El clima en la sala durante la primera audiencia. Los raros comentarios de los abogados de los acusados, lo que dicen los familiares. Funcionarios políticos y policías en el banquillo. Cómo comprender lo que se juzga.

“Por fin” era la frase con que familiares de las víctimas de la represión del 19 y 20 se unían en un abrazo, con más sonrisas que caras largas. A 12 años de la revuelta que cambió el país, comenzó este lunes 24 de febrero el juicio que investiga cinco homicidios, y las heridas y lesiones provocadas a 117 personas, todo ocurrido en Capital Federal durante la madrugada del 19 y el día 20 de diciembre de 2001. La causa principal involucra a responsables del Ejecutivo y altos mandos policiales, algo inédito en la justicia argentina; y otras causas conexas buscan determinar la responsabilidad de 11 efectivos policiales como autores materiales.
Se estima que el juicio – que tiene más de 550 testigos- durará todo el 2014 y parte del año que viene, a un ritmo de dos jornadas semanales: los miércoles y viernes desde las 9 hasta las 17.

“La responsabilidad política también es penal”

La jornada arrancó con una hora y 22 minutos de retraso, a la espera de que se organizaran las acreditaciones y la sala se llenara. “Si esperamos 12 años, una hora más no es nada”, ironizaba Verónica Cárdenas, la hija de Jorge Cárdenas, el primer asesinado de la secuencia represiva, un caso clave –se verá- aunque su muerte no se juzga en estas audiencias.
Ya antes, en los pasillos de Comodoro Py, el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, adelantaba a lavaca la estrategia de la querella: “Se busca juzgar a los responsables políticos de quienes dieron las órdenes del operativo, quienes tenían el deber de controlar y monitorear el desempeño de las fuerzas de seguridad. La responsabilidad no se debe cortar por el hilo más delgado, que son los policías que apretaron el gatillo. La responsabilidad política también es penal”.
La frase describe la situación del ex Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, el entonces Superintendente de Seguridad Metropolitana, Raúl Andreotti, y el director general de operaciones Norberto Gaudiero, acusados de homicidio culposo. Las muertes que se investigan son las de Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23) y Gustavo Benedetto (23), Alberto Márquez (58) y de 117 lesiones culposas (traducción: 80 heridos por balas de plomo).
Es la primera vez en la historia argentina que se va a juzgar a funcionarios políticos por delitos que cometió la policía en el marco de una represión. “Pero sigue siendo un problema que el juicio se produzca 12 años después”, dice Chillier. “Eso habla que todavía hay mucho por hacer en materia de justicia cuando se trata de investigar a poderosos”.
El gran ausente de la lista de juzgados, señalado unánimemente por los familiares en la sala, es el ex presidente Fernando de la Rúa, sobreseído por el juez federal Claudio Bonadio en marzo de 2012; si la Corte Suprema de Justicia no decide lo contrario (el trámite fue apelado por la querella) sólo comparecerá para declarar como uno más de los 580 testigos. Si decide lo contrario, De la Rúa podrá ser uno de los acusados.

Enrique Mathov

La acusación

Los argumentos que conectan las muertes con los responsables del operativo se basa en el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: no se podía confiar el día 20 en una policía que ya el 19 había matado al menos a una persona (Jorge Cárdenas) con bala de plomo. Para ello, durante la lectura de los requerimientos de elevación a juicio se citaron una serie de testigos – muchos propios efectivos de la fuerza- que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

• Enrique Mathov: según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el Ministro del Interior, Ramón Mestre (el otro funcionario del Ejecutivo en la causa, fallecido en 2003), el jefe de la Policía Santos, el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.
• El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores para concreción del operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según las pruebas reunidas fue quien dio la orden de desalojar la Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Se consideró su conducta “imprudente”, ya que sólo “incrementó riesgos”.
• Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado el operativo desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muerte.

