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Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

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El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

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La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

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Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

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Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

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Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

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Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Un año del Jujeñazo: el anticipo de la Ley Bases

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

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Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

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Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

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Bajo el lema “el agua pura no se negocia”, las asambleas ambientales están organizando una movilización desde distintos puntos de la provincia hacia la localidad de Uspallata, epicentro de conflicto y donde este sábado el gobierno provincial convocó a una audiencia pública para tratar el proyecto San Jorge “en pleno territorio minero, en zona de montaña y de muy difícil acceso”, explican los vecinos. 

El lugar: el campamento de la propia empresa. 

El objetivo oficial del gobernador proto libertario Alfredo Cornejo es hacer la audiencia -obligatoria por ley-, pero en un lugar al que la gente no concurra para que parezca que no hay oposición al emprendimiento minero, que en realidad es rechazado por la población desde hace 18 años. 

La decisión de las comunidades fue hacer una contra-audiencia “con el pueblo y para el pueblo”. Un viaje colectivo que empezará este sábado a la madrugada desde el sur e irá subiendo por las rutas mendocinas hasta el norte. La advertencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo sobre los químicos que usaría la minera y las voces de la comunidad: “Nada de lo que haga el gobierno de Cornejo podrá evitar que sigamos defendiendo el agua pura”. 

Por Francisco Pandolfi

La cordillera está en peligro. 

Eso dice Eugenia Segura, vecina de la localidad mendocina de Uspallata, cuando habla con lavaca.

En ese pueblo del norte provincial del departamento de Las Heras, a 120 kilómetros de la capital y a 90 del paso fronterizo con Chile, el tándem gobierno mendocino y empresa multinacional Solway Holding busca imponer el proyecto minero de cobre y oro San Jorge. 

Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

El mapa de la movilización prevista para este 2 de agosto.

Audiencia «pública» en el propio campamento minero

Así como a principios de este año la estrategia fue amedrentar a la comunidad con detenciones y la violencia de patotas oficialistas (https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/), la idea para esquivar la falta de licencia social fue hacer este sábado 2 de agosto una audiencia pública en un sitio peculiar: el gobierno al mando de Alfredo Cornejo la convocó en el campamento de la propia empresa minera, en una zona de montaña, de difícil acceso y a 45 kilómetros del centro de la ciudad. Por eso, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y la Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza, junto al resto de asambleas ambientales de la provincia, se decidió hacer una audiencia paralela, en simultáneo (desde las 10 de la mañana) pero “en el territorio, con el pueblo y para el pueblo”. Argumenta Eugenia: “Queremos que los niños puedan expresarse sobre el destino del agua que van a beber. Que se escuchen las sabias voces ancianas. Ya en la Audiencia Pública del 2010 les fue dicho hasta con dibujitos este ‘NO’ que sigue intacto”.

Lo que se está tejiendo en Mendoza es una movilización histórica. Otra más, como la que en 2019 marchó en contra de la derogación de la Ley 7722 que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua, lo cual se revirtió gracias a aquel evento conocido como Mendoaguazo. 

El punto de encuentro de vecinas y vecinos autoconvocados y nucleados en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura es a las 9 de la mañana del sábado en Uspallata. Y para eso, desde las localidades Malargüe y General Alvear, bien al sur provincial, saldrán a las 3 de la madrugada. A las 4 se sumarán desde San Rafael. A las 5.40 desde la Ciudad de San Carlos. A las 6, desde Tupungato, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza. Y a las 7.30 desde Potrerillos, para completar el Caravanazo organizado bajo la consigna «el agua de Mendoza no se negocia».

Dice Eugenia: “Avisen en Esquel, Andalgalá, Salar del Hombre Muerto. Avisen donde sea que la última ola de codicia se ensañe. Porque si les sale bien esta jugada de convocar Audiencias Públicas en el medio de la montaña en pleno invierno, la van a querer replicar en todos los territorios, como en las selvas a 45 grados. Pero si sale bien la nuestra, para que cada quien pueda decir su verdad desde el corazón y desde las evidencias, otra va a ser la historia”.

