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Pegarle al mensajero

La marcha de jubilados de este miércoles se transformó en la verificación de la política oficial de atacar al periodismo, sin razón, fuera de lugar y sin otra necesidad que la de demostrar que la frase “no odiamos lo suficiente al periodismo” no se queda en los tuits. En la foto, Rodrigo Abd, de AP, tras ser atacado por el violento chorro de un camión hidrante por el que terminó en el hospital. Al mismo tiempo Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia sanitaria, que incluye al hospital Garrahan, aunque todo avance de este tipo será seguramente sometido a vetos. Lo que expresa la calle, hasta con pompas de jabón respondidas con golpes, provocaciones policiales y disparos de proyectiles con gas pimienta.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi
Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org
Nicolás Suárez tiene una cámara de fotos en sus manos. Es reportero del diario La Nación, entre otros medios. Está parado en la esquina de Rivadavia y Paraná, donde también hay una fila de oficiales de la Policía de la Ciudad. Y un camión hidrante. “Estaba frente a los escudos y un policía empezó a empujarnos y luego vació el tarro de gas de frente a mis ojos. A otros compañeros les pasó lo mismo. Fue un ataque a la prensa directo”.
Nicolás tiene 37 años: “Hoy fue muy claro el direccionamiento hacia la prensa. Los que quedábamos en esa esquina éramos todos reporteros gráficos. Empezaron a mojar con el hidrante, sin ningún tipo de sentido, nadie estaba haciendo absolutamente nada malo. Yo estaba en la vereda cuando un policía me empezó a empujar con el escudo, le pregunté por qué me estaba empujando y al rato fue el mismo que me tiró directo a los ojos”.
El fotógrafo Rodrigo Abd (AP) recibió el impacto del chorro de agua del hidrante en la cabeza, que lo derribó al piso. Tenía la máscara antigás puesta, uno de los tantos artefactos con los que los periodistas tenemos que trabajar hoy en la calle frente a la represión. Ni siquiera eso sirvió. “Estoy mareado”, le dijo a los profesionales de salud cuando lo socorrieron. Terminó en el hospital.

Rodrigo Abd señala el lugar en el que le golpeó el violento chorro del camión hidrante antidisturbios, que le arrancó su máscara antigás y lo tiró al piso. Lo obvio: no había disturbio alguno, solo violencia gubernamental sobre la prensa.
Al cronista de Crónica TV, Emanuel Herrera, le rompieron el micrófono del móvil y terminó reporteando desde el teléfono. Diego Gómez también fue gaseado. Ya en abril había sido atropellado por un policía motorizado.

Diego Gómez.
Agustín Lecchi es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Dice a lavaca: “Una vez más las y los trabajadores de prensa fuimos víctimas de la represión en la cobertura de las marchas de jubilados frente al Congreso y hoy volvemos a ratificar, en este caso y por segundo miércoles consecutivo que la Policía de la Ciudad, no solamente las fuerzas federales que dependen del gobierno nacional y Patricia Bullrich, ataca específicamente con una saña particular a quienes están garantizando una cobertura periodística y esto es porque no quieren que mostremos lo que está sucediendo, no quieren que se visibilice la protesta y quieren generar miedo y atemorizar a toda la sociedad para que no se multipliquen las protestas. Nosotros desde el SiPreBA así como lo han hecho otras organizaciones como Periodistas Argentinas hemos presentado amparos y hecho denuncias internacionales, y no podemos ni debemos naturalizar esta represión a la prensa ni a la protesta. El trabajo que ejercemos es fundamental para mostrar la movilización de quienes son atacados por un gobierno que baja retenciones a grandes dueños del campo e impuestos a empresarios, y al mismo tiempo veta el aumento de jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad».
Todo lo ocurrido este miércoles sucedió un día después de otro exhibicionismo, a través de la patética prepotencia policial ejercida el martes contra familiares y personas con discapacidad.

Afuera y adentro del Congreso
La marcha de cada semana de jubiladas y jubilados coincidió este miércoles con una sesión maratónica del Congreso donde la oposición logró el quórum para buscar la aprobación de proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, que viene de vetar el aumento del 7,2% a las jubilaciones, la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la Policía de la Ciudad reprimía a jubilados y trabajadores de prensa como la semana pasada, la Cámara de Diputados, completamente vallada, discutía el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades. Este último proyecto de ley logró la media sanción con 158 votos afirmativos.
En la calle todo era pacífico. La mayor curiosidad fue una de las manifestantes que lanzaba pompas de jabón a los policías blindados.

Pompas de jabón vs golpes y gas pimienta de policías blindados: el objetivo policial en estos actos según fue visible todo este año es el de generar violencia. Los autos, además, no pudieron circular por los cortes de calle efectuados por la propia policía, como pasa todas las semanas, lo que desmiente la teoría del «protocolo».
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue de otro tipo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reportó al menos 25 personas heridas por la brutalidad policial. Denunció que el cuerpo de infantería avanzó disparando proyectiles de Byrna (los balines con pimienta en su interior), “lanzando gas pimienta a mansalva y agua con productos químicos”. El organismo volvió a describir el despliegue como “desproporcionado e irracional” y que el tránsito –supuesto objetivo del Protocolo Antipiquetes– se vio interrumpido por los propios cordones policiales.

