El lunes 11 de noviembre comienza el juicio por mal desempeño a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, los magistrados que intentaron dejar impune el femicidio de Lucía Pérez. Serán dos días de testigos y alegatos. El fallo se conocería durante el mes de noviembre. Cómo se logró este  jury, la acusación y cómo es lo que se viene.

Las claves de este jury:

• Las audiencias previstas son el lunes 11 y martes 12, desde las 10 de la mañana en el Senado bonaerense.

• Los jueces llegan acusados de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” tras el fallo que en su momento absolvió a Matías Farías y Pablo Offidani por el abuso sexual y muerte de Lucía Pérez, 16 años, y los condenó solamente por la venta de drogas en la puerta de la escuela marplatense a la que iba Lucía. 
• En la primera audiencia declararán testigos de la querella, el martes durante la tarde los que corresponden a la defensa de los jueces acusados, la mayoría peritos. Luego, se realizarán los alegatos. Cinco días hábiles después se conocerá el veredicto.
• El jury  podrá verse por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.  

¿Quienes integran el jurado de enjuiciamiento?

La comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia  está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por integrantes del Poder Legislativo. Sus nombres:

• Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
• Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
• Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria). 
• Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR). 
• Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Cómo se llegó

El 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale. En ese encuentro estuvieron presentes los diputados y diputadas de distintos partidos políticos –entre ellos Victoria Donda, Leonardo Grosso, Silvia Lospennato, Gabriela Cerruti, Romina del Plá y Facundo Moyano– quienes impulsaron el juicio político. 

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”.

Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios como jueces. El pedido de juicio no alcanzó a Aldo Carnevale, ya  que fue beneficiado por la jubilación anticipada concedida por la ex gobernadora María Eugenia Vidal.

Un año después, en 2022, la familia de Lucía Pérez entregó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires mil firmas de puño y letra y más de 34 mil virtuales, más cartas de organizaciones que acompañaron el pedido urgente de este jury. Ese momento llegó unos días antes de que se cumpla un nuevo aniversario de ese primer juicio que casi deja impune el femicidio.

Las imágenes de los jueces acusados por un fallo vergonzoso. Carnevale eludió el jury por jubilación anticipada otorgada por María Eugenia Vidal. Gómez Urso y Viñas serán juzgados a partir del lunes próximo.

La anulación de ese fallo

Para cuando la Bicameral resolvió acusar a los jueces, el fallo que habían dictado ya había sido anulado por la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires quien además resolvió la realización de un nuevo juicio que finalmente se llevó a cabo en el verano del 2023 y concluyó con la condena por el femicidio de Farías y Offidani. 

Algunos de los argumentos con los que se anuló el fallo, el cual consideraron que fue fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, fueron:

• “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.
• “Considero que esa nueva victimización secundaria que sufrió Lucía (aún después de muerta) atentó contra su intimidad y su dignidad, y la de su entorno; y se debe considerar como un claro signo de estigmatización”.
• “Para los Magistrados, Lucía evidentemente no coincidía con el estereotipo de la mujer víctima de violencia de género y violación, que no hubiera podido consentir. De lo expuesto, se desprende que el decisorio puesto en crisis demuestra el androcentrismo del derecho: descartaron el eventual abuso sexual respecto de Lucía, porque ella era una chica con una personalidad fuerte, con carácter, determinada y por ende, no vulnerable”.
• “Los estándares internacionales advierten sobre la necesidad de estar atentos a argumentaciones que justifiquen la violencia de género, porque la conciban como una cuestión ‘privada’ en importancia o porque contengan estereotipos sexistas”.
• “El razonamiento de los Jueces de grado se ha visto contaminado con los preconceptos que se han formado en forma previa al análisis de la prueba y de la situación fáctica que reconstruyeran en el debate”.

En su argumentación se resaltó, una vez más, lo fundamental y lo que es necesario recordar: el Estado argentino asumió el compromiso de prevenir y erradicar la violencia machista.  

Este sábado 9 de noviembre a las 17 se realizará una marcha en el barrio porteño de Núñez (Crisólogo Larralde y Grecia) hacia el mural que recuerda a Cecilia, que hoy cumpliría 41 años.

El 25 de abril de 2020 el cuerpo sin vida de la joven fue hallado en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, Córdoba. Hacía veinte días que estaba desaparecida, a 800 kilómetros de su casa. Ese recorrido es el que ha tenido que hacer su familia decenas de veces en estos cuatro años y medio, y lo seguirá haciendo mientras no haya verdad y justicia frente a ese crimen. El papelón de un juicio con un falso acusado, y la voz de la familia. Por Anabella Arrascaeta.