Frente a la trampa: agua y escribano público

En la audiencia del pueblo se hará un plenario donde habrá un escribano público que certifique todo lo que se diga ahí. Se transmitirá en vivo, habrá música y comida compartida durante toda la jornada. “El agua es cuestión de vida, de dignidad. Negarse a que nos pongan en lo que llaman zona de sacrificio, a merced de los caprichos empresariales”. 

Las asambleas denuncian que la audiencia oficial viola principios constitucionales y el Acuerdo de Escazú al impedir la participación amplia y accesible. Sin embargo, recibió el visto bueno de la Fiscalía de Estado en relación al lugar elegido. Nora Moyano es parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza: “¿Cómo íbamos a ir a una audiencia manipulada por Cornejo en la casa del mismísimo patrón, el territorio de la minera San Jorge?”. 

Las trampas: “Nos están haciendo muchas zancadillas el gobierno, la minera, los empresarios y los medios de comunicación. En Uspallata no hay luz desde hace dos días y esta mañana cortaron el agua. Hicimos un hábeas corpus para que el gobierno garantice nuestra seguridad en el caravanazo, pero el poder judicial lo rechazó; ya sabemos quiénes son los jueces y los fiscales, y para quién juegan. Pero nada nos va a detener, haremos tanto el caravanazo como la audiencia pública del pueblol”. 

El Proyecto San Jorge pretende explotar minerales en las nacientes de la Cuenca del Río Mendoza, con uso intensivo de agua y químicos, poniendo en riesgo el agua que llega a diferentes comunidades. Al respecto, en mayo pasado la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo advirtió sobre las consecuencias del uso de los cuatro químicos necesarios para llevar a cabo el proceso: Poliacrilamida Aniónica (APAM), Óxido de Calcio (CaO), Isobutil Xantato de Sodio (SIBX) y Metil Isobutil Carbinol (MIBC). “Se desaconseja utilizar los productos químicos analizados y se enfatiza en la importancia de explorar todas las alternativas disponibles antes de recurrir a estos compuestos”. 

Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

En otro apartado informa: “Es posible que el proceso industrial movilice en el agua una gran cantidad de elementos que potencialmente pueden ser tóxicos para la salud humana y ambiental. A diferencia de otros tóxicos, los elementos no son biodegradables, y por tanto una vez que ingresan a los diferentes ecosistemas su persistencia ambiental es elevada”.

Por eso Nora, que tiene 74 años y la jovialidad floreciente, mantiene una convicción inquebrantable: “Logramos que la parroquia de Uspallata nos preste el lugar, pero si no, íbamos a hacer la audiencia igual bajo la nieve, como ya lo hicimos antes en toda esta lucha que llevamos desde 2007. Estamos totalmente en rebelión y ninguna otra zancadilla que nos hagan, ni toda la suma del poder público contra nosotros, podrá evitar que sigamos defendiendo el agua”.

Eugenia propone una imagen: “Toda el agua del mundo va a hablar por nuestras voces y, como en el 2019, van a escuchar al pueblo”.

Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

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Contaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

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Los signos de un colapso sistémico y de un ecocidio silencioso: el biólogo, docente de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet, Rafael Lajmanovich, presentó en el VIII Congreso de Salud Socioambiental realizado en Rosario su investigación validada por publicaciones científicas internacionales. Allí revela la presencia del mayor nivel histórico del pesticida glifosato en toda Sudamérica (5.002 microgramos por kilo de sedimento), concentrado en distintos arroyos de Entre Ríos que desembocan en el Río Paraná. Los efectos nocivos y mortales en especies anfibias como correlato con los vertebrados superiores (mamíferos, que incluyen a los humanos): “Las muestras puras determinaron una mortalidad del 100%. O sea, nosotros poníamos un organismo ahí y directamente moría, como si el agua en vez de agua fuera un veneno”. Además se encontró atrazina, metolacloro, leoxilifop y cipermetrina. “Notamos que hay una total falta de gestión estatal. Si hay normas, nadie las cumple. Si hay multas, probablemente se pagan pero se sigue contaminando”, dijo el científico. 

Los daños genéticos en los organismos. La falta de gestión estatal y la inviabilidad de la vida entre agrotóxicos, desechos cloacales y factorías de chanchos, cerdos y pollos.

