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Pegarle al mensajero

La marcha de jubilados de este miércoles se transformó en la verificación de la política oficial de atacar al periodismo, sin razón, fuera de lugar y sin otra necesidad que la de demostrar que la frase “no odiamos lo suficiente al periodismo” no se queda en los tuits. En la foto, Rodrigo Abd, de AP, tras ser atacado por el violento chorro de un camión hidrante por el que terminó en el hospital. Al mismo tiempo Diputados dio media sanción al proyecto de financiamiento universitario y el de emergencia sanitaria, que incluye al hospital Garrahan, aunque todo avance de este tipo será seguramente sometido a vetos. Lo que expresa la calle, hasta con pompas de jabón respondidas con golpes, provocaciones policiales y disparos de proyectiles con gas pimienta.
Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi
Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org
Nicolás Suárez tiene una cámara de fotos en sus manos. Es reportero del diario La Nación, entre otros medios. Está parado en la esquina de Rivadavia y Paraná, donde también hay una fila de oficiales de la Policía de la Ciudad. Y un camión hidrante. “Estaba frente a los escudos y un policía empezó a empujarnos y luego vació el tarro de gas de frente a mis ojos. A otros compañeros les pasó lo mismo. Fue un ataque a la prensa directo”.
Nicolás tiene 37 años: “Hoy fue muy claro el direccionamiento hacia la prensa. Los que quedábamos en esa esquina éramos todos reporteros gráficos. Empezaron a mojar con el hidrante, sin ningún tipo de sentido, nadie estaba haciendo absolutamente nada malo. Yo estaba en la vereda cuando un policía me empezó a empujar con el escudo, le pregunté por qué me estaba empujando y al rato fue el mismo que me tiró directo a los ojos”.
El fotógrafo Rodrigo Abd (AP) recibió el impacto del chorro de agua del hidrante en la cabeza, que lo derribó al piso. Tenía la máscara antigás puesta, uno de los tantos artefactos con los que los periodistas tenemos que trabajar hoy en la calle frente a la represión. Ni siquiera eso sirvió. “Estoy mareado”, le dijo a los profesionales de salud cuando lo socorrieron. Terminó en el hospital.

Rodrigo Abd señala el lugar en el que le golpeó el violento chorro del camión hidrante antidisturbios, que le arrancó su máscara antigás y lo tiró al piso. Lo obvio: no había disturbio alguno, solo violencia gubernamental sobre la prensa.
Al cronista de Crónica TV, Emanuel Herrera, le rompieron el micrófono del móvil y terminó reporteando desde el teléfono. Diego Gómez también fue gaseado. Ya en abril había sido atropellado por un policía motorizado.

Diego Gómez.
Agustín Lecchi es el secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Dice a lavaca: “Una vez más las y los trabajadores de prensa fuimos víctimas de la represión en la cobertura de las marchas de jubilados frente al Congreso y hoy volvemos a ratificar, en este caso y por segundo miércoles consecutivo que la Policía de la Ciudad, no solamente las fuerzas federales que dependen del gobierno nacional y Patricia Bullrich, ataca específicamente con una saña particular a quienes están garantizando una cobertura periodística y esto es porque no quieren que mostremos lo que está sucediendo, no quieren que se visibilice la protesta y quieren generar miedo y atemorizar a toda la sociedad para que no se multipliquen las protestas. Nosotros desde el SiPreBA así como lo han hecho otras organizaciones como Periodistas Argentinas hemos presentado amparos y hecho denuncias internacionales, y no podemos ni debemos naturalizar esta represión a la prensa ni a la protesta. El trabajo que ejercemos es fundamental para mostrar la movilización de quienes son atacados por un gobierno que baja retenciones a grandes dueños del campo e impuestos a empresarios, y al mismo tiempo veta el aumento de jubilaciones y la ley de emergencia en discapacidad».
Todo lo ocurrido este miércoles sucedió un día después de otro exhibicionismo, a través de la patética prepotencia policial ejercida el martes contra familiares y personas con discapacidad.

