#NiUnaMás
Lucía Pérez: así comenzó el juicio político a los jueces

“El primer juicio fue una tortura” dijo Guillermo, el padre de Lucía Pérez, para graficar lo que vivió la familia en 2018 por parte de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, que absolvieron a dos narcotraficantes por el abuso sexual y muerte de la menor, que tenía 16 años. Fue parte de lo ocurrido en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde ocurrió un hecho histórico: el enjuiciamiento a los jueces por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Por Anabella Arrascaeta / Fotos Juan Valeiro/lavaca.org.
El proceso fue impulsado en 2018 por diputados y diputadas nacionales tras analizar los argumentos del fallo firmado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale (este último logró eludir el jury al pedir la jubilación anticipada).

Antes de entrar a la audiencia, Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, junto al mural instalado en la pared del Senado, donde se desarrolla el jury, en el que se ven las imágenes de cientos de víctimas de femicidios. Foto Juan Valeiro para lavaca
Ese mismo fallo fue anulado en 2020 por la Sala IV de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires que ordenó además celebrar un nuevo juicio. En esa nueva causa (2023) se encontró culpables por el femicidio a los dos acusados: Matías Farías fue condenado a cadena perpetua y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”, hasta entonces solo condenados a 8 años por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. En ese nuevo juicio los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez.
En el jury que comenzó este lunes 11 de noviembre, la Comisión encargada de evaluar el caso y dictar sentencia está encabezada por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, Daniel Fernando Soria, y conformada por senadores Gustavo Soos, Gabriela Demaría y Ariel Martínez Bordaisco y las diputadas Maité Milagros Alvado y Susana Haydee González
A sus espaldas, en el salón “Nunca Más”, una pared entera muestra junto a la inscripción “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, fotos históricas del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar. En la calle, decenas de mujeres habían instalado un gran mural con cientos de fotos de víctimas de femicidios, y escuchaban la audiencia a través de la transmisión oficial de la Corte Suprema bonaerense y tejían atrapasueños, tal como lo hacía Lucía.

Guillermo Pérez durante su declaración: contó lo que sentía al ver de qué modo se referían a su hija. Foto Juan Valeiro para lavaca
Perspectiva de género y discriminación
El primero en hablar fue el fiscal Marcelo Lapargo, representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia. Lapargo avaló la acusación argumentando que los jueces Viñas y Gómez Urso violaron no solo la perspectiva de género sino toda una jurisprudencia en materia de discriminación, derechos humanos y protección de la niñez.
Dijo: “Se han desobedecido leyes, y buena conducta para un juez es cumplir con la ley”.
En aquel primer juicio de 2018 los magistrados hoy enjuiciados realizaron una interpretación tendenciosa de las supuestas costumbres de Lucía –se reitera: una menor, 16 años– victimizándola nuevamente.
El fiscal Lapargo detalló: “Nada autoriza a meterse con la vida de una persona para resolver si es merecedor o no de la tutela que los jueces le deben garantizar. Hubo inclusive parcialidad. Al pensar en historias de vida, en estilos de desarrollo personal, se las analiza en perjuicio del imputado. Recordemos: el imputado, un vendedor de droga en la puerta del colegio. Lucía: una niña de 16 años. Y punto. Nada de su vida merece análisis, charlas sobre su genitalidad, todo sobra: ella tenía la tutela que establece ‘no se puede violar a otro’. Basta. No había forma de no tener en cuenta este punto”.
Más tarde agregó: “Se juzgó en materia de estereotipo y eso se utilizó para fundamentar la quita de derechos”. Para el fiscal, este proceso no interfiere en la independencia judicial. “No hay modo de que el juzgamiento por buena conducta afecte a la independencia de poderes”.

Imagen durante la audiencia en el Salón Nunca Más, del Senado bonaerense. Foto Juan Valeiro para lavaca
Dijo Lapargo que la escucha de la familia por parte del Tribunal es parte “del proceso de reparación, y no es poco”. Durante las declaraciones Marta Montero, mamá de Lucía, profundizó sobre el mismo punto que había defendido el fiscal: “No se puede hablar de una víctima de esta manera. Es una criatura con 3 adultos que vendían droga; es una adolescente. Alguno de ustedes que haya tenido hijos adolescentes, me podrá entender. Que personas adultas, preparadas, jueces hablen desde ese lugar… lo que hicieron fue revictimizar a la víctima y culparla del delito que habían cometido otras personas: culparon a una niña de 16 años”.
Anatomía y victimización
Una de las principales tensiones del inicio del debate de hoy fue la composición de la lista de oradores, que por parte de la defensa de los jueces incluía a médicos peritos del primer juicio. “No se me ocurre el aporte de la anatomía de la niña que puede orientar sobre la responsabilidad de los jueces”, dijo el fiscal Lapargo. “Lo que nosotros venimos a juzgar hoy es cuál fue el desempeño de quienes tuvieron tamaña responsabilidad y consagraron esta segunda victimización” aclaró el abogado de la familia Pérez.

