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Dos años de acampe contra Mondiablo

La Asamblea de Malvinas Argentinas, en Córdoba, celebra su resistencia: 730 días de plantarse contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial que les envenenaba el aire, la tierra y la vida. Un viaje de Darío Aranda que nos relata cómo luchar contra una causa supuestamente perdida, y ganar.

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La Asamblea de Malvinas Argentinas, en Córdoba, celebra su resistencia: 730 días de plantarse contra Monsanto, la mayor corporación del agro mundial que les envenenaba el aire, la tierra y la vida. Un viaje de Darío Aranda que nos relata cómo luchar contra una causa supuestamente perdida, y ganar.

Dos años de acampe contra Mondiablo
No tenía fuerzas ni para levantarse de la cama y le costaba respirar. Deambulaba por distintos médicos, centros asistenciales, laboratorios para análisis. Le decían que no tenía nada. Y ella sabía que algo había. Sentía que moría y nada le encontraban. La causa estaba al lado de su vivienda, donde cortaban (“reciclaban”) bidones de agrotóxicos. Eli Leiria tenía agroquímicos en el cuerpo. Le alteraron el sistema nervioso y el aparato digestivo.
Raquel Cerrudo vivía en Córdoba capital. Necesitaba un cambio de vida. Estar tranquila con su familia. Respirar otro aire. Vendió su casa y se mudó. A los seis meses el mundo se le vino abajo. Lloraba. No lo podía creer.
Eli y Raquel no se conocían. Pero ambas sintieron lo mismo. Se enteraron por televisión que la mayor empresa de transgénicos del mundo se instalaría en su barrio, con la mayor planta de semillas de América Latina. Ambas, sin imaginarlo, se transformaron en activistas contra la instalación de Monsanto.
Viaje a la Asamblea de Malvinas Argentinas, la localidad cordobesa que frenó a la mayor corporación del agro mundial. Objeto de estudio para los académicos. Caso testigo para otras asambleas. Mal ejemplo (para gobiernos y empresas). Historia de una lucha.
El sábado habrá festival y celebración.

Previa

Darío Avila, abogado militante que acompaña las luchas contra las fumigaciones agropecuarias, maneja desde el centro de Córdoba hasta Malvinas Argentinas. Hijos de laburantes del sur de la provincia, estudió mientras contaba el mango y vivía a mate. Fanático de Belgrano y conocedor de las asambleas, organizaciones sociales y luchas. Se anima a dar la noticia que en Córdoba ya se conoce, pero que pocos blanquean. “La asamblea se dividió. Ya te van a contar”, avisa.
El viaje es corto. No más de veinte minutos en la ruta 88. Giro a la derecha y una de las calles principales de Malvinas (San Martín), de asfalto. Casas bajas. Barrio trabajador. Pocas cuadras y nuevo giro a la derecha, calle de tierra. De lado izquierdo, una vivienda con un puñado de personas en la vereda, parte de la asamblea de Malvinas.
Circulará el mate. Y casi dos horas de charla.
Luego, diez cuadras de distancia, cruzar la ruta y una vivienda con paredón al frente. Será la segunda entrevista.
Ambas a la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida. Problemas de salud, marchas, represiones, discusiones con vecinos y familiares, la empresa, policías, el modelo agropecuario, gobernantes, alegrías y llantos, balazos y resistencias.

