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Después de la cacería, la tortura: 16 personas siguen detenidas, su situación empeora y la justicia es cómplice
Hoy las familias de las 16 personas que aún están detenidas desde la cacería de la Ley Gases realizaron una conferencia para reclamar su libertad y la absolución. Relataron cada caso con detalles que anulan cualquier tipo de especulación sobre por qué las y los detuvieron, y que confirman que la cacería fue arbitraria y al voleo, dejando libres a los verdaderos responsables de los supuestos desmanes. Los perfiles: trabajadores y trabajadoras autoconvocadas, que estaban desconcentrando cuando los detuvieron. Uno de ellos aún no pudo ver a su familia, y a las mujeres trasladadas en Ezeiza amenazan con separarlas y pasarlas a pabellones comunes. Mañana a las 16:30 horas en Plaza de Mayo habrá una movilización que tendrá en el centro el reclamo del cese de la persecución, la libertad inmediata de los detenidos y la consigna que vuelve: “Protestar no es un delito”.
Por Lucas Pedulla.
Familiares de las personas detenidas, juntos, en rueda de prensa. Foto: Lucia Prieto
Familiares de detenidos frente al Serpaj. Convocaron a una marcha mañana 16:30hs en Plaza de Mayo.
A las 11 de la mañana de este lunes feriado, mientras la justicia federal se toma un descanso y deja detenidas a 16 personas desde hace una cuatro días, la calle del Servicio Paz y Justicia (Serpaj), en Piedras 730, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empieza a poblarse. Es la segunda convocatoria en pocos días, y a diferencia del encuentro del viernes, masivo, pero dedicado más a una foto de unidad de organizaciones y organismos, este nuevo encuentro estuvo motorizado por familiares y amigues de las personas detenidas durante la protesta contra la Ley Gases, para darle visibilidad a la violencia que sufren desde el miércoles, sus preocupaciones y sus temores, pero sobre todo su voluntad de organizar las próximas acciones para pedir por la liberación y la absolución de las y los acusadxs.
Desde las 12, ante una calle repleta, las familias toman la palabra.
Sostienen los micrófonos temblando, con voz llorosa, pero firme.
Sasha
La primera que habla es Grisel, hermana de Sasha Lyardet, detenida en el penal de Ezeiza. Cuenta que Sasha se estaba retirando de la movilización, en la zona de México y Lima, con Camila Juárez, su compañera de la UNSAM. Que escuchan los disturbios y la policía motorizada empieza a disparar. Que corren. Que Camila se cae, Sasha vuelve a levantarla y ahí la interceptan tres motos que se suben a la vereda y la detienen al grito de “tirate al piso o te disparo y te arrastro de los pelos”. Que las tienen en la vereda dos horas, las suben al camión y “buscándolas amedrentar y generar miedo las pasearon toda la noche” arriba del celular policial. Que a la mañana siguiente las llevan a la comisaría 15, donde las tienen en un pasillo esposadas, en condiciones inhumanas. “Por favor, que la jueza Servini mire las causas y se ponga a trabajar -pide, se le quiebra la voz-. Mi hermana el miércoles cumple años. No nos pueden amedrentar de esta forma. Manifestarse no es delito”.
La calle la abraza: “Libertad, libertad, a los pesos por luchar”, cantan. Grisel informa sobre las detenidas: “Están juntas dándose fuerzas en Ezeiza pero las quieren quebrar pasándolas a pabellón común. Le quiero pedir al Presidente, a la vicepresidenta, al jefe del operativo, a Stornelli y a la jueza que las liberen. Las familias tenemos fuerzas. No vamos a bajar los brazos. Necesitamos a los detenidos libres y, después, vamos a ir por la absolución”.
Aplausos y abrazos.
Nicolás
Nicolás Mayorga, estudiante y trabajador.
Sigue Margarita, mamá de Nicolás Mayorga, también estudiante de la UNSAM y trabajador del canal televisivo TELEFE. Su voz: “No tuve comunicación con Nico desde que fue detenido. Estuve todo el viernes en Comodoro Py esperando si lo podía ver. Ahí no tuve ninguna información hasta las 10 de la noche, cuando nos enteramos que le denegaban la excarcelación, pero sin saber los motivos, ni qué pruebas tienen. El abogado presentó el sábado la apelación, pidiendo la excarcelación, pero como ayer fue domingo y hoy es feriado no tuve ninguna novedad”. Todo tiempo judicial es ilógico y violento para estas familias.