Afuera y adentro del Congreso
La marcha de cada semana de jubiladas y jubilados coincidió este miércoles con una sesión maratónica del Congreso donde la oposición logró el quórum para buscar la aprobación de proyectos incómodos para el gobierno de Javier Milei, que viene de vetar el aumento del 7,2% a las jubilaciones, la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la Policía de la Ciudad reprimía a jubilados y trabajadores de prensa como la semana pasada, la Cámara de Diputados, completamente vallada, discutía el financiamiento al Hospital Garrahan y a las universidades. Este último proyecto de ley logró la media sanción con 158 votos afirmativos.
En la calle todo era pacífico. La mayor curiosidad fue una de las manifestantes que lanzaba pompas de jabón a los policías blindados.

Pompas de jabón vs golpes y gas pimienta de policías blindados: el objetivo policial en estos actos según fue visible todo este año es el de generar violencia. Los autos, además, no pudieron circular por los cortes de calle efectuados por la propia policía, como pasa todas las semanas, lo que desmiente la teoría del «protocolo».
La respuesta de las fuerzas de seguridad fue de otro tipo. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reportó al menos 25 personas heridas por la brutalidad policial. Denunció que el cuerpo de infantería avanzó disparando proyectiles de Byrna (los balines con pimienta en su interior), “lanzando gas pimienta a mansalva y agua con productos químicos”. El organismo volvió a describir el despliegue como “desproporcionado e irracional” y que el tránsito –supuesto objetivo del Protocolo Antipiquetes– se vio interrumpido por los propios cordones policiales.

La concentración de este miércoles estuvo marcada por la presencia de muchas otros reclamos además del de jubiladas y jubilados: trabajadores del sector público contra el desguace y desfinanciamiento (INTA, INTI, hospital Garrahan, Vialidad Nacional, Comisión Nacional de Energía Atómica), o la gráfica Morvillo, que a inicios de este año cerró sus puertas. Hubo un actor que hoy no estuvo, a diferencia de todos los miércoles anteriores: los trabajadores de la Empresa Secco despedidos desde el año pasado y que esta mañana fueron reprimidos por la Policía Federal.
Al Congreso también llegó Silvina, desde Trelew (Chubut), viajando más de 1.300 kilómetros con su nieta Ambar, de 7 años, que tiene parálisis cerebral. Vienen cada cuatro meses para atenderse en el Garrahan. Por eso, dice Silvina, esta situación las afecta doblemente: el desfinanciamiento en discapacidad y al hospital de referencia en pediatría. “Si no tuviéramos la obra social, no podríamos estar costeando nada”, explica. “No hay trabajo, no hay salud, no está dejando sin nada. ¿Qué les diría a los diputados? Que voten a favor del pueblo”.

El papel de Milei
Ricardo tiene 88 años y está sentado en su andador ortopédico. Dice: “Estoy convencido que están ejecutando un plan sistemático, maquiavélico, tendiente a eliminar viejos”. Hace una pausa sutil, y agrega: “No tengo la menor duda de que es así, porque cuando vos le negás a un enfermo oncológico su medicina, y al resto de los jubilados los remedios, es condenarnos a morir. Lo que hace Milei cuando veta nuestro aumento, es desempeñar un papel, una obra de teatro que es de terror. Es un miserable, un energúmeno al servicio de Estados Unidos. Esta situación es insostenible”.

La situación a la que alude Ricardo sumó un nuevo capítulo el lunes pasado, cuando el gobierno nacional vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones, el retorno de la moratoria previsional y la ley de emergencia en discapacidad. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley. Tras el veto, al Poder Ejecutivo le alcanzará con un tercio de sólo una de las cámaras del Congreso para bloquear cualquier intento de confirmación de las leyes.

Calentando motores
Amanda tiene 86 años y varios carteles: “Fuerza Pablo. Justicia”, “Con los chicos no”, “Nunca más. 30000”. También un guardapolvo blanco escrito a mano donde resalta toda una declaración de principios: “Soy barra, ¡ojo! Y patotera”. Es vecina del Congreso y cuenta que viene porque no puede estar en casa los miércoles: “Me siento impotente ante tanta crueldad, mentira y falsedad. No puedo estar sola en casa. Por eso, vengo”. Amanda mira a su alrededor y se emociona al ver trabajadores universitarios, estatales, del Garrahan, del INTI: “Ojalá no abandonemos nunca la lucha. Ustedes, jóvenes, no la abandonen”.

