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8M desde el pie: Las razones de un paro que se impone desde abajo

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8M desde el pie: Las razones de un paro que se impone desde abajo
Postal del Paro de Mujeres, el 8M del 2018.

Desde Jujuy, Tucumán, la provincia de Buenos Aires y todo el país las mujeres se preparan para parar y organizan marchas e intervenciones en la calle de cara a un nuevo 8M. Cómo surgió esta revolución que reclama mejores condiciones de vida, menos violencia y acciones concretas y urgentes del Estado. Lo que se denuncia: las policías, las complicidades gubenamentales y la impunidad judicial. Lo que deja la pandemia. Y lo que brota desde abajo: una organización creciente ante los femicidios que no paran. Cómo serán las movilizaciones y lo que dicen las mujeres y disidencias y las familias de víctimas desde los territorios.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

Un 8 de marzo de 2017 fue el primer año que en Argentina las mujeres y diversidades pararon. “Si nuestro trabajo no vale, que produzcan sin nosotras”, dijeron y se convocaron masivamente en plazas, calles y lugares de trabajo para hacerse escuchar. Venían de la experiencia que dejó el 19 de octubre de 2016, primer paro de Mujeres en nuestro país, luego del femicidio de Lucía Pérez.

Este lunes tendrá lugar el sexto paro, porque a pesar del tiempo y del cambio de Gobierno, las demandas del movimiento feminista siguen más vigentes que nunca. Con 66 femicidios en lo que va del añosegún datos del Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez-, el eje está puesto en seguir luchando contra la violencia machista en todas sus expresiones. Como en cada oportunidad, habrá paro, acciones y marchas en todo el territorio nacional producidas por el desborde que impulsa la urgencia y la necesidad.

“Estamos planteando reclamos relacionados con la violencia de género que padecemos las mujeres en Jujuy, por eso también el 8 haremos una presentación para pedir un jury al juez Pablo Martín Pullen Llermanos quien tuvo una participación directa en la vulneración de derechos de Marina Paniagua, otorgando la libertad a su femicida cuando había informes que mostraban el riesgo que implicaba para Marina”, explica Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, una provincia en la que los femicidios en pandemia encendieron todas las alertas. El lunes a las 17 se concentrarán en la plaza principal para volver a decir que el Estado y la Policía son responsables de los femicidios y pedirán una vez más la renuncia de Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy: “Entendemos que la omisión del Estado en lugares clave como el que ella dirige, hace que a las mujeres nos cueste la vida”, señala Vargas.

En la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres y disidencias de la organización territorial La Dignidad movilizarán el martes 9 a distintas comisarías de la Ciudad. ¿Por qué eligieron plantar sus reclamos ahí?  Lo explica Lucila González: “Las comisarías son el primer lugar que tenemos para ir cuando somos violentadas, y ahí muchas veces no nos toman las denuncias, o somos revictimizadas, descreen de nuestras palabras y relatos y somos violentadas una y otra vez. Vamos a acompañar la movilización al Congreso Nacional del 8 de marzo, pero también creemos que son necesarias las acciones concretas y directas en la calle y en las instituciones responsables”.

Responder con los pies

La semana pasada General Madariaga, una localidad bonaerense de 20 mil habitantes, fue noticia por el femicidio de Graciela Noemí Funes, asesinada a balazos por el oficial de policía Franco Mauricio Torres, cuando intentaba evitar que el oficial abusara de su hija. “Estamos preocupadas por el aumento de la violencia, pero también conmovidas porque cada vez somos más las mujeres y disidencias que se están sumando a la organización acá en Madariaga”, explica Celeste ladino, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias que nació de las celebraciones en la plaza local por la conquista que significó el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en diciembre pasado. “La multisectorial busca ser un nexo entre todas las personas y organismos del Estado que deberían intervenir para que no pasen estas cosas”, cuenta Celeste, luego de la multitudinaria movilización espontánea que se realizó el día del brutal femicidio de Graciela. “Todo el pueblo salió a la calle, eran cuadras de movilización”, detalla Celeste. Este 8M realizarán una jornada extendida en la plaza principal para debatir y reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a las mujeres y disidencias. También habrá una “feria consciente, autogestiva y feminista y música en vivo”. 

