La marcha de jubilados de este miércoles se transformó en la verificación de la política oficial de atacar al periodismo, sin razón, fuera de lugar y sin otra necesidad que la de demostrar que la frase “no odiamos lo suficiente al periodismo” no se queda en los tuits. En la foto, Rodrigo Abd, de AP, tras ser atacado por el violento chorro de un camión hidrante por el que terminó en el hospital. Al mismo tiempo Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia sanitaria, que incluye al hospital Garrahan, aunque todo avance de este tipo será seguramente sometido a vetos. Lo que expresa la calle, hasta con pompas de jabón respondidas con golpes, provocaciones policiales y disparos de proyectiles con gas pimienta.

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Nicolás Suárez tiene una cámara de fotos en sus manos. Es reportero del diario La Nación, entre otros medios. Está parado en la esquina de Rivadavia y Paraná, donde también hay una fila de oficiales de la Policía de la Ciudad. Y un camión hidrante. “Estaba frente a los escudos y un policía empezó a empujarnos y luego vació el tarro de gas de frente a mis ojos. A otros compañeros les pasó lo mismo. Fue un ataque a la prensa directo”. 

Nicolás tiene 37 años: “Hoy fue muy claro el direccionamiento hacia la prensa. Los que quedábamos en esa esquina éramos todos reporteros gráficos. Empezaron a mojar con el hidrante, sin ningún tipo de sentido, nadie estaba haciendo absolutamente nada malo. Yo estaba en la vereda cuando un policía me empezó a empujar con el escudo, le pregunté por qué me estaba empujando y al rato fue el mismo que me tiró directo a los ojos”. 

El fotógrafo Rodrigo Abd (AP) recibió el impacto del chorro de agua del hidrante en la cabeza, que lo derribó al piso. Tenía la máscara antigás puesta, uno de los tantos artefactos con los que los periodistas tenemos que trabajar hoy en la calle frente a la represión. Ni siquiera eso sirvió. “Estoy mareado”, le dijo a los profesionales de salud cuando lo socorrieron. Terminó en el hospital.

Rodrigo Abd señala el lugar en el que le golpeó el violento chorro del camión hidrante antidisturbios, que le arrancó su máscara antigás y lo tiró al piso. Lo obvio: no había disturbio alguno, solo violencia gubernamental sobre la prensa.

Al cronista de Crónica TV, Emanuel Herrera, le rompieron el micrófono del móvil y terminó reporteando desde el teléfono. Diego Gómez también fue gaseado. Ya en abril había sido atropellado por un policía motorizado.

Diego Gómez.

Agustín Lecchi es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Dice a lavaca: “Una vez más las y los trabajadores de prensa fuimos víctimas de la represión en la cobertura de las marchas de jubilados frente al Congreso y hoy volvemos a ratificar, en este caso y por segundo miércoles consecutivo que la Policía de la Ciudad, no solamente las fuerzas federales que dependen del gobierno nacional y Patricia Bullrich, ataca específicamente con una saña particular a quienes están garantizando una cobertura periodística y esto es porque no quieren que mostremos lo que está sucediendo, no quieren que se visibilice la protesta y quieren generar miedo y atemorizar a toda la sociedad para que no se multipliquen las protestas. Nosotros desde el SiPreBA así como lo han hecho otras organizaciones como Periodistas Argentinas hemos presentado amparos y hecho denuncias internacionales, y no podemos ni debemos naturalizar esta represión a la prensa ni a la protesta. El trabajo que ejercemos es fundamental para mostrar la movilización de quienes son atacados por un gobierno que baja retenciones a grandes dueños del campo e impuestos a empresarios, y al mismo tiempo veta el aumento de jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad».

Todo lo ocurrido este miércoles sucedió un día después de otro exhibicionismo, a través de la patética prepotencia policial ejercida el martes contra familiares y personas con discapacidad.

Afuera y adentro del Congreso

La marcha de cada semana de jubiladas y jubilados coincidió este miércoles con una sesión maratónica del Congreso donde la oposición logró el quórum para buscar la aprobación de proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, que viene de vetar el aumento del 7,2% a las jubilaciones, la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la Policía de la Ciudad reprimía a jubilados y trabajadores de prensa como la semana pasada, la Cámara de Diputados, completamente vallada, discutía el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades. Este último proyecto de ley logró la media sanción con 158 votos afirmativos.  

En la calle todo era pacífico. La mayor curiosidad fue una de las manifestantes que lanzaba pompas de jabón a los policías blindados.

Pompas de jabón vs golpes y gas pimienta de policías blindados: el objetivo policial en estos actos según fue visible todo este año es el de generar violencia. Los autos, además, no pudieron circular por los cortes de calle efectuados por la propia policía, como pasa todas las semanas, lo que desmiente la teoría del «protocolo».

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue de otro tipo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reportó al menos 25 personas heridas por la brutalidad policial. Denunció que el cuerpo de infantería avanzó disparando proyectiles de Byrna (los balines con pimienta en su interior), “lanzando gas pimienta a mansalva y agua con productos químicos”. El organismo volvió a describir el despliegue como “desproporcionado e irracional” y que el tránsito –supuesto objetivo del Protocolo Antipiquetes– se vio interrumpido por los propios cordones policiales. 