Desde Rosario, por Francisco Pandolfi

Fotos: Pedro Rinaldi

En el VIII Congreso de Salud Socioambiental de la ciencia crítica, que se llevó a cabo en Rosario entre el 10 y el 12 de junio, hubo una docena de paneles enfocados en la amplia variedad de extractivismos y el deterioro de los cuerpos y territorios. Solo uno no se presentaba como una “mesa redonda” compuesta por varios disertantes, sino que ya desde el nombre vaticinaba algo diferente: Presentación del Trabajo de Rafael Lajmanovich.

Lajmanovich es doctor de Ciencias Naturales, profesor de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) –en Santa Fe– e investigador independiente del Conicet. No tendrá las luces ni los flashes de un rock star ni será tapa de revista de consumo masivo, quizá por especializarse en bioecología de anfibios, con énfasis en los efectos de agroquímicos y otros contaminantes sobre especies silvestres. Quizá, también, por investigar desde hace más de dos décadas el riesgo ambiental en ecosistemas acuáticos del litoral argentino y porque sus estudios son vitales para entender cómo impacta el modelo agroindustrial en la biodiversidad de humedales.

Ante todo, Rafael Lajmanovich –parado, con micrófono en mano–, pondrá contexto.

Lo primero que dirá es que no es un estudio individual, sino de todo un equipo de científicos de la UNL, del Conicet, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria(Inta) y el Instituto Nacional de Limnología (Inali). 

Lo segundo, es el nombre de la investigación multidisciplinaria: “Alerta ambiental: arroyos de la cuenca del Paraná bajo amenaza tóxica”. 

Contaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

Fotos: Pedro Rinaldi.

Lo tercero no lo plantea él, sino la pantalla que está de fondo: un dibujo donde varios anfibios y una persona están al lado de un bidón del pesticida glifosato. 

Lo cuarto: explicará por qué pusieron el foco en los cursos de agua de primer orden: los arroyos. “La mayoría de los contaminantes que llegan a los ríos, como el Paraná, lo hacen a través de los arroyos, que son la cuencas que se meten dentro de las regiones productivas y lentamente van drenando todo tipo de sustancias xenobióticas (extrañas al cuerpo), para luego terminar en los ríos”. 

Quinto. Dice que el trabajo está focalizado en evaluar la contaminación causada por actividades antrópicas relacionadas con actividades urbanas, industriales y agrícolas en arroyos de Entre Ríos (Las Conchas, Espinillo, Crespo, El Salto, Las Tunas), que pasan por áreas urbanas y rurales, zonas productivas con distintos tipos de industrias y feedloots. “Zonas de sacrificio ambiental en las que viven poblaciones directamente afectadas”, donde encontraron “un enorme arrastre de sustancias tóxicas y muchos efectos en organismos bioindicadores”. ¿Qué son los organismos bioindicadores? “Nosotros utilizamos a los anfibios, como las ranitas y los renacuajos. La pregunta es si existe relación con los vertebrados superiores, y la respuesta es sí, porque estos animalitos en su desarrollo tienen casi las mismas funciones fisiológicas, las mismas enzimas y muchos procesos que están en los vertebrados superiores. En los estadíos primogénitos, en nuestro caso en el vientre materno, somos todos muy parecidos, así que los anfibios son buenos indicadores”.

Sexto. Dice que recientemente también publicaron otro estudio sobre arroyos en Santa Fe, relacionado a la mortalidad de tortugas. “En el arroyo Los Troncos se produjeron cientos de decesos y determinamos que fue por el vertido de industrias lácticas sin tratar”.

Séptimo. Menciona un trabajo del (indispensable) científico Damián Marino (fallecido en 2023), quien en 2016 demostró que el glifosato drenaba por toda la cuenca del Río Paraná, desde Misiones hasta el Río Luján. “Nuestra investigación actual viene a explicar de dónde sale ese glifosato, porque nadie está echando glifosato arriba del río, sino que viene de las zonas productivas de alrededor”.

Agregará: “El año pasado hubo varias denuncias de vertidos clandestinos de industrias, factorías de pollo y cárnicas. Sobre todo en Crespo, localidad entrerriana que es la capital de la avicultura en Argentina, y puntualmente en el arroyo Las Tunas, donde hay muchos desagües clandestinos y cloacales. Allí, los procesos de contaminación se incrementaron muchísimo”.   