“Hablar de barrio y organización es hablar de compañeras que cada día resisten y sobreviven en el hambre y la miseria, desde siempre”, señala desde Tucumán, Leonor Cruz, responsable del área de género de la Federación Nacional Territorial y miembro de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Tucumán. Bajo la consigna “Trabajadoras somos todas”, este lunes las mujeres de los territorios van al paro: “porque luchamos y deseamos un presente sin estigmas, sin estereotipos,  sin violencias.  Para que dejen de matarnos, de violarnos, de golpearnos. Las mujeres de los barrios paramos por un país más justo y  porque no nacimos para revolver la olla, nacimos para cambiar la historia y lo hacemos  juntas y organizadas”, sintetiza Leonor.

Parar la olla

En medio de la pandemia, las  mujeres del Centro Cultural y Comunitario al Pié del Cañón de Moreno, sintieron en carne propia que la violencia era una consecuencia inherente de la sociedad machista en la que se vive, que el encierro de las medidas de aislamiento, profundizó aun más. “Desde la olla popular veíamos que el confinamiento fue un detonante que se sumó al resto de las problemáticas que veníamos viviendo las mujeres y las disidencias”, dice Lorena Alderete y remarca el impacto que tuvieron la falta de respuestas de las instituciones del Estado. Sin embargo, el movimiento feminista de Moreno no estuvo quieto en pandemia: “Marchamos para denunciar estas situaciones de vulnerabilidad en que estamos la mujeres de los territorios cada vez que lo necesitamos”, dijo Alderete.

 “Este 8 de marzo salimos a protestar por todas las mujeres de la economía popular”, agrega Liliana Condori, referente del MTE y de la UTEP Mujeres y diversidad. Es que en este tiempo de pandemia, fueron las mujeres de los territorios “quienes estuvieron en la primera línea, garantizando el alimento para las familias, a través de los merenderos y comedores comunitarios”, dice y lamenta que aún no sean reconocidas salarialmente como trabajadoras y que tampoco se las tenga en cuenta de manera prioritaria para el Plan de Vacunación. Condorí coincide que el aislamiento profundizó la violencia “porque muchas de ellas están conviviendo las 24 horas con su agresor, y pareciera que no hay justicia: los teléfonos de la línea 144 no atienden los fines de semana”.

8M desde el pie: Las razones de un paro que se impone desde abajo

Cuidar es un trabajo

“Llegamos al 8M con crisis sanitaria, pero ratificando desde todos los sectores que la calle es el lugar donde conquistamos cada uno de nuestros derechos y no la podemos abandonar aunque sabemos cómo nos tenemos que cuidar. A eso lo sabemos muy bien porque la gestión de la pandemia recayó en sectores feminizados”, afirma Clarisa Gambera, directora de Géneros y Diversidades de ATE Nacional y secretaria de Géneros de CTA A Capital Federal. “Estamos demandando derechos y salarios para todas, porque trabajadoras somos todas, tenemos compañeras que están situación de precariedad laboral, que cobran muy por debajo de la canasta básica”, señala Gambera y asegura que el tema de los femicidios es otro de los ejes fundamentales: “Quedó en evidencia que no funciona la justicia, no funcionan las fuerzas de seguridad ni las políticas públicas”. Advierte también que sacar de la precarización a quienes trabajan para erradicar las violencias es fundamental.

Cecilia Barros, del Movimiento Evita, agrega: “Llegamos con mucho dolor, bronca y angustia por la pérdida cotidiana de una compañera, de una mujer, de una madre, de una hermana. Venimos desarrollando un trabajo territorial extenso a lo largo y a lo ancho de todo el país con las promotoras territoriales contra la violencia de género. Nuestras compañeras acompañan en todo el proceso anterior y posterior a las denuncias porque solo de esa forma se generan abordajes integrales, entendiendo que para llegar a las instituciones oficiales, primero hay que reconstruir los tejidos comunitarios porque una de las características de la violencia machista es el aislamiento y económico”.

“El 8 vamos a pedir el reconocimiento económico e institucional de la tarea que realizan nuestras compañeras, quienes además de acompañar y sostener, ayudan a encontrar mecanismos en cooperativas, por ejemplo, para que las mujeres puedan sostenerse económicamente y puedan salir de las redes de la violencia”, agrega Cecilia.