La concentración de este miércoles estuvo marcada por la presencia de muchas otros reclamos además del de jubiladas y jubilados: trabajadores del sector público contra el desguace y desfinanciamiento (INTA, INTI, hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Energía Atómica), o la gráfica Morvillo, que a inicios de este año cerró sus puertas. Hubo un actor que hoy no estuvo, a diferencia de todos los miércoles anteriores: los trabajadores de la Empresa Secco despedidos desde el año pasado y que esta mañana fueron reprimidos por la Policía Federal.
Al Congreso también llegó Silvina, desde Trelew (Chubut), viajando más de 1.300 kilómetros con su nieta Ambar, de 7 años, que tiene parálisis cerebral. Vienen cada cuatro meses para atenderse en el Garrahan. Por eso, dice Silvina, esta situación las afecta doblemente: el desfinanciamiento en discapacidad y al hospital de referencia en pediatría. “Si no tuviéramos la obra social, no podríamos estar costeando nada”, explica. “No hay trabajo, no hay salud, no está dejando sin nada. ¿Qué les diría a los diputados? Que voten a favor del pueblo”.

El papel de Milei
Ricardo tiene 88 años y está sentado en su andador ortopédico. Dice: “Estoy convencido que están ejecutando un plan sistemático, maquiavélico, tendiente a eliminar viejos”. Hace una pausa sutil, y agrega: “No tengo la menor duda de que es así, porque cuando vos le negás a un enfermo oncológico su medicina, y al resto de los jubilados los remedios, es condenarnos a morir. Lo que hace Milei cuando veta nuestro aumento, es desempeñar un papel, una obra de teatro que es de terror. Es un miserable, un energúmeno al servicio de Estados Unidos. Esta situación es insostenible”.

La situación a la que alude Ricardo sumó un nuevo capítulo el lunes pasado, cuando el gobierno nacional vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones, el retorno de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley. Tras el veto, al Poder Ejecutivo le alcanzará con un tercio de sólo una de las cámaras del Congreso para bloquear cualquier intento de confirmación de las leyes.

Calentando motores
Amanda tiene 86 años y varios carteles: “Fuerza Pablo. Justicia”, “Con los chicos no”, “Nunca más. 30000”. También un guardapolvo blanco escrito a mano donde resalta toda una declaración de principios: “Soy barra, ¡ojo! Y patotera”. Es vecina del Congreso y cuenta que viene porque no puede estar en casa los miércoles: “Me siento impotente ante tanta crueldad, mentira y falsedad. No puedo estar sola en casa. Por eso, vengo”. Amanda mira a su alrededor y se emociona al ver trabajadores universitarios, estatales, del Garrahan, del INTI: “Ojalá no abandonemos nunca la lucha. Ustedes, jóvenes, no la abandonen”.

En la radio abierta que realiza cada miércoles la mesa de todas las organizaciones de jubilados piden “por una gran movilización unificada”, le exigen a la CGT “un paro general que rompa la tregua que tiene con el gobierno” y marcan un camino: “Hay que ir calentando motores. Si confirman el veto en el Congreso, cientos de miles saldremos a la calle, en un gran paro general y una masiva movilización”, imaginan.
Al lado de donde se establece la radio, con decenas de oradores, hay una señora que se pasa gran parte de la concentración tocando un silbato mientras ygolpea un palito de madera contra una lata de arvejas vacía. Lleva colgado un cartel; “Jubilada de la mínima por un aumento real. No nos mientan más”. La señora se llama Silvia, tiene 69 años y vive en Ensenada. Es hipertensa y le sacaron dos remedios que recibía de forma gratuita. “Tengo mucha bronca. Venía de chiquita a esta plaza a darle de comer a las palomas y ahora tengo que venir acá, con mi edad y mis piernas que ya no dan más, a estar parada peleando por lo que no nos dan. Trabajé toda mi vida y lo que recibimos del presidente son risas en nuestra cara. Comemos mal, dormimos mal, vivimos mal, no es justo pasar así nuestra vejez”.

Cuenta que su papá era un obrero de la construcción y que le dejó una frase como legado: “Un país sin construcción no tiene futuro”.
Mientras habla, la columna de las y los trabajadores de Vialidad Nacional se hace cada vez más grande, con personas que vinieron de muchísimas provincias del país como Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Formosa, por nombrar algunas.
Remata Silvia, con un análisis socioeconómico y un presagio de lo que vendrá: “La plata está mal repartida, nos sobraría porque somos un país rico, pero la guita se va en los poderosos de turno. Nunca vivimos así; el aumento que nos vetaron ni siquiera se acerca a lo que deberíamos cobrar por la canasta básica pero está se va a terminar. Esto irá creciendo cada vez más, porque día a día habrá más y más desempleados, que se venían salvando y mañana van a estar acá”.