Breve deliberación de integrantes del jury. Detrás, las imágenes del Salón dedicado a la memoria, verdad y justicia sobre los crímenes cometidos por la dictadura. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Finalmente la defensa de los jueces desistió de los peritos pero solicitó que se pasara el video de la declaración del ateneo médico en el primer juicio.
El Tribunal se tomó un cuarto intermedio para decidir esto, y finalmente acordaron que solo ellos y ellas verían el video para no volver a exponer a la víctima.
En total son 15 los testigos previstos, nueve en esta primera jornada.
¿Qué espera una familia?
“El primer juicio fue una tortura” describió Guillermo Pérez a mencionar cómo Lucía estaba siendo juzgada por su supuesta forma de vida. “Ver cómo se referían a mi hija, y el Tribunal no ponía orden… Vuelvo a repetir: cuando nuestro abogado preguntaba algo, decían: agotado el punto”. Guillermo describió la actitud del tribunal frente a la familia: “Eran rígidos solo con nosotros. A un perito nuestro lo trataron muy mal, diferente”, y contó hasta qué punto la sentencia de la impunidad los afectó: “Éramos una familia muy unida. Había tanta esperanza en el juicio… Y ver después una familia destruida. Marta, que hizo la secundaria de grande y estudió de grande enfermería, ver que después no podía rendir un examen para la licenciatura, me dolió muchísimo. Matías, mi hijo, que estudiaba Derecho, también tuvo que abandonar, por ahí tenía de profesores a estos mismos jueces que tenemos en el jury. Yo después, al tiempito que pasó lo de la sentencia, hacía 28 años que trabajaba en el lugar, me echaron. Me echaron por la causa, porque yo necesitaba tiempo para la causa. Después de 28 años me echaron. Sin trabajo, con la familia destruida, hasta el día de hoy: es muy duro. Y sin Lucía”.
La declaración culminó con una pregunta muy sencilla del abogado de la familia, Martín Olari: “¿Qué esperás vos Guillermo de este proceso?”
La respuesta también fue sencilla: “Justicia”.
“No vamos contra la justicia”

Marta Montero durante su declaración. Foto: Juan Valeiro para lavaca
Llegó el turno de escuchar a Marta Montero, mamá de la joven:
- “Nosotros llegamos acá a las 5.10 de la mañana, en un micro de línea. Cerré los ojos por dos horas y se me apareció Lucía, la vi a Lucía con su hermano. Y yo sé que Lucía ya no está”.
- “Hay cosas que no vuelven atrás, hay daños que se le hacen a una familia que son irreparables. Ese daño irreparable es también el que hicieron esos jueces. Tal vez muchos de ustedes son padres y madres y me podrían entender lo que me pasa por las entrañas cada vez que me levanto”.
- “Cuando hablamos de esas llagas que nos quedan en el cuerpo y en el alma, también hablamos de que en el juicio, esta mujer que ven acá, en un momento en el que estaban hablando de la autopsia de mi hija, se me caían las lágrimas. Y el doctor Viñas me dijo qué me pasaba, si necesitaba un vaso de agua o quería salir. Le dije que no, que le agradecía; que quería escuchar lo que dijeran de mi hija. Y me dijeron que me callara, que no era mi momento. Cuando a una persona que está escuchando esa pericia de su hija, lo único que merece es respeto. Respeto y piedad. Lo único que pedimos es respeto. Trátenos bien. Solamente yo, en ese momento, sabía lo que pasaba por mi cuerpo y por mi alma al ver eso. Entonces, no se puede decir “que se calle la boca o sino que se vaya afuera”. Yo tengo derechos como persona, como madre. Por lo menos se tenga piedad con las lágrimas de esa madre”
- “Todas las audiencias fueron del mismo tenor: había que hacer eso con la madre. No importaba. Tampoco importaba si los imputados puteaban a la familia, nunca se paraba la audiencia, la audiencia seguía. Yo creo que es una cuestión de sentido común, hablamos de sentido común: no se puede estar insultando a una familia. Alguien tiene que parar eso. Y estos jueces no lo hicieron. Entonces, todos los agravios que nosotros como familia sufrimos –los tres: mi hijo, mi esposo y yo– solamente en nuestra alma queda; nosotros solos sabemos lo que sufrimos y pusimos en cada una de esas 15 audiencias. Todos los días levantándome a la mañana para ir a escuchar todo eso y con esa falta de respeto”.
- “Nosotros no vamos contra la justicia ni vamos contra los jueces. Nosotros de hecho escuchamos a jueces, nos explican derecho… Pero acá a nosotros nos pasó esto. En esta causa, pasó todo esto. Y mucho más”.
La descripción de la actitud de los jueces, según Marta: “Mal, déspota, a uno de los testigos lo trataban de tonto. De hecho, hay una testigo, una oficial de policía, que quiso dar su testimonio, ella tenía una prueba fundamental, y fueron a un cuarto intermedio y deciden que no se presente esa prueba. Era una foto que se había sacado en el momento en que la llevan (a Lucía). Ellos deciden que esa foto no se sume. Esa foto era una prueba fundamental, y no se quiso sumar a la causa en ese momento. En cambio seis años después se sumó. Y ahí los enjuiciaron”.
Finalmente le habló al nuevo tribunal: “Ustedes son parte de las leyes que tenemos. Son parte de este proceso de justicia. Desde mi humildad, que sea lo que tenga que ser: que se haga justicia, por mi hija y por tantas hijas”.
“Se nos pasa la vida pidiendo justicia”