Otro dato: “Todos estos arroyos forman parte de una cuenca muy importante llamada ‘Cuenca del Arroyo Las Conchas’, de 200 mil hectáreas y cerca de la ciudad de Paraná. Todos los arroyos desaguan en el arroyo Las Conchas, que pasa por una de las reservas naturales más importantes de Entre Ríos, el Parque General San Martín”. 

El contexto: “Toda el área, además, está enmarcada en una zona productiva clásica, de soja, como prácticamente todo el centro argentino”. 

Sobre las bacterias: “La contaminación bacteriana también fue extremadamente alta. Y sobre todo en Escherichia coli, con niveles miles de veces superiores a los valores guía para la vida acuática”.

Mortalidad del 100%

Rafael Lajmanovich muestra en la pantalla el arroyo Las Tunas. Pide que bajen un poco las luces y ahí están esas aguas negrísimas. “Es por la cantidad de desechos que tiene. No hace falta llevar a ningún toxicólogo a estudiarlo. A simple vista nos damos cuenta que estamos matando los arroyos y los ríos”.

Delante de esas imágenes que valen tanto como sus palabras, dirá: “Hicimos un intensivo muestreo en arroyos; un trabajo de campo exhaustivo y a conciencia porque sabíamos que el descubrimiento puede hacer virar la historia y que esto cese. A estos cursos de agua la gente los utiliza para sus necesidades, ahí bebe el ganado, las personas se bañan en balnearios. Quizá en el público haya gente acostumbrada a leer trabajos de residuos de agroquímicos, pero estos resultados que les voy a compartir, asustan”.

Entonces Lajmanovich explica la metodología de su investigación y presentará los resultados:

“Analizamos los residuos de plaguicidas en muestras de agua y sedimentos, con una evaluación fisicoquímica y bioensayos, que consisten en descubrir los efectos producidos en los renacuajos. Además de un completo análisis bacteriológico para detectar la contaminación sobre todo originada por desechos cloacales o factorías de chanchos, cerdos y pollos.

Uno supone que si eso está en el ambiente los organismos no se tienen que morir. Pero sí, se mueren. O sea, si uno pone organismos (renacuajos) en esos sedimentos y en ese agua, directamente se mueren. En los arroyos Las Tunas y Crespo las muestras puras determinaron una mortalidad del 100%. O sea, nosotros poníamos un organismo ahí y directamente moría, lo que significa que de naturaleza no existe nada, como si el agua en vez de agua fuera un veneno. Eso está en los ecosistemas, no es una cosa que se fabrica en un laboratorio. Por eso hacemos diluciones para lograr que sobrevivan. Y lo que advertimos es que, ya no en muestras puras que se morían directo sino en muestras diluidas, producen efectos genotóxicos, o sea, que pueden causar daño al material genético (ADN) de un organismo”. 

Contaminación: récord histórico de agrotóxicos en el Río Paraná

Lo que se ve a la vista y lo que no en el Río Paraná. Foto: Juliana Faggi para lavaca.

El récord

Una pausa y la información sobre los análisis fisicoquímicos. 

“Lo que descubrimos es el récord mundial de glifosato en sedimentos de una reserva natural de Sudamérica: son 5.002 microgramos por kilo de sedimento. No existe en la Argentina un valor más alto. No existe en Sudamérica un valor más alto validado científicamente. Me detuve en el glifosato por el récord, pero en todas las muestras se encuentran muchos más pesticidas”.

Algunos de ellos:

  • Heptacloro glifosato
  • Atrazina
  • Metolacloro
  • Leoxilifop
  • Cipermetrina

La tendencia: “En el estudio que mencioné de Damián Marino, en el Río Luján, lo encontrado estaba en el orden de los 700, 1.000 miligramos. Nosotros encontramos más de 5.000 en estos arroyos”.