El sábado a la tarde les avisaron que lo trasladaron a Marcos Paz. “Por comentarios en los medios nos enteramos que lo acusan de tirar piedras. Sé que fue a la movilización con la asociación de vecinos de San Martín. Él estudia Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín y también participa ahí. Fueron a manifestarse en rechazo a la Ley de Bases como cualquier persona que tiene sensibilidad social. Lo detuvieron cerca de la UADE (Universidad Argentina de la Empresa, en Lima al 700). Ayer fui hasta Marcos Paz con toda la documentación que requieren en los penales para las visitas, pero no me lo dejaron ver porque el trámite requiere otra autorización. Él tiene una llamada al día de un minuto. La llamó a la esposa y le dijo que estaba bien: eso es lo único que pude saber”.
Margarita cuenta que su hijo trabaja con Camila Juárez en las ollas populares. “Juntan ropa, comida. No tiraron piedras. Se identificaron. Son estudiantes. Tienen familias, trabajo. Nico trabaja hace más de 12 años en Telefé. No son delincuentes como en algunos lugares quieren instalar: son ciudadanos con conciencia social que se fueron a manifestar contra la ley”.
Hace cinco días que no come ni duerme porque se despierta cada media hora: “Quiero que mi hijo esté libre. Hacen esto para que la gente no se exprese, no salga a las calles».
Habla también Melisa, la esposa de Nicolás, y denuncia: “Es un trayecto tortuoso: Nicolás tenía dos balazos de goma en las piernas. Estuvo mucho tiempo sin ser atendido. No son terroristas: son estudiantes. Las acciones terroristas de Sasha, Nicolás y Camila son repartir comida, hacer ollas populares y compartir abrigo”.
Aplausos y abrazos. Vuelve el canto: “Libertad a los presos por luchar”.
Camila
Silvia, la mamá de Camila Juárez, casi no puede hablar porque tiene la voz quebrada. Habla bajito y eso estruja el corazón de esta calle llamada Piedras. Pide perdón porque está sin comer ni dormir. “Cami y los chicos son una muestra de lo que se viene. Me acaba de llamar por teléfono, muy angustiada, llorando, porque le acaban de hacer a ella y a todas las compañeras un perfil, una entrevista, y las quieren mandar a pabellón común. Les pido por favor nos acompañen, necesitamos la unidad de todos. Esto no es una cuestión partidaria, es una cuestión política. Camila y todas las detenidas son el trofeo de ellos, algo ejemplificador, por lo que se viene. Hoy le toca a Cami, mañana le toca a cualquiera. Están avasallando todos nuestros derechos constitucionales. No hay nada que pruebe que alguno de los 33 haya hecho algo como lo que se les imputa. En la causa dicen ‘habrían tirado piedras’, por favor: necesitamos que los libren ya y se termine esta causa”.
Gonzalo Duro y Sofía Ottogalli, exdetenidxs, un abrazo frente a la arbitrariedad y la falta de precisiones sobre las causas de cada detención. Foto: Lucía Prieto
Habla Alan, hermano de Camila: “Acá no había nadie haciendo disturbios. Había gente que se estaba manifestando porque en esa ley de mierda se estaba rifando nuestro futuro. Quieren disciplinarnos para no volver a salir. Tenemos que hacer una movilización bien grande porque es la única manera de liberarlos».
Aplausos y abrazos. La calle devuelve: “Paro paro paro, paro general”.
Grisel pide, por favor, que es importante el acompañamiento de “todos” los sectores políticos.
Y recalca, con sus ojos clarísimos bien abiertos: “Todos, por favor”.
María Paz Cerruti
María Paz es contadora, fotógrafa, profesora de historia y nieta de la Madre de Plaza de Mayo Sara Dorotier de Cobacho, secuestrada por la dictadura y luego liberada. En su familia hay tres personas desaparecidas: Enrique y Oscar Manuel, hijos de Sara, y a María Elena Gómez, pareja de Oscar. En esta calle primero habla Eva, hermana de Maripaz: “Ella pasaba por ahí. Dice su nombre y efectivos se le tiran encima. Hoy también me llamo mi hermana porque le hicieron entrevista penitenciaria donde dicen que la quieren pasar a cárcel común. Separarlas. Por favor pido a la prensa que nos garanticen sus derechos. Necesitamos a todos los organismos para esta situación porque como vemos el terrorismo viene de otro lado».
Luego habla Sergio, su tío: “Fue detenida injustamente. Ha sido viralizado el video que muestra cómo la reducen. Le imputan agredir a una policía cuando se ve que la agreden a ella. Las prácticas no son nuevas, la hemos sufrido en dictadura. Es una medida de disciplinamiento que el gobierno quiere implementar. Nosotros tenemos una historia de lucha con las madres. Nos hemos sobrepuesto como sociedad a momentos muy duros. No nos van a amedrentar».
Luego habla su papá: “No saben cómo nos han hecho bolsa. Lo peor de todo esto son las secuelas que quedan. Espero que la Servini y Stornelli tengan un poquito de razón porque quieren buscar pruebas donde no hay”.
Aplausos y abrazos. Nuevamente el canto: “Libertad a los presos por luchar”.