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El protocolo de Bullrich es nulo

Por Claudia Acuña
El juez federal Martín Cormik declaró nulo el protocolo de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al considerar que ninguna norma administrativa puede limitar derechos constitucionales.
El fallo sienta un precedente jurídico que pone un límite a las facultades del Poder Ejecutivo ya que dicho protocolo “conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de «instruir» al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”.
También considera que el protocolo es ilegítimo porque “no cumple los requisitos de motivación ni de razonabilidad exigidos por la Constitución”. En consecuencia, lo declara nulo y promueve que las personas afectadas inicien las demandas de reparación pertinentes en el ámbito de fuero penal.
El fallo responde así y positivamente a la acción iniciada por Sipreba y Argra, entre otras organizaciones sociales, representadas por el Cels cuyo director Diego Morales sintetiza así la importancia de esta resolución: “El punto más importante es que la decisión le pone un límite al Ministerio de seguridad al momento de regular -bajo la figura o el ropaje de instrucciones a los funcionarios policiales- conductas de los ciudadanos que están garantizadas por la Constitución. Este me parece que es el dato más importante y que no lo habíamos visto en las otras acciones que presentamos“.
Segundo punto a destacar: “También le pone un límite a que el Ministerio imponga que el derecho a manifestarse es un delito, y que a partir de esta caracterización realice operativos para evitarlas”.
El tercer punto no es menor: los efectos que ha sembrado la aplicación de este protocolo ahora considerado nulo. “El más grave es el caso del fotógrafo Pablo Grillo y también que dos personas hayan perdido el ojo, pero además de muchos heridos hubo más de 200 detenciones arbitrarias y constantes agresiones a la prensa. Es decir que una norma ahora considerada ilegítima ha dejado personas afectadas en sus cuerpos y en sus derechos”.
Morales descuenta que el Ministerio apelará este fallo, pero también que la justicia avalará que hasta tanto se resuelva ese trámite judicial el protocolo quede anulado. En ese sentido destaca la presentación que realizó ante la justicia Periodistas Argentinas, que llegó hasta la Corte Suprema y esa máxima instancia judicial determinó que el fuero competente para dictaminar es justamente el que ahora ha declarado nulo el protocolo.
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La policía porteña con permiso para matar

En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.
En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas:
- El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González.
- Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.
El crimen de Lugano
Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.

El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.
Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.

Nelly, la viuda de Gabriel.
Tirar a matar en Constitución
El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.
Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.

Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.
Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”.
La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.
Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.
El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.
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La justicia identificó y procesó al policía agresor de la jubilada Beatriz Blanco

La jueza María Servini de Cubría, titular del juzgado Criminal y Correccional Federal 1, identificó y procesó al integrante de la Policía Federal que golpeó a la jubilada Beatriz Blanco el 12 de marzo de este año.
Se trata del inspector Nicolás Emanuel Céspedez y fue imputado por lesiones agravadas.
La jueza le impuso un embargo de 40 millones de pesos y, sin bien lo eximió de prisión preventiva, le ordenó que informe sus movimientos y lo citó el lunes próximo para notificarlo. Servini consideró que el uso desmedido de la fuerza ejercida contra una anciana de 82 años fue evidente: «No hace falta ver su documento de identidad para notar su fragilidad».

Beatriz Blanco tras ser golpeada por el inspector Nicolás Céspedez.
Céspedez golpeó a la jubilada haciéndola caer de nuca, y además ni él ni ninguno de los otros policías intentaron ayudarla, por lo que tuvo que ser inmediatamente evacuada y hospitalizada.
La jueza Servini describe Beatriz fue rociada con gas pimienta y luego empujada “sufriendo un traumatismo cefálico en la región de la nuca (occipito -parietal derecha/izquierda) que derivó en el diagnóstico de Traumatismo encefalocraneano sin pérdida de la conciencia con herida cortante en región occipital”
Plantea el procesamiento: “…el imputado hizo uso desmedido, desproporcionado y exagerado de la fuerza contra una mujer mayor de 82 años de edad, indefensa que no presentaba peligro para la autoridad, lesionándola y apartándose así de la normativa vigente que rige en la materia”.
Agrega: “… se encuentra probado que existió por parte de Nicolás Emanuel Céspedez, dolo directo, o sea éste tuvo la voluntad de atacar físicamente a la Sra. Beatriz Blanco, y habiendo tenido tiempo para reaccionar con otra conducta no lo hizo”. El delito se agrava cuando el hecho se comete «Abusando de su función o cargo, cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales, o del servicio Penitenciario».
Otro párrafo crucial: «Sobre la especial calidad del sujeto activo que prevé la fórmula legal, corresponde indicar que: ‘El fundamento es que no solo se atenta contra la vida humana, sino que además el autor omite cumplir con el deber de otorgar seguridad y protección a los ciudadanos, defraudando así las expectativas depositadas en el correcto desempeño de su cargo o función»
Concluye la jueza: “Todo ello me permite concluir que las lesiones sufridas por Beatriz Blanco, derivadas de la conducta del imputado que se juzga en este acápite, efectivamente implicó una acción totalmente arbitraria por parte de Céspedez y en un claro abuso de su función, en carácter de miembro de una fuerza de seguridad”.
El próximo lunes 22 Céspedez deberá presentarse en el juzgado para ser notificado de su procesamiento.

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