“Estamos, como siempre, en la lucha”, dice Daniel Basaldúa, papá de Cecilia. En el día del cumpleaños de su hija va a pasar la tarde junto a Susana Reyes, mamá de Cecilia y su compañera, en el mural que hicieron con la foto de su hija (que muetra la foto de portada). “Vamos a charlar un poco, van a ir algunos amigos. Estar ahí es recordarla, es estar de alguna manera con ella”. 

El próximo sábado 9 de noviembre, a las 17 horas, van a marchar desde Avenida Cabildo y Crisólogo Larralde, en Núñez, hasta ese mural ubicado en las calles Larralde y Grecia.

“Es importante marchar por el barrio porque era su lugar”, explica Daniel, y cuenta: “Lo hacemos todos los años y siempre vienen sus amigos. Era su barrio, era donde ella andaba, aún con todos los viajes que hizo, con todos los lugares por los que anduvo, Cecilia siempre tenía a su barrio presente. Por ejemplo acá cerca, en Platense, enseñaba patín. Ahí también tenía un equipo de hockey. Sus amigos de toda la vida son del barrio, como los míos y los de Susana, que acompañan a la familia. Es una forma de que puedan participar. El tema es no bajonearse y seguir haciendo todo lo necesario para que se conozca la verdad y se haga justicia en serio”.  

Historia del crimen

En 2020, cuando comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de covid-19, Cecilia estaba en Argentina después de cuatro años de viajar con su mochila y sus artesanías por toda América Latina. Los primeros días de abril se instaló en Capilla del Monte, Córdoba. Le había contado a su familia que estaba parando en el jardín de la casa de Mario Gabriel Mainardi, un vecino de la zona. El 4 de abril fue la última vez que habló con ellos. Su cuerpo apareció el 25 de ese mes, cerca de un basural de Capilla, luego de 20 días de intensa búsqueda y rastrillajes por toda la zona. Tenía signos de abuso sexual y de estrangulamiento.

Por el femicidio de Cecilia fue detenido e imputado Lucas Bustos, un joven de 24 años. La fiscal fue Paula Kelm llegó a juicio sin pruebas en su contra, y en julio del 2022 el tribunal lo absolvió reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen. Se trataba de lo que en la jerga se define como “perejil”: un inocente cuya acusación encubre a los verdaderos culpables. Después de que la familia tuviese que atravesar todo ese juicio, el femicidio de Cecilia continúa impune. 

En aquel momento se ordenó también una nueva instrucción para dar con los responsables del crimen. La causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Finalmente recayó en Raymundo Barrera, de Cruz del Eje, fiscal que entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre del año pasado el Fiscal General anunció la designación del fiscal Nelson Lingua.

Dice Daniel: “La causa está orientada nuevamente. Están haciendo cosas que no se hicieron antes. Lo que nunca hizo Paula Kelm lo hizo este fiscal, Nelson Lingua. Está trabajando. Nosotros estamos luchando para saber qué pasó, pero además hacemos estas cosas como marchar tanto en Córdoba y en nuestro barrio, para que a Cecilia no se la olvide, y esto es lo más importante”.

El mural hacia donde marchará el domingo la familia exige en letras negras “verdad y justicia”.

Al lado del rostro de Cecilia se lee: “Vivas nos queremos”.

Y hay una pregunta que a cuatro años de su femicidio la familia no va a dejar de formular, y que todavía está pendiente de respuesta: “¿Qué pasó en Capilla del Monte?”.

En reunión plenaria y con la firma de todo el arco político menos el oficialismo, el proyecto de ley contra el acoso en ámbitos laborales y académicos quedó listo para ser votado en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Cómo y por qué se gestó.

Por Anabella Arrascaeta/ Fotos Lina Etchesuri

El dictamen de la ley impulsado por Periodistas Argentinas para que en la ley de Protección Integral se incluya el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos fue firmado por la mayoria de las fuerzas que integran las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, y quedó así listo para ser tratado en el recinto en búsqueda de la media sanción. 

La iniciativa surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas y estudiantes afectadas por Pedro Brieger. A lo largo de una semana, las periodistas Claudia Acuña y Nancy Pazos escucharon los relatos de veinticinco mujeres –colegas, alumnas, vecinas– que sufrieron acoso por parte del periodista a lo largo de 30 años. ¿Qué hacemos con todo esto?, fue la pregunta y la propuesta de trabajo que así nació. El primer paso fue elaborar colectivamente el informe “La cultura del acoso: punto y aparte”  que resume los testimonios -revelando la compleja dimensión del acoso- y desnudando las responsabilidades institucionales de medios públicos y privados, instituciones académicas públicas y privadas y todos y cada uno de los contextos y personas que silenciaron y naturalizaron estas violencias. Como conclusión el informe – presentado en el Senado de la Nación- evidenciaron que existen leyes para penalizar el acoso callejero, pero no para aquellos que se producen en el ámbito laboral y académico: esa es la gran deuda que el informe de Periodistas Argentinas propuso saldar y para eso se pusieron a elaborar un proyecto de ley. 