Televisión

La población de Malvinas Argentina se enteró por televisión que tendría como vecina a Monsanto. Fue el 15 de junio de 2012, cuando la Presidenta informó por televisión, desde Estados Unidos, que la multinacional le había confirmado la instalación en la localidad de Córdoba. Sólo lo sabían el intendente, Daniel Arzani (UCR), y sus colaboradores más cercanos.
Mesa larga, mantel de colores, termo de plástico con la calcomanía grande de la Virgen de Luján. El mate circula. Una decena de personas, diversas edades. Desde chicos hasta abuelos. Eli Leiria escuchó el anuncio en la televisión. Pero dio por hecho que se trataba de la localidad bonaerense del mismo nombre. Hasta que le avisaron que era a pocas cuadras de su casa. No sabía nada de Monsanto. Al día siguiente le preguntó a un estudiante universitario, hijo de la casa de familia donde trabaja, y la respuesta la dejó helada. “Estás en el horno”, le dijo. Y le aportó los primeros datos de la historia de la empresa.
Comenzó a leer, a informarse, a preguntar. Y ya no le quedaron dudas. “Ahí desperté. Algún vecino me decía que iban a traer más trabajo, yo le respondía que sí. Más trabajo con los oncólogos, los médicos, los sepultureros”, ironiza, pero no esboza sonrisa.
Otro vecino le aseguró que las autoridades no permitirían una empresa que perjudique a la población. La ronda de mate, una decena de personas, larga una carcajada. Fustina Quispe también se anima. “Los políticos no respetan nada. Ellos transan y tenemos que someternos a ellos. A mí no me versean más”.
En la segunda entrevista, Raquel Cerrudo relata que había dejado la capital cordobesa en busca de tranquilidad. Qué mejor que una pequeña localidad en las afueras. A los seis meses de la mudanza, el anuncio de Monsanto. Raquel veía la televisión y lloraba. Conocía quién era Monsanto por un trabajo junto a una bióloga crítica al modelo agropecuario. Su esposo, Ariel Becerra, alias Rula, la escucha y ahora sonríe. Trabaja en una concesionaria. Los patrones también tienen campos de soja. Le decían que se quedara tranquilo, que no pasaba nada. Raquel igual lloraba. Hasta que un día dijo basta. Conocía poca gente en el barrio. Comenzó a hablar con los comercios, en la carnicería, el almacén, intercambiar información. Así conoció a otros inquietos con el tema y se enteró de una charla del biólogo Raúl Montenegro. También de una marcha en la Capital, donde fue con un cartel de Malvinas y conoció a Ester Quispe, hoy también asambleísta. Sobrevino la primera reunión y el encuentro con decenas de vecinos. La segunda juntada. El nacimiento de la asamblea.

Despertar

Silvana Alarcón creció en Malvinas. Acento cordobés inconfundible, recuerda que no sabía quién era Monsanto, como la gran mayoría de sus vecinos. Al principio creyó el discurso de inversiones, de trabajo, pero también comenzó a escuchar -primero por lo bajo- quién era la empresa, su historial de denuncias y contaminación. “Empezamos a reunirnos los vecinos. A leer, a tener otra información. De a poquito fuimos aprendiendo”, recuerda. También le impactó cómo la empresa comenzó a intervenir en el barrio, a prometer trabajo. El tercer punto, comenzaron a problematizar la situación actual, de pueblo rodeado con cultivos transgénicos y fumigaciones. “Y nos dimos cuenta que había muchos chicos enfermos, de lupus, malformaciones, problemas respiratorios, broncoespasmos. Y si a eso le agregamos Monsanto… nos fuimos dando cuenta de que iba a ser peor”, explica.
Mucho tuvo que ver la visita de biólogos, doctores, abogados y también de asambleas y activistas de otras ciudades. También evaluaron la cercanía de la planta con la escuela, conocido como “La Candelaria”, donde asiste su hijo, desde donde se deja ver el predio de Monsanto.
Recuerda que la Justicia había frenado la obra, pero igual la planta seguía en marcha. Le daba impotencia que la empresa seguía la construcción. “Hacían lo que querían. Hasta que dijimos basta, acá no entra más nadie”.
Y nació el bloqueo. Septiembre de 2013. No fue gratis. Media docena de represiones, policías, balas de goma, patotas de la UOCRA, palazos. Recuerda una en particular. Ella estaba en su casa y escuchaba los disparos. Sus amigos y familiares estaban en la represión. Lloraba de impotencia. Golpearon a su hermano y a su esposo. “Podía pasar cualquier cosa”, afirma y se le quiebra la voz. “Lo primero como mamá es la salud de mi hijo. No importa lo que tengamos que hacer. Y no vamos a dar marcha atrás”, avisa.