¿Cómo se explica ese número? “No hace falta hacer un análisis muy minucioso para darse cuenta de que toda esta gran cuenca es soja trigo, soja trigo, y se aplican miles y miles de kilos de glifosato por año desde hace 30 años. Esta cuenca tiene alguna particularidad que hace que estos sedimentos se acumulen en tal magnitud; seguramente las arcillas, las características del suelo. Nosotros no somos especialistas en suelos, así que esperamos que a alguien le interese, aunque no creo que se quiera estudiar esto. De hecho, probablemente este trabajo se intente silenciar”.

La publicación y el colapso

Como cierre de la exposición, sus conclusiones, que hace horas fueron publicadas en la revista científica internacional Water Environment Research luego de que la investigación fuera aceptada por un comité de expertos:

1) “Lo más importante: se pudo determinar el récord sudamericano de glifosato en sedimentos”. Aclara: “El glifosato está secuestrado en los sedimentos, no en el agua. Los renacuajos mueren por el conjunto de la contaminación en el ambiente: es como si yo juntara el agua del arroyo con el barro del arroyo y le pongo un organismo adentro. Esa simulación en el laboratorio es lo que ocurre en la naturaleza”.

2) “Estos arroyos tienen una extrema toxicidad, una extrema contaminación bacteriana que hacen que la vida acuática sea inviable. O sea, la vida de otros organismos como los peces, los insectos más sensibles y toda la fauna acuática es prácticamente inviable”. 

3) “Los resultados de este estudio son inequívocos. Todos estos cursos de agua muestran signos de colapso ecosistémico, que no es de ahora, ni desde hace un año, sino que ocurre desde hace muchísimo tiempo. Notamos que hay una total falta de gestión estatal. Si hay normas, nadie las cumple. Si hay multas, probablemente se pagan pero se sigue contaminando”. 

4) “Ante este escenario, debemos reafirmar la salud única, para poder proteger tanto a los ecosistemas como a las poblaciones humanas que conviven en esos lugares”.

5 y último): “Estamos en presencia de un ecocidio silencioso”.

Los datos son evidencia científica. La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe dejó firme hace un mes un fallo que obliga a alejar las fumigaciones en toda la provincia a 1.095 metros de cualquier lugar poblado. Ese avance se debe tanto al trabajo y denuncias de vecinos, comunidades y pueblos, como de grupos científicos que revelan el peligro de un país que es además es el más fumigado del continente. El estudio presentado en el congreso científico de rosario agrega entonces otro dato: no basta con que las fumigaciones se alejen, porque al contaminar el agua se reactiva el alcance tóxico sobre todos los seres vivos. Ese es el desafío inmediato que este tipo de estudios permiten encarar.  

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Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

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El vecindario de Villa Lugano realiza asambleas y guardias para evitar que el gobierno porteño comience a talar árboles en lo que consideran un ecocidio, cerrar accesos de la autopista Dellepiane y modificar al barrio sin consulta a los vecinos, cosa que sí hacen en los barrios del norte, como Belgrano y Palermo.

El mismo mecanismo obligó en 2024 a que la la comunidad frenase obras que Jorge Macri intentaba imponer, incluso con mujeres atándose a los árboles y gente atrincherándose contra las máquinas. Detalles de un negocio de más de 7 mil millones de pesos que la comunidad rechaza (tala de 437 árboles y un nuevo peaje, entre otras cosas). El mismo vecindario hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan.

Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Cero respuesta a ese reclamo de ser tenidos en cuenta como parte de la convivencia democrática. Los guardianes de los árboles, y las escenas de la organización barrial para rechazar el proyecto.

Por Francisco Pandolfi

La gente de Lugano se reúne en el centro. No están de paseo, ni de compras, ni miran vidrieras. Las y los vecinos autoconvocados se vuelven a juntar, una vez más, para defender a la sureña comuna 8. Vuelven a ver el barrio en peligro.

Es la misma comunidad organizada, sin bandera partidaria, que el año pasado se formó con el nombre No dividan Lugano, y evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nível, que no tenían ningún beneficio vecinal y sí un amplio abanico de perjuicios: encajonaban al barrio, lo fragmentaban con murallas, lo hacían intransitable para los vecinos, en pro de un negocio poco claro de 4.500 millones de pesos (de un año atrás).