Luego de esa presentación fueron invitadas a exponer en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, presidida por Mónica Macha (Unión por la Patria), a donde presentaron el proyecto. “No estamos acá para una selfie, sino para proponerles organizar un grupo de trabajo que construya las herramientas que necesitamos para poder trabajar sin sufrir estas violencias”, sintetizó ese día la periodista Claudia Acuña, fundadora de Cooperativa lavaca. Así fue: en esa reunión la diputada Silvana Giudici (PRO), invitó a todas las integrantes de la comisión a firmar una declaración para expresar el repudio a los hechos denunciados, y así se construía la transversalidad que marcó el camino legislativo. 

Tres meses después de publicado el informe, Periodistas Argentinas presentó en la Cámara de Diputados el proyecto que propone modificar la Ley de violencia contra las mujeres (26.485), incorporando en un nuevo inciso el acoso sexual en contextos laborales y académicos, tipificando esta violencia como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. El proyecto fue ingresado por Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, y firmado por representantes de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, UCR, Frente de Izquierda, PRO y Coalición Cívica. 

Un mes después, las comisiones de Mujeres y Diversidad y de Legislación Laboral convocaron a una reunión plenaria para firmar dictámen, que obtuvo 34 firmas: todo el arco político, excepto el oficialismo de la Libertad Avanza, quien no suele participar de las reuniones de comisión. 

“Hoy, acá, estamos tratando de ponerle calma a mucho dolor. Es inconmensurable el paso que se está dando, y por más que haya convenios de todo tipo esos convenios son el techo y acá le estamos poniendo un piso real y concreto a situación que cualquiera de nosotras puede describir”, celebró la periodista Nancy Pazos luego de concretarse el dictámen. A su lado estaba la periodista Agustina Kampfer, que en el año 2010 expresó públicamente en un programa de televisión que el periodista Pedro Brieger, flamante ganador del premio Martín Fierro, era “un acosador”. Fue la primera en hacerlo, en ese momento nadie la escuchó. Dijo hoy Kampfer: “En Periodistas Argentinas somos un colectivo que lo que está demostrando es que para lograr las cosas la lucha es colectiva. No tengo dudas de que quienes están acá han sufrido situaciones de acosos, sé que lo están haciendo de un lugar no operativo, sino que también de protagonistas”. 

La diputada Mónica Macha encabeza la comisión de Mujeres y Diversidad, que junto a la de Legislación Laboral (presidida por Martín Tetaz) firmaron el dictamen por unanimidad.

Las voces en el Congreso

La reunión estuvo presidida por las autoridades de las comisiones de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (UxP); y de Legislación Laboral, Martin Tetaz (UCR), que dieron la palabra a diputados y diputadas de distintos bloques que acompañaron la iniciativa. 

“Este agregado resulta necesario, va a significar un nuevo avance, y sobre todo va a ser justicia. Falta mucho para que en el ámbito laboral los derechos de hombres y mujeres sean iguales”, sostuvo el diputado de Unión por la Patria Hugo Yasky, además Secretario General de la CTA. 

La diputada Natalia Sarapuba (UCR), expresó que “la violencia es transversal, y en algunos ámbitos se expresa con mayor contundencia”, por lo que “desde las mujeres radicales sentimos que la firma de esta dictamen es una muestra de que vamos a defender los derechos de las mujeres, y vamos a construir una agenda que tenga consensos y ponga estos derechos como prioridad”. La diputada Silvina Giudici (PRO) también hizo foco en el logro de consensuar en un tema tan importante: “Me parece central que sigamos por este camino, muchas veces con obstáculos, que significa defender los derechos de las mujeres”. 

Nancy Pazos, de Periodistas Argentinas durante el encuentro en Diputados.

La diputada Julia Strada (UxP) mostró datos oficiales del ex Ministerio de Trabajo sobre las medidas que impulsan las empresas para la equidad. Específicamente sobre el acoso laboral comentó: “el 70,4% de las empresas dijo que en los últimos 5 años no hizo nada para la prevención. Los datos indican que hay una falta de provisión de herramientas que es importante incorporar”. 

El diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal) informó que espera que se trate antes de fin de año en el recinto. Lo mismo dijo el diputado Sergio Capozzi del PRO. Ese es el próximo paso.