Homicidios

Las acusaciones más graves caen sobre cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Policía Federal, acusados como coautores de homicidio simple por la muerte de Alberto Márquez y de homicidio en grado de tentativa por las heridas a Paula Simonetti y Martín Galli. Martín aún tiene una bala alojada en la cabeza. Los acusados son Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro, quienes aquel 20 de diciembre a las 19 horas bajaron de tres autómoviles – una camioneta Ford Ranger gris, un Fiat Palio colorado y un Peugeot 504 blanco-y efectuaron disparos de escopeta 1270 con munición de plomo hacia un grupo de manifestantes que estaba descansando en la plazoleta entre Cerrito, Sarmiento y Perón.
Las otras causas conexas elevadas a juicio investigan al policía federal Omar Bellante de encubrir el crimen de Gustavo Benedetto, asesinado por un disparo que provino desde el interior del banco HSBC de Avenida de Mayo y Maipú, cuyo autor sería el jefe seguridad del banco, teniente coronel Jorge Varando, quien fue absuelto anteriormente; y el accionar de otros ocho policías hoy presentes en distintas causas, por lesiones, vejaciones o encubrimientos: Jorge Daniel Toma, Carlos Alberto Loforte, Víctor Manuel Belloni, Sebastián Leoneardo Saporitti, Mario Andrés Seia, Ariel Gonzalo Firpo Castro y Horacio Bautista Berardi.

Las madres juntas

“Acá estamos todas las madres juntas”, abrazó la madre de Plaza de Mayo Tati Almeida a la madre de Gastón Riva, en las vísperas de la audiencia. Todo transcurrió en la sala más grande del Tribunal, conocida como Sala AMIA por haber sido construida para aquel juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal N° 6.
Como Tati, muchos de los presentes en el subsuelo de la sala no sólo eran familiares sino protagonistas de las jornadas del 19 y 20: muchos jóvenes de entre 30 y 35 años. Entre ellos se mezclaron los padres y madres, gente de la agrupación HIJOS, políticos como Pablo Ferreyra y Luis D´Elia, el periodista y presidente del CELS Horacio Verbitstky, el director ejecutivo de dicha entidad Gastón Chillier, Leonardo Santillán (hermano de Darío, el piquetero asesinado el 20 de junio de 2002), Pablo Pimentel de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, entre otros.

Muerte en el Congreso

Antes del comienzo de la audiencia tuvieron lugar una serie de reencuentros en forma de abrazos entre los distintos familiares de las víctimas. “¡Tanto tiempo!”, saludaba la familia de Jorge Cárdenas a los Lamagna, los Benedetto o los Riva. El caso de Cárdenas, si bien no estaba siendo juzgado, fue uno de los pilares argumentativos para la causa que investiga a los mandos jerárquicos: Jorge murió en las escalinatas del Congreso la madrugada del 19 de diciembre, un día antes de la represión sistemática que provocó la mayoría de las muertes. Las querellas y los fiscales argumentaron que este hecho es suficiente para determinar el cese del “principio de confianza” en los efectivos policiales. Es decir: la policía había actuado con armas de fuego un día antes de impartir las órdenes para un violento operativo. La viuda de Jorge, Blanca, recuerda de aquel domingo: “Ese día salimos en auto a recorrer Merlo, a ver qué estaba pasando. Llorabas. Estaba todo vaciado, la gente como loca. Cuando volvimos nos pusimos a mirar la tele, los saqueos… Entonces mi marido dice: ‘¿qué hago acá sentado?’ y salió con uno de los chicos”.
El chico mide metro ochenta y pico y su contextura supera a la de los gendarmes de la sala. Juan Manuel Cárdenas tiene una remera blanca con una foto de su padre asesinado, el cuerpo tirado en las escalinatas del Congreso Nacional. “Por más justicia que haya, a mi marido no lo tengo más”, dice Blanca. “Pero estoy hoy con esta gente para que esto no vuelva a ocurrir”.
Verónica Cárdenas, hija de Jorge, aquel 19 se quedó cuidando una farmacia por el temor a los saqueos. Dice que la audiencia de hoy es “muy emocionante” y que cree en la justicia a pesar de todo. Su pie no deja de golpetear el suelo: está nerviosa. La audiencia está por empezar y pide una pastilla para aguantar la presión. Son las 11:18 de la mañana.
Se sienta el Tribunal representado por José Martínez Sobrino, Javier Anzoátegui y Rodrigo Giménez Uriburu. La fiscalía está compuesta por los fiscales Mauricio Viera y los ayudantes Fernando Fiszer y Santiago Vismara.
Primero se realizó la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga a Mathov, Santos, Andreotti y Gaudiero, en el cual los fiscales Horacio Comparatore – ya fallecido- y Patricio Evers explicaron la conexión entre la orden del Poder Ejecutivo de desalojar Plaza de Mayo y el recrudecimiento de la violencia del accionar policial. Luego de esto se leyeron parte de los requerimientos realizados por las dos querellas en la causa de Mathov: la del CELS que patrocina a las familias de Diego Lamagna y Gastón Riva, a cargo de Rodrigo Borda, y la que representa el abogado de derechos humanos Rodolfo Yanzón.

