El miércoles 12 de agosto, un grupo de trabajadores senegaleses se citó en el Congreso de la Nación. Fueron llegando desde las 10 de la mañana, y ya a las 11 eran más de 50 listos para marchar hacia la Legislatura.

Su reclamo es una reacción a un violento allanamiento que sufrieron algunos de estos trabajadores la semana pasada, y a una persecución judicial y policial que ya lleva dos años.
El jueves 6 de agosto, por orden de la fiscalía pública la Policía Metropolitana se metió en un domicilio donde viven senegaleses; los maltrataron y les secuestraron la mercadería con la que trabajan.
En el 2014 ya habían vivido una situación similar, que siguió con una fuerte represión en Once y una reacción de los manteros que terminó con una camioneta de la Comuna de la Ciudad prendida fuego.
Después de que la estrategia de la represión fracasara, la persecución siguió – sigue- por la vía judicial.
Los allanamientos a los senegaleses forman parte de dos investigaciones motorizadas desde el Ministerio Público Fiscal por la fiscal de Cámara Verónica Guagnino y la titular del Juzgado n° 35, Celsa Ramírez. Cada fiscal maneja una megacausa en los barrios de Once y en Caballito, respectivamente, en la cual investigan la organización de la venta callejera.
Sin embargo, según pudo acceder lavaca al expediente, no hay pruebas concluyentes de que los trabajadores senegaleses estén cometiendo un delito contravencional. Al contrario: estos son los vendedores que no entran en la ley de la coima policial y su forma de organizarse es desde la comunidad; por eso muchos viven juntos y guardan la mercadería con ellos; trabajan largas horas del día y gracias a eso subsisten.
Su grito en la marcha denunció que la Justicia porteña los persigue por ser inmigrantes. Dicen que ellos mismos se buscan su trabajo, su hogar y su forma de vivir. Piden que, ya que no los ayudan, al menos los dejen tranquilos.