Salud

Eli Leiría, dueña de casa, arregla el mate y ceba. Está de pie, recostada sobre el marco de la puerta. Interviene. En 2007 tuvo su primer choque con el modelo agropecuario. Comenzó con vómitos, diarrea, bajó mucho de peso y comenzó a debilitarse. El médico no le encontraba nada pero ella sentía que no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Le daban inyecciones, se levantaba un rato y volvía a caer. Fue a otro médico. Y le decía que los análisis daban bien. Ella sentía que se moría.
Hasta que ató cabos. Al lado de su casa reciclaban bidones de plaguicidas. En realidad el proceso era más que rudimentario. Los traían sin lavar, los cortaban con una sierra de carnicería y los molían. El terreno vecino estaba repleto de bidones, justo pegado a su habitación. Se le morían los árboles y todas las plantas. Le contó al médico y no dudó. La mandó a hacer nuevos estudios, más complejos. Le encontraron plaguicidas en sangre. No recuerda los nombres, pero sí las cifras: “El máximo tolerado por el organismo es 0,3 por ciento. Yo tenía 27”.
Le preguntó al médico cómo se curaba. Y se hizo un largo silencio. Le respondió que no se podía hacer nada. Que había que esperar. Le dijo que era como un tornado. La tormenta se va, pero las secuelas quedan. Y las enfermedades pueden aparecer meses o años después. A los dos años se le declaró un efisema pulmonar. El médico le preguntó si fumaba mucho. Y ella nunca había prendido un cigarrillo.
De pura impotencia, comenzó a fumar ese mismo día. “Yo elijo cómo morir”, dijo.
Le diagnosticaron alteración del sistema nervioso y del aparato digestivo. Y le dieron un cóctel de medicamentos. “Me voy a terminar matando con medicación. No quiero eso”, avisó.
Y el anuncio de Monsanto fue la frutilla del postre. Se sumó a la segunda reunión de vecinos, era el germen de la asamblea. Al otro día fue a ver al Intendente. “No, Negra. No te preocupes. La empresa traerá trabajo. Lo que pasa es que hay gente que no quiere laburar y se opone”, fue la respuesta que le dio Daniel Arzani.
La clave, otra vez, fue la información. Leyó mucho. Fue a charlas. Vio documentales. Pensó en su hijo y se decidió: no quería a la empresa en su barrio.
Silvia Vaca es empleada municipal. Nacida y criada en Malvinas. 52 años. El primer aviso del modelo agropecuario lo conoció por su esposo. Camionero, transportista de cereales. Solía quejarse del olor que tenía la ropa cuando volvía del trabajo, y del fuerte dolor de cabeza. Silvia metía las prendas en el lavaropas y debía enjuagarlo dos veces. Olor penetrante. Segundo aviso: la cámara aséptica se llenó. Llegó el camión atmosférico. Y el trabajador le llamó la atención por la ausencia de insectos y bacterias. Le preguntó si usaba algún químico fuerte. Silvia pensó en voz alta y no, sólo lavandina cada tanto.
Tercer aviso. La repentina neumonía de su esposo. Internación, luego terapia y, en horas, peligro de vida. Los médicos la trataban distante, le preguntaban y repreguntaban. Creían que lo había envenenado. Volvió a su casa, dio la mala noticia a la familia. Ahí cayó en la cuenta. Volvió al sanatorio y contó que su esposo era transportista de cereal. También ponía las famosas pastillas de fosfina en el camión para protegerlas de insectos. Se estaba envenenando.
Segundo aviso. Su hijo, entonces estudiante de agronomía, le dio el documental “El Mundo según Monsanto”.
Cuando se anunció la instalación, fue una de las vecinas que analizó su sangre. Confirmó lo temido. Tenía agroquímicos. “Vivo en el centro del pueblo, donde en teoría menos químicos debiera haber. ¿Qué le queda a los que viven frente a las fumigaciones? Estamos todos envenenados”, afirma.
Fueron demasiadas cosas. Se sumó a la asamblea.