Voz propia

Erica Bellini del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas dice  a lavaca: “Llegamos a este 8 M luego de un contexto muy difícil por la pandemia, pero seguimos pensando cómo afrontar el sistema patronal que nos dejó el patriarcado en las fábricas recuperadas tratando de fortalecer una mirada crítica y reconociendo los comportamientos machistas y violentos de nuestros propios compañeros, viendo cómo se pueden trabajar sus masculinidades y sus prácticas y tratando de avanzar en un modelo que desde la autogestión nos tenga como protagonistas y no siendo habladas por nuestros compañeros”.

Las trabajadoras y disidencias del subte también llegan al 8M organizadas: “Hacemos hincapié en la necesidad de la redistribución de la riqueza para que podamos tener empleos genuinos, sin precarización y que tengamos una política integral de cuidados, que se valoren los trabajos dentro de nuestras casas que implican una triple jornada. Celebramos la conquista de la Ley Voluntaria del Embarazo y haber conquistado un Ministerio, pero entendemos que tenemos que seguir profundizando las políticas para que no haya femicidios, transfemicidios ni travesticidios, porque no queremos más muertes”, sintetiza Karina Nicoletta, trabajadora y delegada de las trabajadoras del subte.

Esenciales y desiguales

Este 8 de marzo también paran las trabajadoras de la salud, que no tuvieron ni un solo día de descanso durante 2020. “Deseamos y merecemos un mundo con más igualdad, sin estereotipos ni violencias, pero  sin lucha no va a ser posible, por eso salimos a la calle una vez más. El año pasado quedaron expuestas de manera brutal las diferencias entre varones y mujeres: estuvimos al frente de los cuidados con sueldos menores al de los varones y esto nos demuestra que es necesario seguir trabajando en políticas públicas para frenar esta desigualdad. Seguimos diciendo que no hay equidad de género y que tenemos que seguir trabajando por erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Reclamamos este 8 de marzo el fin de la violencia, porque la deuda sigue siendo con nosotras”, dice a lavaca Fernanda Boriotti, presidenta de la Fesprosa, federación que reúne a los y las trabajadoras de la salud de todo el país.

En un mundo cada vez más desigual, la CTA Autónoma está planteando la necesidad de una justa distribución de la riqueza con criterios igualitarios: “Terminar con las desigualdades no solamente supone, aunque es esencial, terminar con las desigualdades de género dentro de las organizaciones sindicales y del mundo del trabajo. Estamos dando las batallas dentro de nuestras organizaciones, pero el desafío tiene que ver con un debate profundo y una confrontación fuerte con el capitalismo. La distribución de la riqueza tiene que ser con criterios de igualdad y de equidad y todas las interseccionalidades que tiene la opresión en todo sentido”, afirma Claudia Baigorria, secretaria adjunta de esa Central.

Por qué paramos

Marta Montero, mamá de Lucia Pérez, la joven asesinada en Mar del Plata lamenta llegar a este 8M con 66 mujeres muertas en lo que va del año: “Estamos fracasando constantemente”, y explica por qué: “Si una mujer denunció, no se la tuvo en cuenta y después aparece muerta es porque el Estado sigue llegando tarde. Si no nos hacemos cargo de esto, si siempre es algo que le pasa a otro, es muy difícil revertir esta situación. Necesitamos que cuando una mujer denuncia no se la encierre en un refugio, sino que se encierre al violento, que es el responsable. El que está decidido a hacer mal, lo va a hacer. Por eso el seguimiento debe ser con él, no con la mujer que denuncia. Falta compromiso, políticas sociales, un Estado presente, una justicia que funcione y que no tenga que esperar años por justicia. Luchamos para que no nos maten a nosotras. Por eso seguimos en la calle, por eso salirnos y seguimos andando”.

Zulma, de la organización Mujeres al Oeste que desde hace tantos años teje en los bordes bonaerense solidaridad feminista, sintetiza: “A las mujeres nos falta todavía cambiar muchas cosas. En primer lugar, cambiar el mundo. Lo estamos haciendo de a poco, con la revolución cotidiana del feminismo. Nos falta, también, mejorar el boceto del mundo que queremos hasta trazar un cuadro con más detalles. Nos falta mucho, entonces, para lograr que tratemos a este mundo de otra manera, para sentirnos parte de él sin explotarlo, maltratarlo ni violentarlo. Eso es fundamental. Nos falta transformar en bienes comunes todo lo que hoy en día está usurpando el capitalismo. Nos falta no solo voltear al patriarcado, porque solo no se va a caer, sino también al capitalismo. Nuestra lucha no se trata ya de conquistar derechos sino de construir otro: un mundo feminista”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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