La concentración de este miércoles estuvo marcada por la presencia de muchas otros reclamos además del de jubiladas y jubilados: trabajadores del sector público contra el desguace y desfinanciamiento (INTA, INTI, hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Energía Atómica), o la gráfica Morvillo, que a inicios de este año cerró sus puertas. Hubo un actor que hoy no estuvo, a diferencia de todos los miércoles anteriores: los trabajadores de la Empresa Secco despedidos desde el año pasado y que esta mañana fueron reprimidos por la Policía Federal.

Al Congreso también llegó Silvina, desde Trelew (Chubut), viajando más de 1.300 kilómetros con su nieta Ambar, de 7 años, que tiene parálisis cerebral. Vienen cada cuatro meses para atenderse en el Garrahan. Por eso, dice Silvina, esta situación las afecta doblemente: el desfinanciamiento en discapacidad y al hospital de referencia en pediatría. “Si no tuviéramos la obra social, no podríamos estar costeando nada”, explica. “No hay trabajo, no hay salud, no está dejando sin nada. ¿Qué les diría a los diputados? Que voten a favor del pueblo”.

El papel de Milei

Ricardo tiene 88 años y está sentado en su andador ortopédico. Dice: “Estoy convencido que están ejecutando un plan sistemático, maquiavélico, tendiente a eliminar viejos”. Hace una pausa sutil, y agrega: “No tengo la menor duda de que es así, porque cuando vos le negás a un enfermo oncológico su medicina, y al resto de los jubilados los remedios, es condenarnos a morir. Lo que hace Milei cuando veta nuestro aumento, es desempeñar un papel, una obra de teatro que es de terror. Es un miserable, un energúmeno al servicio de Estados Unidos. Esta situación es insostenible”.

La situación a la que alude Ricardo sumó un nuevo capítulo el lunes pasado, cuando el gobierno nacional vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones, el retorno de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley. Tras el veto, al Poder Ejecutivo le alcanzará con un tercio de sólo una de las cámaras del Congreso para bloquear cualquier intento de confirmación de las leyes. 

Calentando motores

Amanda tiene 86 años y varios carteles: “Fuerza Pablo. Justicia”, “Con los chicos no”, “Nunca más. 30000”. También un guardapolvo blanco escrito a mano donde resalta toda una declaración de principios: “Soy barra, ¡ojo! Y patotera”. Es vecina del Congreso y cuenta que viene porque no puede estar en casa los miércoles: “Me siento impotente ante tanta crueldad, mentira y falsedad. No puedo estar sola en casa. Por eso, vengo”. Amanda mira a su alrededor y se emociona al ver trabajadores universitarios, estatales, del Garrahan, del INTI: “Ojalá no abandonemos nunca la lucha. Ustedes, jóvenes, no la abandonen”.

En la radio abierta que realiza cada miércoles la mesa de todas las organizaciones de jubilados piden “por una gran movilización unificada”, le exigen a la CGT “un paro general que rompa la tregua que tiene con el gobierno” y marcan un camino: “Hay que ir calentando motores. Si confirman el veto en el Congreso, cientos de miles saldremos a la calle, en un gran paro general y una masiva movilización”, imaginan.   

Al lado de donde se establece la radio, con decenas de oradores, hay una señora que se pasa gran parte de la concentración tocando un silbato  mientras ygolpea un palito de madera contra una lata de arvejas vacía. Lleva colgado un cartel; “Jubilada de la mínima por un aumento real. No nos mientan más”. La señora se llama Silvia, tiene 69 años y vive en Ensenada. Es hipertensa y le sacaron dos remedios que recibía de forma gratuita. “Tengo mucha bronca. Venía de chiquita a esta plaza a darle de comer a las palomas y ahora tengo que venir acá, con mi edad y mis piernas que ya no dan más, a estar parada peleando por lo que no nos dan. Trabajé toda mi vida y lo que recibimos del presidente son risas en nuestra cara. Comemos mal, dormimos mal, vivimos mal, no es justo pasar así nuestra vejez”. 

Cuenta que su papá era un obrero de la construcción y que le dejó una frase como legado: “Un país sin construcción no tiene futuro”.

Mientras habla, la columna de las y los trabajadores de Vialidad Nacional se hace cada vez más grande, con personas que vinieron de muchísimas provincias del país como Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Formosa, por nombrar algunas. 

Remata Silvia, con un análisis socioeconómico y un presagio de lo que vendrá: “La plata está mal repartida, nos sobraría porque somos un país rico, pero la guita se va en los poderosos de turno. Nunca vivimos así; el aumento que nos vetaron ni siquiera se acerca a lo que deberíamos cobrar por la canasta básica pero está se va a terminar. Esto irá creciendo cada vez más, porque día a día habrá más y más desempleados, que se venían salvando y mañana van a estar acá”.

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.  

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.  

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003.  A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.

Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.

Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.