Otra vida

Una gran coincidencia. A todos les cambió la vida.
Soledad Escobar precisa que tuvo discusiones en la escuela (con la maestra de su hijo porque le decía que “no se podía involucrar”), con amigos que trabajan en el municipio y con vecinos que ya no se dirigen el saludo.
Beatriz Vega tenía librería-polirubros en la avenida San Martín, la principal, y a media cuadra de la Municipalidad. Ponía en la vidriera los carteles que convocaron a la marcha, entregaba folletos y afirma que la marcaron. Le comenzaron a bajar las ventas, el hijo de un concejal la amenazó con quemar el local, los clientes de siempre ya no entraban. Cerró el negocio. “La vida nos cambió totalmente. Se ha dividido el pueblo”, resume.
Lucas Vaca, boina clara, campera de cuero. Hacía dos años que había regresado a su barrio (estuvo cinco años afuera), se encontró con municipalidad nueva y le llamó la atención que, pocos kilómetros antes de llegar a Malvinas, ya no estaban los árboles de antaño al costado de la ruta 88. La soja estaba hasta el borde de la banquina.
Estudiaba el secundario para adultos. Y también recibió la noticia por televisión, en directo. Se alegró por los posibles puestos de trabajo. Hasta que alguien le advirtió que no era todo como decía la publicidad. Ingresó a internet, comenzó a leer, se topó con el documental “El mundo según Monsanto” y no lo podía creer. También ingresó al sitio de la empresa. Y no quería entrar en razón. “Adentro tuyo como que decís que no puede ser tan malo. Te cuesta creer. Pero más leía y más me convencía de lo malo que era”. Llevaba información a la escuela y las profesoras minimizaban sus críticas.
Comenzó a participar de la asamblea. A comprometerse. No dejó más.
Lamenta que se hayan alejado muchos vecinos, pero también se acercaron otros. Con muchos compartió escuela y hasta bailes, pero algo los ha puesto en dos veredas distintos. Hay un hecho que le impacta: “No te miran a la cara. Miran al suelo. Saben que está mal apoyar a Monsanto. Eso es impresionante.” Lucas dice que recuerda lo que le mencionó alguna vez el científico Andrés Carrasco: mirar los cuerpos. Niños con malformaciones, chicos jóvenes con cáncer, mujeres con pañuelos en la cabeza.
Eduardo Quispe resalta que no hay un espacio en apoyo a la empresa. Sí en contra. “Las estadísticas son contundentes. El 90 por ciento no la quiere. Sí hay gente que depende el Estado, pero no son un movimiento permanente en las calles”, aclara.
Vanesa Sartori había escuchado algo de fumigaciones, pero no de Monsanto. Vio el anuncio por televisión y también pensó que se trataba de Malvinas Argentinas de Buenos Aires. Luego se enteró de la primera asamblea por Canal 8. Lo vio a Montenegro, había sido su docente en la facultad, y concluyó que se trataba de algo grave. Se conectó a internet, leyó durante horas, no lo quería creer. “Parecía sacado de una película, pero estaba pasando de verdad”, recuerda.
Se sumó en la tercera asamblea. Su hija, que durante la entrevista duerme en el sillón, tenía entonces seis meses. La aterrorizaba que le pasara algo a su beba.
También hacía meses que habían construido la casa con su esposo. Pensaba en todo el sacrificio tirado a la basura. Evaluaron en mudarse. Sabían que nadie les compraría, pero igual estaban dispuestos a irse.
Fue a una reunión de vecinos. No conocía a casi nadie, pero se sumó a la asamblea.
Lo que más le duele es la división en el pueblo. Incluso en lo familiar. Su papá tiene ferretería. Fue “seleccionada” por la Municipalidad como posible proveedora de la multinacional y viajó, junto a la empresa, cuatro veces a Rojas, donde la compañía hace recorridas guiadas para mostrar las bondades de sus fábricas.
Vanesa le llevaba información, diarios, revistas, artículos. “Muy ingenuo lo mío. Él ya había comprado todo el paquete de Monsanto”, lamenta.
Peor fue la situación cuando ella se transformó en una cara visible de la lucha, con entrevistas y apariciones en los medios. “Me llegó a decir qué tipo de educación le daba a mi hija. También preguntó cómo mi marido me dejaba participar de la asamblea”, grafica. Se indigna. Llora. Es un tema que no se habla en en los almuerzos familiares. Ya nada volvió a ser lo mismo.
Asegura que la historia se repite en muchas casas.
Silvia Vaca se distanció de su hermano. Él fue abuelo. Y ella aún no pudo ir a conocer a su sobrino nieto. “Son fracturas que van quedando. Muchas familias peleadas. Es triste”, resume. Y recuerda la buena relación que tenía con el Intendente, se conocen desde chicos, compartían almuerzos familiares. Ya no.
Vanesa sonríe. Era amiga de la hija de Arzani.
Eli lamenta que haya vecinos que ya no la saludan. Recuerda una noche, había marcha a la Municipalidad y ella estaba descompuesta. No podía ni pararse. Recibió un llamado anónimo. “Dejate de joder con Monsanto”, amenazaron.
Se levantó de inmediato y fue a la marcha. “Si no estaba ahí, iban a creer que me asustaron. Eso no, señor. Nunca”, avisa con voz firme. No quiere protagonismo ni figurar, pero no quiere que su hijo pase lo mismo que ella. Y deja una advertencia. Conoció que en Neuquén hay mapuches que se rociaron con nafta para evitar un desalojo: “Si el Gobierno deja venir a Monsanto… hay que pararlo de alguna manera. Y con un muerto no se instala”.

