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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

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El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.

Por Evangelina Bucari

Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.

Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.

A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.

¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:

Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense. 

A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.

La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.

El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como «femicidio seguido de suicidio».

El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.

No son cifras

En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:

14 en 2023,

15 en 2022,

23 en 2021,

7 en 2020,

16 en 2019,

18 en 2018,

12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:

55 utilizaron su arma reglamentaria,

Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),

En un caso el arma no estaba autorizada

En los 12 restantes no hubo datos de autorización.

No repetición, no cumplimiento

En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.

Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.

“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.

Otros incumplimientos

En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.

Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia». También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.

Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la  sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.

Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.

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Femicidios en julio: la noticia es el horror

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27 femicidios en julio, 163 en 2025. Esos son los datos reunidos por el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestivo de datos y análisis de la violencia patriarcal. Los números no alcanzan a dar cuenta sobre el punto de inflexión que expresa este mes para este tipo de violencias. Se trata de una consecuencia directa de la complicidad estatal (Poder Ejecutivo & Poder Judicial) al imponer una política negacionista a los crímenes de mujeres y trans cometidos en contextos narco territoriales. El resultado está ahora a la vista y es el horror: cuerpos descuartizados, que emulan el modelo instalado en Ciudad de Juárez por los carteles narcos que dominan la muerte en esa ciudad.

Este julio argentino fue en Córdoba, fue Brenda Torres (foto de portada) -de apenas 24 años- y fue cerca del estadio de fútbol donde apareció uno de sus muslos seccionados. Recién hoy 1º de agosto apareció el resto de su cuerpo destrozado. La fiscalía asegura que ya hay dos detenidos.

Femicidios en julio: la noticia es el horror

En agosto del año pasado también había sido detenido Juan Carlos Galarregui, el asesino de Rocío Fernández, de apenas 27 años. Fue en Mar del Plata y fue en un freezer donde encontraron su cuerpo, en el cual su femicida lo depositó esperando el mejor momento para descuartizarlo. La causa fue elevada este mayo a juicio oral, pero el fiscal Fernando Berlingeri solicitó resolver el procedimiento en un juicio abreviado. Para eso ofreció declinar la acusación de femicidio, ya que esa calificación legal impide estos procesos de resolución rápida y, por cierto, de menos pena. Es exactamente lo que hizo el Poder Judicial correntino en el caso de la periodista Griselda Blanco: homicidio simple, juicio abreviado, 12 años de prisión que no son de cumplimiento completo, ya que la carátula omite la violencia de género.  Esta tendencia judicial negacionista se inició este año y en febrero cuando la Cámara de Casación bonaerense emitió el tercer fallo sobre un mismo crimen para justificar que Lucía Pérez había sido drogada y violada, pero decidió que su crimen no era un femicidio.

Así, al borrar las huellas de la violencia de género en el trámite judicial, el Estado argentino se jacta de haber bajado la tasa de este tipo de crímenes.

Así los dos poderes del Estado ganan impunidad, y la sociedad pierde.

¿Qué pierde?

Los femicidios en contexto de narcomenudeo territorial tienen característica atroces y también señales comunes: la diferencia de edad entre víctimas y asesinos, el consumo de cuerpos como intercambio de mercancías, la vulnerabilidad de las adictas y sobre todo, la diferencia de poder entre quien tiene la droga y quien, por situación de absoluta dependencia, la necesita. Estos rasgos, entre otros, son los que se omiten en los procedimientos judiciales y también en los análisis sociales, que tienden a asimilar estas políticas con las que se somete a las barriadas periféricas con las conductas recreativas de clases y barrios acomodados.

Situar la información en territorios específicos, con sus contextos particulares y sus vulnerabilidades sociales, es clave para analizar qué significan estos femicidios que, hay que repetirlo, sin la complicidad policial y judicial podrían evitarse.

Las consecuencias de la maquinaria de invisibilización estatal y académica tiene consecuencias brutales. Eso es lo que nos informa este mes de julio de 2025: los cuerpos de las mujeres ya son pedazos arrojados a nuestro paso.

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Fallo histórico: confirman la condena a perpetua y por transhomicidio contra el asesino de Tehuel

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La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena a reclusión perpetua y transhomicidio contra el asesino de Tehuel de la Torre, joven trans asesinado y desaparecido desde el 11 de marzo de 2021 en la localidad bonaerense de Alejandro Korn. Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana rechazaron el pedido de la defensa y refrendaron el fallo contra Luis Alberto Ramos, quien había sido condenado el 30 de agosto de 2024 por el Tribunal Nº2 de La Plata en una sentencia histórica por reconocer el homicidio calificado del joven de 21 años por haber sido cometido por odio a la identidad de género. «La desaparición del cuerpo de Tehuel y la quema de sus pertenencias adquieren un carácter simbólico de negación de su identidad», señaló el fallo. 

Familiares y Amigos de Tehuel celebraron la confirmación: «Esta decisión es muy importante y refleja el resultado de la lucha del movimiento social y de un trabajo en red muy importante, que nos fortalece para continuar el camino contra la impunidad y la violencia por prejuicio hacia las identidades travestis y trans». A su vez, exhortaron a la justicia bonaerense para que defina «de manera urgente» la fecha del juicio contra Oscar Montes, el segundo acusado por el crimen y la desaparición del joven. «Fue un crimen de odio», subraya la familia.

Compartimos la nota de MU que analiza los detalles del fallo histórico, junto a las pruebas que ahora Casación confirmó.

Y comparte la pregunta urgente de Norma Nahuelcura, la mamá del joven, que sigue sin saber dónde está el cuerpo de su hijo: «¿Dónde está Tehuel?».