El perdigón y el tachito

Si bien hoy se leyeron los requerimientos de elevación a juicio, en alguno de ellos – y en los pasillos también- se hizo referencia a los argumentos de la defensa de los funcionarios acusados. La estrategia trata de separar el “qué” y el “cómo”: plantear que el alcance de una orden no puede tener consecuencias penales. Sobre esto, lavaca pudo escuchar a uno de los abogados defensores explicándole gráficamente a otro hombre durante el cuarto intermedio: “Es como si estás acá sentado y te acusan de algo que pasa allá afuera a 80 cuadras”. Este abogado mencionaba además detalles técnicos de las pruebas aportadas por la querella: “Vos sabés que el perdigón cuando sale…”.
Otro comentario informal escuchado: “El tiro está en dirección descendente. ¿Qué tenían un tachito para subirse y tirar desde ahí?”, frase acompañada de un gesto que señala a un edificio imaginario, como si el tiro hubiese provenido desde otro lado y no desde el cordón policial.
Más allá de esta informalidad, según relató el abogado Borda, del CELS, las defensas efectivamente se dirigen al “cómo”: dicen que las muertes son hechos no esclarecidos (quién fue, en qué momento) y que no hay pruebas suficientes para determinar quién dio las órdenes.

Mientras hablaba De la Rúa

Otro de los abogados querellantes, Maximiliano Medina rebate la tesis de la defensa en diálogo con lavaca: “Hay un cúmulo importantísimo de pruebas que tienen que ver con testimoniales, con pericias, con cruces de llamadas, con documentos, videos, que dan cuenta no sólo de la represión sino del circuito de las órdenes políticas y jerárquicas de la policía, para poder probar la responsabilidad no sólo de quienes dispararon, sino de quienes dieron las órdenes”.
Por ejemplo: un peritaje audiovisual estableció que entre las 16 y las 16:30 fueron baleados Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón y Gustavo Benedetto en las inmediaciones de Plaza de Mayo; ese intervalo coincide con un mensaje televisivo de De la Rúa que ocupó las transmisiones de televisión.

El Estado y la protesta social

Pero además de las posibles condenas, ¿qué lecturas se pueden de hacer del juicio que acaba de comenzar hoy? Así como la crisis de 2001 fue un motor de cambios en materia democrática, el sello penal a la represión estatal de la protesta social más grande de este siglo no puede sino dejar antecedentes.
Dice Chillier: “Acá llegamos y aún tanto tiempo después, la idea es resignificar lo que sucedió en aquel momento, que fue un punto de inflexión en materia de protesta social, de cómo el Estado actúa frente a la protesta social, del rol de la sociedad frente a decisiones ilegítimas como fue la declaración del Estado de Sitio… Durante la gestión del presidente Kirchner se decidieron nuevas reglas sobre cómo debían actuar las fuerzas de seguridad, pero lamentablemente hace algunos años empezaron a perforarse esas políticas. De hecho en los últimos años todavía hay muertos en distintos contextos de protesta, por lo cual me parece que todo este juicio sirve para poner sobre la mesa las responsabilidades de los funcionarios, pero también cómo debe actuar el Estado frente a la protesta social. Para discutir las políticas represivas que consideramos violatorias de reglas democráticas y de derechos humanos, hacen falta condenas. Y discutir la responsabilidad penal de los funcionarios que dan esas órdenes”.