Nota
Chubut movilizada: minería de lesa humanidad
“Hacemos responsables del delito de crimen de lesa humanidad y de lesa naturaleza a todos aquellos de Uds. que avalen esta nefasta iniciativa del gobernador. Asimismo, hacemos responsable al Sr. Buzzi de abdicar de sus obligaciones de funcionario público electo y de sembrar la angustia y la zozobra en su pueblo”. Así lo plantea el último párrafo de una nota enviada a los legisladores chubutenses por las asambleas de la provincia, que desde este 4 de julio y en adelante el 4 de cada mes, se movilizarán en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel y Trelew en rechazo al proyecto de ley que busca instalar la minería en un territorio que la tiene prohibida.
El proyecto y el dictado
“Lo que hace el proyecto del gobernador Martín Buzzi es trazar una línea dividiendo Chubut de arriba abajo, y dice: al Oeste de esa línea vamos a preguntarle a los pueblos si quieren minería, y al Este ni le vamos a preguntar. Pero deja claro que hay minería en toda la provincia”. Gráficamente, Humberto Kadomoto explicó así a lavaca el proyecto de ley chubutense.
Kadomoto es integrante de la Asamblea No a la Mina de Esquel, y revela: “Hemos confirmado que el proyecto viene desde la Secretaría de Minería de la Nación, y que se lo dictan a Chubut con la participación de la Cámara de Empresarios Mineros y la Cámara de Empresas Exploradoras de Minería”.
Dividir y reinar
La división de la provincia en dos mitades implica lo siguiente
- En la meseta, el valle y la costa (2/3 de la superficie provincial) se habilita a “desarrollar la actividad minera sin excepción, de todo proyecto que cumpla con lo normado por la presente ley”.
- En la zona cordillerana condiciona cualquier proyecto a que se “haya obtenido la licencia social para ser desarrollado y factibilizado”.
Es decir que se habilita la avanzada minera en toda la provincia, justificada en una reforma tributaria que obligaría a las empresas a aportar más dinero a un “Fondo del Dominio de Recursos Hidrocarburíferos y Mineros” y que establece la asociación público-privada, en la que el Estado tiene el hipotético rol de asegurar “el uso y aprovechamiento racional” de los recursos, según el proyecto que tomó estado parlamentario.
Lo que intentan cambiar
Esta nueva ley intenta anular lo conseguido por los habitantes de Chubut cuando en 2003 promovieron la reglamentación de un proyecto (Ley 5001) que en su Artículo 1º rezaba:
“Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto, y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera”.
Esa ley fue consecuencia de movilizaciones, de ordenanzas dictadas en distintos municipios (Epuyén, El Hoyo) prohibiendo la actividad minera y del plebiscito realizado en Esquel en 2003 en el que el 81 % de los votantes rechazó la iniciación del proyecto El Desquite, entonces en manos de Meridian Gold.
Piedra libre
La división de norte a sur, paralela a la frontera con Chile, deja una franja aproximadamente de 180 kilómetros de Cordillera (por ejemplo la propia Esquel) en los que las comunidades deberán otorgar o no licencia social a los proyectos mineros. Al Este de esa línea no hay consultas, lo que habilita sin más trámite a proyectos como el Navidad, en la meseta chubutense, o el Tijeras, de uranio, cerca de Dolavon en donde su asamblea vecinal se opone al mismo.
Kadomoto: “Esperamos incorporar marchas en la meseta en un futuro, porque allí está la mayor actividad minera”.
Rematar el futuro
La nueva ley no modifica la tasa de regalías –siguen siendo del 3%- pero propone que el Estado se convierta en socio de las empresas extranjeras que llegan a explotar y así traspasar al tesoro público un 8% del volumen total de ventas por la actividad extractiva. Todo su impulso corre paralelo al discurso sobre fuentes de empleo que sería capaz de generar la minería.
La Asamblea Comarcal contra el Saqueo, las asambleas de Esquel y Dolavon, y los Foros Ambientales y Sociales de Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, dicen en su carta a los legisladores: “Señores/as diputados/as: los exhortamos a no destruir la provincia y a la gente que les confió su representación, a no jugar con las necesidades de desocupados que requieren opciones verdaderas de producción y empleo. Los instamos a trabajar junto a nosotros y con nuestro apoyo en la construcción de un futuro, en lugar de sumarse a ese sector de la clase política que utiliza su posición para rematarlo”.
Agregan en otro párrafo: “No existen evidencias documentadas que permitan afirmar que la megaminería pueda ser “sustentable”; muy por el contrario, sobra la información científica y el dolor -ocultado en todo en el mundo- que demuestra que esta actividad destruye el agua, el territorio y la vida en forma irreversible e irrecuperable por milenios”.
Prostitución de una palabra
La Asamblea de Esquel planteó además en un comunicado: “El proyecto de ley del gobernador Buzzi prostituye el término ‘licencia social’ para definir los acuerdos entre empresas transnacionales y el gobernante de turno, mediante la creación de organismos de seguimiento y control viciados y demostradamente inoperantes para fiscalizar las actividades más simples. Incluso el proyecto de ley llega al extremo de plantear el intercambio de contaminación a cambio de supuestos ingresos para la provincia”.
La marcha en Esquel comenzará a las 18 desde Plaza San Martín hasta las oficinas de Yamana Gold. En Trelew, a donde confluirán vecinos de Puerto Madryn y Dovalon, se concentrarán en el Touring Club. Y en Comodoro Rivadavia el encuentro será a las 16 en la Plaza de la Escuela 83. Allí los integrantes del Foro Ambiental Social plantearon: “No habrá licencia social para las empresas multinacionales que saquean nuestros bienes comunes, dejándonos un pasivo ambiental irreparable. El valle y la cordillera, necesitan que Comodoro despierte, salgamos a las calles y defendamos nuestro territorio, que es nuestra identidad”.
Y dicen: “La creatividad debe ser parte de nuestra lucha”.
Nota
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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