En la radio abierta que realiza cada miércoles la mesa de todas las organizaciones de jubilados piden “por una gran movilización unificada”, le exigen a la CGT “un paro general que rompa la tregua que tiene con el gobierno” y marcan un camino: “Hay que ir calentando motores. Si confirman el veto en el Congreso, cientos de miles saldremos a la calle, en un gran paro general y una masiva movilización”, imaginan.
Al lado de donde se establece la radio, con decenas de oradores, hay una señora que se pasa gran parte de la concentración tocando un silbato mientras ygolpea un palito de madera contra una lata de arvejas vacía. Lleva colgado un cartel; “Jubilada de la mínima por un aumento real. No nos mientan más”. La señora se llama Silvia, tiene 69 años y vive en Ensenada. Es hipertensa y le sacaron dos remedios que recibía de forma gratuita. “Tengo mucha bronca. Venía de chiquita a esta plaza a darle de comer a las palomas y ahora tengo que venir acá, con mi edad y mis piernas que ya no dan más, a estar parada peleando por lo que no nos dan. Trabajé toda mi vida y lo que recibimos del presidente son risas en nuestra cara. Comemos mal, dormimos mal, vivimos mal, no es justo pasar así nuestra vejez”.

Cuenta que su papá era un obrero de la construcción y que le dejó una frase como legado: “Un país sin construcción no tiene futuro”.
Mientras habla, la columna de las y los trabajadores de Vialidad Nacional se hace cada vez más grande, con personas que vinieron de muchísimas provincias del país como Chubut, Santiago del Estero, Tucumán, San Luis, Corrientes, Neuquén, Entre Ríos, Formosa, por nombrar algunas.
Remata Silvia, con un análisis socioeconómico y un presagio de lo que vendrá: “La plata está mal repartida, nos sobraría porque somos un país rico, pero la guita se va en los poderosos de turno. Nunca vivimos así; el aumento que nos vetaron ni siquiera se acerca a lo que deberíamos cobrar por la canasta básica pero está se va a terminar. Esto irá creciendo cada vez más, porque día a día habrá más y más desempleados, que se venían salvando y mañana van a estar acá”.

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Caputo ignora al Congreso y al Poder Judicial, y despide a cientos de trabajadores del INTA