¿Votación?

Durante el primer año de rechazo a Monsanto la Asamblea exigió el derecho a votar por sí o por no. Los tres niveles de Gobierno (municipal, provincial, nacional) se opusieron. Lo propio hizo la empresa. En la actualidad, la asamblea ya no pide votar. “No se puede votar frente a un hecho ilegal. El informe de impacto ambiental le dio negativo. La ley provincial de suelos no le permite instalarse acá. La planta es ilegal”, aclara Eduardo Quispe, sub 40, gorra con visera y remera negra con la M de Monsanto y una calavera. .
Desde el 8 enero de 2014 la planta está, judicialmente, paralizada. Y el 10 de febrero la Provincia le rechazó el estudio de impacto ambiental.
Vanina Barboza también afirma que la instalación de Monsanto en ilegal. No se puede votar sobre la ilegalidad.

Responsables

Soledad Escobar enumera de mayor a menor culpabilidades: Intendente, Gobernador, Presidenta. Y recuerda el ejemplo de Río Cuarto, donde el Intendente vetó la instalación de una estación experimental de Monsanto. Y no olvida cuando el intendente de Malvinas prometió que, si el informe de impacto ambiental daba negativo, él cancelaba el proyecto. No cumplió. “Nos verseó”, resume.
Eli, la dueña de casa, invierte el orden. Cree que el Intendente no tiene capacidad para decidir por Monsanto. Afirma que la Presidenta y el Gobernador son los máximo responsables. “Cristina le abrió la puerta. Ella es la principal responsable”, afirma.
Debaten entre ellos. No hay acuerdo. Sí coinciden que Arzani era un vecino más, pero ya no. Muchos los conocen de chico. Señalan que él tiene campos de soja y que sus padres murieron de cáncer.
En Malvinas nunca había existido una marcha. Mucho menos en cuestionamientos al Intendente, con más de quince años en el poder. Raquel y Vanesa hacen la misma lectura al mismo tiempo. El Intendente nunca pensó que se le armaría semejante lío. Vanina Barboza complementa: “Monsanto reconoció que nunca le había pasado algo similar”.
Ester Quispe apunta al intendente. “Nadie se mete a tu casa si no le abrís la puerta”, razona. Se enoja porque actuó a espaldas de la población. Vanina Barboza, joven estudiante y vocera en varias ocasiones, asegura que el Intendente no es tan inteligente como para traer a Monsanto. Apunta más arriba: “La Cristina (Fernández) los trae”. Recuerda la primera vez que hablaron con los concejales. Le mencionaban “transgénicos” y los funcionarios no sabían nada.
Alguien avisa que no tienen educación. Silvia Vaca lo relativiza. “La Presidenta y el Gobernador son instruidos y se abrazan con Monsanto. Muchos campesinos e indígenas no tienen quizá educación formal, pero saben qué es el modelo agropecuario y defienden la vida”.

El modelo

Vanesa Sartori explica con paciencia docente que Monsanto quiere hacer su mayor planta de maíz transgénico en su barrio, a 800 metros de la escuela y cerca de las casas. Para bioetanol, no para comida, y utilizará millones de litros de agua y pesticidas. Destaca que la empresa y el municipio están violando leyes que prohíben la instalación y, destaca, se vulnera la voluntad de la población. Remata: “Promete trabajo y progreso, pero es falso”.
Ariel Becerra hace hincapié en la salud. Alerta que ya son un pueblo fumigado con agrotóxicos. Y con Monsanto se pueden multiplicar las consecuencias.
Eduardo Quispe le habla a los habitantes de las grandes ciudades. Les pide que no dejen engañar por el verde de la soja, explica que antes era todo monte, y desapareció. “Le dicen progreso, pero las ganancias son privadas y en los territorios queda enfermedad y devastación”. Afirma que es posible otro modelo, de soberanía alimentaria, alimentos sanos para la población.

