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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

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El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.

Por Evangelina Bucari

Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.

Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.

A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.

¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:

Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense. 

A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.

La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.

El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como «femicidio seguido de suicidio».

El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad

Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.

No son cifras

En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:

14 en 2023,

15 en 2022,

23 en 2021,

7 en 2020,

16 en 2019,

18 en 2018,

12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:

55 utilizaron su arma reglamentaria,

Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),

En un caso el arma no estaba autorizada

En los 12 restantes no hubo datos de autorización.

No repetición, no cumplimiento

En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.

Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.

“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.

Otros incumplimientos

En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.

Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia». También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.

Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la  sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.

Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

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El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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