Ramona
Pide el micrófono Paola, mirada cansada, triste. Tiene 36 años y es una de las hijas de Ramona Tolaba, empleada doméstica en Ciudadela, conurbano bonaerense. Habla despacio, porque se quiebra, dice que su mamá siempre siempre fue solidaria: “Siempre se autoconvoca sola. Nunca estuvo en una organización. Ella es inocente, igual que todas las personas detenidas. Solo pedimos justicia y que mañana martes no la lleven a otras celdas solas, separadas. Pedimos que no las separen. Pedimos justicia. Si tienen videos, fotos de ella por favor que las compartan. Ella es solidaria, no hace quilombo. Siempre está viendo que no se pierdan los derechos. Es muy patriota”. Cuenta que el miércoles se había bajado en Corrientes y Callao, que comió pizza por ahí, que caminó hasta la plaza: “Hay muchas pruebas. Eso lo tienen que ver. Yo sé que va a salir pero por favor les pido que difundan y compartan. Ayuden a que esto no se olvide. La detuvieron arbitrariamente. Exigimos justicia y que nos sigan acompañando”.
Más aplausos, más abrazos.
Juan y Héctor
Pide el micrófono Melina, habla en representación de la familia de Juan Spinetto: “Trabajamos juntos en una escuela en la villa 21 24 de Barracas. Juan es un compañero muy solidario, que siempre está. Fuimos a la marcha con (el sindicato docente) Ademys pero él estaba retirándose con una pareja de jubilados: ahí lo agarran motos de la Policía de la Ciudad. Lo golpearon brutalmente. Es un horror. Exigimos la liberación de todos los detenidos por luchar contra una ley que atenta contra el pueblo argentino».
Luego habla Gastón, hermano de Héctor Mallea. Con pocas palabras lo dice todo: “Es plomero. Tiene dos hijos. Somos trabajadores, no terroristas. Hoy no saben si lo van a largar. Hay una familia desamparada. Nada más. Gracias”.
“Presos políticos nunca más”
También se escuchan voces de algunas de las 17 personas liberadas el viernes. Una es Sofía Ottogalli: “Soy exdetenida. Desde que salimos no puedo dormir. La detención fue ilegal, estábamos corriendo para que no nos caguen a palos ni repriman. Me rompieron el pantalón. A Nico, mi compañero, le dieron un balazo cuando intentaron levantarme. Nos tuvieron en condiciones de mierda, inhumanas, pero no les tenemos miedo. Acá vamos a estar”.
Habla Gonzalo Duro: “Yo fui uno de los detenidos. Si hay alguien antidemocrático es (el fiscal) Stornelli. Plantean que éramos un grupo armado y lo que lograron fue unirnos porque éramos un grupo de 15 desconocidos y ahora somos amigos”.
Habla Lucila Adano, hermana de Santiago: “A mi hermano lo soltaron sin avisarnos. Por suerte lo buscaron de una asamblea porque estaba haciendo dedo. La idea de golpe de Estado se quiso instalar y se trasladó a lo judicial. Hay pruebas que muestran claro que nuestras familiares no son terroristas. Están pasando por encima de la Constitución. Las fotos y videos son las únicas pruebas que tenemos de que somos inocentes. Quiero recordar que la causa sigue y que las personas en libertad aún tienen imputaciones”.
Familiares de detenidos y ex detenidos tomaron la palabra: «Plantean que éramos un grupo armado y lo que lograron fue unirnos porque éramos un grupo de desconocidos y ahora somos amigos”. Foto: Lucía Prieto.
Finalmente, vuelve a tomar la palabra Grisel, hermana de Sasha. Al mismo tiempo de la conferencia en la calle, dentro del Serpaj, estaban reunidos partidos y organismos, deliberando las acciones a convocar a pedido de las familias. Grisel comunica que la decisión es movilizar a una concentración masiva el martes en Plaza de Mayo a las 16.30.
Y emociona: “Necesitamos el acompañamiento de todo el pueblo, de todas las familias que saben que esto es una injusticia y que saben que esto no se puede permitir. Porque nunca más es nunca más. Presos políticos nunca más”.
La calle ovaciona.
Las familias se abrazan, una vez más. No están solas, y lo saben.
Luego, como cierre, circulará el siguiente informe de reunión sobre las medidas de esta semana:
1) Concentración Martes 18/6 en Plaza de Mayo 16.30 hs. Con las consignas:
– Libertad a las y los detenides de la Ley Bases
– Cierre de todas las causas x luchar
– Cese de las persecuciones
– Protestar no es un delito, es un derecho
2) Miércoles 19/6 se presentará el petitorio en Comodoro Py.
3) Jueves 20/6 15hs familiares de detenidos y ex detenidos participarán de la Ronda de las Madres.