Cuando empezaron a llegar las máquinas demoledoras y excavadoras, y luego se agregaron las topadoras, el vecindario salió a la calle. Mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. Las mujeres, sobre todo, decidieron atarse a los árboles para defenderlos, mientras muchos vecinos –profesionales y arquitectos del barrio incluidos– mostraban los errores de ese plan y formas mucho más sensatas de hacer las cosas.  

En esta crónica contamos todo lo que fue ese proceso, una especie manual de organización comunitaria: https://lavaca.org/mu198/la-comunidad-organizada-triunfo-vecinal-en-villa-lugano/

Sin embargo, no hubo tiempo para festejar el freno puesto a Jorge Macri, porque tan sólo un par de semanas después empezó otra embestida, otra vez a espaldas de la gente. 

En esta oportunidad, a través de una obra denominada Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de 437 árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista, y (lo que tal vez sea el fondo recaudatorio de todo) otro peaje.   

Por eso el vecindario se vuelve a juntar en el centro de Villa Lugano. Ya han demostrado su capacidad de resistencia, y aquí empiezan a levantar la guardia para informar lo que está pasando, seguir acumulando fuerzas y a planificar los pasos a seguir.

El encuentro es en la Plaza Unidad Nacional. 

Nada menos.

Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

Primero proyectaron un documental sobre la lucha del colectivo No Dividan Lugano, que frenó la construcción de los túneles. Luego, con el recuerdo a flor de piel, se habla de esta nueva pelea, que también tiene su historia: los primeros días de noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública donde más de 100 vecinos exigieron una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la Ciudad, así como la información pública y detallada. Hasta el día de hoy, denuncia la comunidad, solo recibieron un amenazante silencio como respuesta.

¿Qué dice el gobierno porteño?

El proyecto abarca una traza de 4.6 kilómetros en la autopista Dellepiane (que une la Ricchieri con la 25 de Mayo), desde avenida General Paz hasta avenida Lacarra. La empresa a cargo de la obra es Eleprint S. A. y el monto adjudicado para su realización es de más de 7 mil millones de pesos ($7.682.057.632, 70). La gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires informó en un documento de 1.200 páginas estos puntos principales con el fin de “incrementar la seguridad vial en la autopista y disminuir la siniestralidad” y “mejorar el uso del transporte público”:

-Incorporación dos carriles centrales para el transporte público, en el medio de la autopista (Un metrobús, aunque no lo mencionen con ese nombre).

-Ensanchamiento de las colectoras. 

-Y el punto neurálgico de esta obra, como parte del sistema recaudatorio del gobierno porteño: la instalación de un nuevo peaje a la altura de Lacarra, a tan sólo 4 kilómetros del que ya está emplazado. 

Otra arista a tener en cuenta: el proyecto menciona a la ley 104 de acceso a la información pública. Para eso no hay colectoras ni carriles: el acceso a la información pública sigue bloqueado.  

Fuera árboles, adentro el peaje

El micrófono va pasando de mano en mano en el encuentro. Vecinos de cualquier edad, trabajo y de distintos niveles económicos, comparten lo que los une, lo que es público. El micrófono amplifica los argumentos. 

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  • “Este proyecto solo traerá más cemento y más tránsito. Y va a afectar sustancialmente la vida de quienes vivimos acá. Es una mega obra a escala metropolitana y ni siquiera tenemos toda la información concreta de cómo son los pasos a seguir. Desde noviembre exigimos una mesa de trabajo conjunta y solo hubo oídos sordos”. 
  • “Para lo que buscan hacer deberán talar muchísimos árboles añosos y frondosos. Los mismos vecinos hicimos un relevamiento que demostró que buscan sacar una cantidad muy superior a la que informaron la Dirección de Arbolado del gobierno y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa que tiene la concesión de la autopista). Son 176 árboles de Dellepiane Sur y 261 de Dellepiane Norte. O sea, 437, un bosque urbano, con su fauna nativa. Es un ecocidio lo que intentan hacer”.
  • “Y encima nos mienten sin parar. Para convencernos prometen que al lado de la autopista harán dos parques lineales, y nos muestran los planos con árboles enormes, que dan una sombra espectacular. Esos mismos árboles que planifican derribar. ¿Tan loco es exigir la verdad”.
  • “Con el paso del tiempo van modificando la obra al planteo original, y no lo comunican. La semana pasada hicimos una recorrida con AUSA. En una primera instancia habían dicho que dos carriles que ampliarían de la colectora tendrían 3.5 metros cada uno, o sea 7 en total, y ahora hablan de 10 y de 12. Por un lado cada vez más cemento, por el otro ni saben cómo va a ser la obra definitiva cuando ya la empezaron. ¿Cómo podemos actuar si no hay información precisa, y si ni ellos saben cómo será?”.
  • “Hasta hoy, en los poco más de cuatro kilómetros de la Dellepiane, el barrio cuenta con 26 entradas y salidas. El gobierno nos va a cerrar 14 ingresos y egresos. ¿En serio piensan en el vecino? No. ¿Qué relación tiene el querer disminuir los choques con disminuir los accesos? No lo informan. Porque lo que les importa es recaudar en los peajes”. Mencionan otro detalle: “Qué podemos esperar si hasta el nombre es en inglés. Por lo menos que le pongan Maestro, no Máster”.