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Acto trans por más democracia

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Por María del Carmen Varela

Fotos Juan Valeiro

Desde las dos de la tarde comenzó a llegar gente a la plazoleta ubicada frente al Congreso de la Nación. Al amparo del sol, distintas banderas fueron colgadas sobre las rejas: Furia Travesti, Justicia por Sofía Fernández – nadie se suicida en una comisaría, Ley de Reparación Histórica Ya. Y también pancartas: Basta de Travesticidios, Femicidios y atropello a nuestras leyes, Más amor, menos odio, ¿Dónde está Tehuel?  Caras pintadas con los colores rosa, celeste y blanco, espaldas con banderas multicolores, una foto de Diana Sacayán en blanco y negro y ampliada casi a tamaño natural. El aroma a guiso que apenas listo fue repartido en bandejitas de plástico, impregnó a la concurrencia que iba aumentando con el correr de los minutos.

Acto trans por más democracia

La policía no permitió la colocación del escenario, sin embargo, el entusiasmo no decayó. El DJ Chezco Beats se encargó de musicalizar e hizo que el frío se esfumara de los cuerpos.  Un gato amarillo gigante se ofendió al ser confundido: “No soy Gaturro, soy Garfield”. Cuando le preguntaron por qué vino a la plaza del Congreso, mostró una alcancía. “Te sacás una foto conmigo y colaborás”.

Bartolo viste un elegante saco azul y será unx de lxs presentadorxs del Festival.

Acto trans por más democracia

Le cuenta a lavaca: “Vine a defender la Ley de Identidad de Género, la Ley de Cupo Trans, el matrimonio igualitario, la ESI. Es un contexto muy dificil y esos derechos nos quieren ser quitados”. Poeta, docente, activista, autor del libro Textosterona 4ML, una crónica poética de una masculinidad trans que está en preventa para lograr ser publicado. Se puede apoyar la edición ingresando a su IG: @escrituraautogestiva. “Estoy acá por el orgullo, por la resistencia, por las infancias trans, por todes les compañeres que ya no están y lucharon para que nuestras vidas sean validadas”.

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Say Sacayán, hermanx de Diana, la recuerda a diez años de su travesticidio, que no fue avalado como tal por la Corte Suprema: “Ella fue una militante, luchadora, fue presa política, atravesó violencia en la calle, sabía qué derechos necesitábamos para tener una mejor calidad de vida. No vamos a bajar los brazos, vamos a resistir. Hace muchos años que estamos acá. Como país y como sociedad nos encontramos en un estado de crisis no solo económica. Tenemos un gobierno de derecha que viene a quitarnos los derechos, no solo a la población LGTBIQ+ sino al pueblo. Este es un espacio para encontrarnos, manifestar, abrazarnos y organizarnos”. Micaela Pérez, activista del colectivo Travesti Trans afirma: “Vine a pedir justicia por nuestras compañeras asesinadas en dictadura y post dictadura. Queremos repudiar a la Corte Nacional de Casación que decidió quitar como agravante el odio a la identidad de género, pedimos al Poder Judicial que garantice nuestras leyes”. 

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Tres chicos rubios de ojos celestes vestidos de riguroso negro llegaron a la plaza. Al ser consultados, responden que no hablan muy bien el idioma porque son rusos. El que mejor hablaba castellano dijo que se llamaba Davis —o simil— y que vinieron a vivir a la Argentina hace dos años. “Es muy peligroso vivir en Rusia. Allí somos terroristas, las personas LGBT somos extremistas y terroristas para la ley. Buscamos información y vinimos a Argentina”.

Pasadas las tres de la tarde, Bartolo dio inicio formal: “Bienvenides, bienvenidas y bienvenides al Festival Plurinacional Antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Gracias a todas las personas que están acá hoy convocades en el Congreso”.

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Una de las oradoras más lúcidas fue la activista Marlene Wayar.

  • “Hay toda una sociedad que nos votó en contra por un sueldito que les prometieron, les prometieron que iban a cobrar en dólares y se cagaron en los derechos humanos. Así que hay que poner en jaque a toda esta sociedad pidiendo más democracia, que el Congreso y la Justicia funcionen. Si miramos la realidad, somos quienes estamos, entonces creo que hoy pretender que el mensaje penetre es un poco ilusorio”.
  • “Estamos acá para abrazarnos entre nosotras, nosotros y nosotres. Honrar a nuestras muertas y estar juntes. Es una fecha de conmemoración de nuestra resistencia, de construcción, estando juntas, en comunidad, vamos a lograr esas otras luchas politicas, porque si no, las palabras son bonitas  pero se las lleva el viento”.
  • “Estemos con los pies en la tierra, no hay un político o política que nos esté mirando, no les interesa, están obnubilados en otra realidad, hay que traerlos a la tierra, hay que exigirles que respeten el ejercicio democrático de que las cosas son de todas, todos y todes y la nuestra es la más relegada así que es la primera a la que le tienen que dar prioridad y eso quizás sea con el proyecto de Ley de Reparación Histórica para las travestis mayores que está asegurando el futuro y que esta Argentina entienda que democracia es democracia y no se la puede bastardear”.

El Festival tuvo espacio para bailar chacarera, agitar banderas al grito de “para las travas reparación, es una deuda que nos debe la nación” y un final a todo ritmo con la banda Sudor Marika. Varias generaciones se dieron cita en la plaza del Congreso en el día internacional del Orgullo, se abrazaron, comieron, bailaron, defendieron consignas, exigieron la Ley de Reparación Histórica y como señaló Marlene, conmemoraron la resistencia de la mejor manera: juntxs.

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