En cinco meses de 2025 hubo más detenidos y heridos en manifestaciones que en todo 2024: dato de este organismo público y autónomo que monitorea la acción de las fuerzas de seguridad. Policías sin identicación; el uso de hidrantes, motos y hasta helicópteros versus personas con bastón, andador o en silla de ruedas; las videolmaciones a manifestantes, entre otras tareas de inteligencia; el Congreso convertido en perímetro de detención. La evaluación sobre la dimensión de la represión. Por Lucas Pedulla.

El año de las elecciones legislativas argentinas recién va por la mitad y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) relevó más personas heridas en contextos de protesta social que en todo  2024.

Los números de una barbarie que algunos naturalizan:

1.216 personas heridas en 60 marchas monitoreadas en 2024. Entre ellas, 98 trabajadorxs de prensa, 24 defensores de derechos humanos y 4 menores de edad.

1.231 personas heridas en 25 marchas monitoreadas de enero a mayo de este año. Entre ellas, 142 trabajadorxs de prensa, 20 defensores de derechos humanos y 3 menores de edad.

“En cinco meses se superaron todos los valores del año pasado”, dice Robero Cipriano García, coordinador del organismo autárquico de la provincia de Buenos Aires que todos los miércoles pone el cuerpo en funciones de relevamiento y monitoreo de la represión del Gobierno a la protesta de jubilados y jubiladas por el ajuste en sus haberes previsionales.

La inflación también se puede verificar en las detenciones: 

93 presos en 2024.

132 presos solo en estos cinco meses.

“Hay una sistematicidad de la represión que se lleva adelante todas las semanas –explica García–. La represión está pensada con una decisión política muy clara. Hay una definición de reprimir más. En ocasiones hemos detectado cuatro veces más agentes que manifestantes. Hay toda una presentación de ese despliegue justificada en un protocolo antipiquetes que busca impedir que la gente corte las calles, pero es ese despliegue el que termina cortando la circulación vehicular, la propia fuerza interrumpe el tránsito. A veces, las motos policiales se suben a reprimir a la vereda. En otras, los propios cordones impiden circular por la vereda. No sabés si es provocación o impericia”.

Esa frontera en materia represiva es la que gobierna cada miércoles.

¿Qué significa?

El descontrol

La CPM es un organismo público autónomo y autárquico que promueve e implementa políticas públicas de memoria y derechos humanos. Su compromiso aborda los crímenes de la última dictadura, pero sus líneas de trabajo abarcan también la violencia estatal en democracia, el monitoreo de las condiciones de encierro de la provincia a través del Comité contra la Tortura, y ahora el relevamiento de la protesta social en territorio porteño, junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). Así como los chalecos naranjas de CEPA (Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios, ver nota) y los blancos de la Defensoría del Pueblo de CABA, los rojos de la CPM se distinguen como otras referencias que ponen –y sufren– el cuerpo todos los miércoles.

Federico Schmeigel es director del Programa de Control de Corrupción e Inteligencia Ilegal del organismo y trata de pensar la desproporción de fuerzas de todos los miércoles: a veces hay mil efectivos federales para cien jubilados, 20 reporteros gráficos, 15 socorristas y 15 defensores de derechos humanos. “Hay una ausencia de justificación administrativa de las razones para una erogación presupuestaria de movilizar esos efectivos –apunta–. Incluso por ley, tienen estipulaciones específicas que están muy lejanas a su uso en manifestaciones: las fuerzas federales, generalmente, están vinculadas con delitos federales o complejos como el narcotráfico. Per en este caso están siendo puestas en función de un esquema represivo absurdo donde no queda clara la justificación de la imputación de ese gasto, incluso para pensarlo ante una retórica de recorte del gasto público”.

La CPM monitoreó, desde enero hasta el cierre de esta edición, más de 7.000 agentes de seguridad en movilizaciones. En 15 de las 25 marchas tuvieron a disposición  tanques hidrantes, motos y patrulleros. En dos se registraron helicópteros, y sobrevuelan los drones manejados desde abajo por la policía. “A su vez, hay un incremento en la realización de tareas de inteligencia, habilitadas desde el mismo protocolo –suma Schmeigel–. Esto es: la creación de un banco de datos de quienes se movilizan hasta las videofilmaciones de los que participan en las manifestaciones. Y la modificación de la SIDE que puso en el debate la utilización de recursos que no tienen justificación normativa y operacional”. Schmeigel se refiere a la denuncia del periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon, sobre el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) de la Secretaría de Inteligencia del Estado que amplía las capacidades de seguimiento sobre aquellas personas que puedan generar una “pérdida de confianza” en el gobierno.