4) Se conformará la «Coordinadora x la Libertad de lxs presxs políticxs y por el cierre de todas las causas de la Ley Bases».
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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei
La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.
Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.
El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.
Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Una buena y otra malísima
Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.
La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.
Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…
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Intoxicados
Por Claudia Acuña. Las víctimas intoxicadas con monóxido de carbono se duplicaron este año y ese aumento fue alertado por las empresas distribuidoras de gas: todas expresaron por escrito que la resolución dictada por Carlos Alberto María Casares -el interventor de Enargas (foto)-, implicaba ese peligro. Y sucedió: de la media anual de 300 casos ya hay más de 600 intoxicados en este 2025. Lo más grave: también hay 15 muertos.
La particularidad de estas cifras es clara cuando se agrega la ubicación de los afectados: los barrios porteños de Coghlan, Núñez o Palermo, por ejemplo. No se trata entonces de braseros encendidos en las periferias, sino de las graves consecuencias de un cambio que consagró Casares con la resolución Nª 487 –firmada a fines de agosto del año pasado– y que autoriza a las empresas extractivas a aumentar el poder calorífico del gas que ponen a disposición de las distribuidoras: se elevó de 9.300 a 12.300 calorías por metro cúbico. El peligro: los aparatos domésticos no están preparados para recibir esa potencia. “Uno de los principales puntos de alerta es el riesgo de generación de monóxido de carbono en artefactos que no estén preparados para operar con el nuevo nivel de poder calorífico”, advirtieron por escrito las empresas encargadas de distribuir el gas en todo el país. La Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén también advirtió por escrito a Casares: “esto representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los usuarios del servicio de gas por redes”.
El mayor poder calórico es posible cuando al gas no se le quita ni el propano, ni el butano ni el etano. El cambio de normativa, entonces, ahorra este proceso y beneficia así a las empresas extractiva que operan en Vaca Muerta. especialmente a Techint, holding en el cual Casares trabajó durante 24 años. Para el aumento de calorías alega que se realizaron pruebas que arrojaron “aumentos insignificantes” de emisión de monóxido de carbono, pero las distribuidoras de gas y fabricantes de artefactos domésticos plantearon ante Enargas por escrito que no tuvieron acceso a esas pruebas para deslindar responsabilidades legales. Según las investigaciones de la periodista especializada Luciana Glezer estas fueron las advertencias remitidas:
- Camuzzi Gas, a través de una nota al Ente: interrogó la validez de los ensayos que sostiene la Resolución porque fueron «encargados al IAPG, y los cuales mostraron niveles de generación de monóxido de carbono dentro de la normativa vigente, la generación de monóxido con gases de la que corresponden a los cambios propuestos fue superior a los que correspondían con la calidad de gas actualmente vigente», dice la empresa en la misiva enviada el 16 de septiembre de 2024. «No podemos dejar de mencionar esta comprobada situación y las posibles consecuencias que puede tener sobre la seguridad de las personas», concluyó Camuzzi.
- Naturgy deslindó responsabilidades. «Respecto a las nuevas especificaciones de calidad de gas natural que se autoricen a comercializar en el país, así como su incidencia en los procesos de combustión, exceden claramente la competencia y responsabilidad de esta distribuidora», dice la nota de Naturgy, fechada el 13 de septiembre.
- Ecogas consideró «necesario manifestar que no puede garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos diseñados para operar con los parámetros actuales».
Otro beneficio de la actual gestión para el holding Techint: Glezer también informa que “un error” en el cálculo de previsión de Enargas motivó que el Estado tuviera que pagar casi el doble por el gas de Vaca Muerta.
Las consecuencias:
Un informe publicado en 2 de julio pasado en el portal Chequeado informa que los casos por intoxicación con monóxido de carbono aumentaron este año un 57% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. También recuerda que la media de casos anuales es de 300 mientras que a junio de este año ya se habían registrado 473.
Restaba entonces conocer los datos del mes más riesgoso: julio. El relevamiento realizado por lavaca del registro de notas periodísticas sobre los desastres sembrados por el exceso de monóxido de carbono eleva la cifra a 605 intoxicaciones y 15 muertos. Algunos casos:
- En sólo tres días el Hospital Materno Infantil de La Plata atendió 32 niños intoxicados con monóxido de carbono. Cinco pacientes fueron menores de un año, siete menores de cinco años y veinte entre los seis y catorce años de edad.
- En Córdoba hubo seis muertos, en Santa Fe tres y en Chaco dos: un padre de 25 años y su hijo de 4.
En tanto en la Cámara de Diputados de la Nación se espera el avance del proyecto que presentó la diputada Micaela Morán (Frente Renovador) para citar a empresas, distribuidoras y autoridades en una audiencia que investigue la relación entre el aumento de casos y la nueva regulación.
FUENTES
1/7/25
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