio».
También las denomina «organizaciones extremistas» y las acusa de recibir apoyo de «grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes ciudades».
«RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y Chubut», es el nombre de la «investigación» que presentó Patricia Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno, peligroso, terrorista. «La RAM estaría vinculada a comunidades aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas, hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no permiten la libre circulación, balean, incluso matan».
La segunda semana de enero, el presidente Macri recibió a los gobernadores de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. «La cuestión mapuche» (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.
«Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional, configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos indígenas», alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.
Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. «La creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en Argentina», advirtieron las organizaciones indígena.
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación del comando unificado: «El Estado, nuevamente, intenta demonizar y dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes medidas antipopulares que lleva adelante».
Haciendo el juego
El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje de la campaña mediática de los grandes diarios.
«La Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el Pueblo Mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio mediante acciones de sabotaje», explica el comunicado.
Señala que el MAP es «una propuesta política y filosófica» y sostiene que «las comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche».
Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.
El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había emitido un inusual y duro comunicado: «Frente al drama o grotesco llamado Resistencia Ancestral Mapuche».
«No avalamos, no justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo político institucional serio. El Pueblo Mapuche reivindica los derechos humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos», destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la RAM: «Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión».
Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo forma de resolución de conflictos. «Como es posible que panfletos absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una política represora».
Violencia e impunidad
El 17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de violencia contra mapuches.
El jueves 25 de enero se cumplen dos meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por Patricia Bullrich.
Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. «Fue el Estado, fue prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio», invita la convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales, comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.
El afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha, tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras, resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con los pueblos indígenas: «Justicia ya».

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No se olviden de Cabezas

Llegó a Chile “el primer argentino humilde”

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 5 horas

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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hace 6 días

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.