La CPM, apunta Cipriano García, lleva más de 40 denuncias para solicitar información respecto de la inversión en equipamiento, pero no hay respuesta judicial. “Hay un nivel de preocupación importante, porque es el Poder Judicial el que tiene que poner límites”, explica. Algunos casos en esa sintonía: 1) el agente federal que gaseó a la nena de 9 años, Cristian Rivaldi, fue procesado por el juez Sebastián Ramos; 2) la familia de Pablo Grillo aún espera novedades sobre la situación judicial del gendarme Héctor Jesús Guerrero, acusado de dispararle al fotógrafo a la cabeza el tubo de gas lacrimógeno que casi lo mata. 

“Estos casos extremos puede que avancen, pero para llegar a ellos hubo una serie de hechos previos que generaron condiciones de posibilidad para que sucedan. La impunidad los libera de cualquier inhibición que puedan tener para esta conducta”.

¿Una eventual condena es un freno? “En provincia de Buenos Aires logramos, el año pasado, 30 condenas a policías, pero no supone un cambio de conducta –responde García–. La posibilidad de impunidad es elevada”.

Sobre todo, apuntan, para la cadena de mandos política.

Congreso de detención

Otro elemento que subraya la CPM es la incorporación de fuerzas especiales en las manifestaciones. Schmeigel: “Para traer el caso de Grillo, el gendarme Guerrero integra la Sección de Empleo Inmediato (SEI), una de las unidades más militarizadas que tiene Gendarmería. Fue utilizada no solo de manera desproporcionada, sino criminal, tirando a los cuerpos y zonas vitales. Es imposible que un agente del SEI, por formación, siendo una de las secciones más preparadas y militarizadas para ese uso, desconozca que si dispara a una zona vital, como puede ser el rostro o la cabeza, puede producir una lesión potencialmente letal”.

Otro aspecto que señalan es la utilización del perímetro del Congreso como lugar de detención: “Al fotógrafo Tomás Cuesta lo detuvieron y lo trasladaron detrás de la valla que cercaba la plazoleta del Congreso”, apunta Schmeigel. Ese día, como la semana anterior con el padre Paco Olveira, a todos los detenidos –Cuesta entre ellos– los llevaron a un estacionamiento ubicado justo enfrente de la puerta del Senado. “La gravedad por su significado político se complementa con las imágenes de personal de Gendarmería usando los espacios comunes del Anexo de Diputados –describe–. Estamos en los momentos previos a una militarización del propio edificio del Congreso”.

La CPM observa que, en los comienzos, los operativos estaban coordinados por la Policía de la Ciudad y, salvo excepciones, no había este nivel de violencia. Cipriano García apunta que las fuerzas también llevaban cadetes desarmados a los que ponían en las primeras filas de cordones, “como instancia de formación”, para enfrentar situaciones de tensión. “Eran pibes y pibas muy jóvenes, que tenían que ver con una actitud más preventiva, porque no tenían escudos, armas ni nada –dice–. Ahora están muy pertrechados, armados. Se les ve, también, un odio: muy rápido se salen de sus cabales. Ante un grito, se ponen a discutir. A veces identifican y marcan, ya sea para golpear, gasear o detenerlo a las personas que les dijeron algo, lo que denota cierta desprofesionalización”. 

Esa actitud preocupa porque, claro, tienen armas. Y algo peor: “Muchas veces observamos que no tendrían que tener armas que disparen plomo, pero las tienen. Es una preocupación porque, frente a una situación crítica, hay policías con armas de fuego reglamentarias”. Natalia Buzzo, investigadora e integrante de los equipos de trabajo del organismo, aporta el dato: en 21 movilizaciones detectaron agentes con armas reglamentarias, mayoritariamente de la Federal. También lo observaron en la motorizada de la Policía de la Ciudad. “Una locura, es muy alarmante”, dice, y suma: cada vez más hay policías sin identificación.

¿Qué entienden de esta locura? Cipriano García recuerda las formas de avanzar de la Gendarmería y la Prefectura, copiando el estilo de las legiones romanas: “Hay una construcción de sentido muy fuerte de la ocupación del espacio público. Una decisión clara de prohibir la protesta y generar temor para que no vayas a protestar, porque podés salir herido o detenido. Hay una permanente decisión no solo de hostigar, sino de generar miedo. Hay algo de efectividad, porque mucha gente se plantea dudas de si ir o no. Ese es el sentido. A eso se suma el negocio de la compra de equipamiento, pero también las horas adicionales de esos agentes. Tiene que ver con un reclamo de las fuerzas”.

Sin embargo, es miércoles otra vez.

Llega un jubilado. Una jubilada. Y otra más. Saben que las cifras son brutales, las causas avanzan lento. Pero marchan. Y modifican el trayecto. Van por la vereda. Bajan a la calle. Suben de nuevo. Eluden, no se detienen. Cuando las legiones federales les impiden bajar a la vereda, la marcha cambia de rumbo y va por el medio de la plaza. Encontraron otra manera de manifestarse. Donde no había posibilidad de sorpresa, la inventaron: cada miércoles sea como sea, hasta con bastones, andadores o en sillas de ruedas.