En la calle: los ojos de Lucía y un celular con la transmisión del jury. Foto: lavaca
Después declaró Matias Pérez, hermano de Lucía: “Hasta que no terminó todo no me di cuenta lo que pasaba. Hasta que no pasó, no me de cuenta que las cosas no éramos como pensábamos, no eran a nuestro favor: eran a favor de la otra parte”.
Así comenzó su declaración en el juicio político a los jueces que buscaron dejar impune el femicidio de su hermana. Su declaración fue breve, precisa y muy clara.
Sobre aquel juicio de 2018: “Básicamente se le echaba la culpa a Lucía, como si ella hubiese buscado lo que le pasó”.
Sobre la sentencia: “De los acusados se decía básicamente que eran unos buenos tipos”.
Sobre el impacto en la familia, dijo Matías: “No volvimos a ser nunca más los que éramos antes. Seguimos juntos, todos con un mismo objetivo, pero siempre esperándola. Con esto que no se termina más, que no tiene un fin. Solemos juntarnos los domingos a comer y el tema de todos los domingos hace ocho años es el mismo: es Lucía, y el juicio. Y lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Daniel, papá de Cecilia Basaldúa con los ojos de Lucía. Foto: Juan Valeiro para lavaca.
Cómo sigue
Luego de que declarara el ex abogado de la familia Pérez Montero se hizo un cuarto intermedio. Durante la tarde se presentaron seis testigos más:
- Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años. Sobre el accionar de los jueces dijo: “Los jueces hablan con sus sentencias. Ahí hablaron. Saleron a condenar a Lucía”.
- María Elena Naddeo, Secretaria General de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ex legisladora, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs, explicó que en el caso de Lucía se produce una intersección de la discriminación por ser mujer y por ser adolescentes, “es lo que vemos que no se tuvo en cuenta”. Agregó: «La sentencia fue absolutamente parcial, cargada de un espíritu contrario a los derechos de la infancia, con la tendencia a negar el abuso sexual en la infancia, como una tendencia conservadora a negar los delitos sexuales más aberrantes contra la infancia».
- Laureana Malacalza, en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, explicó que en el juicio fue convocada para dar cuenta de la importancia de la perspectiva de género en la justicia y que cuando expuso los jueces le preguntaron “si eran conceptos que ella había inventado”. Sobre la sentencia dijo: “Lo que dice una sentencia es un mensaje reparador para la familia y para la sociedad, o puede ser un mensaje legitimador de la violencia, en este caso fue legitimador de la violencia”
- Natalia Gauna, que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias, quien relató también la misma situación contada por Malacalza y los comentarios que los jueces hacían durante la audiencia de pericias del cuerpo de Lucía. Explicó incluso cómo sonreían mientras se describían las vejaciones a las que Lucía Pérez había sido sometida.
- Además expusieron dos trabajadores judiciales: Fernando Fernandez y Alejandro Agote. En ambos casos brindaron un panorama sobre el accionar de los jueces ante trabajadoras y trabajadores, episodios de maltrato incluidos, y antecedentes sobre otras sentencias en las que tampoco aplicaron perspectiva de género alguna: «Ya teníamos un antecedente respecto a la conducta de este tribunal».
Mañana en la segunda jornada habrá dos testigos. Luego, todas las partes harán sus alegatos. La sentencia se conocerá dentro de los cinco días hábiles posteriores.
En la calle se seguía la audiencia, entre abrazos y atrapasueños.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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