División

En las dos entrevistas, en dos casas distintas, todos son muy cuidadosos cuando hablan de la separación de la asamblea en dos grupos. Explican que no se comparten algunas formas de lucha, el tema de presentarse a elecciones abrió brechas (un sector fue con candidato a Intendente, salió segundo), el recurrir a acciones directas sin consenso, el imponer mayorías, la democracia representativa versus el asambleísmo, y -reconocen- el tema de egos o los personalismos siempre juegan de alguna manera.
Un sector tiene más sintonía con el acampe. Se trata de un tercer espacio que desde hace dos años es mantenido por un grupo de jóvenes que se asentó y vive en el portón de entrada del predio. Algunos funcionarios o medios le dicen, de manera despectiva, los “hippies”. Otros les desconfían y hasta acusan de estar infiltrados con servicios. También es cierto que estuvieron frente a las represiones. Tienen su autonomía. No actúan siempre en consonancia con la asamblea. Sí coinciden en el rechazo a la empresa.
Ester Quispe señala que ambos grupos son una asamblea, con mismos intereses, luchas y objetivos, pero que algunos han tomado otro camino. Avisa que nunca van a defenestrar a los compañeros. Que hay cosas que no comparten, de las formas y actitudes, pero eso queda para adentro. Incluso lamenta que ella quedó de un lado, y su hermano de otro. Avisa que todos usan la misma remera (negra con vivos verdes). Todos son asamblea, todos rechazan a Monsanto, a la casta política aliada a las corporaciones y cuestionan al modelo agropecuario tóxico.

Futuro

Sin consenso social y en año de elecciones, Monsanto no pudo avanzar durante 2015. Pero no se fue. Ya dejó trascender que en diciembre presentará un nuevo estudio ambiental. Quiere construir en 2016. La empresa sigue presente en el barrio, con procesos de seducción y promesas. Eli Leiría denuncia que Monsanto compra voluntades. Dos ejemplos: donó el generador para la cooperativa eléctrica. Costó 60 mil pesos y lo publicitan incluso en la boleta que llega a las casas. Y las piletas de natación en el polideportivo. Monsanto financia talleres y cursos en escuelas de la zona. También en la iglesia adventista.
Leiría sueña que su hijo siga viviendo en Malvinas. Dice que ahí están sus raíces y que es injusto que por una empresa deban irse. Faustina Quispe (mamá de Eduardo y Ester), mujer mayor, contrapone: “Si Monsanto se instala no hay futuro”.
Marcos Romero es nacido y criado en Malvinas. Está casado con Soledad Escobar, también asambleísta. Tienen cuatro hijos que van a “La Candelaria” (escuela cercana al predio en cuestión). Casi no habló durante la entrevista grupal. Recuerda que veía en otras ciudades que protestaban y cortaban rutas, y lo observaba con mezcla de prejuicio y desinterés. Hasta que se desató lo de Monsanto. “Ahora nos tocó a nosotros. Ya nos dieron palazos y balas de goma. No me importa. Voy a dejar la vida por mis hijos. Ella (Soledad) ya lo sabe”, afirma. Su esposa llora.
Lucas Vaca tiene una mirada optimista. “El futuro lo estamos haciendo todos los días, luchando en la calle, no permitiendo que se instale”. Eduardo Quispe va por más: “Los vecinos están convencidos. Monsanto no tiene chances con nosotros”.
El sábado próximo (19 de septiembre) será el tercer festival “Primavera sin Monsanto”. Se cumplen dos años desde que decidieron bloquear los ingresos.
Ester Quispe avisa que ellos seguirán trabajando en el barrio, informando a vecinos. No bajarán la guardia. Se siguen juntando todos los miércoles y recuerda la bandera presente en las marchas: “No a Monsanto en Córdoba y América Latina”.

Fotos del Acampe contra Monsanto, por Lina Etchesuri

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
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LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
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