Un total de 247 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumados otros que integraban los institutos de Semillas y Vitivinicultura pasaron a “disponibilidad” lo cual implica un despido en términos prácticos de unas 400 personas, según la Agencia Tierra Viva. La medida del ministro de Economía Luis Caputo ignora lo decidido por la Cámara de Senadores la semana pasada, que dejó sin efecto el decreto de Javier Milei que modificaba la estructura del INTA. La jueza Martina Forns había ordenado además que no se realicen cambios en el organismo. Reproducimos aquí el artículo completo que explica la situación, y detalla los pasos a seguir frente a la medida ilegal tomada por Caputo.
Por Agencia Tierra Viva
(agenciatierraviva.com.ar)
El Gobierno despidió a 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo hizo luego de que el Senado rechazara —por 60 votos afirmativos contra diez negativos— el Decreto 462 que «reorganizaba» el INTA y el Inase, y eliminaba el INV y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci). La decisión ignora además la admisión, por parte del Poder Judicial Federal, de una medida cautelar que presentaron los sindicatos para evitar nuevos despidos. “Esto muestra el perfil de un Gobierno que avanza sobre una lógica poco democrática y que no contempla nada que frene sus ideas y sus proyectos”, dijo Sebastián Fajardo, trabajador y delegado del sindicato ATE.
La Resolución 1240 emitida por el Gobierno echa de sus trabajos, bajo el eufemismo de «pase a disponibilidad», a 247 personas del INTA. Con base en la eliminación del Inase echa a ocho trabajadores; y en la transformación del INV, despide a otros 51. Los gremios anticiparon que harán una nueva presentación legal.
Mario Romero, secretario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), señaló, sobre lo ocurrido en el Senado: “Ni en el mejor escenario que nos habíamos planteado teníamos ese número de votos en rechazo al decreto del Presidente. Esto nos pone muy orgullosos por la valoración que se hace sobre la labor de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del INTA en todo el país”. En relación a la posterior resolución del Gobierno, afirmó: “Cuando el Ejecutivo tiene una derrota en lo judicial o en lo legislativo, profundiza su postura y no analiza si es legal o ilegal. Se lleva por delante la institucionalidad, la división de poderes y la legislación”.
Y subrayó: “Esta situación afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores y de las trabajadoras. Cualquier cosa que le pase a algún trabajador del INTA de los que están en esa lista, será responsabilidad de Nicolás Bronzovich (actual presidente del organismo) porque él firmó esa resolución”.
Los trabajadores ingresaron el viernes 22 de agosto a las oficinas, ficharon y cumplieron sus tareas habituales. Sebastián Fajardo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Las medidas del Gobierno desconocen lo que definió el Congreso y la respuesta que hubo a la cautelar. La resolución no tiene validez porque está apoyada sobre un andamiaje que ya no existe debido a la caída del decreto 462. Vamos a seguir dando la pelea porque el Gobierno está flojo de papeles”.
Sobre la votación en el Congreso, consideró que hay “una coyuntura política en la que se está teniendo un comportamiento distinto al del año pasado en relación a la independencia de poderes, que se cruza con el cierre de listas” y señaló que se suma a “una gran tarea que hicimos los trabajadores y distintos sectores en defensa del INTA”. Destacó la presencia en las calles con protestas, en los medios de comunicación y en reuniones que mantuvieron con diputados y senadores.
Explicó que se mantienen en pie de lucha ante la nueva resolución. “Pasar a disponibilidad significa entrar en una bolsa general y, depende de la antigüedad que tengas, hay un mínimo de seis meses y un máximo de doce donde te pagan aproximadamente el 50 por ciento de tu salario. Es una ‘oportunidad’ para que consigas otro lugar en el Estado Nacional donde te acepten. Pero eso, por los antecedentes que hay por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, es imposible. Es una agonía hacia el despido”, describió. Él mismo, pese a ser delegado gremial, está incluido en los listados publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.
Para Fajardo, la nueva resolución “marca claramente la intención de desguazar al INTA”. Y marca el “sesgo ideológico” del listado: “Queda claro que todas las unidades que veníamos teniendo tareas con la agricultura familiar y con la agroecología quedan cerradas y con pase a disponibilidad”.
Ricardo Garzia, secretario adjunto de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), añadió que “el Cipaf, los institutos y la políticas de agricultura familiar son los más atacados”. Y adelantó que se reunirá con gremios y organismos para «transformar la crisis en un cambio de representación en la mesa directiva del INTA, para romper con las falacias con las que el Gobierno atacó al sector».
“El INTA estaba haciendo muy bien las cosas para el modelo agroexportador, así que el INTA que queremos salvar no es el que teníamos. Es uno que incluya al 100 por ciento de la ruralidad argentina, no para el asistencialismo sino para la producción, la dignidad y el arraigo”, adelantó.

Del Decreto 462 al Senado
El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, el Inafci, el Inase y la Comisión Nacional de Semillas. Y ordenó la «transformación» del INTA y el INV.
Eliminó la autarquía que tuvo históricamente el INTA. Depositaba en un presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegaba en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.
También reemplazaba el Consejo Directivo, formado por cinco representantes del ámbito público y cinco del privado, por un Consejo Técnico de siete miembros elegidos por el Ejecutivo, cuatro de ellos en representación de los productores agropecuarios. El decreto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Javier Milei lo rubricó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, que vencieron en julio pasado.
Tras la firma del Decreto 462, el Ejecutivo firmó otro (466) que nombraba a Nicolás Bronzovich como presidente, cargo que ya ocupaba desde octubre de 2024.
Sólo un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de “transformación”. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA. A través del Decreto 585 pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia.
Las medidas de Bronzovich motivaron el accionar judicial de los sindicatos ATE y de Apinta. Presentaron una medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición el miércoles 20 de agosto. Ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Estableció el plazo de la medida por seis meses.
Tras la derogación en el Senado, Romero aclaró: “Los decretos 571 y 585 hacen referencia al 462. O sea que si se cae el 462, los otros también tendrían que caer. El lunes se tiene que hacer cargo el Director Nacional que estaba antes de la disolución de la Dirección y los consejeros nacionales del INTA que venían en representación de las entidades del campo, de las universidades y del Gobierno. El INTA tiene que volver a ser un organismo autárquico, con su fuente de financiamiento y su gobernanza”.

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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.

Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.

El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.

Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
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Una buena y otra malísima

Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.

La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.

Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…

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