Vecinos de segunda

El proyecto cuenta con un área de Relaciones con la Comunidad, en la que AUSA tiene la obligación por ley de generar canales con los vecinos, reuniones presenciales con material impreso, información permanente y verídica, así como el estar disponible para recibir cualquier consulta o reclamo de los vecinos, sean frentistas o usuarios que tengan alguna implicación con la obra.

¿Hubo relación con la comunidad? “Para nada. Desde la audiencia pública, en noviembre pasado, exigimos una mesa de trabajo con el gobierno porteño y nunca sucedió”. 

Agregan: “El 17 de enero solicitamos por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Lo repetimos el 30 de enero, con la firma de más de 800 personas. No hubo ninguna respuesta”.

Los mismos vecinos autoconvocados y organizados hicieron un relevamiento territorial casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane. “Más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Por eso decidimos hacer mesas informativas en distintos barrios de Lugano, como Copello, Samoré, Nágera, Cildañez e INTA. Fue muy fuerte notar que casi nadie sabía nada”. 

En la asamblea no faltaron la bronca y la indignación: “En la Comuna 13, que abarca Belgrano, Núñez y Colegiales, el diseño del espacio público se realizó igualito a lo que hacen con nosotros”, y vuelven a reír irónicamente, mientras muestran unas imágenes en las que el gobierno porteño y los vecinos de la comuna más norteña están reunidos en mesas de trabajo para establecer las políticas públicas a llevar adelante. “Queremos un trato igualitario, que nos respeten como ciudadanos y obras de calidad, las mismas que hacen en Belgrano y Palermo. No merecemos menos. Acá no hacen mesas participativas porque nos tratan como unos negros de mierda”. 

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Parte del vecindario autoconvocado de Villa Lugano, que logró frenar el proyecto porteño de 2024 que, como ahora, los ignoraba.

Guardianes de los árboles

Al cierre de la asamblea, alguien que participa por primera vez lanza una pregunta al aire: “¿Cómo sigue el plan de lucha?”. 

La respuesta se construye colectivamente:

“Todos los días, a las 7 de la mañana en Dellepiane norte, para defender nuestros árboles. No nos van a sacar. No los van a sacar. Haremos lo mismo que hicimos el año pasado: Resistir”.

Desde el 17 de febrero, ante la amenaza de que ese día empezarían la tala, la vecindad se organiza y rota para que siempre haya guardianes de los árboles. Ahora existe una nueva amenaza para esta semana y las y los vecinos allí estarán.

Antes de despedirse alguien agrega: “No buscamos que no se haga ningún tipo de obra y no es que estamos en contra del desarrollo, para nada. Pero esto no es desarrollo. Queremos acompañar el proceso, tener un diálogo fluido con los responsables, establecer mecanismos eficientes para nuestros reclamos, recibir información veraz y que sean escuchadas las propuestas de quienes vivimos acá. No debería ser tan difícil en una democracia”.

Y cierran con algo que no muchos políticos y funcionarios tienen en cuenta: “La democracia no es solo un acto eleccionario; es un sistema de vida que entre todos construimos y nutrimos”. Conclusión: “Así que como siempre. A no aflojar”.

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